Federico Mayorga Villanueva
Expediente 607/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 26 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 04/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Federico Mayorga Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 607/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el catorce de junio de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, devuélvase el anexo I a la ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE MORELOS "1", en virtud de las constancias remitidas en su informe justificado; asimismo, devuélvanse los anexos II y III a la Sala Regional de Morelos del Tribunal federal de Justicia Administrativa, ya que envió diversas constancias en el presente juicio; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio proveniente de la autoridad responsable Banco del Bajío, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, mediante el cual informa lo siguiente en relación a la cuenta bancaria número 210788600201 a nombre de FEDERICO MAYORGA VILLANUEVA: Presenta un saldo de $76,446.13 (setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 13/100 moneda nacional), por lo que no alcanza a cubrir el monto embargado y en consecuencia, no existe saldo a liberar. Se abstiene de adjudicar o transferir recursos a la autoridad exactora. Se abstiene de entregar al quejoso el recurso de la cuenta. Una vez que se cuente con saldo excedente a la cantidad $76,446.13 (setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 13/100 moneda nacional), embargada por la autoridad, se le permitirá al quejoso la movilidad y uso de excedente. Asimismo, manifiesta que no procede el presente juicio de amparo en su contra en virtud de que no le reviste el carácter de autoridad responsable, en virtud de que no se cumplen los extremos señalados en la fracción II del artículo 5 de la Ley de la materia. En atención a su petición, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud de que dichas alegaciones por su naturaleza están encaminadas a cuestiones relativas al fondo del asunto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 607/2019-IV, promovido por FEDERICO MAYORGA VILLANUEVA y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el seis de mayo siguiente a este Juzgado, FEDERICO MAYORGA VILLANUEVA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las siguientes autoridades: Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1". Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1". Banco del Bajío, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De quienes reclama los siguientes actos: "1.- La emisión de mandamiento escrito o verbal con la finalidad de congelar, es decir, paralizar cualquier movimiento que se relacione con la cuenta bancaria del quejoso número 210788600201 con número de cliente 21078860 de la Institución denominada Banco del Bajío, S.A., Institución de banca múltiple. 2.- El dictarse el mandamiento escrito a que se hace referencia fuera del procedimiento administrativo de ejecución, que se encuentra regulado en los artículos 145, 151, 152 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de congelar, es decir, paralizar cualquier movimiento que se relacione con la cuenta del quejoso descritas en el inciso anterior, así como todas las demás cuentas de inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos en que fuere fideicomitente o fideicomisario, incluyendo todo saldo a favor por cualquier concepto" (sic). SEGUNDO. Por acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo registrándose con el número 607/2019-IV, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Por auto de treinta de mayo del año en curso de tuvo a la parte quejosa por desistida de la autoridad responsable "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" y de los actos a ella reclamados. Se continuó con la substanciación del juicio, se inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa lo que la parte quejosa reclama: La orden de inmovilización contenida en el oficio 400-40-00-02-02-2019-02324, signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", de la cuenta bancaria 21078860 del Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, a nombre del quejoso, hasta por la cantidad de $76,781.00 (SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) relativa a las resoluciones determinantes: a) 190901175160095C28056 de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, b) 191012165065231C28056 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete c) 500-39-00-06-01-2017-05996 de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, y d) 500-39-00-06-02-2017-09170 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, las dos primeras emitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" y las dos últimas por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1". TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal Morelos "1", toda vez que al rendir el informe justificado así lo manifestó, sin que el quejoso hubiese desvirtuado la negativa de dicha autoridad responsable. Máxime que como se establecerá más adelante, el acto reclamado fue emitido y ejecutado por diversas autoridades responsables. En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio por cuanto a la referida autoridad responsable. CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", toda vez que así lo manifestó en el informe justificado que rindió, lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas de la orden de inmovilización reclamada y de las resoluciones determinantes que la sustentan (anexo I). