Feliciano Ventura Blanco

Expediente 25/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
25/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Feliciano Ventura Blanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en razón que en el presente asunto no fue exhibido billete de depósito alguno. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elías Fierro Rivera, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene el Registro único de Profesionales del Derecho. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, a catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos sin proveer sobre su contenido, el oficio signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de San Marcos, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 38/2017, que le fue enviado en auto de veintitrés de enero anterior; en razón de que en sentencia de fecha veintiuno del mes en curso, se resolvió en definitiva el presente juicio de amparo; acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, de las constancias que integran la referida comunicación oficial y de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de enero pasado, y se ordena efectuar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 25/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el doce de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Feliciano Ventura Blanco, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Juez Segundo de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutoras Encargada de Despacho de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Central. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Barrios Históricos. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Mozimba. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Garita. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Renacimiento. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Costa Azul. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Zapata. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Coloso. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Jardín. Todos con domicilio en esta ciudad Director de la Policía Ministerial del Estado. Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Coordinación de Zona del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Los Bravo. Ambos con domicilio en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "Reclamo de las Autoridades señaladas como Responsables Ordenadoras la ilegal ORDEN DE APREHENSIÓN, girada en mi contra y de las Autoridades señaladas como Responsables Ejecutoras reclamo la EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO, que pretendan darle a la orden de Aprehensión girada en mi contra, la cual no tiene fundamento legal, dado que sin haber cometido delito alguno se me pretende privar de mi libertad personal, y probablemente imputarme hechos delictuosos que no he cometido, de ahí que los actos reclamados vulneran totalmente mis garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los Preceptos Constitucionales que se precisan en esta demanda." SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. TERCERO. Por acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada bajo el número 25/2017; solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Las autoridades responsables ordenadoras Jueces Primero, Segundo, Tercero Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Primera Instancia, así como los Jueces Primero y Segundo de Paz, todos en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación (los Jueces Quinto y Octavo por conducto de los Secretarios de Acuerdos encargados del despacho por ministerio de ley) negaron los actos que se les atribuyen consistentes en la emisión de una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Feliciano Ventura Blanco. Tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que, el quejoso, no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. TERCERO. Por su parte, el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir informe con justificación (a través de la Segunda Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por ministerio de ley) aceptó el acto que se le atribuye, consistente en la emisión en contra del aquí quejoso de la orden de aprehensión de siete de diciembre de dos mil dieciséis, por el delito de despojo, en agravio de la aquí tercera interesada Elizabeth Ventura Blanco, en autos de la causa penal número 111/2016, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional. Además de tal reconocimiento, la responsable allegó al juicio en apoyo a su informe con justificación, copia certificada de las constancias que integran la referida causa penal (tomo I de prueba); dentro de la cual consta la orden de aprehensión que se combate. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que las autoridades responsables ejecutoras Encargada de Despacho de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, así como los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscritos a los Sectores Central, Barrios Históricos, Mozimba, Garita, Renacimiento, Costa Azul, Zapata, Coloso y Jardín, residentes en esta ciudad, y el Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Coordinación de Zona del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el mismo, ya que dado el carácter con el que fueron señaladas en el presente juicio, e independientemente de que conozcan o no la orden de captura combatida, es evidente que se encuentran en posibilidad de ejecutarla. Del mismo modo, aunque no se cuenta con el informe justificado del Director de la Policía Ministerial del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, ni con el acuse de recibo del oficio número 808/2017 por medio del cual se le solicitó, dado el carácter de ejecutora con el que fue señalado se le hace extensiva la determinación realizada en el párrafo que antecede. CUARTO. No obstante la certeza del acto reclamado, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, el suscrito resolutor estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, ello en razón de que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Feliciano Ventura Blanco el siete de diciembre de dos mil dieciséis, por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal número 111/2016, y su ejecución, y mediante oficio número 197 recibido el treinta de enero pasado, la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, encargada del despacho por ministerio de ley, remitió copia certificada del auto de formal prisión de veintinueve de enero del presente año, decretado en contra del quejoso por el delito de despojo, en agravio de Elizabeth Ventura Blanco, dentro de la mencionada causa penal. En efecto, el precepto en cita en la parte que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." Conforme a la interpretación de este numeral, la improcedencia del juicio de garantías se genera cuando existe un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, siendo los elementos que la determinan: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que durante la substanciación del juicio de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio correspondiente, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso particular, es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, dado que como ya se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión de siete de diciembre de dos mil dieciséis dictada por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal número 111/2016; sin embargo, a través del oficio número 197, recibido el treinta de enero del año en curso, la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, encargada del despacho por ministerio de ley, remitió copia certificada del auto de plazo constitucional emitido el veintinueve de enero último, por el que se decretó auto de formal prisión en contra del encausado, aquí quejoso Feliciano Ventura Blanco, por considerarlo probable responsable en la comisión del ilícito de despojo, en agravio de Elizabeth Ventura Blanco. Así las cosas, si se toma en cuenta que el oficio y constancia de referencia constituyen documentos públicos que adquieren valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, no cabe duda que, en el caso, operó un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la mencionada orden de aprehensión; ello, en atención a que no se puede decidir sobre la legalidad o constitucionalidad de ésta sin afectar la nueva situación jurídica creada por el dictado del auto de formal prisión decretado en contra del quejoso. Por ende, se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en este juicio, en razón de que es evidente que sí existe autonomía o independencia entre la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado y el auto de formal prisión de referencia, ambas resoluciones dictadas en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 111/2016 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, ya que aun cuando se analizara la legalidad o constitucionalidad de aquélla, esta última resolución puede subsistir jurídicamente, con independencia de que el citado acto materia de este amparo resultara o no inconstitucional; de ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia en cuestión, ante la imposibilidad de analizar la legalidad o constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que se sobresee en el juicio por lo que hace a la orden de aprehensión dictada por el Juez Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la Encargada de Despacho de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, a los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscritos a los Sectores Central, Barrios Históricos, Mozimba, Garita, Renacimiento, Costa Azul, Zapata, Coloso y Jardín, al Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Coordinación de Zona del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Los Bravo y al Director de la Policía Ministerial del Estado, dado que no fue impugnado por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida a la autoridad ordenadora. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas a pie de página en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por último, no pasa desapercibido que no obra en el sumario constancia alguna con la que se acredite el emplazamiento a juicio de la tercera interesada Elizabeth Ventura Blanco, como se ordenó en acuerdo de veintitrés de enero del año en curso, sin embargo, a nada práctico conduciría el postergar la resolución del presente asunto en detrimento de la garantía constitucional que consagra el artículo 17 Constitucional, a fin de darle la oportunidad a dicha parte procesal de comparecer y ofrecer las pruebas conducentes, dado el sentido del presente fallo, además que la causal de improcedencia a que se ha hecho relación subsistiría, siendo el sentido de la sentencia el mismo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 25/2017 promovido por Feliciano Ventura Blanco, por derecho propio, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos de lo establecido en los considerandos segundo y último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.-

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