Federico Mendoza Franco
Expediente 461/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Federico Mendoza Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 1265/2015, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña, atento su contenido, se provee: Téngasele devolviendo debidamente diligenciado el despacho 166/2015, del índice de este Juzgado, sin decretar providencia alguna en relación con el mismo, atento a que mediante auto de diez de agosto del año en curso, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente asunto, y como se asentó en dicho auto, la referida determinación no le produce agravio alguno. Con independencia de ello, acúsese recibo del despacho de cuenta y dése de baja en Libro de Gobierno correspondiente, para los efectos estadísticos y legales proceden.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veintidós de julio del año en curso (fojas 99 a 103), mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, le transcurrió del veintisiete de julio al siete de agosto del año en curso, con exclusión de los días uno y dos de agosto de este año, por ser inhábiles. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de dicha determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es:(...) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos, la razón de la Actuaria de la adscripción de veinticuatro de julio del año en curso, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado Víctor Manuel López Garza, el proveído de veintidós de julio del presente año, por las razone expuestas en la misma. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obran agregadas las constancias relativas al despacho 166/2015, que fue enviado al Juez de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con el objeto de emplazar a juicio al tercero interesado Víctor Manuel López Garza, y además se le requirió que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; no obstante el requerimiento que le fue realizado en acuerdo de catorce de julio del año en curso, mediante el oficio 18488/PF, ni la tarjeta postal acuse de recibo correspondiente; por tanto, se reserva la notificación de que se trata a dicha parte, hasta en tanto se tenga por recibido el despacho de mérito.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 440/2015, signado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual informa que en los autos del juicio laboral 230/2014, promovido por el aquí quejoso Ricardo Flores Martínez, en contra de Víctor Manuel López Garza, el proyecto de laudo de veinticuatro de junio del año en curso, ha sido elevado a la categoría de laudo, el catorce de julio de este año, adjuntando copia debidamente certificada del laudo correspondiente. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dos de junio del año en curso, Federico Mendoza Franco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado siguiente: La violación a mi garantía de justicia pronta y expedita y la Omisión, demora y/o retraso de la Autoridad Responsable de dictar el Laudo que en derecho corresponda dentro de los autos del Juicio Laboral 230/2014 promovido por el suscrito Federico Mendoza Franco en contra de el C. Víctor Manuel López Garza, omisión ésta que constituye una Violación directa a la Garantía Individual de Justicia Pronta y expedita prevista por el artículo 17 Constitucional Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las constancias que adjuntó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que al oficio número 440/2015, que remitió la autoridad antes referida, se adjuntó copia certificada del laudo dictado el catorce de julio del año en curso, en los autos del expediente laboral 230/2014, del que deriva el acto reclamado. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En efecto, la parte quejosa reclamó la omisión, demora y/o retraso de la autoridad responsable de dictar el laudo dentro de los autos del Juicio Laboral 230/2014. En el caso, de las constancias que en copia certificada remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte que en los autos del juicio laboral 230/2014, el proyecto de laudo de veinticuatro de junio de este año, fue elevado a la categoría de laudo, el catorce de julio del presente año, adjuntando copia debidamente certificada del laudo respectivo; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para doce horas con cuarenta minutos del trece de agosto de dos mil quince. Finalmente, es conveniente precisar que por auto de tres de junio de dos mil quince, se les hizo saber a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, también que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada Ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes, sin que se hayan pronunciado al respecto.
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