Felicito Pablo Cruz

Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
931/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Felicito Pablo Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés, emitido en el recurso de revisión 134/2023 de su índice, del que se advierte que quedó firme el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, asimismo remite los autos del juicio de amparo 931/2023 del índice de este órgano jurisdiccional; de lo que queda enterado este juzgado para los efectos a que haya lugar. Remítase el acuse de recibo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la recepción de la expresada ejecutoria y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, y toda vez que la Superioridad desechó el recurso de revisión 134/2023 interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio; por lo tanto, se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del mismo, de conformidad con los lineamientos establecidos en el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, previas las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos de los que se desprende que no se ha logrado el emplazamiento de la parte tercera interesada Margarita Pérez Mendoza; sin embargo, de autos se advierte que por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se requirió a diversas dependencias para que informaran el domicilio de dicha tercero, sin que a la data hayan hecho lo propio. Por tanto, en virtud que las siguientes dependencias: 1. Subdirector del Centro Estatal de Información de la Dirección General de Centro de Mando y Comunicaciones. 2. Responsable de la Oficina de quejas PROFECO, Zona comercial Villahermosa, CFE Suministrador de Servicios Básicos, División Sureste. Informaron diversos domicilios que tienen en sus registros a nombre de Margarita Pérez Mendoza; sin embargo, no se tiene la certeza que sea la misma persona. En consecuencia, a efecto de evitar homónimos y lograr el emplazamiento de la persona correcta, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a las autoridades antes citadas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitan todos los datos con los que cuenten respecto de Margarita Pérez Mendoza, tomando en cuenta la Clave Única de Registro de Población PEMM850502MTCRNR08, además, adjúntese copia de la credencial para votar de la misma que obra en autos; haciéndoles saber que es su deber informar lo solicitado aún y cuando existan diversos domicilios registrados. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por último, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y en su lugar se fijan las diez horas con siete minutos de veintinueve de junio de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, actuando en representación de la autoridad responsable Secretaría de Salud de esta entidad federativa, mediante el cual informa que se encuentran realizando las gestiones necesarias para la obtención de los recursos presupuestarios para dar cumplimiento a la resolución de amparo, e informa que solicitó al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, las gestiones correspondientes para estar en condiciones de cumplimentar la obligación de pago total requerido por el tribunal laboral, adjuntado para ello el acuse respectivo. Asimismo, solicita una prórroga de quince días hábiles para estar en condiciones de determinar las posibilidades de pago e iniciar el trámite correspondiente para la programación y adecuación presupuestaria, o en su caso, proveer lo conducente para la inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del año siguiente. Atento a lo anterior, téngase por realizadas las manifestaciones de la autoridad responsable e inclusive la solicitud de prórroga; sin embargo, no es necesario realizar pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó al respecto e inclusive, también este juzgado federal se pronunció respecto a la solicitud de prórroga.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, doce de mayo de dos mil veintitrés. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Juez de Control de la Región 9, Centro en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tabasco. ASPECTOS GENERALES. ?Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 931/2023 V 1. ?Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar la demanda de amparo presentada por Felicito Pablo Cruz, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destaca como acto reclamado la audiencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, relativa a la causa penal 1642/2022 del índice del Juzgado de Control de la Región 9, Centro en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tabasco, en el que admitió diversas pruebas ofrecidas por la Fiscalía. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En principio, y con la finalidad de dotar de sustancia a la presente determinación, es menester hacer referencia al artículo 113 de la Ley de Amparo mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la citada porción normativa se desprende que la autoridad judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, en principio examinará el escrito que le dio origen, y de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; es decir, el citado precepto autoriza a desechar la demanda respectiva ante la verificación de un obstáculo que impida dar curso a la acción constitucional, al no ubicarse en los supuestos de procedencia respectivos en términos de ley, derivado del contenido del propio escrito. