Federico Santos Rodríguez
Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Federico Santos Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, seis de octubre de dos mil veinte. Visto; agréguese a los autos para obrar como corresponda el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el estado de Zacatecas, por medio del cual transcribe el auto de primero de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del amparo directo penal 227/2020, e informa que asume la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************. De igual forma, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; el ocurso presentado por el quejoso Federico Santos Rodríguez, por su propio derecho, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de once de los cursantes, precisa el acto que reclama y manifiesta bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; al respecto, el Juez acuerda: Téngase por cumplidos los citados requerimientos, para los efectos legales conducentes. INCOMPETENCIA. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En el ocurso de cuenta, el quejoso a efecto de precisar el acto reclamado, señala: "ACTO RECLAMADO.- La resolución definitiva emitida el diez de enero de dos mil diecinueve, dentro de la mencionada causa pena, en que se impuso al aquí quejoso una pena privativa de libertad de dieciséis años de prisión ordinaria, condenándolo al pago de la reparación del daño, negándosele los beneficios establecidos por la ley, misma que fue confirmada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, mediante ejecutoria de veinte de mayo de dos mil diecinueve." De lo anterior, se hace evidente que el acto que reclama el quejoso es la sentencia definitiva emitida en la causa penal instaurada en su contra (5/2001), de diez de enero de dos mil diecinueve, confirmada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, mediante ejecutoria de veinte de mayo de dos mil diecinueve. Así las cosas, se afirma que contra dicha determinación es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la Protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, en el presente asunto, el acto reclamado consistente en la sentencia definitiva emitida en la causa penal instaurada contra el quejoso Federico Santos Rodríguez (5/2001), de diez de enero de dos mil diecinueve, la cual ya fue confirmada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, mediante ejecutoria de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se trata de una determinación que pone fin a la citada causa penal. Sobre el particular, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con registro: 2008791, del tenor: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Asimismo, resulta aplicable el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.9o.P.266 P (10a.), publicada en la página dos mil seiscientos setenta y cinco, Libro 74, enero de dos mil veinte, tomo III, Materias Común y Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2021515, del tenor siguiente: "SENTENCIA DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECIDE EN DEFINITIVA SOBRE LA ACREDITACIÓN DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL, AUN CUANDO NO CONTENGA PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES Y REPARACIÓN DEL DAÑO. El artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas. De acuerdo con la interpretación auténtica contenida en el segundo párrafo de su fracción I, las sentencias definitivas son aquellas que deciden el juicio en lo principal. A ese respecto, en materia penal la cuestión principal esencialmente consiste en dilucidar la existencia de un hecho que la ley punitiva tipifica como delito, así como la responsabilidad penal del procesado en su comisión. De ese modo, si en el marco del sistema procesal penal acusatorio, el acto reclamado es una sentencia dictada por un tribunal de alzada que revocó el fallo absolutorio dictado en primera instancia y consideró acreditados el delito y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, deviene incontrovertible que se trata de una resolución jurisdiccional que decide el juicio en lo principal, y al haber sido dictada por una autoridad de segunda instancia, no admite medio ordinario de defensa alguno por virtud del cual esa determinación sea susceptible de ser modificada o revocada. Por tanto, la circunstancia de que el acto reclamado no contenga pronunciamiento respecto a la individualización de las sanciones y reparación del daño, no le priva del carácter de sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, en razón de que dichos aspectos tienen carácter accesorio del tópico principal y, en todo caso, su falta de pronunciamiento es un vicio que atañe al estudio de fondo del asunto." En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado es una determinación que pone fin a la causa penal de origen, por lo que se declara incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por Federico Santos Rodríguez, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, copias simples de la misma y escrito aclaratorio, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes. No se soslaya que por auto de once de septiembre de dos mil veinte, este juzgado haya aceptado la competencia planteada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, dentro del juicio de amparo directo penal 210/2020, de su índice; sin embargo, ello se realizó, considerando que en un principio, se estableció que el quejoso se dolía de un auto de formal prisión dictado en su contra; sin embargo, ante la imprecisión del acto reclamado, advertido por este órgano jurisdiccional, previa aclaración, la parte quejosa finalmente precisó como acto reclamado, la sentencia definitiva emitida en su contra dentro del proceso penal 5/2001, de diez de enero de dos mil diecinueve, la cual ya fue confirmada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, mediante ejecutoria de veinte de mayo de dos mil diecinueve, por lo que las circunstancias que orillaron a este juzgado a aceptar la competencia declinada por la superioridad, cambiaron, considerando que el quejoso señala como acto reclamado una determinación que pone fin a la citada causa penal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes
- Federico Guzmán Mireles600/2022
- Federico Márquez Díaz921/2018
- Federico Márquez Díaz1050/2018
- Federico Morales Ochoa690/2016
- Federico Raigoza Leaños367/2017
- Federico Raygoza Leaños635/2016
- Federico Santos Rodríguez4/2016
- Federico Sifuentes Sarellano659/2018
- Federico Sifuentes Sarellano50/2020
- Federico Sifuentes Sarellano798/2017
- Felicitas Alonso Esparza1066/2017
- Felicitas Saucedo Contreras730/2018