Feliciano Rodríguez Sánchez
Expediente 787/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Feliciano Rodríguez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. El presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción. Finalmente, en atención al contenido del punto II. 2, de la circular SECNO/8/2021, que establece: "II.2 Para el caso del estado de Coahuila (Octavo Circuito) y Tlaxcala (Vigesimoctavo Circuito), se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, V (sic) y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 01 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo", se hace del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente ***. Ahora, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, el suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida. En ese sentido, de los numerales preinsertos se advierte que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siendo que la resolución dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dentro del Toca Civil de Queja ***, del índice de la sala responsable, en la que se confirmó la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, relativo al recurso de revocación, por el cual a su vez, confirmó el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se decretó la caducidad en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del expediente ***, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Ocampo; constituye únicamente una violación a las leyes del procedimiento, impugnable al dictarse la sentencia definitiva en el procedimiento de origen. En efecto, la resolución de alzada en la cual se determinó confirmar la diversa resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, no tiene tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la ***, atento a lo cual lo procedente es desechar en el presente juicio. Ahora bien, se pone de manifiesto que por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales. Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis en el que resolvieron la contradicción de tesis ***, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto; por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final, y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En la especie, resulta claro que la resolución de alzada dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dentro del Toca Civil de Queja ***, del índice de la sala responsable, en la que se confirmó la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, relativo al recurso de revocación, por el cual a su vez, confirmó el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se decretó la caducidad en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del expediente ***, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Ocampo, no debe ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, en virtud de que se trata de un acto que no produce una afectación material, ya que únicamente tiene efectos procesales, y los mismos pueden desaparecer si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable; por tanto, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. En ese sentido, se insiste que la resolución de alzada en la cual se determinó confirmar la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, relativo al recurso de revocación, por el cual a su vez, confirmó el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se decretó la caducidad en el incidente de nulidad de actuaciones, derivado del expediente ***, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Ocampo; no puede considerarse como un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. En esas condiciones, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro de juicio que tenga una ejecución irreparable, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente. En consecuencia, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, es procedente, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por la quejosa Feliciano Rodríguez Sánchez, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Por otra parte, téngase las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, por así solicitarlo expresamente. Se tiene por señalado el correo electrónico ***, a efecto de que por ese medio, este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dicho contacto a través de medios electrónicos sustituya las notificaciones. Asimismo, téngase como autorizados en términos amplios a ***, en virtud de que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora bien, con relación a su manifestación de no oponerse a la publicación de datos personales; es menester precisar que, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; sin embargo, toda vez que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada, omítanse los datos personales del quejoso ***, en el presente asunto. Para dar cumplimiento a lo anterior, se faculta al Analista Jurídico SISE de la adscripción a efecto de realice las gestiones necesarias para lograr dicha supresión. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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