Felicitas Hernández Montaño

Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
820/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Felicitas Hernández Montaño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRAL 820/2023 MESA 8 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con dieciocho minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 820/2023, como se ordenó en acuerdo de treinta de octubre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria: I) Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Felícitas Hernández Montaño, por propio derecho, informe justificado y demás constancias que integran este juicio de amparo. II) Hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Asimismo, se certifica: que de la revisión de la página de Intranet http://sise.cjf.gob.mx/sise/Consultas/BuscarPartesOrganosII.aspx, se advierte que en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito se tramitó el siguiente expediente: 1. Juicio de amparo directo 164/2018, promovido por el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), contra actos de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Enseguida, se acuerda: I° Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Respecto a la existencia del juicio de amparo directo 164/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, se tiene como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que sea tomado en consideración al momento de resolver este expediente. III° Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en el momento procesal, determínese lo conducente. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: Parte quejosa Documentales: Copia simple del laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente ******************** (4) Bis de la Junta Especial número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Copia simple del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinte, dictado en el aludido juicio laboral. Copia simple del acuse del escrito fechado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido por la Secretaria General de la Junta Especial número 4 Bis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado el veintiocho siguiente. La instrumental de actuaciones. La presuncional legal y humana. Jefe del Departamento Jurídico del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Documentales: Copia certificada del oficio IEEA/DG/DJ/118/2023, firmado por el jefe del departamento jurídico del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Copia certificada del oficio IEEA/DG/112/2023, firmado por el director General del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Presidente ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de OAxaca. Documentales: Copia con firmas autógrafas del acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** (4) Bis, de su control. Copia certificada de la constancia de notificación relativa a dicha determinación -de veinte de septiembre de dos mil veintitrés-. Enseguida, se acuerda: Por lo que hace a las documentales referidas, tomando en consideración que dichos medios de convicción fueron admitidos y desahogados durante la sustanciación de este juicio en razón de su especial naturaleza, serán ponderados al momento de dictarse la sentencia correspondiente. En tanto que, por lo que hace a la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones; se tienen por admitidas, dada su especial naturaleza; sin que haya lugar a perfeccionarlas, ya que derivan de las constancias de autos, por lo que no tienen desahogo, es decir, no tienen vida propia; como así lo ilustra la tesis XX. 305 K3, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS". No existiendo diversos medios de convicción por desahogar, se cierra esta etapa. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, ni la agente del Ministerio Público de la adscripción presentó pedimento, por lo que se cierra esta etapa; y se procede a dictar la sentencia respectiva. VISTO, para resolver los autos del juicio de amparo 820/2023; y, RESULTANDOS PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo recibida el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado en la misma data,********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y de otra autoridad; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 5, 17 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veinticinco de agosto de este año se ordenó formar el expediente relativo, se registró con el número 820/2023, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. TERCERO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y el acto se reclama a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: A. Del presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de acordar el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente, mediante el cual se solicitó la ejecución del laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ********************. La omisión de hacer cumplir el laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ********************. B. Del Instituto Estatal de Educación para Adultos: La omisión de cumplir con el laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ********************. