Feliciano Tapia Bernabe
Expediente 50/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Feliciano Tapia Bernabe
- Feliciano Tapia Bernabe y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia engrosada de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo de la Justicia Federal a ****; sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, resulta jurídicamente innecesario esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la ley de la materia, para las autoridades responsables, dado que, carece de legitimación para inconformarse. Como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Materia Común, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:. "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. DESTINO: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Edith Ortiz Sánchez, autorizada de la parte tercera interesada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se expide copias certificadas de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintidós dictada en este juicio de amparo. Por lo que, dadas las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional y la contingencia sanitaria derivada del virus SARSCov2 (COVID-19); con fundamento en los artículos 3 y 6, del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal, hágase entrega personalmente de las referidas copias simples, a través del Sistema de Citas mediante código "QR". Por tanto, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS para que se presente en las instalaciones que ocupa el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, para el único efecto de recibir dichas constancias. Se le hace de su conocimiento, que las diligencias tendrá una duración máxima de veinticinco minutos, para lo cual, deberá presentarse puntualmente en la hora y fechas estipuladas; únicamente podrán comparecer un máximo de dos personas que se encuentren autorizadas para el efecto antes señalado (recibir las copias certificadas); el acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que comparezca se identifique como la persona a cuyo nombre se generó el código QR, sin que la otra esté exenta de registrarse. En el entendido, que el acceso podrá restringirse si la persona citada no acude en el horario previsto, así como en el caso de incumplir los requisitos para pasar los filtros sanitarios y los protocolos de salud implementados en el edificio, por lo que: a) Deberá acudir puntualmente, en la fecha y hora señaladas, de no hacerlo no se le permitirá el acceso a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. b) Deberá presentar identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o cédula profesional) en el acceso general de este órgano jurisdiccional, donde se verificará su identidad con la del código QR previamente generado por el personal de este juzgado. c) En todo momento, deberá seguir las indicaciones sanitarias del personal administrativo y de vigilancia (uso de cubrebocas, toma de temperatura, sana distancia, rutas de acceso, etcétera). Por ello, se instruye al actuario de la adscripción para que el código QR respectivo, lo coloque en el acceso del edificio, dándole aviso a la administración del mismo, con la fecha y hora de la cita programada; designando para recibirlas a las personas que menciona en su escrito de cuenta Notifíquese por lista electrónica.
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(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. * * *, por propio derecho, mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnada a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca en la misma fecha, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO CUARENTA Y SEIS, CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO CUARENTA Y SEIS, CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. ACTO RECLAMADO: ".ACTO RECLAMADO: La resolución interlocutoria de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente agrario número * * *, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y seis, con residencia en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por razón del grado y materia de ese Unitario Agrario, la cual opuso el suscrito en mi escrito de contestación de demanda de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno." Acto que estimó violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 2, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. a) En proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, registró la demanda de amparo con el número 50/2022; asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las responsables sus informes justificados, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. b) En acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, se apersonó a este juicio de amparo * * *, en su carácter de tercera interesada. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados versan sobre la materia administrativa y tienen ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, toda vez que el acto de ejecución tiene lugar en esta localidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado. Ahora, de un análisis de la demanda de amparo y del escrito de aclaración se advierte que Feliciano Tapia Bernabé reclama: La resolución interlocutoria de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente agrario número * * *. TERCERO. Oportunidad de la demanda La demanda de amparo fue presentada en el plazo de quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo; ello, toda vez que la resolución reclamada fue emitida el diez de diciembre de dos mil veintiuno; y, notificada a la parte quejosa el doce de enero de dos mil veintidós (foja 85). De ahí que el plazo de quince días transcurrió del catorce de enero al tres de febrero de dos mil veintidós y la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de enero del año en curso, por lo que dicha presentación fue dentro del plazo de quince días concedido para ello. CUARTO. Existencia del acto reclamado El magistrado y actuario