Felicia Maria Veral Loria

Expediente 1988/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1988/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Felicia Maria Veral Loria

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el treinta de noviembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio 1955/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y anexo que adjunta, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, y remite las constancias referentes al expediente laboral 447/2021. Ahora bien, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la responsable, al no ordenar el emplazamiento al juicio laboral 447/2021 a las demandadas en el juicio de origen. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la responsable, al no ordenar el emplazamiento al juicio laboral 447/2021 a las demandadas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que con fecha diecisiete de noviembre del año en curso el Actuario adscrito a dicha Junta levantó una constancia en las que señaló los motivos por los que le fue imposible emplazar a los demandados "AISCOR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "CORPORATIVO SIS INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; ahora bien, de las constancias adjuntas al oficio de cuenta se advierte que por acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, el Presidente de la Junta responsable dicto un acuerdo en el cual previno a la parte quejosa por el término de tres días para que señale un nuevo domicilio donde podrían ser emplazadas las demandadas "AISCOR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "CORPORATIVO SIS INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo acuerdo que fue notificado el veintinueve de noviembre del año que transcurre. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable llevó a cabo las acciones necesarias para lograr el emplazamiento a la parte demandada, que si bien, en primera instancia el Actuario responsable no logró realizar el emplazamiento por causas ajenas a ella, el Presidente ha realizado las acciones tendientes para lograr dicha notificación y emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, por lo que ha cesado la paralización atribuida a las mismas, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no emplazar a la parte correspondiente, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con las acciones tendientes a lograr el emplazamiento de "AISCOR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "CORPORATIVO SIS INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada y la omisión de notificar a la demandada en comento; sin embargo, tal como se ha señalado, el Presidente responsable acciones tendientes a lograr el emplazamiento a la demandada dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y el Actuario adscrito, junto con anexo que acompaña dicho Presidente, correspondiente a las constancias del juicio laboral 447/2021, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las aludidas documentales y hágase relación de las mismas en la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, del contenido del informe justificado del Presidente responsable, se advierte que con fecha diecisiete de noviembre del año en curso el Actuario adscrito a dicha Junta levantó una constancia en las que señaló los motivos por los que le fue imposible emplazar a los demandados "AISCOR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "CORPORATIVO SIS INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que con base en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este Órgano Jurisdiccional si ha realizado algún pronunciamiento respecto de lo manifestado por el Actuario adscrito a dicha Junta, en el sentido de la imposibilidad que tuvo para emplazar las demandadas "AISCOR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y "CORPORATIVO SIS INTERNACIONAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y en su caso, remita las constancias conducentes; apercibiéndole que de no cumplir con lo solicitado en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días de medidas de actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Miguel Esquivel Cahero, con el cual formula diversas manifestaciones, en vía de alegatos, y exhibe una documental; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones del ocursante, para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofertada la documental de cuenta, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, debiendo tomarse en consideración en la correspondiente audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que el promovente, solicita que sus manifestaciones y la documental de marras, sean tomadas en consideración en la audiencia constitucional e incidental; dígasele que dado que el expediente principal y el cuaderno incidental se tramitan por cuerda separada, su petición deberá presentarla en los autos incidentales respectivos, cuenta habida que lo hizo en el juicio principal, donde se emite la presente determinación. Notifíquese por lista.

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