Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez
Expediente 526/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez
- Noemi Arredondo Bolaños
- José Alejandro Javier González Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de junio dos mil dieciocho (fojas 22 a 36), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos. Supresión de datos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda de amparo dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles del mismo y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de Tesorera del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, el contenido del proveído de seis de julio de dos mil dieciocho...Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de dieciocho de junio dos mil dieciocho (fojas 22 a 36), se desechó la demanda de amparo promovida por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; sin embargo de autos se advierte que no se encuentran notificados de dicho auto, los quejosos José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los quejosos mencionados en últimos términos, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, notificar el auto de dieciocho de junio dos mil dieciocho (fojas 22 a 36), a los quejosos José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, en el domicilio que proporcionaron para tales efectos y el diverso de dieciocho de junio de dos mil dieciocho...Agréguese a los autos el escrito signado por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; a través del cual, en atención a la prevención formulada en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 12 a 17), manifiestan la fecha en que se les notificó la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016. Asimismo, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, manifiestan que la personalidad de representante común de Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, no deriva del procedimiento de origen, sino para efectos del presente juicio de amparo; asimismo que la fecha de conocimiento de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete fue el ocho del propio mes y año. Al respecto, no se tienen por desahogados los requerimientos marcados con los numerales 1 y 2 en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 12 a 17), pues Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, no exhibió documento idóneo con el cual acreditara la personalidad con la cual se ostentó, esto es representante de José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, ni exhibió las copias necesarias del mismo para corres traslado a las partes. No obstante, no se requiere nuevamente a Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez a fin de que subsane dichas irregularidades, pues de las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta, José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala manifiestan ratificar la demanda de amparo inicialmente promovida. Desechamiento de demanda respecto de José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños. Ahora, atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por presentada la demanda de amparo respecto de José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala a la fecha de presentación el escrito de cuenta, es decir, catorce de junio de dos mil dieciocho, fecha en la cual refieren "ratificar" o "hacer suya" la demanda de amparo promovida inicialmente por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez. En consecuencia, respecto de José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos: Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor. Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Así, tomando en cuenta que los actos sobre los que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúan en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, es claro que respecto a los mismos aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación, conforme a la ley del acto, haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, así como la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Además, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado a la quejosa el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. En el caso, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños fueron notificados de los actos reclamados el ocho de junio de dos mil diecisiete y nueve de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente. Ahora, los artículos 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como 79 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de aplicación supletoria a la primera, establecen lo siguiente: "Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código de Procedimiento (sic) Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala". "Artículo 79. Las notificaciones que se realicen en el procedimiento administrativo surten sus efectos: I. Las personales, a partir del día hábil siguiente a aquel en que se realicen; II. Tratándose de las notificaciones hechas por correo registrado con acuse de recibo, a partir del día hábil siguiente a la fecha que se consigne en el acuse de recibo respectivo, y III. En las notificaciones por edictos, a partir del día hábil siguiente a la fecha de la última publicación en los medios escritos de divulgación señalados en esta Ley". En consecuencia, si los quejosos fueron notificados de los actos reclamados (de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, así como la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala) el ocho de junio de dos mil diecisiete y el nueve de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, dichas notificaciones surtieron efectos el día hábil siguiente, es decir, el nueve de junio de dos mil diecisiete y diez de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el término de quince días para promover el juicio de amparo contra dichos actos transcurrió del dice al treinta de junio de dos mil diecisiete y del once al treinta y uno de mayo del año en curso. Lo anterior, previo descuento del diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio de dos mil diecisiete, así como doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo de la presente anualidad, por haber sido sábados y domingos e inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de esta forma, si la demanda se tuvo por presentada hasta el catorce de junio de dos mil dieciocho, es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea, tal como se esquematiza a continuación. Primer acto reclamado: JUNIO 2017 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 Notifica 9 Surte efectos 10 Inhábil 11 Inhábil 12 Día 1 13 Día 2 14 Día 3 15 Día 4 16 Día 5 17 Inhábil 18 Inhábil 19 Día 6 20 Día 7 21 Día 8 22 Día 9 23 Día 10 24 Inhábil 25 Inhábil 26 Día 11 27 Día 12 28 Día 13 29 Día 14 30 Día 15 Segundo acto reclamado: MAYO 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Notifica 10 Surte efectos 11 Día 1 12 Inhábil 13 Inhábil 14 Día 2 15 Día 3 16 Día 4 17 Día 5 18 Día 6 19 Inhábil 20 Inhábil 21 Día 7 22 Día 8 23 Día 9 24 Día 10 25 Día 11 26 Inhábil 27 Inhábil 28 Día 12 29 Día 13 30 Día 14 31 Día 15 En mérito de lo expuesto, los quejosos José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños consintieron de manera tácita los actos reclamados, toda vez que no promovieron el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, que se trascribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Desechamiento