ambos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir sus informes justificados, convinieron en la existencia del acto que les atribuye la parte quejosa. Lo que se corrobora con la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, que remitieron con su informe justificado. QUINTO. Causal de improcedencia La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, la tercera interesada en el escrito por medio del cual se apersonó a este juicio de amparo, en su carácter de tercera interesada, manifestó que el juicio de amparo resulta improcedente; sin embargo, no invocó causal de improcedencia alguna sino que únicamente formuló manifestaciones a efecto de argumentar la constitucionalidad de la resolución reclamada. Sin que este juzgador de oficio advierta que en el caso en análisis se actualice alguna causal de improcedencia. SEXTO. Conceptos de violación El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, los cuales es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación; sin embargo, de estimarlo necesario se hará una síntesis de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 visible en la página 830 del tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Análisis del acto reclamado. La parte quejosa en su escrito de demanda formula, en esencia, los siguientes conceptos de violación: La resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, no se encuentra fundada ni motivada, ya que la valoración que realizó de las constancias de autos resulta incorrecta. Aduce que resulta procedente la excepción de la incompetencia que se hizo valer en atención a que existe un título de propiedad expedido a nombre del promovente, de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, patentado por acuerdo del órgano supremo denominado asamblea general de ejidatarios de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete. Además, aduce que la autoridad responsable no valoró correctamente las documentales que fueron exhibidas por las partes, con las cuales se sustenta la excepción de incompetencia del Tribunal Unitario Agrario, para conocer y resolver el asunto que le fue planteado por la aquí tercera interesada. También aduce que la autoridad responsable fue omisa en analizar al admitir la demanda agraria ya que la actora no acreditó el carácter con el cual comparecía a juicio; es decir, como ejidataria, avecindada o posesionaria. De igual manera, argumenta, que la autoridad responsable no analizó la prescripción de la acción que pretende ejercer la parte actora y que desde la fecha de la asamblea han transcurrido más de veintidós años y el plazo que contempla el artículo 61 de la Ley Agraria es de noventa días naturales para combatir dichos actos. Con el objeto de dar respuesta a tales planteamientos, es necesario destacar que el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III. Del reconocimiento del régimen comunal; IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria; XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria; XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes." Dicho precepto prevé la competencia de dichos órganos jurisdiccionales y se vincula necesariamente con los bienes ejidales o comunales, mientras, el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que con base en esa Ley Suprema, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos, siendo de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre la clase agraria. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción; por tanto, los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. De lo anterior, tenemos que la justicia agraria tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, es decir, todas aquellas tierras que representan la propiedad rural y precisa en forma enunciativa, el ámbito específico de la justicia agraria que corresponde administrar a los tribunales allí previstos dejando abierta la posibilidad para que el legislador ordinario, al reglamentar dicha norma constitucional, establezca con mayor la claridad, cuáles son los asuntos que, además de los enunciados, corresponderá conocer a los tribunales que administren la justicia agraria. En este sentido la competencia de los tribunales agrarios queda establecida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios ya citado, y en el artículo 163 de la Ley Agraria vigente. Ha sido voluntad del Poder Revisor de la Constitución el crear una jurisdicción especializada en donde se ventilen todos aquellos conflictos que por su trascendencia puedan afectar la tenencia de la tierra comunal o ejidal, cuya naturaleza jurídica es la que da competencia a los tribunales agrarios. De ahí que los juicios agrarios son todos aquellos en los que en la materia litigiosa, o de mera jurisdicción voluntaria se involucra la aplicación o interpretación de las normas sustantivas que integran la Ley Agraria, y debe conocer una autoridad agraria, tratándose de controversias o cuestiones en las que estén involucrados bienes de propiedad ejidal o comunal, o derechos de ejidatarios o comuneros, sin importar inclusive, el carácter de la persona o ente contra el que se origine la controversia, es decir, no se toma en cuenta si una de las personas es particular, comunero o ejidatario, sino su ámbito se extiende a la protección de la materia agraria. Tiene aplicación a lo anteriormente señalado la jurisprudencia P./J. 125/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto "COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES. Con el fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción sobre posesión de predios, deben tomarse en cuenta el objeto de la demanda, los planteamientos formulados por las partes, los hechos narrados y los elementos probatorios con los que se cuente, por lo que si de las constancias de autos se desprende que una de las partes es un sujeto de derecho agrario y que la acción recae sobre un presunto predio ejidal, la materia sobre la que versa la pretensión, aunque en principio sea de naturaleza civil, pudiere quedar