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s) Común, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro digital 192097, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, las autoridades responsables, a) presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca e b) Instituto Estatal de Educación para Adultos, negaron los actos atribuidos. Sin embargo, de las manifestaciones que realizaron, así como de las constancias del juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se advierte, por una parte, que fue hasta el trece de septiembre del año en curso -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo [veinticuatro de agosto de dos mil veintités]- que el presidente de la Junta responsable acordó el escrito de la quejosa de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente; y, por otra, que no se ha dado cumplimiento al laudo de trece de octubre de dos mil diecisiete; de ahí que se tengan por ciertos los actos que se les reclaman. Circunstancia que queda acreditada con las constancias que anexó la junta responsable, relativas al juicio laboral ******************** al rendir el informe justificado, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Con la precisión que el aspecto en el que el Instituto responsable sustenta la inexistencia del acto, esto es, que ha realizado acciones para cumplir el laudo de referencia, no es motivo de análisis en este apartado debido a que constituye una cuestión que atañe al estudio de fondo del asunto. CUARTO. Causal de improcedencia respecto al acto reclamado consistente en omisión de acordar escrito. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal sentido, la autoridad responsable, presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir el informe justificado, argumentó que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente, en el cual la aquí quejosa solicitó el cumplimiento del laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ******************** de su estadística. Así, del análisis de las constancias que integran este juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado antes referido. El referido precepto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado; trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente, mediante el cual solicitó el cumplimiento del laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ******************** de la estadística de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Sin embargo, de las constancias remitidas por esa junta responsable se advierte que el trece de septiembre de dos mil veintitrés acordó el escrito de petición de la parte quejosa de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente; y requirió a la parte demandada, Instituto Estatal de Educación para Adultos, para que en el término de tres días hábiles exhibiera la cantidad de $1,611,200.00 (un millón seiscientos once mil doscientos pesos, 00/100 M.N.), que debería cubrir a la parte actora con motivo de la condena decretada en el laudo emitido en el juicio natural; o bien, previas adecuaciones presupuestarias, presentara un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa; dicha determinación le fue notificada a la parte quejosa el veinte de septiembre del año en curso. Por consiguiente, al momento en el que se acordó el escrito presentado el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente, ante la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada; de ahí que han cesado los efectos del acto reclamado, pues se dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos; por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en torno al acto atribuido al presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente, mediante el cual solicitó el cumplimiento del laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ********************. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". QUINTO. Causal de improcedencia invocada por autoridad responsable. Por su parte, la autoridad responsable, Instituto Estatal de Educación para Adultos, al rendir informe justificado, alegó que, en el juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debido a que no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (apartado primero del informe). Dicho argumento es infundado por lo siguiente: Los artículos 1 y 5 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior pone de manifiesto que la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, entendiéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre ese mismo aspecto, cabe señalar que el Máximo Tribunal del país también ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, se destaca que el concepto de autoridad para efectos del amparo contiene como notas distintivas: a) La existencia de una relación (que tenga nacimiento en una ley) de supra a subordinación del particular con un órgano del Estado; b) Que el órgano del Estado se encuentre dotado de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y d) Que la emisión de esos actos no requiere la intervención de órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por ello, el juzgador debe observar cada caso en concreto para poder advertir si los funcionarios, organismos públicos o los particulares, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otras palabras, es necesario advertir si ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y, por ende, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública frente a la fuente de tal potestad. En este contexto, para precisar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, se entiende que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de vínculos se encuentran los que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en su funcionamiento. En ese orden, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, existe el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por otro lado, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de abril de dos mil once, al resolver la contradicción de tesis 422/2010, señaló, en lo que aquí interesa, que: En la Novena Época, el Pleno de la Corte externó un criterio que interrumpió parcialmente el que consideraba como requisito del acto de autoridad "el uso de la fuerza pública" y aceptó la posibilidad de que organismos descentralizados, como las universidades, pudieran emitir actos autoritarios susceptibles de impugnarse en amparo. En algunos supuestos, los organismos públicos actúan como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emiten actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. Esto es, que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del análisis del caso concreto que se presente, para lo cual el juez de amparo