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la Jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso concreto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La audiencia de apertura a juicio oral de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, relativa a la causa penal 1642/2022 del índice del Juzgado de Control de la Región 9, Centro en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tabasco, en el que admitió diversas pruebas ofrecidas por la Fiscalía. Determinación que la parte quejosa pretende controvertir mediante el presente juicio constitucional en la vía indirecta, pues aduce se transgreden en contra de su representado, los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 2, 14, 16, 20, apartado A, fracción II y apartado B, fracciones II y VIII, 22, primer párrafo y 29, segundo párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 12, 97, 101, 131, fracciones I y XXIII, 263, 264 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 8.2, inciso g), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, de tal exposición se advierte la actualización de una hipótesis de improcedencia de manera notoria y manifiesta. Ello así se conviene, pues las determinaciones reclamadas tienen injerencia sobre una decisión jurisdiccional intraprocesal, cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio de la parte quejosa, con lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.-El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Marco legal que revela que la procedencia del amparo tratándose de actos acaecidos en el juicio, presupone como requisito toral que sus efectos sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución General de la República y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia que se invocará más adelante, que por regla general, el juicio de amparo indirecto en el proceso penal acusatorio, es improcedente en contra del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba y para identificar los casos de excepción, es necesario realizar un análisis hermenéutico tendente a dilucidar si afecta materialmente derechos sustantivos. Este ejercicio de verificación aplicado al caso concreto, es decir, para poder determinar si la admisión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio es un "acto de imposible reparación", debe comprender los siguientes requisitos: 1. Que la admisión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la ejecución de la admisión pueda1 implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionadas con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; que contextualizados en el momento de la emisión del auto de apertura a juicio sean independientes del resultado y desarrollo del proceso penal; y 2. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Ahora bien, siguiendo la línea argumentativa relacionada con el paralelismo entre el juicio de amparo y el proceso penal acusatorio, es evidente que el ejercicio hermenéutico de verificación que refiere la Primera Sala en dicha ejecutoria, para determinar la procedencia del juicio constitucional, debe ser realizado a la luz de los principios, características, e instituciones definitorias del proceso penal acusatorio. En ese contexto, el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. El iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en este marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral a través de la creación de los elementos de prueba. Los actos que trascienden a ese camino procesal por regla general permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. La Primera Sala de la Suprema Corte ya se ha pronunciado en relación al objetivo de cada una de las etapas. Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción tercera de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento. Asimismo, son datos que con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por el juez de juicio oral. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Esta etapa regulada en el Libro Segundo, Título VII, Capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como propósito esencial, en estricto sentido, depurar los hechos sujetos a debate y determinar cuáles son los trascendentales que constituirán el contenido de la litis. Situación que necesariamente conlleva la depuración legal de los elementos para configurar prueba en juicio oral, cuya admisión esté basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia4. Admisión que de conformidad con el artículo 347, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedará reflejada en el auto de apertura a juicio. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Esta, de conformidad con el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes sus teorías del caso que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que el iter probatorio o camino de la prueba (en caso de que este se verifique) son las posibles diferentes fases por las que atraviesa un elemento desde que es una fuente de prueba que se obtiene en la etapa de investigación de un delito, hasta que constituye una prueba para ser valorada por el juez de juicio oral. De esa manera, todo elemento que constituye una prueba sigue un procedimiento de construcción. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la admisión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral, y por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracias, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad por nombrar algunos, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Otra métrica que coadyuva a este ejercicio hermenéutico para determinar la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de imposible reparación, en el contexto del proceso penal acusatorio, lo es la posible afectación a los principios de continuidad y concentración que lo rigen. Efectivamente, un proceso penal acusatorio tiene como tarea definitoria guardar el equilibrio entre el binomio dialéctico entre eficacia y garantismo. Equilibrio que si se comprende mal, y se nivela hacia un lado, por ejemplo, al extremo garantista, se vuelve un sistema torpe, ineficaz y aletargado, pues la excesiva protección impide que el proceso funcione de manera adecuada (ágilmente). Por el contrario, un sistema que se incline al lado eficaz deja en estado de incertidumbre la fuerza y veracidad del resultado del proceso penal, y desprotege de sobremanera los derechos fundamentales de las personas. El principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. Por su parte, el principio de concentración o de economía procesal, ordena que el proceso se abrevie en el menor número de audiencias posibles, que esas audiencias no se interrumpan hasta su conclusión o que se lleven a cabo de forma sucesiva en días consecutivos. