Felicitas Rubio Ramírez

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Felicitas Rubio Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de once de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otro lado, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecida a su favor la prueba documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, de las constancias que remite la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la parte quejosa. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, registrado bajo el folio 984, en el juicio laboral ********************. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que el veintidós de junio de dos mil veintidós, acordó el escrito antes mencionado. Máxime que, el cinco de julio de dos mil veintidós, la autoridad responsable notificó a la parte quejosa el citado proveído. Razón por la cual, si la parte peticionaria de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en acordar el escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós en el juicio natural, y éste ya se acordó, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. ... En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, a través del cual, devuelve, debidamente diligenciado el exhorto 148/2022, orden 195/2022, enviado a fin de notificar al quejoso Gerardo Torrescano Ayala, el acuerdo de seis de junio del presente año. Por consiguiente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. En otro sentido, visto el estado procesal que guarda el presente expediente, es específico las documentales exhibidas por la autoridad responsable al registradas con el folio 9157, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados: Juez de Primera Instancia y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, con sede en Cuautla (Tomás Mateo Morales); Juez de Primera Instancia y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, con sede en Jojutla (David Ricardo Ponce González); Juez de Primera Instancia y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (Leticia Damián Avilés); Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos; Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Judicial Apatzingán, Michoacán (Marco Edu Morrales Rojas); Jueces de Ejecuciones Penales en Morelos, Michoacán; Coordinador del Sistema Penitenciario, con sede en Xochitepec, Morelos, Director General de Centro Penitenciarios, con sede en Xochitepec; Director General de Reinserción Social, con sede en Xochitepec; Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" De quienes reclama: La omisión de atender su escrito en el que realizó peticiones por cuanto a que se declare la prescripción de la multa y reparación del daño a la que fue condenado, y en consecuencia se le otorgue algún beneficio preliberacional o sustitutivo de la pena privativa de la libertad. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Primera Instancia y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, se advierte que en audiencia de uno de junio del presente año, celebrada en la causa penal JEC/21/2021, en atención a las peticiones formuladas por el aquí quejoso en el escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante el Juez Único en Materia Penal en el Sistema Tradicional en el Estado de Morelos, se declaró procedente la prescripción de la multa; e improcedente la prescripción de la reparación del daño por los razonamientos y fundamentos expuesto en dicha diligencia; y en relación, al beneficio preliberacional se dijo que por el momento no se podía resolver al respecto, dado que no se cuenta con los informes necesarios para dar trámite a dicha petición, además de que no se ha realizado el pago de la reparación del daño; sin embargo, se giraron oficios a diversas autoridades penitenciaras a fin de que remitan la partida jurídica e historial de internamiento, con la finalidad de contar con los elementos para verificar la posibilidad de un beneficio preliberacional al quejoso Gerardo Torrescano Ayala. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión de parte de las autoridades responsables de atender su escrito en el que realiza diversas peticiones, y de la audiencia uno de junio del presente año, se advierte que dicho escrito fue atendido, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional; por lo cual, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, el cual se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del centro de reclusión en mención y le notifique al quejoso GERARDO TORRESCANO AYALA, el presente acuerdo; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo. En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial ÚNICAMENTE por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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