Federico Sandoval Villafaña
Expediente 1009/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Federico Sandoval Villafaña
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no se dio cuenta al titular de que de que el presente juicio ya había transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de la Materia, en contra de dicho proveído. Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO FIJADO EL 30 DE ENERO DE 2021, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO SIGUIENTE: En Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ******, por su propio de derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 1009/2020-V-B, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROCEDENCIA En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en la especie respecto del citado acto reclamado quien aquí juzga considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Del citado artículo, se desprende que cuando exista un juicio o medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto (sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento), se surte la causa de improcedencia invocada; señalándose como causas de excepción las siguientes: a) carezca de fundamentación; b) se hagan valer en su contra violaciones directas a derechos humanos y; c) proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Desde este punto de vista, el principio de definitividad supone el agotamiento de todas las acciones o recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir alguna acción ordinaria de defensa que no sea agotada traerá como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, salvo que se configure alguna excepción, como se ha visto. Este principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales de las personas, por lo que, previo a su promoción, deben agotarse todos aquellas instancias ordinarias de modificación, revocación o nulificación del acto reclamado legalmente establecidos. El reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo, como se dijo en los párrafos precedentes. Esta consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 18, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, actualización 2001, que al rubro dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." De ahí que, la ley que rige el acto reclamado es el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, en sus artículos 186, primer párrafo, 187 fracción II o 229, fracción II y 194, respectivamente, mismos que a la letra dicen: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. [.] II.-Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. [.] II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación;" Artículo 194.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad. [. . .]" En ese contexto es de concluirse que el acto que reclama el quejoso, y que refiere en su escrito registrado con folio interno 12117, lo hace consistir en el siguiente: [.] De la autoridad designada como responsable y ordenadora, es decir la Licenciada ******, en su carácter de responsable de la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, ABASTO Y COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO, la ilegal, irregular orden de visita, y orden de verificación, así como la orden de suspensión que pretende ejecutar en mi negocio de venta de comida, y que diera origen al expediente número ******, toda vez que el suscrito, en mi carácter de propietario del negocio denominado comercialmente, *****, no fui notificado de manera personal como lo establece el artículo 26 del Código de Procedimientos Administrativos vigente para el Estado de México, ni tampoco me puedo cerciorar de la identidad del supuesto inspector, verificador, y notificador (a) adscrito, ello en virtud, que solo fijaron en mi establecimiento cinco hojas tamaño oficio suscritas por ambas caras, las cuales refieren "Oficio de Habilitación de días y horas inhábiles"; "Orden de Visita"; "Acta de verificación"; y "Citatorio para Garantía de Audiencia";. En tales circunstancias, la responsable ha dejado al suscrito en total estado de indefensión, razón por la cual me veo precisado a recurrir al presente Juicio de Garantías solicitando el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de los actos reclamados toda vez que los mismos resultan violatorios a mis Derechos Humanos, como lo precisaré en el capítulo correspondiente a los conceptos de violación" [.] Luego entonces, al ser los actos reclamados de naturaleza administrativa, admite el recurso administrativo de inconformidad ante las propias autoridades o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a que se refieren el primer párrafo del artículo 186, 187, fracción I, o 229, fracción II y 194, todos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que se debió de agotar cualquiera de los dos medios de defensa en cita, previamente a acudir a solicitar la protección constitucional y al no hacerlo origina que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 115/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X (octubre de 1999), página 448, que al rubro indica: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Cabe precisar que, no se actualiza ninguna excepción para que el gobernado este obligado a agotar el juicio contencioso administrativo estatal, toda vez que la promovente no se ostenta como tercera extraña a procedimiento administrativo alguno, no reclama la inconstitucionalidad de una ley, ni se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su reclamo es la posible suspensión de actividades y colocación de sellos de suspensión en el local comercial denominado el ****, ubicado en ********, durante la visita de verificación número *******, realizada el trece de diciembre de dos mil veinte. Ahora, el ordinal 257, citado contiene las mismas hipótesis a que se refiere el numeral 132 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. De lo que se concluye que el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento, deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, toda vez que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, establece menores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, por lo que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo y al no cumplir con dicho requisito como ya se dijo se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, es así, en razón de que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, ya que la parte quejosa tiene pleno conocimiento del mismo; la ley que rige al acto reclamado prevé medios de defensa legales, por lo que dicho acto puede ser confirmado, modificado o revocado; y, no es un acto de imposible reparación que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo expuesto es aplicable al caso, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, de mayo de dos mil dos, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, a página novecientos dos de la Novena Época, que al rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Así como es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 156 del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual forma resulta pertinente hacer mención que del contenido de los artículos 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se advierte que dicha legislación no exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado como se observa de la siguiente reproducción en análisis: "Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. (ADICIONADO, G.G. 15 DE OCTUBRE DE 2012) La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. (ADICIONADO, G.G. 