Felicitas Valdez Miranda
Expediente 240/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Felicitas Valdez Miranda
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, por ende destruible.
- Principal
Visto; el ocurso presentado por la quejosa por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de seis de marzo en curso, manifiesta la protesta de decir verdad; en consecuencia, el Juez acuerda: Téngase por cumplido el citado requerimiento. Una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Cabe destacar que la quejosa no se ostenta tercera extraña por equiparación al procedimiento administrativo de origen, pues no cuestiona la falta de notificación del inicio de dicho procedimiento, sino la sentencia definitiva reseñada con antelación; aunado a que reconoce haber comparecido a dicho procedimiento e hizo valer sus derechos. Por tanto, al no ser persona extraña al procedimiento, no está en el caso de excepción que establece el inciso c) del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Así las cosas, al no ser tercera extraña la quejosa, debió impugnar en su oportunidad la sentencia reclamada, de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el medio legal ordinario que la ley le concede, como lo es en el particular, el recurso de revisión y, con ello, poder obtener la modificación o revocación del acto reclamado. El medio ordinario para controvertir la sentencia de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales de Zacatecas, que resolvió en definitiva el procedimiento administrativo de origen, con fundamento en el artículo 166, de la Ley de Fraccionamientos Rurales de Zacatecas, es el recurso de revisión, el que puede traer como consecuencia la modificación o revocación de la resolución impugnada; de ahí que el juicio de garantías que promueve es improcedente en los términos de los artículos ya citados, dado el principio de definitividad que lo rige. Ello porque el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que protege los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; medio de defensa constitucional, concretamente de los derechos fundamentales, o de las normas que, en términos positivistas, consignan el reconocimiento de estas prerrogativas esenciales del gobernado. Por ende, la quejosa debió haber agotado dicho recurso antes de acudir a la presente instancia constitucional; situación que al no haberlo hecho, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es, el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama; habida cuenta que el objetivo de tal principio, es preservar el juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que sólo debe acudirse cuando ya no exista ante la autoridad común, la posibilidad de reparar el agravio que se causó. Bajo esta tesitura, si la quejosa, previo a promover juicio de amparo, no agotó el recurso de revisión que establece el ordenamiento legal citado, como medio de impugnación para modificar o revocar la resolución de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, incumplió con el principio de definitividad; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se acredite alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de garantías, dada la naturaleza del acto reclamado. Por tanto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales en Zacatecas, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el ocurso presentado por la quejosa por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de seis de marzo en curso, manifiesta la protesta de decir verdad; en consecuencia, el Juez acuerda: Téngase por cumplido el citado requerimiento. Una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Cabe destacar que la quejosa no se ostenta tercera extraña por equiparación al procedimiento administrativo de origen, pues no cuestiona la falta de notificación del inicio de dicho procedimiento, sino la sentencia definitiva reseñada con antelación; aunado a que reconoce haber comparecido a dicho procedimiento e hizo valer sus derechos. Por tanto, al no ser persona extraña al procedimiento, no está en el caso de excepción que establece el inciso c) del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Así las cosas, al no ser tercera extraña la quejosa, debió impugnar en su oportunidad la sentencia reclamada, de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el medio legal ordinario que la ley le concede, como lo es en el particular, el recurso de revisión y, con ello, poder obtener la modificación o revocación del acto reclamado. El medio ordinario para controvertir la sentencia de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Director de Fraccionamientos Rurales de Zacatecas, que resolvió en definitiva el procedimiento administrativo de origen, con fundamento en el artículo 166, de la Ley de Fraccionamientos Rurales de Zacatecas, es el recurso de revisión, el que puede traer como consecuencia la modificación o revocación de la resolución impugnada; de ahí que el juicio de garantías que promueve es improcedente en los términos de los artículos ya citados, dado el principio de definitividad que lo rige. Ello porque el juicio de amparo es un medio de control constitucional, que protege los derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; medio de defensa constitucional, concretamente de los derechos fundamentales, o de las normas que, en términos positivistas, consignan el reconocimiento de estas prerrogativas esenciales del gobernado. Por ende, la quejosa debió haber agotado dicho recurso antes de acudir a la presente instancia constitucional; situación que al no haberlo hecho, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es, el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, es a quienes debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama; habida cuenta que el objetivo de tal principio, es preservar el juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que sólo debe acudirse cuando ya no exista ante la autoridad común, la posibilidad de reparar el agravio que se causó. Bajo esta tesitura, si la quejosa, previo a promover juicio de amparo, no agotó el recurso de revisión que establece el ordenamiento legal citado, como medio de impugnación para modificar o revocar la resolución de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, incumplió con el principio de definitividad; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se acredite alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de garantías, dada la naturaleza del acto reclamado. Por tanto, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales en Zacatecas, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; el oficio 3435, por medio del cual la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, remite los autos del juicio de amparo directo administrativo 240/2017, en que obra el acuerdo de dos de marzo en curso, dictado por dicho Tribunal Colegiado, en que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Felícitas Valdez Miranda, por su propio derecho; y, en cumplimiento a la misma, remitió los autos del citado juicio de amparo, así como las constancias relativas al acto reclamado (procedimiento administrativo de nulidad 1003/2015 y dos cuadernillos formados con motivo del incidente de falta de personalidad promovidos dentro de dicho procedimiento, por la citada quejosa); al Juzgado de Distrito en turno, del que tocó conocer a este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 46 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para su conocimiento y en acuse de recibo de su oficio 3435/2016 de dos de marzo en curso. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 240/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con los anexos que se reciben, fórmense tomos por separado. Ahora bien, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, en virtud que la parte quejosa es omisa en expresar la protesta de decir verdad, que refiere el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente a la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia: Manifieste la protesta de decir verdad. Se apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo.
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