de demanda respecto de Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez. Por otra parte, por cuanto hace a la demanda promovida por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en su carácter de ex Presidente del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: En primer lugar, los actos reclamados por el quejoso son: La sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Asimismo, conviene citar los antecedentes que menciona el quejoso en su escrito de demanda y que dieron origen a los actos reclamados: Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, se inició procedimiento de responsabilidad indemnizatoria por la no solventación de siete observaciones en contra de los ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en su carácter de ex Presidente, José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de Ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de Ex Tesorera, todos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos mil doce, y fueron citados a la audiencia el tres de noviembre de dos mil dieciséis. En fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, se dictó la resolución cuyo punto resolutivo tercero, estableció un crédito fiscal a nombre del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala por un importe de $48,672.00 (cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.), que deberán pagar en los términos siguientes: en primer lugar y de manera directa el ciudadano Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en segundo término y de manera subsidiaria Alejandro Reyes Sainez y Noemí Arredondo Bolaños, y en tercer término y de manera subsidiaria José Alejandro Javier González Corona. La anterior determinación constituye uno de los actos reclamados. Inconformes con la citada resolución, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, interpusieron recurso de revocación, mismo que quedó radicado con el número 54/2017. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, emite resolución, la cual se notificó a los quejosos el nueve de mayo de dos mil dieciocho. La anterior determinación constituye el otro acto reclamado. Desechamiento por cesación de efectos Respecto al acto consistente en la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque el ahora quejoso promovió en contra del acto reclamado, un medio ordinario de defensa. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de que produjera sus efectos, o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Así, ha determinado que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al no estar ya surtiendo sus efectos ni los surtirá, por no dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese mismo sentido, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos de los actos reclamados a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido.De las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en contra de la resolución reclamada de cinco de junio de dos mil diecisiete, el aquí interpuso recurso de revocación, el cual fue sustanciado y resuelto el nueve de mayo del año en curso, en el cual confirmó la sentencia aludida. Por tanto, a través de la resolución recaída al recurso de revocación planteado por el impetrante, se sustituyó procesalmente el proveído reclamado en esta vía, de ahí que, es inconcuso que respecto de éste, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que el mismo dejó de surtir efectos legales propios al ser sustituido procesalmente por la sentencia dictada en el medio de impugnación de mérito. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías respecto de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Desechamiento por definitividad Por otra parte, respecto a la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo en virtud de que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió de agotar el principio de definitividad, lo anterior dado que en contra de dicha resolución procede el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, una vez establecidos los antecedentes que dieron origen al presente juicio de amparo, lo procedente es demostrar que se actualiza la causa de improcedencia invocada y para demostrarlo resulta necesario transcribir lo previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo ciertas excepciones. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, considerando el acto que se reclama, se sostiene que el peticionario de amparo debió agotar el recurso de revisión, dado que en contra de la resolución reclamada es lo que procede. En efecto, los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establecen que pueden ser impugnados a través del recurso de revisión los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, siempre y cuando, el acto o resolución de que se trate verse sobre: Imposición de sanciones que se estimen indebidamente fundadas y motivadas, violatorios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Desechamiento de pruebas o que pongan fin al procedimiento administrativo. De conformidad con lo antes establecido, se concluye que en contra de la resolución del recurso de revocación -acto reclamado en el presente juicio de garantías- procede el recurso de revisión, pues los quejosos estiman que las sanciones no se encuentran debidamente fundadas y motivadas en la resolución del recurso de revocación. Ahora bien, debe decirse que de la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constitución, así como del artículo 61, fracciones XIV, XVIII y XX , de la Ley de Amparo se concluye que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad cuando se reclaman los siguientes actos: Los que afectan a personas extrañas al juicio; Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige exija: 1. menores alcances, 2. mayores requisitos y 3. mayor plazo, que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; Los que carezcan de fundamentación; Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. De conformidad con lo antes expuesto, se podría llegar a la conclusión errónea de que en el presente se actualiza la excepción prevista en el inciso c) antes referido, toda vez que el recurso de revisión mencionado en párrafos anteriores, prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo vigente para conceder la suspensión provisional. Para corroborar lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en los que se advierte que la interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado; sin embargo, la autoridad administrativa tiene un plazo hasta de cinco días hábiles para proveer sobre su admisión. Por su parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo prevé la tramitación que órgano jurisdiccional debe realizar respecto de la suspensión que le fuere solicitada, esto es, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social a fin de negar o conceder ésta, señalar día y hora para la audiencia incidental y requerir su informe previo a las autoridades responsables. No obstante, tal artículo es omiso en establecer el plazo para que el órgano jurisdiccional provea sobre la suspensión provisional; entonces, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 112 de la ley de la materia; de dicho precepto se desprende que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de la presentación de la demanda o en su caso, cuando haya sido turnada, se debe proveer lo conducente a dicho escrito; por tanto, éste es el plazo para