Federico Paulsen Moral y Otros.
Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2021
Partes del expediente
- Federico Paulsen Moral y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de once de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la Secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, once de junio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ***************, por su propio derecho; contra actos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Integración del expediente. Fórmese el expediente 670/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ************************, ya que -como se explicara más adelante- se actualizan una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: (.) En primer término debe precisarse que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable ".La negativa por parte de la autoridad señalada como responsable de dar contestación a la petición formulada el pasado 15 de marzo de 2021, hecha por los suscritos con relación al tratamiento y explotación que se le da al alga marina conocida como "sargazo" en las playas de Quintana Roo, Chetumal.". Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda y anexos que se acompañan, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 8 Constitucional y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el escrito de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "8o. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que e´sta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Republica. --- A toda petición deberá´ recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: (.) Ahora bien, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así´ de alguna disposición de la citada Ley o bien a los que prevé´ la Carta Magna. Por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) esta´ obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así´ atender el mandato de la ley fundamental, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) La petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa; y c) La autoridad a quien se dirigió´ debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Como se advierte, el precepto constitucional transcrito otorga a todo gobernado el derecho fundamental consistente en que a toda petición por escrito que se formule a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacífica y respetuosa, deberá´ recaer un acuerdo también por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quienes además están obligadas a dar contestación a cada una de las peticiones que se le formulen, con la obligación de hacerle saber en breve término al gobernado el acuerdo recaído a aquellas. (.) Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa aparentemente, presentó un escrito el quince de marzo de dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable, sin que a la fecha se le haya contestado. Como se dijo, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque esta´ limitado en materia política a los ciudadanos de la Repu´blica. La petición debe formularse de manera paci´fica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, adema´s de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve te´rmino, entendie´ndose por e´ste el que racionalmente se requiera para estudiar la peticio´n y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de peticio´n no constrin~e a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que esta´ en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolucio´n debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que sen~alo´ para tales efectos. (.) Ahora, si bien es cierto el arti´culo 8° de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el nu´mero de di´as en que debe darse contestacio´n a todo ocursante o peticionario, la expresio´n usada por el constituyente "en breve te´rmino" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la peticio´n, acordarla y notificarla. Por lo que, en el caso, resulta improcedente pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentacio´n del supuesto escrito de la peticio´n y la promocio´n del amparo. Resulta conveniente destacar que el arti´culo 8o constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de peticio´n, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo pa´rrafo se limita a sen~alar que el acuerdo recai´do a la peticio´n debera´ hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve te´rmino", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinicio´n, los Tribunales de la Federacio´n han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la peticio´n. (.) De conformidad con lo anterior, se estima que el hecho de que en el a´mbito juri´dico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8o constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusio´n de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrara´ determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilacio´n en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta u´til atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situacio´n que regula el arti´culo 8° de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una peticio´n en las condiciones establecidas en dicho precepto, le de´ respuesta en un breve te´rmino, guarda una relacio´n de similaridad con la referida al tiempo de resolucio´n de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo gene´rico para el cumplimiento de la obligacio´n de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias especi´ficas de cada caso. Adema´s, la interpretacio´n del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolucio´n de los tiempos y las condiciones actuales de vida, como por ejemplo la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19; por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aque´llos, sino que se robustece con la interpretacio´n evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como inte´rpretes u´ltimos de sus normas fundamentales, asi´ como con la interpretacio´n que hagan los organismos internacionales, inte´rpretes autorizados en relacio´n con tratados especi´ficos, en una relacio´n diale´ctica. (.) Entonces, por los razonamientos vertidos, como se adelanto´, de una interpretacio´n progresiva el silencio de la autoridad se encontrara´ determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilacio´n en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta u´til atender al concepto de "plazo razonable". Precisado lo anterior, si la parte quejosa dirigio´ su peticio´n ante la autoridad responsable la cual aduce fue solicitada el quince de marzo del año en curso, en tanto que la demanda de amparo fue recibida el ocho de junio de dos mil veintiuno en este Juzgado de Distrito, es evidente que no ha transcurrido un te´rmino razonable a efecto de que las autoridades den contestacio´n a su escrito de peticio´n; por tanto, se considera que el breve te´rmino a que alude el arti´culo 8° constitucional, aun no transcurre, ello en razo´n de que para establecer la omisio´n a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias especi´ficas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad te´cnica, juri´dica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su peticio´n, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" antes descrito. (.) De ahi´ que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fraccio´n XXIII en el arti´culo 61, de la Ley de Amparo, en relacio´n con el diverso numeral 8, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por **************** Representante común. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común a ****************, por así haberse solicitado. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la totalidad de personas que menciona, por no tener sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Al igual, téngase por señalado el teléfono y correo electrónico que se proporciona, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya lugar a tener éste para oír y recibir notificaciones, en razón de que no cumple con los requisitos para las notificaciones electrónicas, en atención a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de la Secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
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