Federico Pagola Valencia
Expediente 785/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Federico Pagola Valencia
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós -por el cual se desechó la demanda de amparo- ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Federico Pagola Valencia, contra actos de la 1. Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 785/2022-V en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, contenida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El diverso 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que el Juicio de Amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte: 1. El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el aquí quejoso Federico Pagola Valencia presentó demanda laboral ante la Junta señalada como responsable, demandando a Ferrocarriles Nacionales de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, las prestaciones ahí indicadas. Fue radicado bajo el número 453/2017. 2. El juicio fue seguido en todas sus etapas. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Junta dictó el laudo correspondiente. 3. El veinte de septiembre siguiente, el aquí impetrante promovió demanda de amparo directo contra el referido laudo. 4. El catorce de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, dictó sentencia dentro de los autos del amparo directo 1139/2019 de su índice. 5. En dicho asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta responsable repusiera el procedimiento, dejando insubsistente todo lo actuado a partir de la fecha del auto de radicación (tres de abril de dos mil diecisiete). 6. Derivado de ello, la Junta responsable señaló fecha a efecto de que se celebrara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y pruebas y dictar la resolución correspondiente. 7. La misma, se ha diferido en diversas ocasiones. 8. El treinta de agosto de la presente anualidad la audiencia de mérito fue suspendida fijando como nueva fecha para su celebración el trece de enero de dos mil veintitrés. Siendo éste su reclamo en esta instancia constitucional. Así se tiene que el acto que en esta vía se combate [identificado previamente en el punto 8], no es de imposible reparación, en razón que constituye una violación procedimental en términos de las fracciones VI, XI y XII, del numeral 172 de la Ley de Amparo, al haberse señalado fecha [trece de enero de dos mil veintitrés] para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y pruebas, excediendo los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Cuestión que estaría subsanada o no le depararía perjuicio en el caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo. A mayor abundamiento, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En relación con esto, se atiende al diverso 77 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia." Como se indicó, el acto reclamado se constriñe a la dilación procesal relativa a que la Junta responsable fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el trece de enero de dos mil veintitrés. Lo cual considera el quejoso pone en manifiesto la dilación con que señaló la fecha de audiencia en cuestión. Sin embargo, se estima actualizada la causal de improcedencia antes señalada de forma indudable y manifiesta por las razones siguientes: El Juicio de Amparo, tratándose de actos positivos, como en el caso -ya que la autoridad responsable emitió un acuerdo que el promovente tilda de inconstitucional- tiene como finalidad restituir al quejoso en pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. De modo que con la demanda de amparo el impetrante de amparo pretende obtener la concesión del amparo, que tendría por efecto que la Junta responsable deje insubsistente el acuerdo dictado el treinta de agosto del presente año [en el que se señaló como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el trece de enero de dos mil veintitrés] y, por vía de consecuencia, dicte otro en el que señalara una fecha más cercana a la antes establecida. Bajo ese tenor, se considera actualizada la improcedencia del presente juicio, dado el lapso que implica su tramitación, debido a que si bien es cierto el quejoso podría obtener sentencia favorable a sus intereses en esta instancia, no sería posible restituirla en el pleno goce del derecho humano violentado. Esto es así, atendiendo a que para la tramitación de un juicio de amparo como el que se propone, se deben tomar en consideración los plazos establecidos en la Ley de Amparo para su sustanciación y resolución, a saber, quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, más ocho días de la vista a las partes con dicho informe (en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo). Se debe también emplazar a la parte tercera interesada (contraparte en la contienda natural). Integrada la relación jurídica procesal se deberá celebrar la audiencia constitucional, en cuyo caso, pudiera dictarse en esa misma fecha la sentencia, como esperar un lapso para ello -dadas las cargas de trabajo normales de los juzgados de Distrito-. Aunado a diez días hábiles más contados a partir de la notificación de la sentencia para declararla ejecutoria. Resolución de primera instancia en amparo que, no se deja de mencionar, es susceptible de ser recurrida por las partes legitimadas mediante recurso de revisión cuya tramitación por ley conlleva un plazo aproximado de noventa días. Una vez ejecutoriado el fallo procede requerir su cumplimiento. Para ello, se concederían tres días, contados a partir de su notificación. Para posteriormente, dar vista a las partes con el cumplimiento otorgando para ello, otros tres días. Como resultado de la suma de los plazos señalados, se obtiene que, en promedio, el trámite de un juicio de amparo puede llevar de tres a seis meses -si solo se??????????? abre una o las dos instancias, respectivamente, y no se presentan eventualidades que pudieran trascender a su curso normal, como dificultad para emplazar a las partes, preparación y desahogo de pruebas, etcétera-. De ahí que, solo después de que este órgano jurisdiccional declarara cumplida una hipotética sentencia amparadora, la Junta responsable estaría en condiciones de citar a las partes para celebrar la referida audiencia. De modo que este órgano estima la citada causa se actualiza