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que se trata de documentos públicos. De igual forma, son ciertos los actos de ejecución reclamados a Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal orden de ideas se considera que no procede entrar al estudio del fondo del asunto, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, éste aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, por no poderse concretar los efectos del amparo. Las disposiciones legales invocadas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo" Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho..." El primero de los dispositivos legales contempla los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 77 de la Ley de Amparo prevé que los efectos jurídicos de la sentencia definitiva que se pronuncie concediendo el amparo: cuando el acto reclamado sea de carácter positivo consistirá en que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de ahí que, para la procedencia del mismo es indispensable que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, página: 9, materia Común del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien, se afirma que en el presente juicio de garantía se actualiza la causal de improcedencia explicada en los párrafos que anteceden por lo siguiente: Como se precisó el quejoso reclama un acto de carácter positivo como lo es la orden de inmovilización contenida en el oficio 400-40-00-02-02-2019-02324 signada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", de la cuenta bancaria 21078860 del Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del quejoso, hasta por la cantidad de $76,781.00 (SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). Por tanto, si la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, el efecto del amparo, en caso de resultar fundado algún concepto de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo antes transcrito, sería restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, levantando el aseguramiento decretado restituyendo a la parte quejosa en el derecho que se le afectó al no poder disponer del numerario contenido en dicha cuenta bancaria. Sin embargo, se estima que no sería factible restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, lo que impediría concretar en favor de la quejosa los efectos de la protección federal en los términos del citado precepto, en razón de que la orden de inmovilización reclamada deriva de las resoluciones determinantes: a) 190901175160095C28056 de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. b) 191012165065231C28056 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. c) 500-39-00-06-01-2017-05996 de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y, d) 500-39-00-06-02-2017-09170 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Las dos primeras emitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" y las dos últimas por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1". Luego, de las copias certificadas remitidas por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de los juicios 755/2019-24-01-01 y 756/19-24-01-2, promovidos por Federico Mayorga Villanueva se desprenden los siguientes datos relevantes: Juicio 755/2019-24-01-01: I.- Federico Mayorga Villanueva el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, demandó la nulidad de las determinaciones de los créditos fiscales 1) 190901175160095C28056 de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete 2) 191012165065231C28056 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. 3) Mandamientos de Ejecución de uno de abril de dos mil diecinueve. 4) Acta de requerimiento de pago y embargo practicada el diez de abril de dos mil diecinueve. II.- Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la Magistrada Instructora, desechó la demanda de nulidad interpuesto por cuanto a los actos de ejecución y la admitió por cuanto a los créditos fiscales impugnados. III.- En el incidente de suspensión abierto por cuerda separada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión para el efecto de que se levantara el embargo coactivo respecto de las cuentas bancarias abiertas a nombre del accionante, aquí quejoso, (entre las que se encuentra la cuenta 2107878860 de Banco del Bajío ) en virtud de que el interés fiscal se encontraba garantizado con el embargo coactivo del bien inmueble practicado el uno de abril de dos mil diecinueve (Anexo III). Juicio 756/19-24-01-2: I.- Federico Mayorga Villanueva el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, demandó la nulidad de las determinaciones de los créditos fiscales 1) 500-39-00-06-01-2017-05996 de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete y, 2) 500-39-00-06-02-2017-09170 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. 3) Mandamientos de Ejecución de uno de abril de dos mil diecinueve. 4) Acta de requerimiento de pago y embargo practicada el diez de abril de dos mil diecinueve. II.- Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la Magistrada Instructora, desechó la demanda de nulidad interpuesto por cuanto a los actos de ejecución y la admitió por cuanto a los créditos fiscales impugnados (anexo II). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que se trata de documentos públicos. De lo anterior, queda en evidencia que las determinaciones de los créditos fiscales que son el origen de la orden de inmovilización contenida en el oficio 400-40-00-02-02-2019-02324 signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos "1", de la cuenta bancaria 21078860 del Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple a nombre del quejoso, hasta por la cantidad de $76,781.00 (SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), son objeto de impugnación ante la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los juicios 755/2019-24-01-01 y 756/19-24-01-2, en los cuales, incluso, puede tener como consecuencia que se nulifiquen dichos créditos fiscales o bien, se modifique la situación jurídica respecto de éstos y por consecuencia de los actos que derivaron, como lo es la orden de inmovilización aquí reclamada; ello es así, pues como se relató, incluso ya se otorgó la suspensión en el referido controvertido 755/2019, para el efecto de levantar el embargo coactivo ejecutado en la cuenta bancaria de que se trata en éste juicio, precisamente bajo la premisa alegada en el controvertido constitucional respecto a que los créditos fiscales ya estaban garantizados con diverso embargo ejecutado el uno de abril de dos mil diecinueve. Lo que pone en evidencia que con motivo de la tramitación de los juicios de nulidad y la medida cautelar concedida no sería factible restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, lo que impediría concretar en favor de la quejosa los efectos de la protección federal en los términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, al ser evidente que los efectos reprochados al acto aquí reclamado ya están siendo abordados en los juicios de nulidad indicados, al constituir la etapa ejecutiva de los créditos fiscales combatidos en vía jurisdiccional