Feliciano Venzor Inungaray

Expediente 1515/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1515/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Feliciano Venzor Inungaray

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es depurable, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y recibido el ocho siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, Feliciano Venzor Inungaray, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que a continuación se transcriben: "III.-Autoridades responsables.-Tiene ese carácter la JUNTA ESPECIAL N° 42 dependiente de la JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE de esta ciudad, con domicilio conocido en el tercer piso del edificio conocido como PALACIO FEDERAL, de esta ciudad". "IV. Acto u omisión que de cada autoridad se reclama. De la única autoridad responsable reclamo la omisión de pronunciar laudo en el tiempo que la ley federal del trabajo señala, respecto del juicio especial en materia laboral, identificado con el número de expediente 426/2019". SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1515/2021-IB, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente, y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 03/2013, en relación con el 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, su ejecución material se reclama a una autoridad que reside en esta ciudad lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: i. La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro de los autos del juicio laboral expediente número 426/2019. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, tomo II, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroborada con las constancias relativas a copias certificadas de diversas actuaciones realizadas en el procedimiento de origen, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Al efecto la autoridad laboral responsable aduce que en la especie, se actualiza las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXII y XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, el numeral 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la Justicia Federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En la especie, es infundada la causal de improcedencia en análisis, ya que contrario a lo que establece la autoridad responsable, en el caso particular el objeto y materia del mismo subsiste, solo que cambió el estado procesal del juicio de origen, ello al haberse regularizado el procedimiento en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós y haber dejado sin efectos el cierre de instrucción ordenado en diligencia de tres de septiembre del año próximo pasado a efecto de proveer sobre la prueba documental vía informe ofrecida por la demandada Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenando girar el oficio correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, de ahí que en la especie no se actualice la causal de improcedencia en mención. Mientras que en la diversa relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, cabe decir que la misma se desestima dado que involucra el fondo del asunto, lo cual será materia de análisis en el considerando precedente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XV, enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Sin que en el presente asunto se argumente diversa causal de improcedencia, ni alguna alegada que se advierta de oficio, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Al respecto, es importante precisar que el quejoso en su único motivo de disenso refiere que el acto reclamado es violatorio de las garantías de audiencia y legalidad contenidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se violenta lo dispuesto en los artículos 892 al 899 de la Ley Federal del Trabajo, y que esto obedece a que la autoridad responsable ha omitido aplicar lo que establece el precepto en mención, pues no obstante que se cerró la instrucción desde el tres de septiembre de dos mil veintiuno, turnando los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo, a la fecha no se ha emitido. Es infundado el anterior conceptos de violación, por lo cual a efecto de demostrar lo anterior, es preciso acudir al contenido de la disposición constitucional que rige el derecho fundamental de impartición pronta de justicia, y la forma en que lo desarrolla la legislación laboral. En principio, al ser el acto reclamado la omisión de la responsable en dictar el laudo dentro de los términos legales para ello, es necesario mencionar el contenido del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que dispone: ".Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Tal disposición constitucional consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo sentido es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias que se les presenten. Pues bien, en este tenor el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. De ahí que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades emiten sus resoluciones dentro de los plazos y términos legales. Elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda; carga que también se impone al juzgador, para que pronuncie su resolución dentro de un determinado espacio temporal. En este mismo sentido, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo (vigente al momento de la presentación dela demanda laboral de origen), desarrolla el contenido del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, estableciendo que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato", y se precisa que las juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Conforme a lo anterior, es fácil advertir que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso particular no se ha respetado. En efecto, se tiene que los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. " Así pues, los preceptos constitucional y legales antes mencionados, relativos a procurar la garantía de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las juntas y los integrantes de las mismas, no pueden ni deben retardar indefinidamente su función de administrar justicia, atento a que, por el contrario, es una de sus obligaciones, debiendo ser rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo en los términos que establece la legislación aplicable. En efecto, los citados numerales 885 a 887 de la ley laboral previenen que, una vez desahogadas la totalidad de las pruebas y, en su caso, formulados los alegatos respectivos, se declarará cerrada la instrucción, debiéndose