Feliciano Valencia Mirafuentes

Expediente 695/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
695/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Feliciano Valencia Mirafuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 695/2023, promovido por Feliciano Valencia Mirafuentes contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Feliciano Valencia Mirafuentes solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos "El acuerdo del inicio de procedimiento de remoción bajo el expediente UAI/005-P/04-2023, incoado en mi contra por la autoridad demandada. En el cual pretende dar por terminado la relación jurídico-administrativa entre el suscrito y el Municipio. [.]" SEGUNDO. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 695/2023, y previno el escrito inicial de la demanda de amparo, para que el quejoso aclarara el número de expediente, ya que de las constancias que adjuntó se desprendía que el número bajo el cual recayó el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad era UAI/006-P/04-2023. TERCERO. Una vez subsanada la prevención el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: El inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad UAI/006-P/04-2023, incoado en su contra. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio. El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben ser examinadas de oficio, en tanto señala: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". El artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Ahora bien, la parte quejosa Feliciano Valencia Mirafuentes, reclama del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad UAI/006-P/04-2023, incoado en su contra. El trece de julio de dos mil veintitrés, la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, Alicia Flores Fuentes, al rendir su informe justificado, informó lo siguiente: Que con fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, en sesión extraordinario llevada a cabo por el Consejo de Honor y Justicia se resolvió sobre el expediente administrativo de responsabilidad número UAI/006-P/04-2023, resolución que fue notificada el veintiséis de junio de dos mi veintitrés. Situación que se corrobora con las copias certificadas de la cuarta sesión extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia del veinte de junio de dos mil veintitrés, que anexó al oficio UAI/166/08-2023, la Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos, Alicia Flores Fuentes. Por todo lo anteriormente expuesto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse resuelto sobre el expediente administrativo de responsabilidad UAI/006-P/04-2023 y dictarse la resolución del veinte de junio de dos mil veintitrés, la cual establece lo siguiente: "UAI/006-P/04-2023 FELICIANO VALENCIA MIRAFUENTES. Este Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, encontró elementos suficientes para sancionar al elemento sujeto a procedimiento administrativo decretando LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS FUNCIONES del elemento policial preventivo FELICIANO VALENCIA MIRAFUENTES, POR EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES, SIN GOCE DE SUELDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL [.]". Por ende, el hecho de resolver la situación jurídica del quejoso, en este caso a través de la resolución de veinte de junio de dos mil veintitrés, se traduce en que tal determinación generó efectos distintos y novedosos a los que en su momento se crearon con el acuerdo de inicio del procedimiento reclamado, los cuales se afectarían si se adentrara al estudio de constitucionalidad del acto primigenio. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior la tesis asilada I.11o.C.61 K (10a.), de la Undécima Época, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390, con registro digital 2025083, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Hechos: En la fase de ejecución de convenio de un juicio mercantil, la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto a la adjudicación del inmueble embargado en ese asunto. Además, solicitó medidas cautelares con la finalidad de que: a) se mantuviera la situación de hecho existente; y, b) se inscribiera el referido incidente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio real del inmueble adjudicado. El Juez de origen admitió el incidente de nulidad de actuaciones y, en dos acuerdos distintos, no acordó de conformidad las medidas cautelares solicitadas. En contra de estas últimas dos resoluciones, la parte demandada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues en diversa demanda de amparo promovida por la misma quejosa, respecto del mismo procedimiento de origen, reconoció que el incidente de nulidad de actuaciones se declaró infundado en interlocutoria de primer grado y que ésta se encontraba subjúdice en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclame un acto vinculado expresamente con alguna de las etapas procesales que conforman el procedimiento respectivo en el que se emite resolución con la que concluye o dilucida la controversia principal o incidental planteada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga. En otras palabras, el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se asemeja a un túnel dividido en secciones, cada una de las cuales se cierra o individualiza de las demás por medio de compuertas; de manera que cada vez que se avanza por ese túnel, las compuertas que dividen las secciones se cierran, lo que impide que la persona que recorre ese túnel se encuentre en posibilidad para regresar a la sección anterior, pues ésta ha quedado cerrada definitivamente. Esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Por tanto, si en el procedimiento principal o incidental respectivo se solicitan medidas cautelares y éstas no se acuerdan de conformidad, la emisión de la resolución con la que concluya ese procedimiento principal o incidental no implica un cambio de situación jurídica, en virtud de que las medidas cautelares solicitadas no corresponden a una etapa de ese procedimiento." No pasa desapercibido para quien ahora resuelve el incidente de violación a la suspensión que interpuso la parte quejosa; sin embrago, debe señalarse que en primer término, la suspensión definitiva fue emitida el veinte de junio de dos mil veintitrés, mientras que la responsable tuvo conocimiento de la medida cautelar concedida, el veintidós siguiente, por lo que es indiscutible que se generó un cambio de situación jurídica al quejoso que no permite analizar la litis constitucional planteada sin afectar la nueva situación jurídica que le rige al quejoso. Según lo expuesto quedó irreparablemente consumada dicha situación, a pesar de esto, se deja a salvo los derechos del promovente para que pueda atacar en su momento procesal oportuno la resolución del veinte de junio de dos mil veintitrés. En vista de todo lo expuesto, se advierte que hubo un cambio de situación jurídica de la parte inconforme, que quedó irreparablemente consumada, por lo que se actualiza la invocada causal de improcedencia, de ahí que lo conducente es sobreseer en este juicio de garantías de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación signifique dejar en total estado de indefensión al quejoso, toda vez que está aptitud de combatir la decisión definitiva emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por la vía y forma correspondiente; máxime que en el caso no se ordenó la separación definitiva de su cargo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe rendido; con fundamento en el artículo 208 de la ley de amparo, con el informe en mención, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. En relación a las pruebas ofrecidas por la responsable, en términos del dispositivo 144 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con fundamento en el dispositivo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio procesal de la autoridad citada, el de su residencia oficial y con fundamento en el numeral 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que menciona. Se tienen únicamente por señalado el número de teléfono que proporciona, como auxiliar para mejor contacto con la responsable, sin que puedan llevarse a cabo notificaciones a través del mismo, dado que no se encuentra autorizada dicha situación en la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia relativa al incidente de violación a la suspensión señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha no obra el informe requerido a la autoridad responsable foránea, ni el acuse de recibo del oficio por el cual se le requirió dicho informe; por tal motivo, se difiere dicha audiencia señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Viso el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que Miguel Ángel Salvitano Vázquez, perito adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, designado por este juzgado en materia de topografía y valuación, experto que el veintisiete de junio del año en curso, rindió su dictamen, el cual ya fue ratificado. En consecuencia, para el efecto de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes en el presente juicio, con el mismo dése vista a todas las partes por el término de cinco días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga y una vez transcurrido dicho lapso, con las manifestaciones que hayan o no formulado, se acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables el presente auto, adjuntado copia del dictamen antes señalado. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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