comprendida en la agraria y, por ende, el órgano a quien debe fincársele la competencia es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio, en la inteligencia de que la resolución correspondiente no determina la naturaleza de éste." Es importante destacar que al examinar una cuestión de competencia no se requiere que se demuestre plenamente si el o los predios en litigio se hallan bajo el régimen de bienes comunales, o no, para que sean los tribunales agrarios quienes deban conocer de la controversia a fin de dilucidar ese aspecto, pues ello precisamente sería materia del fondo del posible conflicto agrario. Bajo esas consideraciones, es correcta la determinación de la autoridad responsable adoptada en resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno; y, resultan infundados los conceptos de violación marcados con los incisos b) y c), de los conceptos de violación que argumenta en su demanda de amparo la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones. En el juicio de origen la parte actora * * *, reclamó las siguientes prestaciones: "Prestaciones a) La nulidad del acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras y Titulación de Solares, celebrada en el ejido de * * * el día 27 de Marzo de 1997, únicamente en la parte relativa del inciso E), del punto 8 del acta de asamblea mencionada donde se asigna el SOLAR URBANO identificado como * * *, que indebidamente fue asignada al C, * * * o * * *. b) El mejor derecho a poseer el solar urbano identificado como * * *. c) El respeto irrestricto a la posesión que tengo del solar citado, para la cual hago las siguientes consideraciones de hechos y derechos" Ahora, la parte quejosa formuló, en el juicio de origen, la excepción de incompetencia con base en el hecho de que respecto del bien inmueble que señala la parte quejosa le fue expedido el título de propiedad número * * *, de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, inscrito con el carácter de definitivo en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Putla de Guerrero, Oaxaca, bajo la partida numero * * *, de diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho; por esa razón, argumenta, que el asunto planteado lo debe conocer y resolver un juez de índole civil, no agrario. Bajo ese tenor, es necesario precisar que en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras y titulación de solares, celebrada el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, en el ejido de San Pedro Amuzgos, municipio de * * *, en la parte relativa del inciso e), del punto 8, del orden del día, se asignó el solar urbano identificado como * * *, a Tapia Bernabé Feliciano o Feliciano Tapia Bernabé; lo que dio origen al título de propiedad que tiene la parte quejosa. Por tanto, como correctamente lo afirmó la autoridad responsable no le asiste la razón al quejoso, pues aun cuando éste cuenta con un título de propiedad, expedido a su favor por el Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Oaxaca, que demuestra que a partir de la fecha de su otorgamiento; es decir, diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, salió del dominio del régimen ejidal y pasó a formar parte de la propiedad privada, tal como lo disponen los artículos 68 y 69 de la Ley Agraria; sin embargo, la actora en sus prestaciones reclama la asamblea de veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete. Es decir, la parte actora reclama, además, el acta en la cual se le asignó el inmueble objeto de la litis a la parte quejosa; por ello, el Tribunal Unitario Agrario resulta competente para conocer y resolver respecto de la demanda planteada, no así el juez civil como lo pretende la parte quejosa. Lo que sustentó la autoridad responsable en la resolución en análisis, ya que si bien la legislación agraria establece que el orden del fuero común será competente para conocer de controversias que se susciten por la tenencia de solares titulados; empero, cuando se trate de resolver lo relativo a una controversia cuyo origen sea anterior a la expedición del título de propiedad es competencia de los Tribunales Agrarios. Resulta aplicable la Jurisprudencia VI.1o.A. J/40, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "TRIBUNAL AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE ACTOS ANTERIORES A LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE UN SOLAR URBANO, SI NO SE CUESTIONA LA LEGALIDAD DE ALGÚN ACTO SUBSECUENTE A SU OTORGAMIENTO. El artículo 69 de la Ley Agraria, que establece: "La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente.", y la jurisprudencia por contradicción de tesis 6/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOLAR URBANO TITULADO. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN POR SU TENENCIA", no deben entenderse en el sentido de que una vez expedido el título de propiedad de un solar urbano, cualquier controversia que se suscite respecto de él deba ser resuelta por los tribunales del orden común, sino que ello únicamente puede darse si se trata de actos jurídicos acaecidos con posterioridad a su expedición, pues sólo esos actos tienen el carácter de subsecuentes, lo cual no acontece cuando no es el titular del solar quien alegue un menoscabo o perturbación del dominio sufrido con posterioridad a su titulación, sino que sea el poseedor del solar urbano el que alegue tener mejor derecho para que se expidiera a su favor el título de propiedad correspondiente, e incluso ejerza como acción principal la nulidad de la asamblea en la que se haya hecho la asignación respectiva en su perjuicio y, como consecuencia, demande también la nulidad del otorgamiento del título de que se trate. