Feliciano Solís Valdez

Expediente 263/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
263/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • Feliciano Solís Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Finalmente, mediante oficio que derive del presente proveído, hágase del conocimiento dicha circunstancia al Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese...

  2. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por ************, en su carácter de mandatario judicial de ************, personalidad que se le reconoce en términos de la ratificación de mandato que anexa a su escrito aclaratorio, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la citada ley, al tenor del ocurso de que se trata, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro: El auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio sumario civil 1687/2014, en el cual refiere la responsable señaló fecha de remate del vehículo embargado en autos, para garantizar el pago de pensiones adeudadas. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido este juzgador advierte de oficio que se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra un acto dictado en ejecución de sentencia que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales realizados, en los supuestos siguientes: 1. Contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. En el procedimiento de remate aquél que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Como bien se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." (énfasis añadido) De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan, tomando en cuenta que la quejosa figura como parte demandada del juicio natural, por lo que le asiste el carácter de parte en dicho procedimiento. Por las razones que la sustenta es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 103/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Agosto de 2004, página 417, de rubro y texto siguiente: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDOS. EL POSTOR NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación de los artículos 967, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el postor en el remate que se celebre en ejecución de un laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje tiene carácter de parte en dicha diligencia por el hecho de presentar una postura por escrito y exhibir el billete de depósito respectivo, independientemente de que dicha postura sea calificada de legal o no. Por tanto, al incorporarse a la relación procesal y someterse a la dirección del presidente de la Junta durante el desarrollo del remate, es inconcuso que no puede considerársele como persona extraña al procedimiento en términos de los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que el amparo que promueva contra actos que le causen perjuicio dentro de la diligencia de remate se rige por el artículo 114, fracción III, del último ordenamiento citado, hipótesis en la que necesariamente debe atenderse al principio de definitividad y, por ende, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé su procedencia contra actos de los Presidentes en ejecución del laudo. Así como por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso, la parte quejosa se duele del auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio sumario civil 1687/2014, en el cual refiere la responsable señaló fecha de remate del vehículo embargado a efecto de garantizar el pago de las prestaciones reclamadas. Pues bien, esta determinación se dictó en el procedimiento de ejecución de sentencia, el cual no se trata de un acto autónomo de éste. Tampoco constituye la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. No se trata tampoco de aquél dictado en la fase de remate que en forma definitiva ordena la entrega del bien rematado. En efecto, el acto que en esta vía reclama, como quedó precisado, no constituye ninguno de los referidos supuestos, de ahí que se improcedente el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual forma cobra sustento la jurisprudencia III.5o.C. J/5 sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima época, tomo II, libro 7, junio de 2014, página 1454, de rubro y texto siguientes: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Gerardo Goyeneche Villalobos, en su carácter de mandatario judicial de Feliciano Solís Valdez. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, fue remitida por el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, mediante oficio en el cual informó que el acto reclamado no se llevará a cabo; hágase del conocimiento de la citada autoridad la presente determinación, a fin de que efectué las acciones a que haya lugar. Notifíquese personalmete al quejoso.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por *********, quien se ostenta como representante legal de Feliciano Solís Valdez, mediante el cual en atención a la prevención formulada en proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho, exhibe copia de su demanda de amparo; copia simple de comparecencia de ratificación de mandato de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, relativa al juicio de origen; y, acuse del escrito mediante el cual solicitó a la responsable copia certificada de dicha actuación. Atento a su contenido, este Juzgado se reserva a acordar lo conducente, hasta en tanto se cumpla totalmente con la prevención formulada, ya en el punto Primero se requirió al promovente para que exhiba el documento idóneo que revele la personalidad con la que se ostenta, esto es, que es mandatario judicial del quejoso dentro del juicio de origen, así como las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, pues al ser un presupuesto procesal de orden público, la personalidad debe quedar acreditada plenamente. Expuesto lo anterior, cabe señalar que la copia fotostática simple de ratificación de mandato que allega, carece de eficacia probatoria que permita tener la certeza de que cuenta con las facultades que ostenta, siendo necesaria documental expedida por funcionario público de la cual se advierta su representación. Ahora por cuanto hace a la solicitud de prórroga para cumplir con la prevención de autos; dígase a la ocursante que el plazo que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo para subsanar las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda es de cinco días, ordenamiento que no establece algún supuesto a efecto de otorga mayor término para dar cumplimiento con la prevención de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento del promovente que subsiste la prevención formulada en auto de dos de marzo de dos mil dieciocho; en el entendido que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal la presente resolución, pues se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio de cuenta. Lo anterior, con apoyo en la tesis II.2o.C.370 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Registro: 185681, cuyo rubro es el siguiente: "PREVENCIÓN PARA ACLARAR DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO DE TRES DÍAS PARA QUE SE ACATE SUBSISTE Y NO SE PRORROGA CUANDO RESULTE INCOMPLETO SU CUMPLIMIENTO. La circunstancia relativa a que los Jueces de Distrito provean, tratándose de una prevención decretada previa a la admisión de la demanda de garantías, que "el término concedido sigue subsistente", de ningún modo implica la ampliación del plazo original, ya que sólo existe un término que es el inicial y no otro complementario. De esta forma, sostener un punto de vista adverso técnicamente es insostenible, ya que el parcial cumplimiento de lo ordenado por no satisfacer plenamente lo solicitado, obliga al requerido a sujetarse a la prevención o aclaración mandada sólo dentro del plazo de tres días en principio concedido, pues nunca se le concedió a posteriori uno nuevo o mayor al efecto." Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    RECEPCIÓN. Téngase por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, al que acompaña la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como representante legal de ********************contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 263/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración de expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PREVENCIÓN. En primer lugar, cabe dejar asentado que la personalidad es un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente y oficioso, por ende, el Juez de Distrito debe analizar oficiosamente la personalidad del promovente al recibir la demanda, ya que de no estar plenamente satisfecho, redunda en una irregularidad que desde luego debe ser subsanada en términos del artículo 108, fracción I, y 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en los artículos 10, 11, 114, fracciones I, III y V, y 108 fracción I de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, y con copias del ocurso aclaratorio para correr traslado, una para la autoridad que señaló como responsable, dos para los terceros interesados, dos para los cuadernos incidentales y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO.- Exhiba el documento idóneo que revele la personalidad con la que se ostenta, esto es, que es mandatario judicial del quejoso dentro del juicio de origen, así como las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, pues al ser un presupuesto procesal de orden público, la personalidad debe quedar acreditada plenamente. Sin que pase inadvertido, que en el escrito inicial de demanda manifieste que tiene debidamente acredita su personalidad ante la responsable, toda vez que el artículo 11 de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Articulo 11.- Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, intitulada: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." SEGUNDO.- Exhiba una copia más de su demanda, toda vez que exhibió cinco, debiendo ser seis por corresponder una para la autoridad responsable, dos para los terceros interesados, dos para los cuadernos incidentales y otra más para el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114 de la citada ley, se apercibe a la agraviada, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención, se tendrá por no presentada su demanda de mérito. Al respecto ilustra la tesis perteneciente a la Quinta Época, que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación LXII, página 1044, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACION DE LA. La obscuridad o imprecisión de la demanda de amparo, antes de admitirla, es causa fundada para mandarla aclarar y para desecharla por improcedente si el quejoso no aclara; pero una vez admitida, ese defecto no puede servir de fundamento para sobreseer en el juicio." Así como la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del código adjetivo federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al promovente.

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