Feliciano Velázquez Alvarez
Expediente 1145/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/08/2016
Partes del expediente
- Feliciano Velázquez Alvarez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de ***, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número ***, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en que se desechó de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********************, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 09 y otra autoridad, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1145/2016. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso concreto, la parte promovente del amparo señaló como acto reclamado el siguiente: "(.) EL AUTO dictado en FECHA UNO DE JULIO DEL 2016, respecto de la solicitud presentada en fecha 20 de junio del 2016, del representante legal, dictado en el expediente número 309/2011, en el Tribunal Unitario Agrario No. 9, con residencia en Toluca, México; POR FALTA DE PERSONALIDAD, YA QUE EL PODER CON EL QUE COMPARECE YA SE VENCIO DESDE EL 4 DE ABRIL DEL 2014, careciendo de personalidad con la que comparece el apoderado legal; relativo al juicio de nulidad de actos y documentos promovido por María Isabel Álvarez Enríquez, a través de su apoderado legal Tomás Samayoa Velázquez, en contra de Feliciano Velázquez Álvarez (.)" En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: El precepto legal transcrito establece la causa de improcedencia del juicio de amparo que se sustenta en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del mismo dispositivo, parte del supuesto en el que un segundo juicio de amparo se promueve por el mismo quejoso, en contra de los mismos actos y autoridades responsables que un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. De acuerdo con lo anterior, es patente que la disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, emanado del artículo 16 constitucional, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un mismo punto litigioso. Al respecto, los artículos 354, 355 y 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al caso en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.---------------- "Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.------------------------------------------------------- "Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias:--I. Las que no admitan ningún recurso (.)" La interpretación literal de los preceptos transcritos, en cuanto la definen como 'la verdad legal' y contra la cual 'no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley', evidencia que recogen a la institución de la cosa juzgada al tenor del criterio tradicional en el sentido que constituye un efecto de las sentencias inimpugnables, porque vinculan a la cosa juzgada con la sentencia firme que califican de 'ejecutoria'. Lo trascendente de la regulación establecida en los preceptos en estudio, es que de existir sentencia firme respecto de un punto de litigio, dicho pronunciamiento constituye la verdad legal y, por ende, inmutable, de modo que exista cosa juzgada. Sobre esta base, podría decirse que la cosa juzgada, desde un punto de vista tradicional, sólo tiene efectos en relación con lo que constituye el objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda o el objeto litigioso, por lo cual, en términos generales habrá cosa juzgada cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad; de lo que resulta que la esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo y tradicional, consiste en no permitir que el juzgador, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o disminuir el bien reconocido en el precedente. Los principios destacados implícitamente se reconocen en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues al impedir que prospere un juicio de amparo posterior promovido en contra de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo anterior, esto evidencia que la disposición reglamentaria del juicio de amparo alberga en su esencia a la institución de la cosa juzgada, desde el punto de vista tradicional, cuando exista identidad de pretensiones; que se funden en la misma causa; que la litis se dé entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la misma calidad. En resumen, para que se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, se requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos tomados incluso de la fracción III del propio artículo, a saber: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso; 2. Que sea contra la misma ley o acto reclamado; 3. Por esa razón, que se promueva contra la misma o mismas autoridades responsables y, 4. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio, también ha sido reclamado en el juicio de amparo 1036/2016, del índice de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, en el que mediante proveído de trece de julio del año en curso, se desechó la demanda de garantías, el cual causó estado el veinticinco siguiente; lo que actualiza los supuestos de la cosa juzgada (o autoridad de la cosa juzgada), cuyos efectos jurídicos no se pueden desconocer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, de lo descrito en párrafos anteriores se tiene que: a) Existe otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso 1036/2016 del índice del Juzgado de Distrito. b) Contra la misma ley o acto reclamado (el auto de uno de julio del año en curso, emitido por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México, en el juicio 309/2011 en el que se ordena girar oficio al Registro Agrario Nacional a afecto de que cancele los certificados parcelarios expedidos en favor del ahora quejoso respecto de la parcela materia del juicio de origen). c) Que se promueva contra la misma autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve de Toluca, Estado de México. d) Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva (mediante proveído de trece de julio del año en curso, se desechó la demanda de garantías, el cual causó estado el veinticinco siguiente dicha determinación). En ese tenor, si en este juicio de amparo el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado el mismo que en el diverso juicio 1036/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; entonces, resulta evidente que no puede impugnarse nuevamente en este sumario. Bajo esa óptica, resulta palmario que si los actos que se reclaman por esta vía ya fueron materia de estudio en diverso juicio, no pueden impugnarse en un nuevo juicio constitucional, pues como se observa, en el caso prevalece el principio de cosa juzgada. De ahí que ante la existencia de una resolución firme en el juicio de garantías 1036/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en el que se resolvió sobre el acto reclamado en este juicio de amparo, es una decisión firme y es cosa juzgada y, por ende, resulta insuperable su eficacia en el tiempo. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita enseguida: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del numeral 2° de la ley de la materia, téngase como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Téngase por autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la ley de la materia a Salvador Tejocote Romero y Gerardo García Arzate y, a las restantes personas en términos restringidos de dicho ordinal, limitación que se establece hasta en tanto registren su cédula profesional para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS En ese sentido, hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal y que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. COPIAS Para el caso de que las partes soliciten copia simple de cualquiera de las actuaciones que obren en autos; desde este momento se autoriza su expedición previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido de que quien se presente a recibirlas deberá exhibir su identificación oficial vigente. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Transparencia y Acceso a la información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o se actualice la normatividad respectiva. Dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, comuníqueseles el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que sus nombres y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se aplique sin supresión de datos. Por tanto, sin necesidad de ulterior acuerdo, se ordena a los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que cuando conforme a las funciones que les son propias procedan a la publicación de la sentencia que llegue a emitirse en el presente asunto, publiquen los nombres y datos personales de las partes, salvo que de autos se advierta fehacientemente que aquéllas manifestaron su oposición expresa para que se publiquen tales datos de carácter personal, quedando bajo su más estricta responsabilidad, como peritos en derecho que son, el verificar y constatar la existencia o no de la autorización en cuestión.
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