Feliciano Mendoza Luna
Expediente 102/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2022
Partes del expediente
- Feliciano Mendoza Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
..Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de veintiocho de enero del año en curso en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido...
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...En atención a la devolución de los documentos que solicita, dígasele al promovente que aún y cuando no ha causado estado el auto de veintiocho de enero del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa, en el que se desechó la demanda de amparo, es procedente su petición, toda vez que le serán de utilidad para interponer el medio de defensa que proceda previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Por lo que en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero, del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábil a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Por consiguiente, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea, específicamente al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios en que este órgano jurisdiccional estará disponible para la generación de la cita respectiva, en la que se podrá efectuar la devolución de los documentos de que se trata. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- ...En atención a la devolución de los documentos que solicita, dígasele al promovente que aún y cuando no ha causado estado el auto de veintiocho de enero del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa, en el que se desechó la demanda de amparo, es procedente su petición, toda vez que le serán de utilidad para interponer el medio de defensa que proceda previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Por lo que en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero, del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, en día y hora hábil a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Por consiguiente, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea, específicamente al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios en que este órgano jurisdiccional estará disponible para la generación de la cita respectiva, en la que se podrá efectuar la devolución de los documentos de que se trata. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 102/2022. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En tal virtud, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución definitiva emitida en el recurso de revocación OIC/RR7021/2021, de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, notificada el tres de enero de dos mil veintidós, en la que se consideró administrativamente responsable por faltas administrativas y se le impuso sanción de suspensión del empleo y cargo sin goce de sueldo de siete días naturales, lo que a su parecer viola su derecho al debido proceso, emitida por el órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Ahora, con relación a dicho acto reclamado, este juzgador considera que se surte la causal de improcedencia que contempla la fracción XX, en relación con la XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Como se advierte, la Ley de Amparo, en concordancia con lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el que doctrinariamente se conoce como el principio de definitividad, al señalar que si bien el juicio constitucional procede en contra de actos u omisiones de autoridades administrativas, una condición indispensable para la procedencia del amparo es que aquéllos ocasionen al gobernado un agravio que no se pueda reparar a través de algún medio de defensa legal, es decir, que en principio será obligatorio agotar cualquier instancia ordinaria a través de la cual se pueda reparar el agravio, dotando así a este juicio de un carácter evidentemente excepcional o extraordinario. De manera excepcional, la Carta Magna y la Ley de Amparo, establecen que el gobernado estará exento de observar el mencionado principio de definitividad, respecto de actos u omisiones de autoridades administrativas, cuando en el medio de defensa o recurso ordinario de que se trate no se prevea la suspensión del acto reclamado (o se contemple sin los mismos alcances, con mayores requisitos o plazos que los que al efecto contempla la Ley de Amparo); así como cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución definitiva emitida en el recurso de revocación OIC/RR7021/2021, de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, notificada el tres de enero de dos mil veintidós, en la que se consideró administrativamente responsable por faltas administrativas y se le impuso sanción de suspensión del empleo y cargo sin goce de sueldo de siete días naturales, lo que a su parecer viola su derecho al debido proceso, emitida por el órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, resolución en contra de la cual procede un recurso legal por virtud del cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado, como es el juicio contencioso administrativo federal; sin que se actualice alguna excepción al referido principio de definitividad. En efecto, el medio de defensa legal que procede contra la resolución reclamada está previsto en el artículo 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 2° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dicen: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.)" "Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." "Artículo 102. El juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas siguientes: (.) VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos del Libro Primero de esta Ley. "Artículo 103. Los Juzgados Especializados en Responsabilidad Administrativa conocerán de las resoluciones dictadas por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública o los Órganos Internos de Control al resolver los recursos administrativos de revocación interpuestos por los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Asimismo, conocerán de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas y los Órganos Internos de Control de los entes públicos, o por el órgano encargado de la fiscalización y rendición de cuentas del Congreso del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos. De igual forma, conocerá de los juicios contenciosos administrativos que promuevan los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de los municipios o del Estado, que sean separados de sus cargos cuando no cumplan con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o sean removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Como se observa, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Chiapas, contemplan un mecanismo específico para impugnar resoluciones administrativas como la reclamada por la quejosa, pues en virtud de dicho medio la resolución puede ser modificada, revocada o nulificada, que es lo que pretende en última instancia la peticionaria del amparo. Además, en la especie se advierte que en el juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se encuentra contemplada la figura de la suspensión, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos para ello, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, de acuerdo con los criterios contenidos en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 130/2013 (10a.), emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 1194 del libro 28, marzo de 2016, tomo II; 783 del libro 17, abril de 2015, tomo I; y 1446 del libro XXIV, septiembre de 2014, tomo 2; todas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional .". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". A propósito de la figura de la suspensión, como condición que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo impone para exigir al gobernado la observancia del principio de definitividad, debe decirse que en este caso tal requisito debe estimarse colmado por el hecho de que en el juicio administrativo tramitado ante el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, sí está prevista en términos generales esa medida cautelar -según se establece en las tesis de jurisprudencia antes citadas-, en contra de la resolución reclamada. Así, debe insistirse que lo jurídicamente relevante es que el daño que pudiera haber generado la resolución impugnada en contra de la quejosa es susceptible de ser paralizado por el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con los mismos alcances, plazos y requisitos que en el amparo, tal como lo establecen las tesis de jurisprudencia antes examinadas. Por otra parte, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la quejosa además de alegar violaciones a la constitución, adujo vicios de legalidad en relación con la forma y el fondo del acto reclamado, lo cual es factible de verificarse a través del medio de defensa ordinario procedente. Asimismo, precisa destacar que tampoco se advierte que la peticionaria de amparo se ostente como tercera extraña; y del mismo modo, no se advierte que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna. De igual forma, se advierte que la parte quejosa no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, por lo que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, para justificar la procedencia y obligatoriedad del referido juicio contencioso administrativo, se considera conveniente destacar que, en términos de lo previsto por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber sido parte del procedimiento administrativo FGE/01C/071/2021, se encuentra obligado a agotar todas las jurisdicciones y competencias en virtud del cual la resolución reclamada pueda ser modificada o revocada, previamente a la promoción del juicio de protección constitucional. Se cita en apoyo por analogía, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XLVIII/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, abril de 1999, página 211, sostuvo el siguiente criterio: "JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. La interpretación relacionada de las fracciones XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que si el quejoso combatió el acto reclamado a través del recurso administrativo de revocación, no puede válidamente, abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de lo resuelto en él, sino que debe agotar la jurisdicción ordinaria combatiendo la resolución del recurso por medio del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y, de no hacerlo, el juicio de amparo será improcedente". Conforme a lo resuelto por el alto Tribunal del país, este juzgador considera que una vez que el particular se somete a un medio ordinario de defensa, queda obligado a agotarlo en su integridad, y en esa medida el hecho de que en aquél no estuviera prevista la suspensión o de que llegara en algún momento a dolerse sólo de violaciones directas a la Constitución General de la República, no lo eximen de recorrer todas y cada una de las etapas, instancias y recursos del medio de defensa elegido. En tales condiciones, si la parte quejosa tenía conocimiento que existía un procedimiento administrativo en su contra y participó en este, no puede válidamente abandonar esa defensa ordinaria y promover el juicio de amparo cuando en aquél aún existen medios legales para que sus pretensiones sean satisfechas (en este caso promoviendo juicio contencioso administrativo), es decir, que debe "agotar" íntegramente la jurisdicción ordinaria combatiendo la resolución reclamada a través del juicio contencioso administrativo y, por no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente. Se cita en apoyo la tesis I.7o.A.225 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 1242, Novena Época, Registro digital: 183657, de rubro y texto: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN REVISIÓN POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). De conformidad con el artículo 11, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho órgano jurisdiccional es competente para conocer de resoluciones administrativas definitivas, entendidas éstas como aquellas determinaciones que no admitan recurso administrativo, o cuando la interposición de éste sea optativo, y que además reflejen la voluntad de la administración pública en un asunto de su competencia, o que sin poner fin al procedimiento afecten derechos sustantivos de los gobernados. En tal virtud, las resoluciones que dicta la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al resolver el recurso administrativo de revisión, en términos de los artículos 99 a 105 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, siempre y cuando encuadre en alguno de los supuestos previsto en el artículo 11 de su ley orgánica. La circunstancia que el artículo 106 de aquel ordenamiento disponga que en contra del fallo que resuelve el recurso de revisión no procede ningún otro, se refiere exclusivamente a recursos administrativos ante la propia institución (Condusef), lo cual le confiere el carácter de definitivas a tales resoluciones, pero no puede interpretarse que excluya al juicio contencioso administrativo ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como medio de defensa, ya que la competencia de este último se encuentra regulada en el artículo 11 de su ley orgánica. De ahí que, al no haber agotado el medio de defensa ordinario, la parte quejosa transgrede el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; pues dicho acto puede ser confirmado, revocado o nulificado mediante el medio de defensa ordinario invocado. En atención a lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada; con apoyo en los arábigos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, por notoriamente improcedente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Ahora, con relación a la devolución de documentales, se deja de acordar, en virtud de no haber sido solicitada. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. Firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e. Firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Utrilla Ramírez, Manuel de Jesús Coello Gutiérrez y Manuel Jesús Lastra Pérez, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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