que se provea sobre la suspensión provisional -veinticuatro horas-. En consecuencia, al ser mayor el plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para otorgar la suspensión del acto impugnado -cinco días-, que el previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional -veinticuatro horas-, se puede llegar a la conclusión apresurada -y errónea- de establecer que es innecesario que la parte quejosa agote el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al actualizarse una excepción al principio de definitividad. Sin embargo, debe decirse que si bien es cierto que el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevé un plazo mayor para otorgar la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo, también lo es que constituye una excepción a tal criterio el supuesto en el que el agraviado decide impugnar la resolución administrativa que considera le afecta, mediante algún recurso cuya determinación deba combatirse a través del juicio de anulación, de conformidad con el principio de definitividad rector del juicio de garantías, que obliga al particular a seguir este camino, toda vez que la vía procesal ya fue elegida. Ahora bien, para demostrar que en efecto no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el presente, debe precisarse que el recurso previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a pesar de denominarse "de revisión" y de registrarse el expediente respectivo como "toca administrativo", lo cierto es que conforme a su naturaleza, este no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual, se otorga la garantía de audiencia a las partes, y el cual conoce una autoridad judicial como lo es la Sala Electoral Administrativa. Lo anterior, resulta de vital importancia toda vez que se debe agotar el principio de definitividad cuando el afectado decide impugnar una resolución administrativa que le causa agravio mediante algún recurso cuya determinación debe de combatirse a su vez mediante el juicio de nulidad -o como en el presente, mediante el recurso de revisión, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por no constituir una segunda instancia sino un juicio para reclamar la nulidad Ahora bien, como se ha venido diciendo, atendiendo al caso en cuestión, se estima que la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que en contra del recurso de revocación, procede el recurso de revisión; y que si bien a través de una conclusión apresurada podría parecer que no se actualiza el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo por encontrarnos frente a una excepción a éste, -consistente en que la ley de procedimientos antes mencionada prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, al establecer un plazo mayor para otorgar la suspensión-, lo cierto que los aquí quejosos al haber decidido combatir la determinación primigenia de responsabilidades por medio del recurso de revocación, eligieron la vía ordinaria, por lo que se obligaron seguirla por este medio hasta sus últimas consecuencias. En otras palabras, al haber promovido el recurso de revocación -previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios- en contra de la resolución de diez de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 136/2015 de la Auditoría Especial del Cumplimiento, los aquí quejosos se obligaron (a seguir hasta sus últimas consecuencias) a impugnar la resolución que recayó a dicho recurso ante la Sala Electoral Administrativa -mediante el recurso de revisión-. Sin embargo, al no haberlo hecho, no se agotó el principio definitividad, el cual es un requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo; es en este sentido que, como consecuencia lógica de lo antes dicho, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior que Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevea mayores requisitos que la Ley de Amparo, al establecer un plazo mayor para otorgar la suspensión, pues las excepciones al principio de definitividad no son absolutas. Bajo este contexto, toda vez que los aquí quejosos, pudiendo interponer el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, decidieron interponer el recurso de revocación; es así como prefirieron agotar la vía ordinaria -mediante el recurso de revisión-, por lo que implicó una renuncia a la excepción legal consagrada a su favor y el sometimiento al principio de definitividad. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente de conformidad con lo previsto por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías respecto de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, el contenido del proveído de seis de julio de dos mil dieciocho...Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de dieciocho de junio dos mil dieciocho (fojas 22 a 36), se desechó la demanda de amparo promovida por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; sin embargo de autos se advierte que no se encuentran notificados de dicho auto, los quejosos José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los quejosos mencionados en últimos términos, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, notificar el auto de dieciocho de junio dos mil dieciocho (fojas 22 a 36), a los quejosos José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, en el domicilio que proporcionaron para tales efectos y el diverso de dieciocho de junio de dos mil dieciocho...Agréguese a los autos el escrito signado por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; a través del cual, en atención a la prevención formulada en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 12 a 17), manifiestan la fecha en que se les notificó la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016. Asimismo, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, manifiestan que la personalidad de representante común de Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, no deriva del procedimiento de origen, sino para efectos del presente juicio de amparo; asimismo que la fecha de conocimiento de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete fue el ocho del propio mes y año. Al respecto, no se tienen por desahogados los requerimientos marcados con los numerales 1 y 2 en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 12 a 17), pues Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, no exhibió documento idóneo con el cual acreditara la personalidad con la cual se ostentó, esto es representante de José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, ni exhibió las copias necesarias del mismo para corres traslado a las partes. No obstante, no se requiere nuevamente a Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez a fin de que subsane dichas irregularidades, pues de las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta, José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala manifiestan ratificar la demanda de amparo inicialmente promovida. Desechamiento de demanda respecto de José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños. Ahora, atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por presentada la demanda de amparo respecto de José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala a la fecha de presentación el escrito de cuenta, es decir, catorce de junio de dos mil dieciocho, fecha en la cual refieren ratificar o hacer suya la demanda de amparo promovida inicialmente por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez. En consecuencia, respecto de José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos: Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor. Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Así, tomando en cuenta que los actos sobre los que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúan en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, es claro que respecto a los mismos aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación, conforme a la ley del acto, haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, así como la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Además, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado a la quejosa el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. En el caso, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños fueron notificados de los actos reclamados el ocho de junio de dos mil diecisiete y nueve de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente. Ahora, los artículos 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como 79 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de aplicación supletoria a la primera, establecen lo siguiente: "Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código de Procedimiento (sic) Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala". "Artículo 79. Las notificaciones que se realicen en el procedimiento administrativo surten sus efectos: I. Las personales, a partir del día hábil siguiente a aquel en que se realicen; II. Tratándose de las notificaciones hechas por correo registrado con acuse de recibo, a partir del día hábil siguiente a la fecha que se consigne en el acuse de recibo respectivo, y III. En las notificaciones por edictos, a partir del día hábil siguiente a la fecha de la última publicación en los medios escritos de divulgación señalados en esta Ley". En consecuencia, si los quejosos fueron notificados de los actos reclamados (de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, así como la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala) el ocho de junio de dos mil diecisiete y el nueve de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, dichas notificaciones surtieron efectos el día hábil siguiente, es decir, el nueve de junio de dos mil diecisiete y diez de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el término de quince días para promover el juicio de amparo contra dichos actos transcurrió del dice al treinta de junio de dos mil diecisiete y del once al treinta y uno de mayo del año en curso. Lo anterior, previo descuento del diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio de dos mil diecisiete, así como doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo de la presente anualidad, por haber sido sábados y domingos e inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de esta forma, si la demanda se tuvo por presentada hasta el catorce de junio de dos mil dieciocho, es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea, tal como se esquematiza a continuación. Primer acto reclamado: JUNIO 2017 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 Notifica 9 Surte efectos 10 Inhábil 11 Inhábil 12 Día 1 13 Día 2 14 Día 3 15 Día 4 16 Día 5 17 Inhábil 18 Inhábil 19 Día 6 20 Día 7 21 Día 8 22 Día 9 23 Día 10 24 Inhábil 25 Inhábil 26 Día 11 27 Día 12 28 Día 13 29 Día 14 30 Día 15 Segundo acto reclamado: MAYO 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Notifica 10 Surte efectos 11 Día 1 12 Inhábil 13 Inhábil 14 Día 2 15 Día 3 16 Día 4 17 Día 5 18 Día 6 19 Inhábil 20 Inhábil 21 Día 7 22 Día 8 23 Día 9 24 Día 10 25 Día 11 26 Inhábil 27 Inhábil 28 Día 12 29 Día 13 30 Día 14 31 Día 15 En mérito de lo expuesto, los quejosos José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños consintieron de manera tácita los actos reclamados, toda vez que no promovieron el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, que se trascribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Desechamiento de demanda respecto de Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez. Por otra parte, por cuanto hace a la demanda promovida por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en su carácter de ex Presidente del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: En primer lugar, los actos reclamados por el quejoso son: La sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Asimismo, conviene citar los antecedentes que menciona el quejoso en su escrito de demanda y que dieron origen a los actos reclamados: Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, se inició procedimiento de responsabilidad indemnizatoria por la no solventación de siete observaciones en contra de los ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en su carácter de ex Presidente, José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de Ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de Ex Tesorera, todos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos mil doce, y fueron citados a la audiencia el tres de noviembre de dos mil dieciséis. En fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, se dictó la resolución cuyo punto resolutivo tercero, estableció un crédito fiscal a nombre del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala por un importe de $48,672.00 (cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.), que deberán pagar en los términos siguientes: en primer lugar y de manera directa el ciudadano Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en segundo término y de manera subsidiaria Alejandro Reyes Sainez y Noemí Arredondo Bolaños, y en tercer término y de manera subsidiaria José Alejandro Javier González Corona. La anterior determinación constituye uno de los actos reclamados. Inconformes con la citada resolución, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, interpusieron recurso de revocación, mismo que quedó radicado con el número 54/2017. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, emite resolución, la cual se notificó a los quejosos el nueve de mayo de dos mil dieciocho. La anterior determinación constituye el otro acto reclamado. Desechamiento por cesación de efectos Respecto al acto consistente en la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque el ahora quejoso promovió en contra del acto reclamado, un medio ordinario de defensa. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de que produjera sus efectos, o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Así, ha determinado que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al no estar ya surtiendo sus efectos ni los surtirá, por no dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese mismo sentido, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos de los actos reclamados a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido.De las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en contra de la resolución reclamada de cinco de junio de dos mil diecisiete, el aquí interpuso recurso de revocación, el cual fue sustanciado y resuelto el nueve de mayo del año en curso, en el cual confirmó la sentencia aludida. Por tanto, a través de la resolución recaída al recurso de revocación planteado por el impetrante, se sustituyó procesalmente el proveído reclamado en esta vía, de ahí que, es inconcuso que respecto de éste, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que el mismo dejó de surtir efectos legales propios al ser sustituido procesalmente por la sentencia dictada en el medio de impugnación de mérito. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías respecto de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Desechamiento por definitividad Por otra parte, respecto a la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo en virtud de que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió de agotar el principio de definitividad, lo anterior dado que en contra de dicha resolución procede el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, una vez establecidos los antecedentes que dieron origen al presente juicio de amparo, lo procedente es demostrar que se actualiza la causa de improcedencia invocada y para demostrarlo resulta necesario transcribir lo previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo ciertas excepciones. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, considerando el acto que se reclama, se sostiene que el peticionario de amparo debió agotar el recurso de revisión, dado que en contra de la resolución reclamada es lo que procede. En efecto, los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establecen que pueden ser impugnados a través del recurso de revisión los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, siempre y cuando, el acto o resolución de que se trate verse sobre: Imposición de sanciones que se estimen indebidamente fundadas y motivadas, violatorios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Desechamiento de pruebas o que pongan fin al procedimiento administrativo. De conformidad con lo antes establecido, se concluye que en contra de la resolución del recurso de revocación -acto reclamado en el presente juicio de garantías- procede el recurso de revisión, pues los quejosos estiman que las sanciones no se encuentran debidamente fundadas y motivadas en la resolución del recurso de revocación. Ahora bien, debe decirse que de la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constitución, así como del artículo 61, fracciones XIV, XVIII y XX , de la Ley de Amparo se concluye que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad cuando se reclaman los siguientes actos: Los que afectan a personas extrañas al juicio; Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige exija: 1. menores alcances, 2. mayores requisitos y 3. mayor plazo, que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; Los que carezcan de fundamentación; Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. De conformidad con lo antes expuesto, se podría llegar a la conclusión errónea de que en el presente se actualiza la excepción prevista en el inciso c) antes referido, toda vez que el recurso de revisión mencionado en párrafos anteriores, prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo vigente para conceder la suspensión provisional. Para corroborar lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en los que se advierte que la interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado; sin embargo, la autoridad administrativa tiene un plazo hasta de cinco días hábiles para proveer sobre su admisión. Por su parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo prevé la tramitación que órgano jurisdiccional debe realizar respecto de la suspensión que le fuere solicitada, esto es, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social a fin de negar o conceder ésta, señalar día y hora para la audiencia incidental y requerir su informe previo a las autoridades responsables. No obstante, tal artículo es omiso en establecer el plazo para que el órgano jurisdiccional provea sobre la suspensión provisional; entonces, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 112 de la ley de la materia; de dicho precepto se desprende que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de la presentación de la demanda o en su caso, cuando haya sido turnada, se debe proveer lo conducente a dicho escrito; por tanto, éste es el plazo para que se provea sobre la suspensión provisional -veinticuatro horas-. En consecuencia, al ser mayor el plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para otorgar la suspensión del acto impugnado -cinco días-, que el previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional -veinticuatro horas-, se puede llegar a la conclusión apresurada -y errónea- de establecer que es innecesario que la parte quejosa agote el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al actualizarse una excepción al principio de definitividad. Sin embargo, debe decirse que si bien es cierto que el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevé un plazo mayor para otorgar la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo, también lo es que constituye una excepción a tal criterio el supuesto en el que el agraviado decide impugnar la resolución administrativa que considera le afecta, mediante algún recurso cuya determinación deba combatirse a través del juicio de anulación, de conformidad con el principio de definitividad rector del juicio de garantías, que obliga al particular a seguir este camino, toda vez que la vía procesal ya fue elegida. Ahora bien, para demostrar que en efecto no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el presente, debe precisarse que el recurso previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a pesar de denominarse "de revisión" y de registrarse el expediente respectivo como "toca administrativo", lo cierto es que conforme a su naturaleza, este no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual, se otorga la garantía de audiencia a las partes, y el cual conoce una autoridad judicial como lo es la Sala Electoral Administrativa. Lo anterior, resulta de vital importancia toda vez que se debe agotar el principio de definitividad cuando el afectado decide impugnar una resolución administrativa que le causa agravio mediante algún recurso cuya determinación debe de combatirse a su vez mediante el juicio de nulidad -o como en el presente, mediante el recurso de revisión, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por no constituir una segunda instancia sino un juicio para reclamar la nulidad Ahora bien, como se ha venido diciendo, atendiendo al caso en cuestión, se estima que la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que en contra del recurso de revocación, procede el recurso de revisión; y que si bien a través de una conclusión apresurada podría parecer que no se actualiza el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo por encontrarnos frente a una excepción a éste, -consistente en que la ley de procedimientos antes mencionada prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, al establecer un plazo mayor para otorgar la suspensión-, lo cierto que los aquí quejosos al haber decidido combatir la determinación primigenia de responsabilidades por medio del recurso de revocación, eligieron la vía ordinaria, por lo que se obligaron seguirla por este medio hasta sus últimas consecuencias. En otras palabras, al haber promovido el recurso de revocación -previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios- en contra de la resolución de diez de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 136/2015 de la Auditoría Especial del Cumplimiento, los aquí quejosos se obligaron (a seguir hasta sus últimas consecuencias) a impugnar la resolución que recayó a dicho recurso ante la Sala Electoral Administrativa -mediante el recurso de revisión-. Sin embargo, al no haberlo hecho, no se agotó el principio definitividad, el cual es un requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo; es en este sentido que, como consecuencia lógica de lo antes dicho, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior que Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevea mayores requisitos que la Ley de Amparo, al establecer un plazo mayor para otorgar la suspensión, pues las excepciones al principio de definitividad no son absolutas. Bajo este contexto, toda vez que los aquí quejosos, pudiendo interponer el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, decidieron interponer el recurso de revocación; es así como prefirieron agotar la vía ordinaria -mediante el recurso de revisión-, por lo que implicó una renuncia a la excepción legal consagrada a su favor y el sometimiento al principio de definitividad. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente de conformidad con lo previsto por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías respecto de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en su carácter de ex Presidente municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, el contenido del proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho...Agréguese a los autos el escrito signado por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Presidente, Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; a través del cual, en atención a la prevención formulada en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 12 a 17), manifiestan la fecha en que se les notificó la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016. Asimismo, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Síndico y Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, manifiestan que la personalidad de representante común de Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, no deriva del procedimiento de origen, sino para efectos del presente juicio de amparo; asimismo que la fecha de conocimiento de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete fue el ocho del propio mes y año. Al respecto, no se tienen por desahogados los requerimientos marcados con los numerales 1 y 2 en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 12 a 17), pues Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, no exhibió documento idóneo con el cual acreditara la personalidad con la cual se ostentó, esto es representante de José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños, ni exhibió las copias necesarias del mismo para corres traslado a las partes. No obstante, no se requiere nuevamente a Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez a fin de que subsane dichas irregularidades, pues de las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta, José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala manifiestan ratificar la demanda de amparo inicialmente promovida. Desechamiento de demanda respecto de José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños. Ahora, atento al contenido del escrito de cuenta, se tiene por presentada la demanda de amparo respecto de José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala a la fecha de presentación el escrito de cuenta, es decir, catorce de junio de dos mil dieciocho, fecha en la cual refieren "ratificar" o "hacer suya" la demanda de amparo promovida inicialmente por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez. En consecuencia, respecto de José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos: Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor. Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Así, tomando en cuenta que los actos sobre los que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúan en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, es claro que respecto a los mismos aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación, conforme a la ley del acto, haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, así como la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Además, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado a la quejosa el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. En el caso, José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños fueron notificados de los actos reclamados el ocho de junio de dos mil diecisiete y nueve de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente. Ahora, los artículos 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como 79 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de aplicación supletoria a la primera, establecen lo siguiente: "Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código de Procedimiento (sic) Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala". "Artículo 79. Las notificaciones que se realicen en el procedimiento administrativo surten sus efectos: I. Las personales, a partir del día hábil siguiente a aquel en que se realicen; II. Tratándose de las notificaciones hechas por correo registrado con acuse de recibo, a partir del día hábil siguiente a la fecha que se consigne en el acuse de recibo respectivo, y III. En las notificaciones por edictos, a partir del día hábil siguiente a la fecha de la última publicación en los medios escritos de divulgación señalados en esta Ley". En consecuencia, si los quejosos fueron notificados de los actos reclamados (de la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, así como la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala) el ocho de junio de dos mil diecisiete y el nueve de mayo de dos mil dieciocho, respectivamente, dichas notificaciones surtieron efectos el día hábil siguiente, es decir, el nueve de junio de dos mil diecisiete y diez de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el término de quince días para promover el juicio de amparo contra dichos actos transcurrió del dice al treinta de junio de dos mil diecisiete y del once al treinta y uno de mayo del año en curso. Lo anterior, previo descuento del diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio de dos mil diecisiete, así como doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de mayo de la presente anualidad, por haber sido sábados y domingos e inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; de esta forma, si la demanda se tuvo por presentada hasta el catorce de junio de dos mil dieciocho, es de concluirse que fue presentada en forma extemporánea, tal como se esquematiza a continuación. Primer acto reclamado: JUNIO 2017 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 Notifica 9 Surte efectos 10 Inhábil 11 Inhábil 12 Día 1 13 Día 2 14 Día 3 15 Día 4 16 Día 5 17 Inhábil 18 Inhábil 19 Día 6 20 Día 7 21 Día 8 22 Día 9 23 Día 10 24 Inhábil 25 Inhábil 26 Día 11 27 Día 12 28 Día 13 29 Día 14 30 Día 15 Segundo acto reclamado: MAYO 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Notifica 10 Surte efectos 11 Día 1 12 Inhábil 13 Inhábil 14 Día 2 15 Día 3 16 Día 4 17 Día 5 18 Día 6 19 Inhábil 20 Inhábil 21 Día 7 22 Día 8 23 Día 9 24 Día 10 25 Día 11 26 Inhábil 27 Inhábil 28 Día 12 29 Día 13 30 Día 14 31 Día 15 En mérito de lo expuesto, los quejosos José Alejandro Javier González Corona y Noemí Arredondo Bolaños consintieron de manera tácita los actos reclamados, toda vez que no promovieron el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, que se trascribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de