debe analizar, cuando menos: a) el origen material y la finalidad del acto respectivo; b) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación), y c) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. La ejecución forzosa de una sentencia como acto definitivo constituye un efecto de la misma que tiende a obtener la satisfacción de la pretensión de la parte vencedora cuando no se obtiene el cumplimiento. La ejecución forzosa cuando no se obtiene el cumplimiento voluntario de la parte condenada en la sentencia encuentra límites en la ley. De la parte conducente de la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, en torno al texto del artículo 4, deriva la excepción al principio de igualdad procesal de las partes a favor de las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, en cuanto que existe la prohibición de dictarse en su contra mandamiento de ejecución o providencia de embargo, a fin de evitar que los órganos del poder se coaccionen a sí mismos y la existencia de un poder superior al mismo poder estatal; así como la exención de prestar garantías, al considerarse que el Estado siempre es solvente. Esto es, dijo, no obstante la sujeción de los órganos estatales a un plano de igualdad en el procedimiento relativo, lo que evidencia la relación de coordinación existente entre las partes, se establece a favor del órgano estatal una excepción a este principio precisamente por su calidad de órgano del Estado. El privilegio procesal que implica la excepción a la ejecución forzosa no significa la posibilidad de incumplimiento a la sentencia, sino que se parte de que la entidad estatal dará cumplimiento voluntario, por lo que no es necesario acudir a la vía de apremio, lo que claramente se señala así en el segundo párrafo del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, la operancia de esta excepción implica la colocación del ente estatal en un plano de superioridad frente a su contraparte en el juicio natural con el que había estado sujeto a una relación de igualdad. Es la norma legal la que convierte, exclusivamente en esta situación, la relación de coordinación en una relación de supra a subordinación, pues en virtud del privilegio procesal otorgado al organismo del Estado, atendiendo precisamente a su calidad de ente estatal ?por el interés público que reviste el que los órganos del Estado no se coaccionen entre sí y no se afecten con mandamientos de ejecución o embargo de sus bienes, máxime que el Estado se considera siempre solvente y, por tanto, en aptitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria?, la actitud de desacato a la sentencia afecta la esfera jurídica del particular al colocarlo en la imposibilidad de obtener mediante la vía coactiva la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho por así haberse decidido en la sentencia dictada en juicio. Consecuentemente, concluyó la Segunda Sala, de no darse tal cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria por parte del órgano estatal, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma legal la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo precisamente a su naturaleza de órgano de poder. Esto es, la situación de poder de la entidad del Estado no deriva de un acuerdo de voluntades en tal sentido, sino de lo dispuesto en una norma legal que parte de un cumplimiento voluntario a las resoluciones judiciales que hace innecesario e inconducente el ejercicio del poder coactivo. Por lo que, determinó, el incumplimiento a la sentencia condenatoria por parte de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas debe considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo, pues si bien la obligación a su cargo deriva de una sentencia dictada en un juicio en el que intervino en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, el beneficio que le otorga el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles de no poderse sujetar a ejecución forzosa se les otorga precisamente en su calidad de entes estatales y los coloca en un plano de desigualdad que afecta la esfera jurídica del particular al impedirle obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor, lo que debe ser subsanado mediante el juicio de amparo ante la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra a favor de todos los gobernados. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia con registro digital 161652, de rubro y texto: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el caso concreto, conforme a los artículos 1 y 2 del Decreto número trescientos cuarenta y cinco, de veintisiete de diciembre de dos mil tres, emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación para Adultos es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación básica en el Estado de Oaxaca, la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas de ese sector de la población y se apoyará en la solidaridad social. Asimismo, de lo que señala el numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca deriva que forma parte de la administración pública paraestatal, se le denomina "Entidad" y se encuentra regulado por sus leyes, decretos de creación y reglamentos respectivos. Además, de acuerdo con lo que señala el numeral 5 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, se advierte que se encuentra sujeto al control y vigilancia del Ejecutivo del Estado, en los términos de esa ley y las demás disposiciones aplicables, sus bienes muebles e inmuebles son patrimonio del Estado y, por tanto, son inembargables; en consecuencia, que no puede emplearse la vía de apremio, ni dictarse auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares; en los mismos términos, son inembargables las cuentas bancarias, depósitos en efectivo, todo tipo de valores, fondos y recursos presupuestales y todo derecho de crédito pertenecientes a las Entidades Paraestatales, y las obligaciones de cualquier índole, que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridades judiciales, laborales y administrativas sean federales o estatales, según sea el caso, deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales que establece la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad que resulte aplicable. En este tenor, es evidente que si bien el procedimiento laboral del que deriva el acto reclamado estuvo sujeto a un plano de igualdad, este plano ya no subsiste tratándose de la ejecución del laudo ahí dictado, en la medida que si bien la Ley Federal del Trabajo conforme a la que se instruyó el procedimiento respectivo (anterior al Decreto de reforma, adición y derogación publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve) prevé mecanismos legales para lograr el cumplimiento del laudo, lo cierto es que por disposición del artículo 5° de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, para la etapa de ejecución del laudo, el Instituto Estatal de Educación para Adultos se encuentra en un caso de excepción al principio de igualdad, pues, precisamente, por su calidad de órgano del Estado, se le excluye de ser sujeto de ejecución forzosa del aludido laudo y se le coloca en un plano de superioridad frente a su contraparte en el juicio natural con el que había estado sujeto a una relación de igualdad. Ello, ya que con base en las normas legales antes destacadas, exclusivamente en esta situación, la relación de coordinación se convierte en una relación de supra a subordinación, pues en virtud del privilegio procesal otorgado al organismo del Estado, atendiendo, precisamente, a su calidad de ente estatal, la actitud de desacato a la sentencia afecta la esfera jurídica del particular al colocarlo en la imposibilidad de obtener mediante la vía coactiva la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho por así haberse decidido en la sentencia dictada en juicio. En consecuencia, de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, al Instituto Estatal de Educación para Adultos, en su calidad de organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, le asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Entonces, al no actualizarse la causa de improcedencia alegada por la referida autoridad responsable, ni advertirse alguna otra que de oficio deba ser analizada, lo procedente es abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada. Con la precisión que la causa de improcedencia alegada por la misma autoridad responsable en el apartado segundo del informe justificado (relativa a la inexistencia del acto) fue desvirtuada en el considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Legislación laboral aplicable. Tomando en consideración que la demanda que dio origen al juicio laboral del que derivan los actos reclamados se presentó el dos de diciembre de dos mil diez, a tal controversia resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo anterior al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve. Ello, toda vez que, en términos del artículo octavo transitorio de ese Decreto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del propio Decreto; y dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del Decreto. Y, en el caso, el juicio laboral de origen inició con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de referencia, por ello, en lo subsecuente se hará referencia a dicho ordenamiento como Ley Federal del Trabajo aplicable. SÉPTIMO. Concepto de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se contienen en su escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además, dicha omisión no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma, máxime que en el apartado correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se invoca al respecto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Visible en la foja 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". OCTAVO. Estudio de fondo. La parte quejosa alude que las autoridades responsables vulneran su derecho a una justicia expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, previsto en el artículo 17 constitucional, pues ha transcurrido en demasía el plazo que prevé el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, sin que las autoridades responsables hayan cumplido el laudo de trece de octubre de dos mil diecisiete. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por las razones siguientes: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional referido se desprende el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagran los siguientes principios: 1.- Justicia pronta: Obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2.- Justicia completa: Que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3.- Justicia imparcial: Que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4.- Justicia gratuita: Que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Bajo ese tenor, todas las autoridades que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas a observar tales principios, como se advierte de la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, mayo de 2002, página 299, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". A su vez, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia se encuentra detallado por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva, previstas, respectivamente, en los artículos 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga. 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial. 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso judicial. Por tanto, el artículo 17 constitucional establece, como género, el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que, como especies de aquél, subyacen en el precepto constitucional citado; de tal manera que para hacer efectivo el derecho mencionado, es preciso que se permita el más amplio acceso a la impartición de justicia mediante el cumplimiento total de las resoluciones que diriman las controversias. En el caso, y como se puntualizó en el considerando segundo de esta sentencia, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión de cumplir el laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente laboral ********************. Al respecto, de las constancias que integran este juicio, se advierte que: I. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil diez ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca,******************** demandó al Instituto Estatal de Educación para Adultos, entre otras prestaciones, el pago de una indemnización constitucional y de salarios caídos. II. El tres de diciembre de dos mil diez el presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado radicó la demanda bajo el registro ******************** (4) Bis, la admitió a trámite; señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución; asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada. III. Seguido el juicio en su trámite, el trece de octubre de dos mil diecisiete se dictó laudo, en el que se resolvió: "I.- La actora C.******************** acreditó parcialmente la acción que ejerció en contra del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca, quien compareció a juicio y opuso defensas y excepciones, que acreditó. II Se condena al demandado Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca al pago de INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL y prestaciones señaladas, lo anterior de conformidad y en términos de los motivos y fundamentos anotados en el Considerando Sexto de la presente resolución; el cual se da por reproducido en este punto por economía procesal. III.-Se absuelve al Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca del pago de las prestaciones que quedaron anotadas en el considerando Séptimo de la presente resolución IV.- Se absuelve al LIC. CIPRIANO FLORES CRUZ, DIRECTOR GENERAL DE DICHO ORGANISMO DEMANDADO del pago de todas y cada una de las prestaciones las prestaciones reclamadas en el juicio, esto de conformidad y en términos a los motivos y fundamento legales anotados en el considerando tercero de esta resolución. (.) IV. Inconformes con la resolución, el demandado Instituto Estatal de Educación para Adultos promovió juicio de amparo directo, que se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, bajo el registro 164/2018. Y mediante ejecutoria dictada el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Alzada negó el amparo y protección de la Justicia Federal a dicho demandado; resolución que fue recibida en la Junta responsable mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veinte. V. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, la parte actora solicitó a la Junta responsable requiriera al Instituto demandado el cumplimiento del laudo. VI. Hasta el trece de septiembre de dos mil veintitrés la Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, requirió a la parte demandada, Instituto Estatal de Educación para Adultos, que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de su legal notificación exhibiera ante esa autoridad la cantidad de $1,611,200.00 (un millón seiscientos once mil doscientos pesos, 00/100 M.N.), que debería cubrir a la parte actora con motivo de la condena decretada en el laudo emitido en el juicio natural; o bien, previas adecuaciones presupuestarias, presentara un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación pagara en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa; asimismo, ordenó girar oficios a diversas dependencias. De lo narrado se evidencia que, desde la fecha -dieciséis de enero de dos mil veinte- en que la Junta responsable recibió la resolución dictada en el amparo directo y, como consecuencia, adquirió firmeza el laudo dictado en el juicio laboral ********************, han transcurrido más de tres años, siete meses -a la fecha de presentación de la demanda-, sin que se logre su cumplimiento. Incluso, hubo dilación para acordar la promoción que la parte quejosa presentó el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la que solicitó el cumplimiento de laudo, pues fue acordada hasta el trece de septiembre de dos mil veintitrés; ello, atento a que parte demandada, hasta esa fecha, tampoco había acatado el efecto del mismo. Bajo ese contexto, es inconcuso que la Junta responsable ha infringido el derecho humano de la parte quejosa a que se le administre justicia en los términos y plazos previstos en la ley; pues no ha realizado las acciones, gestiones y apercibimientos necesarios, para el cumplimiento del laudo de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral ********************. Actuación contumaz que implica una violación al artículo 17 constitucional, pues su actuar ha sido insuficiente para que se le administre justicia pronta a la parte quejosa, para lo cual, sólo basta que ese retardo se prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación, resolución y ejecución del juicio o procedimiento respectivos, para actualizar la violación del citado derecho. Máxime que, al respecto, el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo aplicable dispone que la ejecución de los laudos corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Además, la violación constitucional destacada tiene la naturaleza de ser un acto de tracto sucesivo, puesto que la Junta responsable no está actuando conforme a sus facultades para lograr que la parte demandada acate el laudo en sus términos; pese a que el mismo quedó firme desde el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fecha en que se resolvió el amparo directo que promovió la parte demandada); sin que a la fecha se haya cumplido. Por lo que respecta a la omisión del Instituto Estatal de Educación para Adultos, es preciso destacar que el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo aplicable dispone que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación. En el caso, el laudo firme se notificó al Instituto Estatal de Educación para Adultos desde