formular el proyecto por escrito y en forma de laudo dentro de los diez días siguientes; para, posteriormente, entregar una copia de éste a cada uno de los miembros de la junta, quienes en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente y se desahoguen dentro de los ocho días siguientes, o bien, de no ser así, se les cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que fenezca el término referido. Ahora bien, la conducta autoritaria reclamada en la especie se considera como un acto negativo, pues el impetrante pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de la Junta responsable, al no emitir el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 305/2014, al no respetarse los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que la conducta negativa tildada de inconstitucional, debe considerarse como un acto que en sí mismo no es violatorio de la Constitución Federal, lo cual implica que, por su propia naturaleza, necesitan demostrase y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, se estima por esta Juzgadora que para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, el cual se hace consistir en la omisión de la Junta responsable de emitir el laudo correspondiente dentro del juicio natural, por no ser un acto constitucional en sí mismo, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el peticionario del amparo; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar de manera analítica si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos, conforme a las documentales que obran en autos relativas al juicio laboral de origen, mismas que fueron exhibidas por la Junta responsable y son susceptibles de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de dicho ordenamiento legal: 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa. Este aspecto en particular que implica que la accionante del amparo tenga el carácter de parte en el juicio de origen, se acredita en el presente sumario, pues, entre otros medios de convicción, del informe justificado se advierte que el expediente generador de la omisión reclamada, lo constituye el juicio laboral 426/2019. 2) Que se encuentre el juicio de origen en estado de resolución. Este segundo elemento que implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal tal que amerite el dictado el laudo, y que se logra por haberse cerrado la instrucción y no quedar pruebas pendientes por desahogar. Elemento el anterior, el cual no se encuentra acreditado en el presente juicio de amparo, esto es así por lo siguiente: Al efecto, de las documentales que a su correspondiente informe justificado exhibió la autoridad labora responsable, se advierte la existencia del proveído de veintiuno de enero dos mil veintidós, dictado en el procedimiento natural, del cual obra copia certificada, es del tenor siguiente: "TORREON, COAHUILA; VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Visto el DA CUENTA de fecha 11 de enero del 2022 (visible a fojas 98 a 99), suscrito por la conciliadora en asuntos individuales y dictaminadora de esta Junta Especial número 42, del cual se desprenden que esta Junta omitió pronunciarse respecto de la prueba de informe ofrecida por la demandada AFORE XXI BANORTE, S.A. DE C.V. con cargo al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, lo cual se constata de la instrumental de actuaciones consistente en el escrito de contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas de dicha demandada que obra a fojas 81 a 93 de autos. Por lo que se provee al respecto: Como lo dispone el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo que señala que "Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley"; En ese sentido, se regulariza el procedimiento, se deja sin efectos únicamente el cierre de instrucción ordenado en la audiencia inicial de fecha tres de septiembre del año dos mil veintiuno, se admite la prueba de INFORME ofrecida por la demandada AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., por lo que se ordena girar oficio al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL por conducto de su Representante legal para que, como lo dispone el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, esto es dentro del término legal de tres días a partir de que se reciba el oficio correspondiente, se sirva informar lo esencial en este juicio que es lo siguiente: *Que informe si existe resolución de pensión o de negativa de pensión a favor del C. FELICIANO VENZOR INUNGARAY o bien si hay alguna otra persona con mejor derecho gozando de dicha prestación o que tenga derecho a la misma, derivado del fallecimiento de ROSA ESTELA GARCIA ORIGINALES, con Número de Seguridad Social 33895901545 y, asimismo, se sirva adjuntar la hoja de certificación de derechos de la extinta. *Que informe si con las semanas cotizadas de la extinta y conforme a la conservación de derechos, el actor FELICIANO VENZOR INUNGARAY tendría derecho a una pensión de viudez derivada del fallecimiento de la extinta trabajadora bajo el régimen 73 o 97. Con el apercibimiento al citado Instituto de seguridad social que, de no informar en el término concedido, se hará acreedor por conducto de su Jefe de Departamento o representante legal a una de las medidas de apremio que establece el artículo 731 fracción I de la Ley Federal del Trabajo consistente en una multa por el importe de 30 veces el salario mínimo general vigente en el estado. Túrnese el presente expediente al ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN para que notifique el presente acuerdo a las partes en sus domicilios señalados en autos para recibir notificaciones, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- Así lo proveyeron y firmaron los CC. Representantes de esta Junta Especial No. 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ante el C. Secretario de Acuerdos que da fe.