Feliciano Donjuan Torres

Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
734/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Feliciano Donjuan Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera recurrido el auto de quince de enero de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo, por el que se desechó la demanda con que se formó este expediente 734/2020-V; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo Asimismo, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda promovida por Feliciano *******, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede en eta ciudad. Ahora bien, se aprecia que dicha determinación fue notificada a la parte quejosa por medio de lista el doce de febrero del presente año, data en la que se encontraban suspendidas los plazos y términos de este expediente según las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente de este amparo, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado para que le notifique de manera personal la determinación de quince de enero del presente año. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE QUINCE DE ENERO Y VEINTISÉIS DE FEBERERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Medidas preventivas adoptadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Finalmente, en el Acuerdo General 37/2020, se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite del asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, un oficio del Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial en Rioverde, San Luis Potosí, por tanto, se provee: Atendiendo al contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente juicio. Agréguense el oficio 2725/2020 que remite el Juez Familiar de Tercer Distrito Judicial en Rioverde, San Luis Potosí, por el que devuelve el despacho 180/2020-V, de orden 344/2020, del índice de este Juzgado, diligenciado. Acúsese recibo. De la diligencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, levantada por el actuario adscrito al citado juzgado, se advierte que el quejoso Feliciano Donjuán Torres, por el que sí ratifica su escrito presentado el seis de noviembre del citado año, en cumplimiento al auto de diecinueve de octubre del año pasado; por tanto, se procede a proveer sobre la demanda de amparo: Este Juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, sustancialmente, el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 283/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede en esta ciudad, a través del cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demanda, aquí quejosa, en la etapa de ejecución de sentencia. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Feliciano Donjuan Torres, por propio derecho, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". En efecto, en primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior, esto es, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La interpretación del referido precepto legal permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, ya que en estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia número 1a./J.36/2004, emitida por la Primera Sala de dicho Tribunal, visible en la página 75 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2004, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.108/2010 (con número de registro electrónico 163152) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Pues bien, como se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 283/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede en esta ciudad, a través del cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demanda, aquí quejosa. Ahora bien, en los antecedentes de los actos reclamados, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en el referido controvertido agrario ya fue emitida la sentencia correspondiente; y por tanto, el juicio se encuentra en etapa de ejecución. Asimismo, que la ejecución del fallo definitivo consiste en la constitución de una servidumbre de paso en su contra. Además, manifiesta que el incidente de nulidad de actuaciones cuyo desechamiento se reclama en esta instancia constitucional lo interpuso en contra de la notificación que se le practicó respecto al proveído de nueve de julio de dos mil veinte, en el que se señaló fecha y hora para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. De lo anterior, se puede concluir que la determinación reclamada fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia del juicio agrario 283/2013; sin embargo, no se trata de la última resolución dictada en esa etapa procesal, ni se puede considerar dentro de los supuestos de excepción antes precisados, puesto que dada la naturaleza de ésta se observa que tiene como finalidad ejecutar la sentencia respectiva. Ello, pues la determinación reclamada desecha un incidente de nulidad de actuaciones que se interpone en contra de una determinación que tiende a ejecutar la sentencia del juicio de origen, específicamente aquella donde se señala fecha y hora para constituir la servidumbre de paso. Por ende, como es de verse, si acorde a lo narrado por el quejoso, el acto reclamado acaeció dentro de la fase de ejecución de sentencia, en la que no se ha logrado el objetivo primordial de la condena, esto es, la constitución de la servidumbre de paso; y en cuya contienda la parte quejosa es la parte demandada, se afirma que las consecuencias del acto reclamado, no pueden ser materia de análisis del presente juicio con independencia de las alegaciones que al respecto se hagan valer, ya que se trata una actuación que no tiene ni guarda una autonomía propia con la ejecución de sentencia, y sí por el contrario, es una determinación directa y necesaria para continuar con la ejecución de aquélla. Lo anterior es así, porque como ya se dijo las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, y solamente en casos excepcionales en que adquieren cierta autonomía, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que de tolerarse resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, porque lo trascendente en tal hipótesis es que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse. Por tanto, y conforme al estado que guarda el procedimiento de origen, es de concluirse que el tribunal de origen no ha declarado cumplida la sentencia, es decir, no se ha dictado la última resolución en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como no se ha calificado el cumplimiento total de la condena, o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenado el archivo definitivo del expediente, el juicio de amparo resulta improcedente, pues será hasta en tanto ello ocurra que se estará en aptitud de controvertir todas las violaciones acaecidas en la fase en mención. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. " "Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda promovida por Feliciano *******, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede en eta ciudad. Ahora bien, se aprecia que dicha determinación fue notificada a la parte quejosa por medio de lista el doce de febrero del presente año, data en la que se encontraban suspendidas los plazos y términos de este expediente según las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente de este amparo, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado para que le notifique de manera personal la determinación de quince de enero del presente año.Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Medidas preventivas adoptadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Finalmente, en el Acuerdo General 37/2020, se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite del asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, un oficio del Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial en Rioverde, San Luis Potosí, por tanto, se provee: Atendiendo al contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente juicio. Agréguense el oficio 2725/2020 que remite el Juez Familiar de Tercer Distrito Judicial en Rioverde, San Luis Potosí, por el que devuelve el despacho 180/2020-V, de orden 344/2020, del índice de este Juzgado, diligenciado. Acúsese recibo. De la diligencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, levantada por el actuario adscrito al citado juzgado, se advierte que el quejoso Feliciano Donjuán Torres, por el que sí ratifica su escrito presentado el seis de noviembre del citado año, en cumplimiento al auto de diecinueve de octubre del año pasado; por tanto, se procede a proveer sobre la demanda de amparo: Este Juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, sustancialmente, el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 283/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede en esta ciudad, a través del cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demanda, aquí quejosa, en la etapa de ejecución de sentencia. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Feliciano Donjuan Torres, por propio derecho, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". En efecto, en primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior, esto es, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La interpretación del referido precepto legal permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, ya que en estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia número 1a./J.36/2004, emitida por la Primera Sala de dicho Tribunal, visible en la página 75 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2004, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". No obstante lo anterior, también se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.108/2010 (con número de registro electrónico 163152) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Pues bien, como se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 283/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25 con sede en esta ciudad, a través del cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demanda, aquí quejosa. Ahora bien, en los antecedentes de los actos reclamados, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en el referido controvertido agrario ya fue emitida la sentencia correspondiente; y por tanto, el juicio se encuentra en etapa de ejecución. Asimismo, que la ejecución del fallo definitivo consiste en la constitución de una servidumbre de paso en su contra. Además, manifiesta que el incidente de nulidad de actuaciones cuyo desechamiento se reclama en esta instancia constitucional lo interpuso en contra de la notificación que se le practicó respecto al proveído de nueve de julio de dos mil veinte, en el que se señaló fecha y hora para llevar a cabo la ejecución de la sentencia. De lo anterior, se puede concluir que la determinación reclamada fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia del juicio agrario 283/2013; sin embargo, no se trata de la última resolución dictada en esa etapa procesal, ni se puede considerar dentro de los supuestos de excepción antes precisados, puesto que dada la naturaleza de ésta se observa que tiene como finalidad ejecutar la sentencia respectiva. Ello, pues la determinación reclamada desecha un incidente de nulidad de actuaciones que se interpone en contra de una determinación que tiende a ejecutar la sentencia del juicio de origen, específicamente aquella donde se señala fecha y hora para constituir la servidumbre de paso. Por ende, como es de verse, si acorde a lo narrado por el quejoso, el acto reclamado acaeció dentro de la fase de ejecución de sentencia, en la que no se ha logrado el objetivo primordial de la condena, esto es, la constitución de la servidumbre de paso; y en cuya contienda la parte quejosa es la parte demandada, se afirma que las consecuencias del acto reclamado, no pueden ser materia de análisis del presente juicio con independencia de las alegaciones que al respecto se hagan valer, ya que se trata una actuación que no tiene ni guarda una autonomía propia con la ejecución de sentencia, y sí por el contrario, es una determinación directa y necesaria para continuar con la ejecución de aquélla. Lo anterior es así, porque como ya se dijo las resoluciones intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, y solamente en casos excepcionales en que adquieren cierta autonomía, para evitar así abusos del mismo, hipótesis o maniobras que de tolerarse resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, porque lo trascendente en tal hipótesis es que tales actos procesales tienen como sustento una sentencia que constituye cosa juzgada, cuyo cumplimiento, por ser de interés público, no debe obstaculizarse. Por tanto, y conforme al estado que guarda el procedimiento de origen, es de concluirse que el tribunal de origen no ha declarado cumplida la sentencia, es decir, no se ha dictado la última resolución en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como no se ha calificado el cumplimiento total de la condena, o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenado el archivo definitivo del expediente, el juicio de amparo resulta improcedente, pues será hasta en tanto ello ocurra que se estará en aptitud de controvertir todas las violaciones acaecidas en la fase en mención. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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