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que es precisamente la legislación agraria la que establece que el orden común será competente para conocer de controversias que se susciten por la tenencia de solares titulados, sin embargo, cuando se trate de resolver lo relativo a una controversia cuyo origen sea anterior a la expedición del título de propiedad, esto es, cuando verse sobre actos realizados cuando aún no se titulaba el solar urbano en conflicto, como son los actos que confluyen precisamente para la culminación del trámite fijado en los artículos 43, 44 y 63 a 72 de la Ley Agraria y en los artículos 1°, 8° y 47 a 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, transcritos en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/99, aun cuando al momento de la presentación de la demanda agraria ya se hubiera expedido el título de propiedad del solar urbano respectivo, la resolución de una controversia suscitada en dichos términos es competencia de los tribunales agrarios, por ser la naturaleza de esos actos eminentemente agraria, quedando la decisión sujeta a la jurisdicción de dichos órganos, en virtud de que lo que se cuestiona es el procedimiento que llevó a la titulación impugnada, la cual, por tanto, no puede considerarse a priori como inatacable en la jurisdicción agraria, pues como la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo destaca en la ejecutoria aludida, "... para la obtención del título de propiedad, como lo dispone la ley y el reglamento relativo a que se ha hecho referencia, se requiere la realización de una serie de actos previos en los cuales obviamente en el ínter de la titulación son susceptibles de que generen conflictos jurídicos", y al generarse en esa etapa previa a la expedición del título, necesariamente revisten el carácter de controversias agrarias y, por ende, su conocimiento compete a los tribunales agrarios y no a los del fuero común, puesto que aun cuando al momento de plantear el conflicto ya se hubiera otorgado el título, por combatirse actos anteriores a la culminación del trámite regulado por la Ley Agraria y el reglamento invocado con antelación, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 69 de la Ley Agraria, que establece la jurisdicción común única y exclusivamente respecto de "los actos jurídicos subsecuentes". Ello es así, porque una vez expedido el título de un solar urbano, se requiere de algún acto jurídico subsecuente regulado por el derecho común, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, una compraventa, una donación, una permuta, una hipoteca, un embargo, etcétera, para que ante cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación o cumplimiento del contrato de que se trate, al estar regida su celebración por preceptos legales del orden común, su conocimiento indudablemente corresponde a las autoridades judiciales de ese fuero, pero si no ha habido ningún acto jurídico subsecuente y, por tanto, no ha habido la aplicación del derecho común, y lo que se cuestiona es la indebida aplicación de la Ley Agraria y del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, como actos previos a la culminación del trámite para la expedición del título de propiedad del solar urbano correspondiente, demandándose incluso la nulidad de la asamblea de delimitación, destino y asignación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, como antecedente y origen de dicha titulación, es inconcuso que un juzgado del fuero común carece de competencia para dirimir si esos actos previos, eminentemente agrarios por estar regulados por la ley y el reglamento antes invocados, se ajustaron o no a la legislación agraria, si la decisión tomada en la asamblea cuya nulidad se demanda es o no legal, y si por tanto la asignación y expedición del título de propiedad del solar urbano debe o no subsistir, para lo cual se requiere analizar exhaustivamente todo el trámite previsto en los ordenamientos agrarios de referencia, siendo ajeno a este análisis el derecho común, por lo que no hay duda que un conflicto de tal naturaleza es competencia de los tribunales agrarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Agraria, que establece: "Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley". Por tanto, si el tribunal agrario responsable se declara incompetente sin tener en cuenta lo antes considerado, viola las garantías de seguridad jurídica de la parte quejosa previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que obliga a concederle el amparo solicitado." Lo resaltado no es de origen. Por las consideraciones antes expuestas resultan infundados los conceptos de violación marcados con los incisos b) y c). De igual manera resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso a), consistente en que la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, no se encuentra fundada ni motivada; para sustentar dicha afirmación es conveniente citar el artículo 16 de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Dicho precepto impone la obligación a las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones. La fundamentación implica la cita de los preceptos jurídicos que establecen la hipótesis que genera la emisión del acto reclamado; en tanto que motivación es la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Por tanto, para que exista una adecuada fundamentación y motivación, es necesaria la subsunción entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, lo que permite sostener que ambos conceptos están vinculados, en razón de que no puede existir motivación si es inexistente la adecuación entre el hecho y la norma legal. Por las razones que contiene es aplicable la jurisprudencia 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Esos requisitos -fundamentación y motivación- tienen por objeto otorgar seguridad jurídica a las determinaciones de las autoridades; aspecto que es indispensable en un sistema democrático, ya que solo de esa forma se podrá constatar que sus decisiones no son arbitrarias. En el caso, contrariamente a lo sustentado por el solicitante de amparo, la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno se encuentra debidamente fundada, pues la autoridad responsable fundó su determinación en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como el 163 de la Ley Agraria y citó diversos criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual manera, en la resolución en análisis la autoridad responsable motivó su decisión conforme a las constancias que obran en el juicio agrario y expuso los motivos por los cuales resolvió que la excepción de incompetencia resultaba infundada. Por otra parte, los conceptos de violación que formuló el quejoso y que en esencia se citaron en los incisos e) y f), resultan inoperantes, ya que son encaminados a analizar temas que, en su caso serán estudio del fondo del asunto que, en su momento, resuelva la autoridad responsable. Lo sostenido en párrafo que antecede es así, ya que el quejoso argumenta que respecto de las prestaciones que reclama la parte actora operó la prescripción; asimismo, alega que no le asiste el interés para promover el juicio agrario; sin embargo, dichas cuestiones son diversas a las analizadas en esta sentencia de amparo y corresponden al fondo del asunto del juicio de origen.En esas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, resulta procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado a Feliciano Tapia Bernabé, contra la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis. Negativa que se hace extensiva al actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, ya que no se reclamaron vicios propios de tal autoridad. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, se: RESUELVE PRIMERO. Justicia Federal no ampara ni protege a * * *, contra la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, por los motivos y razones expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento al último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. * * *, por propio derecho, mediante escrito recibido el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, turnada a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca en la misma fecha, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO CUARENTA Y SEIS, CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO CUARENTA Y SEIS, CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. ACTO RECLAMADO: ".ACTO RECLAMADO: La resolución interlocutoria de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente agrario número * * *, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito cuarenta y seis, con residencia en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por razón del grado y materia de ese Unitario Agrario, la cual opuso el suscrito en mi escrito de contestación de demanda de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno." Acto que estimó violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 2, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. a) En proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, registró la demanda de amparo con el número 50/2022; asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las responsables sus informes justificados, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. b) En acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, se apersonó a este juicio de amparo * * *, en su carácter de tercera interesada. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados versan sobre la materia administrativa y tienen ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, toda vez que el acto de ejecución tiene lugar en esta localidad. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado. Ahora, de un análisis de la demanda de amparo y del escrito de aclaración se advierte que Feliciano Tapia Bernabé reclama: La resolución interlocutoria de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente agrario número * * *. TERCERO. Oportunidad de la demanda La demanda de amparo fue presentada en el plazo de quince días que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo; ello, toda vez que la resolución reclamada fue emitida el diez de diciembre de dos mil veintiuno; y, notificada a la parte quejosa el doce de enero de dos mil veintidós (foja 85). De ahí que el plazo de quince días transcurrió del catorce de enero al tres de febrero de dos mil veintidós y la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de enero del año en curso, por lo que dicha presentación fue dentro del plazo de quince días concedido para ello. CUARTO. Existencia del acto reclamado El magistrado y actuario ambos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir sus informes justificados, convinieron en la existencia del acto que les atribuye la parte quejosa. Lo que se corrobora con la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, que remitieron con su informe justificado. QUINTO. Causal de improcedencia La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, la tercera interesada en el escrito por medio del cual se apersonó a este juicio de amparo, en su carácter de tercera interesada, manifestó que el juicio de amparo resulta improcedente; sin embargo, no invocó causal de improcedencia alguna sino que únicamente formuló manifestaciones a efecto de argumentar la constitucionalidad de la resolución reclamada. Sin que este juzgador de oficio advierta que en el caso en análisis se actualice alguna causal de improcedencia. SEXTO. Conceptos de violación El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, los cuales es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación; sin embargo, de estimarlo necesario se hará una síntesis de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 visible en la página 830 del tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Análisis del acto reclamado. La parte quejosa en su escrito de demanda formula, en esencia, los siguientes conceptos de violación: La resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, no se encuentra fundada ni motivada, ya que la valoración que realizó de las constancias de autos resulta incorrecta. Aduce que resulta procedente la excepción de la incompetencia que se hizo valer en atención a que existe un título de propiedad expedido a nombre del promovente, de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, patentado por