Feliciano Cruz Baez y Otros.

Expediente 1228/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1228/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Feliciano Cruz Baez y Otros.
  • Herminia García Méndez y Otros.
  • Feliciano Cruz Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintiocho de enero del año en curso, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que se ordenó formar un tomo de pruebas con la copia certificada del expediente ********************, que adjuntó la juez responsable al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvasele la misma para los efectos legales procedentes. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa, tanto de los catalogados como originales, como de los catalogados como no originales. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Ábrase y fórmese expedientillo con el correo electrónico de Peritos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, agréguese el correo electrónico de Peritos CJF, por el que en relación al oficio 339/2022, relativo a la solicitud de pago de honorarios al perito Fidel Morales Hernández, quien fue designado como perito en materia de topografía y agrimensura, en el presente juicio de amparo, solicitan se remita constancia de ratificación de dictamen. Por lo que, atento a su contenido, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que envíe la constancia de ratificación de veintitrés de diciembre pasado, al correo electrónico proporcionado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga del contenido del informe justificado y anexos, rendido por la autoridad responsable Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, toda vez que el mismo se tuvo por rendido el once de enero del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las nueve horas con dieciocho minutos del trece de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia incidental en el juicio de amparo 1228/2021-V, promovido por Feliciano Cruz Baez y Herminia García Méndez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de los autos y da cuenta con la apertura del incidente de suspensión efectuada mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y con los informes previos rendidos por las autoridades responsables. Enseguida, la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Abiertos en su orden los periodos de pruebas y alegatos, se hace constar que no se ofrecieron las primeras ni se formularon los segundos, por lo que se cierran ambos períodos y se procede a dictar la siguiente resolución. I N T E R L O C U T O R I A Visto para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1228/2021-V, promovido por Feliciano Cruz Baez y Herminia García Méndez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Apertura de Incidente de Suspensión. En proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el juicio principal, se tramitó el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo solicitado por Feliciano Cruz Báez y Herminia García Méndez, por propio derecho, contra la orden de detención y la custodia policial a las afueras del domicilio de los quejosos con la intención de ejecutar una orden de cateo, que respectivamente reclamó de las siguientes autoridades responsables: Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala. Encargado del Despacho de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En la misma fecha se determinó Conceder la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 y 125 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Acto reclamado. En el escrito inicial de demanda origen de este incidente de suspensión señaló los siguientes: ACTO RECLAMADO: La orden de detención y la custodia policial a las afueras del domicilio de los quejosos con la intención de ejecutar una orden de cateo. TERCERO. Efectos para los que solicita la medida. La parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado para efecto que se ordene a las responsables la suspensión de la ejecución de los actos reclamados. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable: Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlaxco, Tlaxcala, al rendir su respectivo informe previo, manifestó ser cierto el acto que se le atribuye Por su parte el Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad, en representación del Encargado del Despacho de esa Comisión, con residencia en la Ciudad de Tlaxcala, al rendir su informe previo negó el acto que se le reclama, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa por tratarse de actos de forzosa ejecución atribuidos a dicha autoridad, por lo que el acto que se le reclama se presume cierto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis visible en la página 56, Tomo II, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIERTO". QUINTO. SENTIDO DE LA MEDIDA. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, toda vez que como se desprende de la copia de la demanda de amparo, los quejosos manifiestan que se encuentra limitado su libertad deambulatoria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que los quejosos no sean detenidos, con motivo de algún mandamiento privativo de libertad que reclaman y queden a disposición de este Juzgado por lo que hace a su libertad personal y a la de la autoridad que deba juzgarlos para la continuación del procedimiento. Luego, en caso de que la detención ya se haya llevado a cabo y se encuentren a disposición del Fiscal correspondiente, se concede la suspensión para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Ahora, en caso de que se trate de detención por caso flagrante o urgente, la suspensión se concede para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional competente. Y en caso que la detención no obedezca a la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sean puestos en libertad. SENTIDO DE LA MEDIDA RESPECTO A LA ORDEN DE CATEO. Ahora bien, tomando en consideración que los quejosos solicitan la suspensión provisional para que no se ejecute la orden de cateo; con fundamento en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se niega dicha medida cautelar, ya que éstos no acreditan indiciariamente el interés jurídico que tienen para solicitar dicha medida suspensional. De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Así, en el caso, el justiciable no acredita, aunque sea de forma indiciaria, que la orden de cateo se vaya llevar a cabo en un inmueble sobre el que ejerza algún derecho de propiedad o posesión, dado que con la demanda de amparo no se exhibió prueba alguna. Por tanto, se reitera, los quejosos no acreditaron que el acto reclamado (orden de cateo) menoscabe algún derecho subjetivo; por lo que debe negarse la medida cautelar solicitada. Tiene aplicación a lo anterior siguiente tesis con Número de Registro 220917 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Noveno Circuito, publicada en la Octava Época Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, Materia(s): Común, Página: 262, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se CONCEDE Feliciano Cruz Báez y Herminia García Méndez, por propio derecho, la suspensión definitiva, en términos del considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Se NIEGA Feliciano Cruz Báez y Herminia García Méndez, por propio derecho, la suspensión definitiva, en términos del considerando quinto de la misma. TERCERO. Al hacerse pública la presente resolución, deberá tomarse en cuenta que la parte quejosa, no manifestó oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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