Feliciano Martínez Hernández
Expediente 838/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Feliciano Martínez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 838/2023-IV, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza, con sustento en lo dispuesto en el articulo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos: dando lectura de ellas, entre las que destacan el escrito de demanda (fojas 2 a 4); auto admisorio de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (fojas 5 a 10); proveído de veintiuno de agosto de este año, en el cual se le requirió a la parte quejosa para que manifestará si era su deseo ampliar la demanda por cuanto hace a la autoridad Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y el acto reclamado en su escrito inicial (fojas 25 a 26); informe justificado rendido por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (fojas 32 a 43); acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, en el cual se tuvo por recibido y con su contenido se dio vista a las partes (fojas 44 a 45); escrito firmado por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo (foja 49); auto de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, en el cual no se acuerda de conformidad dicho ocurso, en virtud de que carece de atribuciones para ampliar la demanda (fojas 50 a 51); proveído de doce de septiembre pasado, en el que se difirió la audiencia constitucional para esta data (fojas 57 a 58) y acuerdo de veintiocho de septiembre del año actual, en el que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en el diverso auto de veintiuno de agosto de este año y se tuvo por no ampliada la demanda de amparo, continuando el trámite únicamente por los actos y autoridad señaladas en su escrito inicial (fojas 60 a 61) y constancias de notificación a las partes. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva el presente juicio. Abierto el periodo de pruebas: La Secretaria da cuenta a la Jueza con las documentales exhibidas por la autoridad responsable y el impetrante del amparo. La Jueza provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en razón de su propia y especial naturaleza, medios de convicción que serán tomados en consideración al momento de resolver este sumario constitucional. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos: La Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; y que la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado responsable, no formuló intervención ministerial. Acto seguido, la Jueza acuerda: con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 838/2023-IV, promovido por *****, por propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; y remitido al día siguiente a este órgano jurisdiccional por razón de turno, ***** por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad que se transcribe a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: H. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio calle J. R. Cabrillo sin número, colonia Hornos de esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO: El que la autoridad responsable no haya emitido el Laudo dentro del término que indica la ley, así como tomar las medidas necesarias para lograr la más completa expedites en la impartición de justicia de manera inmediata en el expediente laboral 1027/2018, demorando así la impartición de justicia, y notifique a las partes." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedó registrada con el número 838/2023-IV, en el libro de gobierno correspondiente; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; en acuerdo de veintiuno de agosto pasado, se previno a la parte quejosa para que en el plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad (fojas 25 a 26); por lo que en auto de veintiocho de septiembre de este año, al no desahogar dicha prevención se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo antes citado y se continuó con el trámite del juicio únicamente respecto al acto reclamado y autoridad responsable señalada en su escrito inicial de demanda (fojas 60 a 61); asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez debidamente integrado el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.11 TERCERO. Oportunidad de la demanda. Toda vez que en el presente juicio se reclama un acto de naturaleza omisiva, cuyos efectos permanecen en el tiempo, se estima innecesario hacer el pronunciamiento sobre la oportunidad en la que fue presentada la demanda, pues la sola naturaleza del acto hace factible promover la demanda de amparo en cualquier momento. CUARTO. Precisión de los actos. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben 11 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En ese sentido, se tiene que el acto que la impetrante reclama, consiste, en esencia, en el siguiente: La omisión de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo en el juicio laboral 1027/2018 de su índice. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en representación del órgano laboral, al rendir su respectivo informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que realiza manifestaciones en su informe de donde se evidencia su certeza, es decir, al manifestar la existencia del expediente de su índice, del cual se duele la parte quejosa. Ello es así, toda vez que el acto reclamado es de aquellos denominados como negativos, que se caracterizan porque la autoridad se rehúsa expresamente a obrar a favor de la pretensión del gobernado; en otras palabras, existe una conducta que se traduce en no aceptar, o negar lo solicitado por la parte quejosa. De ahí que le correspondía a la autoridad responsable acreditar que no actúa en determinada forma. Por ello, resulta cierta la conducta reclamada en esta instancia constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito12, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." SEXTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo de la controversia constitucional que ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, 12 Visible en la página 391 del tomo XIV, del mes de Julio de 1994, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004. por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6213 de la Ley de Amparo. En ese tenor, en el caso se demuestra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". Para explicar la determinación tomada, conviene recordar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra uno de los principios que rigen a la acción constitucional, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". La anterior disposición se reproduce en los artículos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la ley de la materia, que respectivamente establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En los preceptos parcialmente transcritos se contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, atinente a la presencia innegable de una persona física o moral a quien perjudique el acto que se reclama, y por tal debe entenderse todo aquel que haya sufrido un agravio, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o interés, en la inteligencia que el término perjuicio no atañe al concepto civilista de privación de cualquier ganancia lícita que pudiera obtenerse, 13 "Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." sino como sinónimo de ofensa hecha a los derechos o intereses de una persona. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia con número de registro 220965, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito14, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Al respecto, es pertinente explicar qué se entiende por interés jurídico, y en ese sentido, según la definición extraída de los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se ha precisado que éste se considera como el derecho jurídicamente tutelado que le asiste al gobernado para reclamar, ante el órgano jurisdiccional, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su persona, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad que ocasiona un perjuicio a su titular, lo cual debe entenderse como una ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular. De ahí, que tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad. De ahí, que sólo el titular del derecho legítimamente protegible, pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese la violación de alguna autoridad que trasgreda determinados derechos fundamentales de su esfera jurídica. Ese derecho protegido por el ordenamiento es lo que constituye el interés que se toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; de lo que se sigue, que si no se demuestra la existencia del derecho de la norma positiva tutelada a la par del perjuicio resentido por el acto de autoridad que se reclama, no es dable tener por acreditado el interés jurídico. Por consiguiente, para que la acción constitucional proceda, no basta un interés simple derivado de un impulso cualquiera cuyo origen es la norma encaminada a proteger derechos indeterminados en beneficio de una colectividad en general, sino que es menester que ese interés sea particular, diferenciado, individual, concedido por el legislador a un sujeto determinado; por ende, basta que la parte quejosa pruebe que el acto de autoridad afecta su persona, para probar su interés legal. 