ex Tesorera, ambos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Desechamiento de demanda respecto de Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez. Por otra parte, por cuanto hace a la demanda promovida por Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en su carácter de ex Presidente del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: En primer lugar, los actos reclamados por el quejoso son: La sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Asimismo, conviene citar los antecedentes que menciona el quejoso en su escrito de demanda y que dieron origen a los actos reclamados: Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete, se inició procedimiento de responsabilidad indemnizatoria por la no solventación de siete observaciones en contra de los ciudadanos Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en su carácter de ex Presidente, José Alejandro Javier González Corona, en su carácter de Ex Síndico y Noemí Arredondo Bolaños, en su carácter de Ex Tesorera, todos del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos mil doce, y fueron citados a la audiencia el tres de noviembre de dos mil dieciséis. En fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, se dictó la resolución cuyo punto resolutivo tercero, estableció un crédito fiscal a nombre del Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala por un importe de $48,672.00 (cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.), que deberán pagar en los términos siguientes: en primer lugar y de manera directa el ciudadano Feliciano Raúl Acoltzi Vásquez, en segundo término y de manera subsidiaria Alejandro Reyes Sainez y Noemí Arredondo Bolaños, y en tercer término y de manera subsidiaria José Alejandro Javier González Corona. La anterior determinación constituye uno de los actos reclamados. Inconformes con la citada resolución, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, interpusieron recurso de revocación, mismo que quedó radicado con el número 54/2017. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, emite resolución, la cual se notificó a los quejosos el nueve de mayo de dos mil dieciocho. La anterior determinación constituye el otro acto reclamado. Desechamiento por cesación de efectos Respecto al acto consistente en la sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque el ahora quejoso promovió en contra del acto reclamado, un medio ordinario de defensa. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de que produjera sus efectos, o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Así, ha determinado que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad al no estar ya surtiendo sus efectos ni los surtirá, por no dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese mismo sentido, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos de los actos reclamados a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Lo anterior, como se ve de la tesis con número de clave I.3o.C.92 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página 1491, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en contra de la resolución reclamada de cinco de junio de dos mil diecisiete, el aquí interpuso recurso de revocación, el cual fue sustanciado y resuelto el nueve de mayo del año en curso, en el cual confirmó la sentencia aludida. Por tanto, a través de la resolución recaída al recurso de revocación planteado por el impetrante, se sustituyó procesalmente el proveído reclamado en esta vía, de ahí que, es inconcuso que respecto de éste, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que el mismo dejó de surtir efectos legales propios al ser sustituido procesalmente por la sentencia dictada en el medio de impugnación de mérito. Cabe citar como apoyo de lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 1, libro XIV, noviembre de dos mil doce, página 841, de rubro y texto siguientes: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías respecto de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 54/2016, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Desechamiento por definitividad Por otra parte, respecto a la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo en virtud de que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió de agotar el principio de definitividad, lo anterior dado que en contra de dicha resolución procede el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ahora bien, una vez establecidos los antecedentes que dieron origen al presente juicio de amparo, lo procedente es demostrar que se actualiza la causa de improcedencia invocada y para demostrarlo resulta necesario transcribir lo previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo ciertas excepciones. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, considerando el acto que se reclama, se sostiene que el peticionario de amparo debió agotar el recurso de revisión, dado que en contra de la resolución reclamada es lo que procede. En efecto, los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establecen que pueden ser impugnados a través del recurso de revisión los actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, siempre y cuando, el acto o resolución de que se trate verse sobre: Imposición de sanciones que se estimen indebidamente fundadas y motivadas, violatorios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Desechamiento de pruebas o que pongan fin al procedimiento administrativo. De conformidad con lo antes establecido, se concluye que en contra de la resolución del recurso de revocación -acto reclamado en el presente juicio de garantías- procede el recurso de revisión, pues los quejosos estiman que las sanciones no se encuentran debidamente fundadas y motivadas en la resolución del recurso de revocación. Ahora bien, debe decirse que de la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII de la Constitución, así como del artículo 61, fracciones XIV, XVIII y XX , de la Ley de Amparo se concluye que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad cuando se reclaman los siguientes actos: Los que afectan a personas extrañas al juicio; Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige exija: 1. menores alcances, 2. mayores requisitos y 3. mayor plazo, que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; Los que carezcan de fundamentación; Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. De conformidad con lo antes expuesto, se podría llegar a la conclusión errónea de que en el presente se actualiza la excepción prevista en el inciso c) antes referido, toda vez que el recurso de revisión mencionado en párrafos anteriores, prevé un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo vigente para conceder la suspensión provisional. Para corroborar lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en los que se advierte que la interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado; sin embargo, la autoridad administrativa tiene un plazo hasta de cinco días hábiles para proveer sobre su admisión. Por su parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo prevé la tramitación que órgano jurisdiccional debe realizar respecto de la suspensión que le fuere solicitada, esto es, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social a fin de negar o conceder ésta, señalar día y hora para la audiencia incidental y requerir su informe previo a las autoridades