Federico Toral Martiñón
Expediente 891/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/08/2021
Partes del expediente
- Federico Toral Martiñón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Sin mayor pronunciamiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, sin realizar mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se le tuvo comunicando el auto por el que el Juzgado de su adscripción aceptó la competencia, ordenándose el archivo del presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de agosto de dos mil veintiuno. Acepta competencia planteada y se ordena archivo. Visto el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual informa que aceptó la competencia declinada en favor de dicho Juzgado radicando el juicio de amparo bajo el número de expediente 847/2021, acusando recibo del diverso 26881/2021 del diecinueve de julio del año en curso del índice de este juzgado, se toma conocimiento. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos seis meses de su archivo, ya que en el juicio se declinó competencia en razón de materia; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; (...)". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del cuaderno de antecedentes para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto en el que se declinó la competencia para conocer del presente asuntos y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. ? Jefe de oficina de correspondencia común informa Agréguese el oficio del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual informa que se registró la incompetencia planteada por este órgano, bajo el número de papeleta *************, misma que por cuestión de turno le correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Morelos. Atento a lo anterior, remítanse las constancias que integran el presente asunto vía interconexión al Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Morelos, a fin de que este en aptitud de proveer lo conducente respecto a si acepta o no la competencia. Notifíquese
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de julio de dos mil veintiuno. No desahoga prevención. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte promovente en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se acuerda lo siguiente: Incompetencia por razón de territorio Vista la demanda de amparo promovida por ***********************, se desprende los datos siguientes: Autoridades responsables. Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de las que Integran la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Director y/o Titular de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado De Morelos y los Elementos a su cargo. Acto reclamado. La orden de arresto decretada mediante acuerdo dictado el cuatro de junio del año en curso dentro del expediente ***************** del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de las que Integran la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Presupuesto procesal de competencia. En primer término, es relevante destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligadas las personas juzgadoras previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo se contravendrían las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Las reglas de competencia de los Jueces y las Juezas de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la ley de la materia, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez o jueza es la competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Ahora, para que un juez o jueza tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás juzgados y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. En específico, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Federico Toral Martiñon, por razón de territorio como se evidencia a continuación. Es necesario precisar que la competencia en materia judicial es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la existencia de la regla de competencia de que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir. Asimismo, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que toda persona juzgadora tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez o Jueza que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Ahora, la competencia territorial distribuye las facultades para juzgar, es decir, para decir el derecho, entre diversos órganos jurisdiccionales, según diferente asignación de límites geográficos. Los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual está determinada en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, las reglas para fijar la competencia de los jueces y las juezas de distrito, por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, mismas que son, precisamente, las que constituyen la materia de estudio y que consisten en lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden tres reglas para determinar la legal competencia para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se colige que tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, será competente para conocer de la demanda el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, son aplicables -por su contenido- las tesis sustentadas por la entonces Tercera Sala y Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Análisis particular de la competencia por razón de territorio. En el caso, como quedó precisado, el quejoso reclama la orden de arresto mediante acuerdo dictado el cuatro de junio del año en curso dentro del expediente 863/2017 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de las que Integran la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. . Lo anterior pone de manifiesto que la ejecución material del acto reclamado únicamente podría tener efectos en el estado Morelos, pues de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso se obtiene, que la orden de arresto mediante acuerdo dictado el cuatro de junio del año en curso, deriva de un juicio laboral radicado bajo el número de expediente 863/2017 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Uno de las que Integran la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En esa medida, a pesar de que mediante proveído veintitrés de junio de dos mil veintiuno se previno a la parte quejosa para que aclarara si era su deseo señalar alguna autoridad ejecutora en esta localidad, el quejoso fue omiso, razón que evidencia que este juzgado distrito carece de legal competencia para conocer del acto reclamado. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Lo anterior dio origen al siguiente criterio jurisprudencial: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables" Por tanto, se estima que la legal competencia para conocer del presente juicio de amparo, corresponde a la Jueza o Juez de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, de conformidad con lo previsto en el artículo Tercero, fracción XXVIII, y Cuarto, fracción XXVIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, este juzgado estima carecer de legal competencia para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Federico Toral Martiñon; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el presente juicio de amparo, con las copias de la demanda respectivas, al Juez o Jueza de Distrito en el Estado de Morelos, en turno, a quien se estima competente para conocer de ella, por los motivos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un juzgado de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia la remitirán de plano al juez, jueza o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción referidos. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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