14 Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 117. Tiene aplicación la jurisprudencia con número de registro 200614415, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia con número de registro 237794, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación16, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama". Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la afectación al interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que lo conceda, ya que 15 Registro digital: 2006144, Instancia: Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 23/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Tipo: Jurisprudencia 16 Registro digital: 237794, Instancia: Segunda Sala, Séptima Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145- 150, Tercera Parte, página 167, Tipo: Jurisprudencia. encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Sobre ese aspecto, es aplicable la jurisprudencia 16/94, con número de registro 206338, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación17, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En síntesis, si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si de existir, la parte quejosa no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama, es inconcuso que no demostró el requisito de procedibilidad, atinente a la legitimación en el obrar. De tal suerte que, para que la acción constitucional proceda, ni siquiera bastaría que se demostrara la existencia del acto reclamado, pues aun así, pese a que no fuera dubitable el actuar ilegal de la autoridad, si el peticionario de amparo no acredita en forma por demás indudable que dicho acto afectó su esfera de derechos subjetivos tutelados y reconocidos por la ley, la acción constitucional, se reitera, se tornará improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia con número de registro 229368, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del 17 Registro digital: 206338, Instancia: Segunda Sala, Octava Época, Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17,Tipo: Jurisprudencia. juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". Sentadas las anteriores premisas, se concluye que en el presente juicio de amparo, el acto reclamado acotado en estudio; no lesiona el interés jurídico de la parte quejosa, en razón de que el procedimiento de origen, fue promovido por Aníbal Eulogio Jiménez, en contra de Desarrolladora Dinamic, Sociedad Anónima de Capital variable y otros, en el que el solicitante del amparo no es parte. Así es, para ejercitar la procedencia de la acción constitucional de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; es decir, se requiere que la parte quejosa haya sido parte en el juicio del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. En esas condiciones, si el juicio de origen se sigue por diversas personas distintas a la aquí parte quejosa, es incuestionable que ésta no tiene un derecho legítimamente tutelado que le faculte a acudir en demanda de amparo a reclamar la omisión de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo en el juicio laboral 1027/2018 de su índice, ya que no es parte. Por tanto, se concluye que la falta de prueba que corrobore que la parte quejosa es parte en el juicio de origen del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Sobre el particular, resulta aplicable por analogía jurídica, la jurisprudencia con número de registro 216124, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito19, que establece: "INTERES JURIDICO. LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado". En razón de lo anterior, al no haberse acreditado mediante prueba alguna, que la aquí parte quejosa *****, sufriera una afectación personal y directa a sus derechos subjetivos en lo individual, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, al haberse actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, con relación a los artículos 5, fracción I y 6°, de la ley antes citada. En esa virtud, la suscrita se encuentra legalmente impedida para abordar el análisis de los conceptos de violación hechos valer en la demanda. Ello en estricto apego a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro expresa: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ****, contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guardan los autos y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de quince días otorgados a la parte quejosa en acuerdo de veintiuno de agosto de este año, a efecto de que manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a la participación de la autoridad Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, respecto del acto reclamado en el escrito inicial de demanda, sin que lo haya hecho, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y se continúa con el trámite del juicio de amparo, teniéndose únicamente como actos reclamados y autoridad responsable a los señalados en la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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JUICIO DE AMPARO 838/2023-IV*E CUENTA. El doce de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que en proveído de veintiuno de agosto pasado, se previno a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, manifieste si desea ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, respecto del acto reclamado en el escrito inicial, sin que a la fecha lo haya hecho, pero tampoco ha fenecido el término otorgado para tal efecto, toda vez que fue notificada por medio de lista el uno de septiembre actual, y surtió efectos el dos siguiente. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 838/2023-IV*E CUENTA. El treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 11182. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el escrito signado por ***********, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual pretende ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a una nueva autoridad responsable. En atención a su contenido, indíquesele al promovente que su petición resulta improcedente, toda vez que su designación como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia, carece de atribuciones para ampliar la demanda o señalar nuevas autoridades, pues tal disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada; por lo que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrito por el titular de la acción, quien es la persona que alega sufrir un agravio personal y directo; en consecuencia, al no encontrarse el presente asunto en alguno de los supuestos de excepción a que alude los artículos 8º, 15, 16, y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, la ampliación de demanda también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Robustece lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª/J.37/2011, cuyo rubro establece: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (Publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, tomo XXXIII, Junio de 2011, página 68)." En lo que atañe a su petición relativa a que se requiera a la autoridad responsable su informe justificado y se le apercbida con doble multa, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que ya obra en autos el mismo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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- Feliciano Librado Oropeza1096/2021
- Feliciano Rosas Sánchez432/2020
- Felicitas Domínguez Bello y Otros.1034/2015
- Felicitas Martínez Guzmán y Otros.375/2017
- Felicitas Nuñez Alba194/2017
- Felipa Carrillo Vázquez1204/2016
- Felipa Fuerte Landa183/2022