ordinaria. En efecto, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; por tanto para su procedencia es indispensable que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese orden de ideas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo, ello en virtud de que con motivo de la impugnación de los créditos fiscales a través de los juicios 755/2019-24-01-01 y 756/19-24-01-2 ante la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son el origen del acto reclamado en esta instancia constitucional, aún considerándose que los conceptos de violación que endereza contra la inmovilización reclamada fueran fundados, la sentencia protectora que se emitiera en este juicio constitucional, no tendría ninguna finalidad práctica, ya que lo que se determine en los juicios de nulidad modificaría el entorno jurídico respecto al acto reclamado en virtud de que, los medios de defensa (juicios de nulidad) que actualmente se encuentran en trámite, tienen como finalidad anular las determinaciones de los créditos fiscales que dieron origen a la orden de inmovilización reclamada, incluso de no obtener resolución favorable, se generaría, otro status procesal diverso al actual, por el que, no sería factible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos que estima vulnerados. Pues, incluso, como se indicó, el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, promovió los juicios de nulidad 755/2019 y 756/2019 y el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el incidente de suspensión del expediente 755/2019 se concedió la suspensión para el efecto de que se levantara el embargo coactivo respecto de las cuentas bancarias abiertas a nombre del accionante, aquí quejoso, (entre ellas la cuenta 2107878860 de Banco del Bajío) en virtud de que el interés fiscal se encontraba garantizado con el embargo coactivo del bien inmueble practicado el uno de abril de dos mil diecinueve, lo cual como se ha señalado modifica sustancialmente la situación jurídica que imperaba al momento de la presentación de la demanda al haberse decretado la aludida medida cautelar ordinaria y tornaría imposible restablecer al quejoso en el goce de sus derechos humanos que estima vulnerados sobre la base que ya existe un mandamiento de autoridad competente que en su jurisdicción ordenó el levantamiento del embargo aquí combatido, por lo que en caso de subsistir éste, el mismo constituirá una consecuencia a reclamar en la instancia indicada. Por lo expuesto, resulta claro que no es factible jurídicamente restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos que estima violados en su perjuicio a través de una sentencia concesoria de amparo, pues resulta evidente que contrario a lo que manifestó bajo protesta de decir verdad el acto por esta vía reclamado sí fue emitido en la etapa de ejecución del procedimiento administrativo en el que se le fincaron los citados créditos fiscales, que como se indicó, están siendo impugnados vía juicio de nulidad inclusive. Asimismo, se estima pertinente precisar que ha quedado acreditado que la inmovilización de la cuenta bancaria que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional forma parte del procedimiento administrativo de ejecución por lo que previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso debe agotar los medios ordinarios de defensa, ya que dicho acto puede ser impugnado en forma optativa a través del recurso de revocación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, o bien, a través del juicio contencioso administrativo. La anterior determinación encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2008718, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materias Común, Administrativa, página 1377 del rubro y texto siguientes: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, éste a contrario sensu, del propio ordenamiento legal, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento jurídico en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados al Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la determinación emitida por la autoridad ordenadora responsable. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por FEDERICO MAYORGA VILLANUEVA, respecto a los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo a cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy catorce de junio de dos mil diecinueve, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, once de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito proveniente de la autoridad responsable Banco del Bajío, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, mediante el cual informa que la cuenta bancaria número 210788600201 a nombre de FEDERICO MAYORGA VILLANUEVA se encuentra congelada por un saldo de $76,446.13 (setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 13/100 moneda nacional), por lo que no existe saldo para cubrir el monto embargado y en consecuencia, no existe saldo a liberar; asimismo, solicita se le haga del conocimiento una vez que el quejoso cumpla con el requisito de efectividad impuesto en la suspensión definitiva, es decir, cuando efectué el depósito relativo, y con ello, en su momento cumpla con lo determinado en dicha medida cautelar. Dígasele nuevamente a la autoridad oficiante que la suspensión definitiva de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, está vigente, es decir, están surtiendo sus efectos, toda vez que se concedió al quejoso en los términos en ella apuntados; sin que se haya impuesto garantía alguna. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable mencionada que este juzgado federal, en su caso, informará a las partes, si la medida cautelar deja de surtir sus efectos. De igual forma, infórmese a la autoridad Banco del Bajío, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, que de conformidad en el artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se advierte que el treinta y uno de mayo pasado se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, en la que se le fijaron diversos requisitos para que surta sus efectos; por tanto, en aras de una justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional, se comisiona al actuario adscrito para que notifique personalmente dicha determinación al impetrante, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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