acuerdo del órgano supremo denominado asamblea general de ejidatarios de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete. Además, aduce que la autoridad responsable no valoró correctamente las documentales que fueron exhibidas por las partes, con las cuales se sustenta la excepción de incompetencia del Tribunal Unitario Agrario, para conocer y resolver el asunto que le fue planteado por la aquí tercera interesada. También aduce que la autoridad responsable fue omisa en analizar al admitir la demanda agraria ya que la actora no acreditó el carácter con el cual comparecía a juicio; es decir, como ejidataria, avecindada o posesionaria. De igual manera, argumenta, que la autoridad responsable no analizó la prescripción de la acción que pretende ejercer la parte actora y que desde la fecha de la asamblea han transcurrido más de veintidós años y el plazo que contempla el artículo 61 de la Ley Agraria es de noventa días naturales para combatir dichos actos. Con el objeto de dar respuesta a tales planteamientos, es necesario destacar que el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III. Del reconocimiento del régimen comunal; IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria; XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria; XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes." Dicho precepto prevé la competencia de dichos órganos jurisdiccionales y se vincula necesariamente con los bienes ejidales o comunales, mientras, el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que con base en esa Ley Suprema, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos, siendo de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre la clase agraria. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción; por tanto, los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. De lo anterior, tenemos que la justicia agraria tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, es decir, todas aquellas tierras que representan la propiedad rural y precisa en forma enunciativa, el ámbito específico de la justicia agraria que corresponde administrar a los tribunales allí previstos dejando abierta la posibilidad para que el legislador ordinario, al reglamentar dicha norma constitucional, establezca con mayor la claridad, cuáles son los asuntos que, además de los enunciados, corresponderá conocer a los tribunales que administren la justicia agraria. En este sentido la competencia de los tribunales agrarios queda establecida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios ya citado, y en el artículo 163 de la Ley Agraria vigente. Ha sido voluntad del Poder Revisor de la Constitución el crear una jurisdicción especializada en donde se ventilen todos aquellos conflictos que por su trascendencia puedan afectar la tenencia de la tierra comunal o ejidal, cuya naturaleza jurídica es la que da competencia a los tribunales agrarios. De ahí que los juicios agrarios son todos aquellos en los que en la materia litigiosa, o de mera jurisdicción voluntaria se involucra la aplicación o interpretación de las normas sustantivas que integran la Ley Agraria, y debe conocer una autoridad agraria, tratándose de controversias o cuestiones en las que estén involucrados bienes de propiedad ejidal o comunal, o derechos de ejidatarios o comuneros, sin importar inclusive, el carácter de la persona o ente contra el que se origine la controversia, es decir, no se toma en cuenta si una de las personas es particular, comunero o ejidatario, sino su ámbito se extiende a la protección de la materia agraria. Tiene aplicación a lo anteriormente señalado la jurisprudencia P./J. 125/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto "COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES. Con el fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción sobre posesión de predios, deben tomarse en cuenta el objeto de la demanda, los planteamientos formulados por las partes, los hechos narrados y los elementos probatorios con los que se cuente, por lo que si de las constancias de autos se desprende que una de las partes es un sujeto de derecho agrario y que la acción recae sobre un presunto predio ejidal, la materia sobre la que versa la pretensión, aunque en principio sea de naturaleza civil, pudiere quedar comprendida en la agraria y, por ende, el órgano a quien debe fincársele la competencia es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio, en la inteligencia de que la resolución correspondiente no determina la naturaleza de éste." Es importante destacar que al examinar una cuestión de competencia no se requiere que se demuestre plenamente si el o los predios en litigio se hallan bajo el régimen de bienes comunales, o no, para que sean los tribunales agrarios quienes deban conocer de la controversia a fin de dilucidar ese aspecto, pues ello precisamente sería materia del fondo del posible conflicto agrario. Bajo esas consideraciones, es correcta la determinación de la autoridad responsable adoptada en resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno; y, resultan infundados los conceptos de violación marcados con los incisos b) y c), de los conceptos de violación que argumenta en su demanda de amparo la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones. En el juicio de origen la parte actora * * *, reclamó las siguientes prestaciones: "Prestaciones a) La nulidad del acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras y Titulación de Solares, celebrada en el ejido de * * * el día 27 de Marzo de 1997, únicamente en la parte relativa del inciso E), del punto 8 del acta de asamblea mencionada donde se asigna el SOLAR URBANO identificado como * * *, que indebidamente fue asignada al C, * * * o * * *. b) El mejor derecho a poseer el solar urbano identificado como * * *. c) El respeto irrestricto a la posesión que tengo del solar citado, para la cual hago las siguientes consideraciones de hechos y derechos" Ahora, la parte quejosa formuló, en el juicio de origen, la