de manera notoria e indudable, al no poderse materializar los fines del juicio de amparo, dado el tiempo que dura la tramitación del mismo y la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y pruebas, fijada en el juicio laboral 453/2017 del índice de la junta responsable, ya que resulta jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estima violado [dilación en la fijación de la fecha señalada para la audiencia de que se trata]. No siendo ocioso señalar las excesivas cargas de trabajo existentes en las Juntas laborales que han sido reconocidos en criterios del más Alto Tribunal de la Nación. Se estima aplicable, por las razones que expone, el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, Materias: Común y Laboral, emitido en esta Décima Época por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019 Tomo II, página: 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Del mismo modo, se estima aplicable, por las razones que expone, la tesis jurisprudencial 1a./J. 46/2012 (10a.), con registro 2001334, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia: común, publicada en esta Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 1, página: 363, de contenido siguiente: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en las causales de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que en opinión de quien esto resuelve no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. No es ocioso mencionar, la parte quejosa también pretenda esbozar su demanda fijando como reclamo la omisión de dar cumplimiento a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, Veracruz, dentro del amparo directo 1139/2019 de su índice. De la certificación secretarial que antecede se evidencia mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el órgano colegiado de referencia declaró cumplido el fallo constitucional y, posteriormente, en auto de veinticuatro de agosto de ese mismo año se ordenó su archivo definitivo. Al margen que dicho planteamiento pudiera actualizar diversa causal de improcedencia [establecida en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo]. Pero al tratarse de un tema de amparo directo no podría ser un Juzgado de Distrito quien calificará esa situación. En todo caso, cualquier dolencia relacionada con lo que se considere un indebido cumplimiento de dicho sumario sería solo dirimible a través de medios de defensa dentro de ese propio juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de Derechos Humanos por su notoria improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda. AUTORIZADOS. Se autorizan en términos amplios del ordinal 12 de la Ley reglamentaria a Saudhy Zareth Pagola Cruz y Gabriel Prieto Cosío, al ser el promovente del amparo parte trabajadora en el juicio de origen. Únicamente se tienen para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de actuaciones a Tania Ivett Ramón Colorado, Celia Cruz Lepe y Rosa Carmina Pagola Cruz, por así haberse solicitado expresamente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha Ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos (uso de medios electrónicos y expedición de copias) se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Federico Pagola Valencia, contra actos de la 1. Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 785/2022-V en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, contenida en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El diverso 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que el Juicio de Amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte: 1. El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el aquí quejoso Federico Pagola Valencia presentó demanda laboral ante la Junta señalada como responsable, demandando a Ferrocarriles Nacionales de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, las prestaciones ahí indicadas. Fue radicado bajo el número 453/2017. 2. El juicio fue seguido en todas sus etapas. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Junta dictó el laudo correspondiente. 3. El veinte de septiembre siguiente, el aquí impetrante promovió demanda de amparo directo contra el referido laudo. 4. El catorce de febrero de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, dictó sentencia dentro de los autos del amparo directo 1139/2019 de su índice. 5. En dicho asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta responsable repusiera el procedimiento, dejando insubsistente todo lo actuado a partir de la fecha del auto de radicación (tres de abril de dos mil diecisiete). 6. Derivado de ello, la Junta responsable señaló fecha a efecto de que se celebrara la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y pruebas y dictar la resolución correspondiente. 7. La misma, se ha diferido en diversas ocasiones. 8. El treinta de agosto de la presente anualidad la audiencia de mérito fue suspendida fijando como nueva fecha para su celebración el trece de enero de dos mil veintitrés. Siendo éste su reclamo en esta instancia constitucional. Así se tiene que el acto que en esta vía se combate [identificado previamente en el punto 8], no es de imposible reparación, en razón que constituye una violación procedimental en términos de las fracciones VI, XI y XII, del numeral 172 de la Ley de Amparo, al haberse señalado fecha [trece de enero de dos mil veintitrés] para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y pruebas, excediendo los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Cuestión que estaría subsanada o no le depararía perjuicio en el caso de obtener sentencia favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo. A mayor abundamiento, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En relación con esto, se atiende al diverso 77 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia." Como se indicó, el acto reclamado se constriñe a la dilación procesal relativa a que la Junta responsable fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el trece de enero de dos mil veintitrés. Lo cual considera el quejoso pone en manifiesto la dilación con que señaló la fecha de audiencia en cuestión. Sin embargo, se estima actualizada la causal de improcedencia antes señalada de forma indudable y manifiesta por las razones siguientes: El Juicio de Amparo, tratándose