15 DE OCTUBRE DE 2012) La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó.". De lo que se colige que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, no consigna mayores requisitos que la ley de la materia para suspender el acto reclamado, en virtud de que, como se ve, se prevén incluso de menores requisitos para tal efecto. Esto, en virtud de que en los numerales de referencia, particularmente por cuanto hace a los artículos 254 y 255 del ordenamiento legal invocado, únicamente se requiere que sea solicitado por el agraviado, y no exige forma especial, ni fija término alguno para exhibir la garantía que en su caso llegase a requerírsele, lo que beneficia a la parte quejosa, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva, a diferencia del de cinco días previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos de los artículos 259, párrafo segundo y 285, fracción II, de dicho precepto administrativo, en caso que se llegue a negar la suspensión del acto impugnado, tal determinación podrá ser impugnada en revisión. Por su parte, en el ordinal 256 incluso se prevé la posibilidad de conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe, o en caso contrario, si es necesario garantizar los intereses del fisco, se concederá previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada, resultando ser los mismos requisitos que consigna el artículo 135 de la Ley de Amparo. Finalmente el arábigo 257, citado contiene las mismas hipótesis a que se refiere el numeral 132 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. De lo que se concluye que el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento, deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, toda vez que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, establece menores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, por lo que la quejosa debió agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo y al no cumplir con dicho requisito como ya se dijo se actualiza la causal de improcedencia invocada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.60/2013 (10ª), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, Pág. 933, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO." De igual manera apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.II.A.J/3 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 2936, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL." En este contexto resulta evidente que en la especie el peticionario de garantías no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no agotó previamente a acudir a este juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, tal como lo establecen los numerales ya transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, es así, en razón de que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, ya que la parte quejosa tiene pleno conocimiento del mismo; la ley que rige al acto reclamado prevé medios de defensa legales, por lo que dicho acto puede ser confirmado, modificado o revocado; y, no es un acto de imposible reparación que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que este juzgador desatienda, como se precisó, que la clausura y colocación de sellos se encuentren dirigidas a nombre de la parte quejosa, constituyan actos de imposible reparación; sin embargo, dicha circunstancia, por sí misma no constituye una excepción al principio de definitividad. Cobra aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia 2ª/J.18/2015 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, publicada el veinte de marzo de dos mil quince, de rubro y texto: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ello de diciembre de 2010,116, 117, 120, 121 Y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. También es aplicable, por los motivos que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 350, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". ??????????????? En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por ******. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página 1631, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale uno en esta ciudad de Naucalpan de Juárez y respecto del correo electrónico "******@gmail.com", que señal para tal efecto, no ha lugar a tenerlo para tal efecto, porque el artículo tercero de la Ley de Amparo no lo contempla; sin embargo, se tiene únicamente para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Sin embargo, dada la naturaleza del presente asunto, por única ocasión se comisiona al fedatario judicial para que notifique a la parte quejosa el presente auto en el domicilio ubicado en: ************, atendiendo a las medidas de seguridad y protección establecidas en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Asimismo, ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Cordero Venegas, por tener permiso para ejercer la abogacía registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ahora bien por cuanto hace a René Castillo Ramos y Antonio Rafael López García, en términos del párrafo tercero el precepto legal antes citado por no contar con el registro aludido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS La parte quejosa no solicitó devolución de documentos. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En términos del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aras de una pronta impartición de justicia, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos del numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a las partes a su costa copia certificada de las constancias que soliciten por comparecencia, previo acuse de recibo que se glose en autos, las cuales serán entregadas en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. Hágase la precisión al solicitante, que la expedición de copias únicamente se realizara por un tanto, dado que si bien el numeral en cita no restringe a un solo juego el número de copias que las partes pueden solicitar, dicha expedición se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 20/2017 (10a.), visible en la página 308, libro 42, Décima Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo I, Mayo de 2017, del tenor literal siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO." Con independencia de lo anterior, a fin de que las partes puedan obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la tesis I.1º.A.23 K (10a.), publicada en la Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, abril de dos mil quince, página mil ochocientos treinta, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ?????????????? 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 1, 3, 68, 71, 108, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se elaborará la versión pública de esta sentencia; asimismo, dígaseles que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de los datos sensibles que en su caso pueda contener, asimismo, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. Que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes de que se dicte sentencia; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que existan en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8 del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Saúl Martínez Lira, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Bernabé Vázquez Pérez, secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe.
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"... En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por ***. ."
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