excepción de incompetencia con base en el hecho de que respecto del bien inmueble que señala la parte quejosa le fue expedido el título de propiedad número * * *, de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Oaxaca, inscrito con el carácter de definitivo en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Putla de Guerrero, Oaxaca, bajo la partida numero * * *, de diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho; por esa razón, argumenta, que el asunto planteado lo debe conocer y resolver un juez de índole civil, no agrario. Bajo ese tenor, es necesario precisar que en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras y titulación de solares, celebrada el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, en el ejido de San Pedro Amuzgos, municipio de * * *, en la parte relativa del inciso e), del punto 8, del orden del día, se asignó el solar urbano identificado como * * *, a Tapia Bernabé Feliciano o Feliciano Tapia Bernabé; lo que dio origen al título de propiedad que tiene la parte quejosa. Por tanto, como correctamente lo afirmó la autoridad responsable no le asiste la razón al quejoso, pues aun cuando éste cuenta con un título de propiedad, expedido a su favor por el Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Oaxaca, que demuestra que a partir de la fecha de su otorgamiento; es decir, diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, salió del dominio del régimen ejidal y pasó a formar parte de la propiedad privada, tal como lo disponen los artículos 68 y 69 de la Ley Agraria; sin embargo, la actora en sus prestaciones reclama la asamblea de veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete. Es decir, la parte actora reclama, además, el acta en la cual se le asignó el inmueble objeto de la litis a la parte quejosa; por ello, el Tribunal Unitario Agrario resulta competente para conocer y resolver respecto de la demanda planteada, no así el juez civil como lo pretende la parte quejosa. Lo que sustentó la autoridad responsable en la resolución en análisis, ya que si bien la legislación agraria establece que el orden del fuero común será competente para conocer de controversias que se susciten por la tenencia de solares titulados; empero, cuando se trate de resolver lo relativo a una controversia cuyo origen sea anterior a la expedición del título de propiedad es competencia de los Tribunales Agrarios. Resulta aplicable la Jurisprudencia VI.1o.A. J/40, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "TRIBUNAL AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE ACTOS ANTERIORES A LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE UN SOLAR URBANO, SI NO SE CUESTIONA LA LEGALIDAD DE ALGÚN ACTO SUBSECUENTE A SU OTORGAMIENTO. El artículo 69 de la Ley Agraria, que establece: "La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente.", y la jurisprudencia por contradicción de tesis 6/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOLAR URBANO TITULADO. LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN POR SU TENENCIA", no deben entenderse en el sentido de que una vez expedido el título de propiedad de un solar urbano, cualquier controversia que se suscite respecto de él deba ser resuelta por los tribunales del orden común, sino que ello únicamente puede darse si se trata de actos jurídicos acaecidos con posterioridad a su expedición, pues sólo esos actos tienen el carácter de subsecuentes, lo cual no acontece cuando no es el titular del solar quien alegue un menoscabo o perturbación del dominio sufrido con posterioridad a su titulación, sino que sea el poseedor del solar urbano el que alegue tener mejor derecho para que se expidiera a su favor el título de propiedad correspondiente, e incluso ejerza como acción principal la nulidad de la asamblea en la que se haya hecho la asignación respectiva en su perjuicio y, como consecuencia, demande también la nulidad del otorgamiento del título de que se trate. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que es precisamente la legislación agraria la que establece que el orden común será competente para conocer de controversias que se susciten por la tenencia de solares titulados, sin embargo, cuando se trate de resolver lo relativo a una controversia cuyo origen sea anterior a la expedición del título de propiedad, esto es, cuando verse sobre actos realizados cuando aún no se titulaba el solar urbano en conflicto, como son los actos que confluyen precisamente para la culminación del trámite fijado en los artículos 43, 44 y 63 a 72 de la Ley Agraria y en los artículos 1°, 8° y 47 a 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, transcritos en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/99, aun cuando al momento de la presentación de la demanda agraria ya se hubiera expedido el título de propiedad del solar urbano respectivo, la resolución de una controversia suscitada en dichos términos es competencia de los tribunales agrarios, por ser la naturaleza de esos actos eminentemente agraria, quedando la decisión sujeta a la jurisdicción de dichos órganos, en virtud de que lo que se cuestiona es el procedimiento que llevó a la titulación impugnada, la cual, por tanto, no puede considerarse a priori como inatacable en la jurisdicción agraria, pues como la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo destaca en la ejecutoria aludida, "... para la obtención del título de propiedad, como lo dispone la ley y el reglamento relativo a que se ha hecho referencia, se requiere la realización de una serie de actos previos en los cuales obviamente en el ínter de la titulación son susceptibles de que generen conflictos jurídicos", y al generarse en esa etapa previa a la expedición del título, necesariamente revisten el carácter de controversias agrarias y, por ende, su conocimiento compete a los tribunales agrarios y no a los del fuero común, puesto que aun cuando al momento de plantear el conflicto ya se hubiera otorgado el título, por combatirse actos anteriores a