de actos positivos, como en el caso -ya que la autoridad responsable emitió un acuerdo que el promovente tilda de inconstitucional- tiene como finalidad restituir al quejoso en pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. De modo que con la demanda de amparo el impetrante de amparo pretende obtener la concesión del amparo, que tendría por efecto que la Junta responsable deje insubsistente el acuerdo dictado el treinta de agosto del presente año [en el que se señaló como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el trece de enero de dos mil veintitrés] y, por vía de consecuencia, dicte otro en el que señalara una fecha más cercana a la antes establecida. Bajo ese tenor, se considera actualizada la improcedencia del presente juicio, dado el lapso que implica su tramitación, debido a que si bien es cierto el quejoso podría obtener sentencia favorable a sus intereses en esta instancia, no sería posible restituirla en el pleno goce del derecho humano violentado. Esto es así, atendiendo a que para la tramitación de un juicio de amparo como el que se propone, se deben tomar en consideración los plazos establecidos en la Ley de Amparo para su sustanciación y resolución, a saber, quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, más ocho días de la vista a las partes con dicho informe (en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo). Se debe también emplazar a la parte tercera interesada (contraparte en la contienda natural). Integrada la relación jurídica procesal se deberá celebrar la audiencia constitucional, en cuyo caso, pudiera dictarse en esa misma fecha la sentencia, como esperar un lapso para ello -dadas las cargas de trabajo normales de los juzgados de Distrito-. Aunado a diez días hábiles más contados a partir de la notificación de la sentencia para declararla ejecutoria. Resolución de primera instancia en amparo que, no se deja de mencionar, es susceptible de ser recurrida por las partes legitimadas mediante recurso de revisión cuya tramitación por ley conlleva un plazo aproximado de noventa días. Una vez ejecutoriado el fallo procede requerir su cumplimiento. Para ello, se concederían tres días, contados a partir de su notificación. Para posteriormente, dar vista a las partes con el cumplimiento otorgando para ello, otros tres días. Como resultado de la suma de los plazos señalados, se obtiene que, en promedio, el trámite de un juicio de amparo puede llevar de tres a seis meses -si solo se??????????? abre una o las dos instancias, respectivamente, y no se presentan eventualidades que pudieran trascender a su curso normal, como dificultad para emplazar a las partes, preparación y desahogo de pruebas, etcétera-. De ahí que, solo después de que este órgano jurisdiccional declarara cumplida una hipotética sentencia amparadora, la Junta responsable estaría en condiciones de citar a las partes para celebrar la referida audiencia. De modo que este órgano estima la citada causa se actualiza de manera notoria e indudable, al no poderse materializar los fines del juicio de amparo, dado el tiempo que dura la tramitación del mismo y la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y pruebas, fijada en el juicio laboral 453/2017 del índice de la junta responsable, ya que resulta jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que estima violado [dilación en la fijación de la fecha señalada para la audiencia de que se trata]. No siendo ocioso señalar las excesivas cargas de trabajo existentes en las Juntas laborales que han sido reconocidos en criterios del más Alto Tribunal de la Nación. Se estima aplicable, por las razones que expone, el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, Materias: Común y Laboral, emitido en esta Décima Época por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019 Tomo II, página: 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Del mismo modo, se estima aplicable, por las razones que expone, la tesis jurisprudencial 1a./J. 46/2012 (10a.), con registro 2001334, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia: común, publicada en esta Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Libro XI, Agosto de 2012 Tomo 1, página: 363, de contenido siguiente: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en las causales de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que en opinión de quien esto resuelve no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. No es ocioso mencionar, la parte quejosa también pretenda esbozar su demanda fijando como reclamo la omisión de dar cumplimiento a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, Veracruz, dentro del amparo directo 1139/2019 de su índice. De la certificación secretarial que antecede se evidencia mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, el órgano colegiado de referencia declaró cumplido el fallo constitucional y, posteriormente, en auto de veinticuatro de agosto de ese mismo año se ordenó su archivo definitivo. Al margen que dicho planteamiento pudiera actualizar diversa causal de improcedencia [establecida en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo]. Pero al tratarse de un tema de amparo directo no podría ser un Juzgado de Distrito quien calificará esa situación. En todo caso, cualquier dolencia relacionada con lo que se considere un indebido cumplimiento de dicho sumario sería solo dirimible a través de medios de defensa dentro de ese propio juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de Derechos Humanos por su notoria improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda. AUTORIZADOS. Se autorizan en términos amplios del ordinal 12 de la Ley reglamentaria a Saudhy Zareth Pagola Cruz y Gabriel Prieto Cosío, al ser el promovente del amparo parte trabajadora en el juicio de origen. Únicamente se tienen para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de actuaciones a Tania Ivett Ramón Colorado, Celia Cruz Lepe y Rosa Carmina Pagola Cruz, por así haberse solicitado expresamente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha Ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos (uso de medios electrónicos y expedición de copias) se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación.
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