Felicitas Yadira Betancourt Vega

Expediente 1710/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1710/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Felicitas Yadira Betancourt Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 182 a 184), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Luego, por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 158 y 159), se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, a efecto de que le reintegrada a la quejosa, el faltante de $109.79 (ciento nueve pesos 79/100 moneda nacional), por las razones expuestas en dicho proveído. Asimismo, en proveído de veinticinco de febrero de esta anualidad (foja 185), se tuvo por recibido el libelo y anexos signados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 182 a 184), en el que informó respecto al pago antes indicado, por lo que, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Ahora bien, sin que a la fecha exista alguna manifestación al respecto por parte de la recurrente del amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juici Por sentencia terminada de engrosar el cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 116 a 130), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de las cantidades de $6,463.01 pesos y $2,292.19 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el primero por conceptos de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N. y el segundo por "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social y U.A.N. (fojas 44 a 47 y 108), respecto del instrumento público 37,491 emitido por el Notario Público número uno, con sede en esta ciudad . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en diverso proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 143 y 144). Ahora bien, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: A) Desincorporar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal esto es, para que la autoridad responsable no le aplique en el presente ni en el futuro, tal precepto legal; y B) Devolverle a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $6,463.01 pesos y $2,292.19 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el primero por conceptos de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N. y el segundo por "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social y U.A.N. (fojas 44 a 47 y 108), la cual debía ser actualizada. Luego, revisadas que fueron las constancias de autos, se advierte que el monto total que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales fue de $8,755.20 (ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), se le debe restar la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $8,475.20 (ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, y el quince de noviembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente, el periodo de actualización comprende del mes de junio a octubre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil dieciocho fue 132.282; y para el mes de octubre de esta anualidad fue 101.440 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76684; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $8,475.20 (ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $8,365.41 (ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos 41/100 moneda nacional); sin embargo, ésta debía reintegrarle la diversa de $8,475.20 (ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), es decir, tuvo un faltante de $109.79 (ciento nueve pesos 79/100 moneda nacional), situación que quedó subsanada con la expedición del cheque 0001080, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mismo que fue recibido por la promovente del amparo, el veinte de febrero de esta anualidad (foja 183). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 182 a 184), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Luego, por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 158 y 159), se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, a efecto de que le reintegrada a la quejosa, el faltante de $109.79 (ciento nueve pesos 79/100 moneda nacional), por las razones expuestas en dicho proveído. Asimismo, en proveído de veinticinco de febrero de esta anualidad (foja 185), se tuvo por recibido el libelo y anexos signados por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 182 a 184), en el que informó respecto al pago antes indicado, por lo que, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Ahora bien, sin que a la fecha exista alguna manifestación al respecto por parte de la recurrente del amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juici Por sentencia terminada de engrosar el cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 116 a 130), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de las cantidades de $6,463.01 pesos y $2,292.19 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el primero por conceptos de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N. y el segundo por "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social y U.A.N. (fojas 44 a 47 y 108), respecto del instrumento público 37,491 emitido por el Notario Público número uno, con sede en esta ciudad . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa y por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación del Titular de dicha dependencia, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en diverso proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 143 y 144). Ahora bien, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: A) Desincorporar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal esto es, para que la autoridad responsable no le aplique en el presente ni en el futuro, tal precepto legal; y B) Devolverle a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $6,463.01 pesos y $2,292.19 pesos, en favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el primero por conceptos de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social, U.A.N. y el segundo por "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", Fom. Educación, Asist. Social y U.A.N. (fojas 44 a 47 y 108), la cual debía ser actualizada. Luego, revisadas que fueron las constancias de autos, se advierte que el monto total que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales fue de $8,755.20 (ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), se le debe restar la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $8,475.20 (ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron pagados el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, y el quince de noviembre de este año se le efectuó el pago mediante el cheque correspondiente, el periodo de actualización comprende del mes de junio a octubre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil dieciocho fue 132.282; y para el mes de octubre de esta anualidad fue 101.440 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76684; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $8,475.20 (ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió al promovente del amparo $8,365.41 (ocho mil trescientos sesenta y cinco pesos 41/100 moneda nacional); sin embargo, ésta debía reintegrarle la diversa de $8,475.20 (ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), es decir, tuvo un faltante de $109.79 (ciento nueve pesos 79/100 moneda nacional), situación que quedó subsanada con la expedición del cheque 0001080, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mismo que fue recibido por la promovente del amparo, el veinte de febrero de esta anualidad (foja 183). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa que se ha realizado el pago por la cantidad adeudada a la parte quejosa; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado. En consecuencia, con lo anterior desé vista a la parte quejosa; apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa que se ha realizado el pago por la cantidad adeudada a la parte quejosa; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado. En consecuencia, con lo anterior desé vista a la parte quejosa; apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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