responsables. No obstante, tal artículo es omiso en establecer el plazo para que el órgano jurisdiccional provea sobre la suspensión provisional; entonces, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 112 de la ley de la materia; de dicho precepto se desprende que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de la presentación de la demanda o en su caso, cuando haya sido turnada, se debe proveer lo conducente a dicho escrito; por tanto, éste es el plazo para que se provea sobre la suspensión provisional -veinticuatro horas-. En consecuencia, al ser mayor el plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para otorgar la suspensión del acto impugnado -cinco días-, que el previsto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional -veinticuatro horas-, se puede llegar a la conclusión apresurada -y errónea- de establecer que es innecesario que la parte quejosa agote el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, al actualizarse una excepción al principio de definitividad. Sin embargo, debe decirse que si bien es cierto que el recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevé un plazo mayor para otorgar la suspensión que el previsto en la Ley de Amparo, también lo es que constituye una excepción a tal criterio el supuesto en el que el agraviado decide impugnar la resolución administrativa que considera le afecta, mediante algún recurso cuya determinación deba combatirse a través del juicio de anulación, de conformidad con el principio de definitividad rector del juicio de garantías, que obliga al particular a seguir este camino, toda vez que la vía procesal ya fue elegida. Ahora bien, para demostrar que en efecto no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el presente, debe precisarse que el recurso previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a pesar de denominarse "de revisión" y de registrarse el expediente respectivo como "toca administrativo", lo cierto es que conforme a su naturaleza, este no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual, se otorga la garantía de audiencia a las partes, y el cual conoce una autoridad judicial como lo es la Sala Electoral Administrativa. Lo anterior, resulta de vital importancia toda vez que se debe agotar el principio de definitividad cuando el afectado decide impugnar una resolución administrativa que le causa agravio mediante algún recurso cuya determinación debe de combatirse a su vez mediante el juicio de nulidad -o como en el presente, mediante el recurso de revisión, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por no constituir una segunda instancia sino un juicio para reclamar la nulidad-. Son aplicables al caso, las tesis aisladas de rubros siguinetes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONFORME A SU NATURALEZA JURÍDICA ES PROPIAMENTE UN JUICIO DE NULIDAD". "CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. PARA EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS CON MOTIVO DE LA DESTITUCIÓN O CESE DE SUS MIEBROS, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL, EN LA PARTE QUE REGULA EL RECURSO DE REVISIÓN". Ahora bien, como se ha venido diciendo, atendiendo al caso en cuestión, se estima que la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece que en contra del recurso de revocación, procede el recurso de revisión; y que si bien a través de una conclusión apresurada podría parecer que no se actualiza el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo por encontrarnos frente a una excepción a éste, -consistente en que la ley de procedimientos antes mencionada prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, al establecer un plazo mayor para otorgar la suspensión-, lo cierto que los aquí quejosos al haber decidido combatir la determinación primigenia de responsabilidades por medio del recurso de revocación, eligieron la vía ordinaria, por lo que se obligaron seguirla por este medio hasta sus últimas consecuencias. En otras palabras, al haber promovido el recurso de revocación -previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios- en contra de la resolución de diez de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria 136/2015 de la Auditoría Especial del Cumplimiento, los aquí quejosos se obligaron (a seguir hasta sus últimas consecuencias) a impugnar la resolución que recayó a dicho recurso ante la Sala Electoral Administrativa -mediante el recurso de revisión-. Sin embargo, al no haberlo hecho, no se agotó el principio definitividad, el cual es un requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo; es en este sentido que, como consecuencia lógica de lo antes dicho, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior que Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevea mayores requisitos que la Ley de Amparo, al establecer un plazo mayor para otorgar la suspensión, pues las excepciones al principio de definitividad no son absolutas. Bajo este contexto, toda vez que los aquí quejosos, pudiendo interponer el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de cinco de junio de dos mil diecisiete, decidieron interponer el recurso de revocación; es así como prefirieron agotar la vía ordinaria -mediante el recurso de revisión-, por lo que implicó una renuncia a la excepción legal consagrada a su favor y el sometimiento al principio de definitividad. Son aplicables al caso, las tesis aisladas cuyos rubros se citan a continuación: "DEFINITIVIDAD. LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR ALGÚN ÓRGANO DE LA CONTRALORÍA DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN OBLIGADOS A OCURRIR ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PREVIAMENTE AL AMPARO SI EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA DE RESPONSABILIDADES INTERPUSIERON RECURSO DE REVOCACIÓN". "AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE LO RIGE, CUANDO SE RECLAME LA ILEGALIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL QUEJOSO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HAYA INICIADO LA VÍA ORDINARIA DE IMPUGNACIÓN". "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO EL PARTICULAR OPTÓ POR IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LE AGRAVIA MEDIANTE ALGÚN RECURSO CUYA DETERMINACIÓN DEBA COMBATIRSE A TRAVÉS DE AQUÉL". "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CONTRA SU RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DERIVADO DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, DEBE PROMOVERSE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIO AL AMPARO, AUN CUANDO AQUÉLLA SE FUNDE EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL". De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente de conformidad con lo previsto por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías respecto de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación 54/2017, del índice de la Auditoría Superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Federico Vásquez Méndez627/2022
- Federico Vásquez Méndez252/2021
- Federico Zacarías Montes60/2021
- Feliciano Luzan Hernández139/2018
- Feliciano Montiel Díaz90/2017
- Feliciano Pimentel Cervantes488/2016
- Felicitas Melendez Cisneros1242/2022
- Felicitas Mendieta Pérez1360/2022
- Felicitas Pérez González256/2021
- Felicitas Pérez González1163/2018
- Felicitas Vázquez Islas, Presidenta Municipal de Panotla, Tlaxcala1486/2023
- Felipa Huerta Vázquez858/2018