Feliciano Zavala Quiroz
Expediente 354/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Feliciano Zavala Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
"... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en este juicio de amparo, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dentro del plazo legal de diez días, establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido..."
- Principal
"...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de abril del año en curso, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la tercera interesada Aída Agustina Zavala Quito, transcurrió del tres al seis de mayo del año en curso; por tanto, se provee: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: (.) b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; (.) k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." La interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente que rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado por medio de sus autorizados, a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y por ende, no publicarse los edictos a costa de la parte quejosa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercera interesada... fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no desahogó diversos requerimientos que se le hizo a fin de que proporcionara a este Tribunal una dirección cierta y actual donde localizar a la parte tercera interesada de mérito. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber comparecido a este juzgado a recoger los edictos ordenados y no aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que la parte quejosa carece de recursos para sufragar el costo de aquéllos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo por tanto, debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la parte quejosa, recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; al no haberlo hecho, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso... A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita... En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional..."
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que para el día de hoy se encuentra programada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, para que recoja los edictos para lograr el emplazamiento de la tercera interesada... En consecuencia, para dar margen a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia de mérito y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para tal efecto..."
- Principal
".... Agréguese a los autos el oficio del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, informa que del análisis y búsqueda en los sistemas institucionales con que cuenta esa Administración Desconcentrada, no localizó registro a nombre de Aída Agustina Zavala Quito, en su carácter de tercera interesada en el presente asunto. Sin que pase desapercibido que la autoridad oficiante manifiesta que la información contenida en el documento que se acuerda tiene carácter de reservada y confidencial en términos de los artículos 110 y 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, por lo que su difusión podría constituir responsabilidad administrativa y/o penal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos y del Código Penla Federal. En consecuencia, se advierte que se ha agotado la búsqueda oficiosa emprendida por este juzgado de distrito en proveído de nueve de febrero del año en curso, con el propósito de localizar un domicilio en donde puedan ser emplazada la tercera interesada Aída Agustina Zavala Quito, a esta instancia constitucional, sin obtener éxito; por lo que resulta evidente que se han agotado todos los medios para lograr el emplazamiento de la misma, sin obtener éxito. Bajo ese panorama, es imprescindible destacar que el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. [.]" La citada hipótesis normativa prescribe que si no consta en autos el domicilio de los terceros interesados o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para recibir notificaciones, el actuario deberá levantar razón en ese sentido y dará cuenta con la misma al titular del órgano de control constitucional, quien tendrá que dictar las medidas pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos señalados en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tanto, se ordena emplazar a *--*-*-*-*-*-*-*-, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, ya que a pesar de la investigación oficiosa ordenada en autos, se desconoce su domicilio. Cabe señalar que los edictos contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo estatuido en el arábigo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia. En dicho edicto también se hará saber a la tercera interesada que deberá apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación, así como que queda a su disposición, en la Secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo. Del mismo modo, en acatamiento a lo ordenado por el invocado artículo, se ordena fijar en los estrados de este órgano de control constitucional una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo del emplazamiento. En ese aspecto, con la finalidad de establecer las obligaciones que genera a la parte quejosa el emplazar por edictos a la parte tercera interesada, así como los términos en que se deberá realizar dicho llamamiento a juicio, es necesario señalar que a la orden de emplazar por edictos a los terceros interesados le siguen tres distintos momentos y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, que son: Recoger los edictos; Pagar su publicación; y, Exhibir ésta. De tal suerte que la parte solicitante del amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que primero recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, de conformidad con el imperativo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Concluyendo que no pueda exigirse a la parte quejosa que, en un solo término procesal, cumpla con las tres obligaciones a su cargo, pues podrá recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, de la legislación federal supletoria, requiérase a la parte quejosa para que: a. En el término de tres días recoja los edictos correspondientes para emplazar a la nombrada tercera interesada. b. Dentro de otro plazo de veinte días, que se computará a partir del día siguiente al que se entreguen los edictos, acredite haber realizado las gestiones necesarias para su publicación; y, c. Respecto a la obligación de exhibir las publicaciones, se acordará lo conducente hasta en tanto se colmen los dos requisitos anteriores y transcurra la periodicidad legalmente prevista para ello. Lo anterior, en el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento de que, de no ser observado en el orden y dentro de los plazos legalmente establecidos, y atendiendo a las particularidades del asunto en concreto, se acordará lo procedente. En la inteligencia que de incumplir dentro de los plazos que al efecto se le conceden, se sobreseerá el presente juicio biinstancial.
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