Federico Sarabia Pozo
Expediente 1476/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1476/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Federico Sarabia Pozo
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 1079/2023, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL JUZGADO DE MI ADSCRIPCIÓN, NO OBSTANTE EL AVISO QUE LE FUE FIJADO ENSU DOMCILIO EL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. MESA IV. Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, del Presidente del Comité de Pensiones, Comité de Pensiones, Jefa del Departamento de Pensiones, todos del citado Instituto, remite copia de la notificación realizada a la parte quejosa del dictamen de pensión CP/93247/2023. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento realizado a la referida autoridad responsable, y se deja sin efectos el apercibimiento relativo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo recibidos en auto de veintidós de septiembre del año en curso, así como con los diversos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Federico Sarabia Pozo, por propio derecho, contra actos de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez "Altiplano" y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid- 19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1476/2023-I. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o detención y/o presentación forzosa y/o arraigo y/o búsqueda y/o localización y/o comparecencia y/o arresto y/o detención, así como su ejecución en perjuicio del quejoso. La orden de manera verbal y/o por escrito a efecto de que se le apliquen al quejoso actos de incomunicación, palos, azotes, tormentos físicos y psicológicos y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de ese precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el Juez de Distrito: i) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ii) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. iii) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa Federico Sarabia Pozo, reclama de las autoridades responsables, los siguientes actos: La orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o detención y/o presentación forzosa y/o arraigo y/o búsqueda y/o localización y/o comparecencia y/o arresto y/o detención, así como su ejecución en perjuicio del quejoso. La orden de manera verbal y/o por escrito a efecto de que se le apliquen al quejoso actos de incomunicación, palos, azotes, tormentos físicos y psicológicos y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Ahora, de la narrativa de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa refiere en primer término, que tiene su domicilio ubicado en el Estado de Hidalgo, (sin señalar una dirección en concreto), asimismo que tuvo conocimiento que los actos referidos en el punto número 1, se intentaron ejecutar en su domicilio ubicado en el Poblado de Santa María Ilucán, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Lo anterior, sin que pase desapercibido que aduce tener un domicilio en "esta Ciudad", sin que concretamente se advierta a que Ciudad se refiere, pues de la literalidad de la demanda de amparo, únicamente se obtiene que señala la dirección referida en el párrafo precedente, como lugar en el que se pretendieron ejecutar los actos reclamados, en el estado de Hidalgo. Aunado a lo anterior, del análisis integral de la demanda, las consecuencias jurídicas de los actos reclamados, tendrán ejecución fuera del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; por ende resulta competente del presente asunto el Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en Turno, que ejerce jurisdicción en el domicilio donde han de ejecutarse los actos reclamados, ello siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, si el Juez competente es quien ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, en el caso lo es el juzgado referido. Pues no debe perderse de vista que ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios; además, el artículo 37 de la Ley de Amparo no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de amparo no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. A lo anterior sirve de apoyo la tesis publicada en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, con número de registro 805490, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, es aplicable la tesis I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Novena Época, con número de registro 162635, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos reclamados ya se trataron de ejecutar en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en Turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo por identidad jurídica, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito declina la competencia para conocer de este asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en Turno, ya que dentro de su jurisdicción se han pretendido ejecutar los actos reclamados por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda al Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en Turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, no se inadvierte que la parte quejosa, solicita la suspensión de plano de los actos que reclama; no obstante no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, máxime que los actos identificados con el número 2, los hace valer como consecuencias de los identificados en primer término, de ahí que no proceda la medida cautelar que solicita. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que se encontró registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a nombre del usuario "RUDYgarcia73", con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de la materia, se acuerda favorable la consulta del presente expediente en su versión electrónica y la práctica de notificaciones por dicho medio. En diverso orden, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Sergio García Trujillo, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Asimismo, a partir de esta fecha se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por la autoridad responsable clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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