la culminación del trámite regulado por la Ley Agraria y el reglamento invocado con antelación, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 69 de la Ley Agraria, que establece la jurisdicción común única y exclusivamente respecto de "los actos jurídicos subsecuentes". Ello es así, porque una vez expedido el título de un solar urbano, se requiere de algún acto jurídico subsecuente regulado por el derecho común, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, una compraventa, una donación, una permuta, una hipoteca, un embargo, etcétera, para que ante cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación o cumplimiento del contrato de que se trate, al estar regida su celebración por preceptos legales del orden común, su conocimiento indudablemente corresponde a las autoridades judiciales de ese fuero, pero si no ha habido ningún acto jurídico subsecuente y, por tanto, no ha habido la aplicación del derecho común, y lo que se cuestiona es la indebida aplicación de la Ley Agraria y del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, como actos previos a la culminación del trámite para la expedición del título de propiedad del solar urbano correspondiente, demandándose incluso la nulidad de la asamblea de delimitación, destino y asignación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, como antecedente y origen de dicha titulación, es inconcuso que un juzgado del fuero común carece de competencia para dirimir si esos actos previos, eminentemente agrarios por estar regulados por la ley y el reglamento antes invocados, se ajustaron o no a la legislación agraria, si la decisión tomada en la asamblea cuya nulidad se demanda es o no legal, y si por tanto la asignación y expedición del título de propiedad del solar urbano debe o no subsistir, para lo cual se requiere analizar exhaustivamente todo el trámite previsto en los ordenamientos agrarios de referencia, siendo ajeno a este análisis el derecho común, por lo que no hay duda que un conflicto de tal naturaleza es competencia de los tribunales agrarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Agraria, que establece: "Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley". Por tanto, si el tribunal agrario responsable se declara incompetente sin tener en cuenta lo antes considerado, viola las garantías de seguridad jurídica de la parte quejosa previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que obliga a concederle el amparo solicitado." Lo resaltado no es de origen. Por las consideraciones antes expuestas resultan infundados los conceptos de violación marcados con los incisos b) y c). De igual manera resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso a), consistente en que la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, no se encuentra fundada ni motivada; para sustentar dicha afirmación es conveniente citar el artículo 16 de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." Dicho precepto impone la obligación a las autoridades de fundar y motivar sus determinaciones. La fundamentación implica la cita de los preceptos jurídicos que establecen la hipótesis que genera la emisión del acto reclamado; en tanto que motivación es la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Por tanto, para que exista una adecuada fundamentación y motivación, es necesaria la subsunción entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, lo que permite sostener que ambos conceptos están vinculados, en razón de que no puede existir motivación si es inexistente la adecuación entre el hecho y la norma legal. Por las razones que contiene es aplicable la jurisprudencia 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Esos requisitos -fundamentación y motivación- tienen por objeto otorgar seguridad jurídica a las determinaciones de las autoridades; aspecto que es indispensable en un sistema democrático, ya que solo de esa forma se podrá constatar que sus decisiones no son arbitrarias. En el caso, contrariamente a lo sustentado por el solicitante de amparo, la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno se encuentra debidamente fundada, pues la autoridad responsable fundó su determinación en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como el 163 de la Ley Agraria y citó diversos criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual manera, en la resolución en análisis la autoridad responsable motivó su decisión conforme a las constancias que obran en el juicio agrario y expuso los motivos por los cuales resolvió que la excepción de incompetencia resultaba infundada. Por otra parte, los conceptos de violación que formuló el quejoso y que en esencia se citaron en los incisos e) y f), resultan inoperantes, ya que son encaminados a analizar temas que, en su caso serán estudio del fondo del asunto que, en su momento, resuelva la autoridad responsable. Lo sostenido en párrafo que antecede es así, ya que el quejoso argumenta que respecto de las prestaciones que reclama la parte actora operó la prescripción; asimismo, alega que no le asiste el interés para promover el juicio agrario; sin embargo, dichas cuestiones son diversas a las analizadas en esta sentencia de amparo y corresponden al fondo del asunto del juicio de origen. En esas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, resulta procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado a Feliciano Tapia Bernabé, contra la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis. Negativa que se hace extensiva al actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, ya que no se reclamaron vicios propios de tal autoridad. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, se: RESUELVE PRIMERO. Justicia Federal no ampara ni protege a * * *, contra la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, por los motivos y razones expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento al último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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