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es la admisión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido. Por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso). Además, esta protección no solo encuentra cabida en la norma, o en principios estructurales del proceso, sino también está compelida al Juez de Control quien dirige la etapa intermedia y la admisión de medios de prueba. Figura que constituye una herramienta estructural que aporta un peso a la balanza en favor del garantismo del proceso penal, y que por tanto, representa un protector de los derechos fundamentales, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal que corresponden a los imputados a lo largo del procedimiento. Y así es como debe ser entendido su papel cuando se analiza la procedencia del amparo indirecto, pues coadyuva a que se cumpla en determinado grado con la finalidad del amparo indirecto la protección de derechos fundamentales y no rompe con la eficacia del proceso. En ese sentido, la función del Juez de Control constituye un mecanismo de protección consagrado en el ordenamiento jurídico, que busca garantizar que el material probatorio que trascienda a la etapa de juicio sea aquel que se ajuste a la legislación ordinaria y a los derechos fundamentales. Esto se logra forzando que la decisión de admitir medios de prueba esté completamente desvinculada de su ulterior valoración, pues evita que el órgano jurisdiccional de audiencia intermedia juzgue sobre la valoración de las pruebas (al ser el juez de juicio oral a quien compete dicha tarea), así como imponiendo al Juez de Control la tarea específica de proteger la observancia del respeto irrestricto a los derechos de los imputados y de preservar la legalidad. Ese mismo juez está constreñido por los principios del proceso penal acusatorio pues está construido a partir de ellos. Los principios de oralidad, de publicidad, de inmediación y de proporcionalidad constituyen una especie de fórmula para lograr que el Juez de Control tome las decisiones más adecuadas a cada caso en concreto, pues juegan el papel de contrapeso estructural que los obliga a actuar con racionalidad, sensatez, eficacia, imparcialidad e independencia. Dichos principios además deben ser vistos en relación con las normas orgánicas y sustantivas que regulan el ingreso, permanencia, ascenso y responsabilidad administrativa y penal de los jueces en su carácter de servidores públicos. Esto se traduce a que se encuentran bajo un escrutinio y una vigilancia del propio Estado. De lo anterior, se concluye que posibles violaciones a los derechos de los imputados que residan y dependan del plano procesal están suficientemente garantizados por el propio proceso penal, sin sacrificar parte de su eficacia. Se encuentran protegidos por la estructura en la que se desenvuelven, en específico, por el Juez de Control. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos del imputado Juez de Control, se concluye que el auto de apertura a juicio, en específico respecto a la admisión de medios de prueba, ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre dichos medios. Empero, esa carga no necesariamente es de ejecución inmediata y directa sobre los derechos sustantivos del quejoso, por el contrario, por regla general la admisión reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva intraprocesal que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva. Vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tomen en cuenta, porque se les considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En ese escenario, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Consideraciones que se encuentran plasmadas en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 6/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número Registro Digital: 2023589, de que es tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra.*********** Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva intraprocesal que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad por nombrar algunos, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo de imposible reparación, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Expuesto lo anterior, es menester precisar que la parte quejosa se dolió respecto de la audiencia de apertura a juicio oral de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, relativa a la causa penal 1642/2022 del índice del Juzgado de Control de la Región 9, Centro en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tabasco, en el que después de verificado el descubrimiento probatorio y escuchado a las partes dictó auto de apertura a juicio oral, en contra de **********, por los delitos de violación y violencia familiar, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales ********** Lo cual se advierte de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 2015/2022 V 1 del índice de este Juzgado de Distrito, mismas que se toman como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que, en el caso, se actualiza la citada causa de improcedencia, puesto