- Doy fe". Ciertamente, de la transcripción anterior, se advierte que contrario a lo expresado por el quejoso en su escrito de demanda, en el procedimiento laboral de origen si bien en actuación de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó el cierre de instrucción, también lo es que en la diversa de veintiuno de enero de dos mil veintidós (transcrito en párrafos precedentes), la junta responsable realizó una regularización de procedimiento dejando sin efectos el cierre de instrucción ordenado en diligencia de tres de septiembre del año próximo pasado, a efecto de proveer sobre la prueba documental vía informe ofrecida por la demandada Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenando girar el oficio correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que remita el informe requerido, por ende de conformidad con lo dispuesto en los numerales 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, no es posible tener por acreditado el requisito en estudio y, por ende, violación alguna a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que en esas circunstancias no puede considerarse que la controversia de origen se encuentre en estado de emitir el fallo correspondiente, ni mucho menos que se hayan violado los términos que para ese efecto establece la Ley Federal del Trabajo. A lo anterior resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible a página 1283, tomo XXII, septiembre de 2005, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido es el siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Así como la tesis aislada número XX.58 L, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VI, octubre de 1996, página 591, del tenor siguiente: "PROYECTO DE RESOLUCION EN FORMA DE LAUDO, OMISIÓN DE FORMULARLO Y DE ENTREGAR UNA COPIA DEL MISMO A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. ES VIOLATORIA DE LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo dispone que, después de cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, y señala los requisitos que éste debe contener; y los numerales del 886 al 889 del ordenamiento legal en comento, establecen que de dicho proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la Junta, quienes contarán con cinco días para hacer las observaciones que crean pertinentes u ordenar el desahogo de las diligencias que consideren convenientes, y posteriormente, dentro de los diez días siguientes se llevará a cabo la audiencia de discusión, votación y aprobación del proyecto del laudo, el cual si se aprueba sin modificaciones se elevará a la categoría de laudo y será firmado por los miembros de la Junta; por tanto, si de las constancias de autos, se advierte que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de laudo respectivo, que se celebró la audiencia de discusión y aprobación del proyecto del laudo sin que conste que el auxiliar de la Junta haya formulado el proyecto de resolución en forma de laudo, y que se haya hecho entrega de una copia del mismo a cada uno de los miembros de dicha Junta, a fin de cumplir con las formalidades establecidas por los artículos ya citados, es evidente que con ese proceder se violan las reglas del procedimiento". Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos al no demostrarse contravención a la garantía conferida en el artículo 17 constitucional, y sin que se advierta queja deficiente que suplir a su favor en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR el amparo y la protección solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 1º, fracción I, 2, 4, 74, 75, 76, 77, 119, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Feliciano Venzor Inungaray, contra actos de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a quince de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a los quejosos para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "1. La autoridad no aplique a la parte quejosa, en lo presente ni en lo futuro los artículos 79 fracción II inciso 1) y 82 fracción II inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. 2. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79 fracción II inciso 1) y 82 fracción II inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 3. Se dejen sin efectos los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, contenidos en los recibos de pago de once y doce de marzo de dos mil diecinueve, identificados con los números de referencia 760903688, 760903700 y 760975293, correspondientes a la inscripción de compraventa y apertura de crédito, correspondientes a la inscripción de compraventa y apertura de crédito, expedidos por el Administrador Local de Recaudación de Torreón, y se devuelvan las cantidades realmente erogadas, si se tiene en cuenta que los contribuyentes fueron objeto de subsidio.". Impugnación. Inconformes con la sentencia, la parte quejosa y las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, Coahuila interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, misma que fue confirmada por la superioridad. Así, por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la precitada ejecutoria y se requirió el cumplimiento respectivo. Pronunciamiento. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, este juzgador estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 760903688, 760903700 y 760975293, por las cantidades de $16,912.00 (dieciséis mil novecientos doce pesos 00/100) y $4,084.00 (cuatro mil ochenta y cuatro pesos 00/100) mediante cheques números 0023078 y 0023077, expedidos a nombre de los quejosos Janeth Selene Yañez Martínez y Gonzalo Alberto Villanueva Martínez, respectivamente, asimismo se advierte que la autoridad resolvió dejar insubsistente la cuantificación y cobro de los derechos registrales amparados en los recibos de pago de mérito y desincorporar de la esfera jurídica de los peticionarios los artículos tildados de inconstitucionales. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, en auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que las partes hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen realizado a las constancias obrantes en autos, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad recaudadora realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 760903688, 760903700 y 760975293, por las cantidades de $16,912.00 (dieciséis mil novecientos doce pesos 00/100) y $4,084.00 (cuatro mil ochenta y cuatro pesos 00/100) mediante cheques números 0023078 y 0023077, expedidos a nombre de los quejosos Janeth Selene Yañez Martínez y Gonzalo Alberto Villanueva Martínez, respectivamente, asimismo se advierte que la autoridad resolvió dejar insubsistente la cuantificación y cobro de los derechos registrales amparados en los recibos de pago de mérito y desincorporar de la esfera jurídica de los peticionarios los artículos tildados de inconstitucionales. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a los quejosos en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a once de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas en Lerdo, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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