Federico Valdez Ortega

Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
502/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Federico Valdez Ortega
  • Junta Municipal de Agua Potable Y Alcantarillado de el Municipio de el Fuerte, Calle 5 de Mayo S/N Interior Palacio Municipal, de la Ciudad de el Fuerte, Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por el Presidente, Representante del Capital, Representante del Trabajo y Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto; proveído en el que se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; en consecuencia, se procede a analizar el acatamiento dado a la ejecutoria dictada. El quejoso, en esta vía constitucional, reclamó: "La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral número O.P.D.J.E. No. 2-03-11/2015, promovido por dicho quejoso en contra de la dependencia municipal denominada Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y otros." La protección constitucional se le concedió al impetrante para el efecto de que: "los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Los Mochis, Sinaloa, atendiendo la etapa procesal que guarda el juicio de origen (cierre de instrucción), cumpliendo de manera estricta con los plazos que establecen los numerales transcritos 585, 586 y 587 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que se les comunique que ha causado ejecutoria esta sentencia, procedan a dictar el laudo definitivo en los autos del expediente laboral número O.P.D.J.E. No. 2-03-11/2015.". Al respecto, el Presidente, Representante del Capital, Representante del Trabajo y Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, al informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, a través de su oficio 0253 de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, remitió copias certificadas del laudo que dictó en el expediente O.P.D.J.E. No. 2-03-11/2015. En ese tenor, si la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dictara el laudo correspondiente, lo que ya aconteció, es inconcuso que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, sin exceso ni defecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente a registro de juicios de amparo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CUYO TEXTO DICE: "Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por el Presidente, Representante del Capital, Representante del Trabajo y Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto; proveído en el que se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; en consecuencia, se procede a analizar el acatamiento dado a la ejecutoria dictada. El quejoso, en esta vía constitucional, reclamó: "La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral número O.P.D.J.E. No. 2-03-11/2015, promovido por dicho quejoso en contra de la dependencia municipal denominada Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y otros." La protección constitucional se le concedió al impetrante para el efecto de que: "los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Los Mochis, Sinaloa, atendiendo la etapa procesal que guarda el juicio de origen (cierre de instrucción), cumpliendo de manera estricta con los plazos que establecen los numerales transcritos 585, 586 y 587 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que se les comunique que ha causado ejecutoria esta sentencia, procedan a dictar el laudo definitivo en los autos del expediente laboral número O.P.D.J.E. No. 2-03-11/2015.". Al respecto, el Presidente, Representante del Capital, Representante del Trabajo y Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, al informar sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, a través de su oficio 0253 de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, remitió copias certificadas del laudo que dictó en el expediente O.P.D.J.E. No. 2-03-11/2015. En ese tenor, si la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dictara el laudo correspondiente, lo que ya aconteció, es inconcuso que el núcleo esencial de la sentencia constitucional ha quedado cumplido. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada.". Por lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, sin exceso ni defecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente a registro de juicios de amparo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes".

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda el oficio que suscribe el Presidente, Representante del Capital, Representante del Trabajo y Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, y anexa constancia de ello. Con lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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