que la admisión de pruebas establecidas en el auto de apertura a juicio y su ejecución no implican por sí mismas una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionadas con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; que contextualizados en el momento de la emisión del auto de apertura a juicio sean independientes del resultado y desarrollo del proceso penal; y además porque no existe afectación material, real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Ello es así, pues el quejoso cuestionó posibles violaciones a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía, como el principio de no autoincriminarse, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Afirmación que se corrobora en ese sentido, en virtud de que con la ejecución del acto reclamado, esto es, la audiencia de apertura a juicio oral de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, relativa a la causa penal 1642/2022 del índice del Juzgado de Control de la Región 9, Centro en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tabasco, en el que admitió diversas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, no implica una afectación a los derechos fundamentales del quejoso relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado. Asimismo, la posible afectación que pudiera resentir el aquí quejoso, queda sujeta a una condición suspensiva, esto es, la valoración en el juicio oral; y por tanto, existe un plano puramente procedimental. Ello así se sostiene, porque el que la autoridad aquí señalada como responsable haya ordenado la admisión de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, da pauta a concluir que las resoluciones reclamadas no trastocan materialmente ningún derecho sustantivo de la parte solicitante del amparo, porque el procedimiento de origen seguirá a la etapa de juicio oral y consecuente dictado de la resolución definitiva que puede resultar favorable a sus intereses. Apoya lo expuesto, la tesis II.2o.P.66 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Registro digital: 2017175, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3094, Tipo: Aislada, que ordena: "MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ORAL DE TIPO ACUSATORIO. SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, CONTRA SU ADMISIÓN EN LAS ETAPAS INTERMEDIA O DE JUICIO ORAL ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DE ACUERDO CON EL ASPECTO LÓGICO DE VALORACIÓN POST FACTO DE SU TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO. Para efectos de determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, es de estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva (intermedia o de juicio oral), existe un aspecto fundamental a considerar tratándose de la admisión o no de medios de prueba en el sistema penal oral de tipo acusatorio, a efecto de estar en posibilidad de determinar si realmente se afecta un derecho sustantivo, como sería el de defensa adecuada, que justifique la procedencia, por excepción, o si en ese momento únicamente implica una cuestión intraprocesal; y éste se refiere a la conducencia, idoneidad o utilidad del medio de prueba en cuestión, en relación con el hecho que pretenda probarse, lo cual, constituye un aspecto que no se limita a la cuestión formal de su admisibilidad en sí misma, sino que implica una necesaria porción de análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo y, por ello, inexorablemente, salvo casos de excepción, se requiere del examen contextual de la prueba de referencia y su trascendencia y conducencia en relación con el acto previamente realizado de valoración que ocurre precisamente en la sentencia; de modo que, la posibilidad de afirmar, por ejemplo, que la inadmisión de un medio de prueba afecta un derecho sustantivo de modo irreparable, por regla general, no puede anticiparse apriorísticamente prejuzgando sin fundamento lógico, sino únicamente post facto al dictado del fallo, a fin de establecer esa pertinencia e indispensabilidad en el contexto del eventual resultado valorativo. Por tanto, sólo mediante su revisión en alzada, o bien, en el amparo directo, puede realmente determinarse de manera cierta la valoración indebida de una prueba ilícita o si aquella inadmisión de pruebas trascendió o no en la sentencia emitida en perjuicio del quejoso y si su ausencia en cuanto a incorporación hace ineludible de acuerdo a los fines del proceso penal, catalogarla o no como violación procesal que ineludiblemente amerite la reposición procedimental. Por ello, desde una perspectiva lógico funcional, en esos supuestos, el amparo indirecto, por lo general, es improcedente." En esos términos, al erigirse los reclamos como actos meramente procedimentales, y por ende, sólo impactan en derechos adjetivos de la parte promovente del amparo; se determina que los citados reproches, no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se valore la prueba admitida y en su caso se emita una determinación contraria a los intereses del quejoso. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu, y con base en lo que establece el ordinal 113 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta y por autorizadas en los términos que señala a la persona que precisa. SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se expone lo anterior, a efecto de que las partes proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización de la consulta del expediente electrónico, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además deberán solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO. Se autoriza a los secretarios y actuarios, adscritos a este órgano de control constitucional, para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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