el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (fecha que se advierte de la foja 03 de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en los autos del amparo directo 164/2018, que se invocó, al inicio de esta audiencia, como hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Sin embargo, no se encuentra acreditado, el cumplimiento por parte de la autoridad condenada; en tanto que fue hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés en que el jefe del departamento del Instituto Estatal de Educación para Adultos solicitó a la jefa de la Unidad Administrativa de ese Instituto una "modificación de operación, traspaso de recursos de gastos de operación del ejercicio fiscal 2023 o realizar la inclusión de pago de laudos en programa operativo anual 2023"; y que el uno de marzo siguiente el director general de aquél informó al gobernador del Estado los laudos dictados contra el Instituto y le pidió autorizara, en su momento, realizar las modificaciones presupuestales del ejercicio 2023, para cubrir, entre otras, las obligaciones laborales; tratándose de las únicas acciones realizadas para el cumplimiento del laudo en el que fue condenada -como así lo hizo saber al rendir su informe justificado-. No pasa desapercibido que el Instituto Estatal de Educación para Adultos es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión y, en esa medida, sus bienes muebles e inmuebles son inembargables; sin embargo, ello no impide que el Instituto cumpla con las obligaciones de cualquier índole que se deriven de las resoluciones definitivas emitidas, entre otras, por autoridades laborales; las cuales deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales, que establece la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad que resulte aplicable. En esas condiciones, es inconcuso que el Instituto Estatal de Educación para Adultos ha infringido el derecho humano de la parte quejosa a que se le administre justicia en los términos y plazos previstos en la ley; pues no ha realizado las acciones y gestiones necesarias, de conformidad con la normativa aplicable, para dar cumplimiento al laudo de trece de octubre de dos mil diecisiete dictado en el expediente laboral ********************. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por********************. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se declare ejecutoriada esta sentencia, las autoridades responsables deberán proceder en los términos siguientes: 1) Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: Dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, realice todas las gestiones necesarias para que la parte condenada cumpla con el laudo dictado en el expediente ********************; debiendo agotar todas las medidas y apercibimientos necesarios para lograr el cumplimiento total del laudo; incluso, de conformidad con la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y normatividad que resulte aplicable. 2) Instituto Estatal de Educación para Adultos: Realice todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente ********************, de conformidad con las disposiciones generales que establece la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y normatividad que resulte aplicable. DÉCIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, respecto del acto reclamado al presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de veinticinco de febrero de dos mil veinte, recibido el veintiocho de febrero siguiente, mediante el cual solicitó el cumplimiento del laudo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ********************; en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a******************** contra las omisiones reclamadas a) al presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca e b) Instituto Estatal de Educación para Adultos, precisadas en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso noveno de la misma. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 820/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que se encontraban señaladas las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y se fijan las diez horas con dieciocho minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P 820/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa no ha quedado notificada del proveído de veinte de septiembre de este año, en el cual se ordenó dar vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable presidente ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. 2° Instrucción al (la) actuario (a) adscrito (a). En ese tenor, se instruye al (la) actuario (a) encargado (a) del trámite de este expediente para que de estar pendiente: a) Alguna actuación, la realice a efecto de que se logre la integración de este juicio. b) La digitalización de alguna notificación y/o constancia, la efectúe, a la brevedad posible. 3° Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta data se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    P 820/2023, mesa 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Remiten notificación. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, al que anexa el diverso comunicado 7214, suscrito por el presidente de la Junta Especial número Cuatro BIS de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, visto su contenido, se provee: 2° Prueba documental. Se tiene al presidente de la Junta Especial número Cuatro BIS de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado remitiendo, en alcance a su informe justificado, copia certificada a) del acuerdo del trece de septiembre de este año y b) de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa el veinte de septiembre siguiente. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales de referencia; medios de convicción que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser considerados al resolver este juicio Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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