Federico Manuel Gutiérrez Becerra

Expediente 969/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
969/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
25/11/2016

Partes del expediente

  • Federico Manuel Gutiérrez Becerra
  • Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, mediante el cual acusa recibo del oficio 37643/2016, al que se anexó el tomo de pruebas correspondiente a las constancias deducidas de la causa penal 94/2016-II, de su índice, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecinueve de octubre del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. ...

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el acta de emplazamiento realizada a la tercero interesada Gloria Rueda Rodríguez, de la que se advierte que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, se tiene como tal el ubicado en calle Malpica número 25, colonia Costa Azul de esta ciudad. Ahora bien, del estado de los autos se aprecia que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, determinación que se ordenó notificar personalmente a las partes; en consecuencia, con copia de dicho acuerdo proceda el actuario relativo a notificar de manera personal a la nombrada tercero interesada.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio del Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, con el que remite copias fotostáticas certificadas deducidas de la causa penal 94/2016-II, de las que se advierte que el diecisiete de octubre dos mil dieciséis, dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso Federico Manuel Gutiérrez Becerra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones, en agravio de Gloria Rueda Rodríguez. Tal documento cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en el caso, es evidente que cambió la situación jurídica del promovente del amparo respecto a la orden de aprehensión reclamada; por consiguiente, al actualizarse, en el caso, de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo procedente, es sobreseer el juicio en términos de dicho numeral, en base a las siguientes consideraciones. La parte quejosa en esta instancia constitucional reclamó lo siguiente: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras la ilegal ORDEN DE APREHENSIÓN, girada en mi contra y de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo la EJECUCIÓN Y SU CUMPLIMIENTO, que pretendan darle a la orden de aprehensión girada en mi contra la cual no tiene fundamento legal, dado que sin haber cometido delito alguno se me pretenda privar de mi libertad, y probablemente imputarme hechos delictuosos que no he cometido, de ahí que los actos reclamados vulneran totalmente las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como mis derechos humanos que prevén los preceptos constitucionales que se precisan en esta demanda." Asimismo, de las constancias de autos se advierte lo siguiente: 1.- El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, el juez responsable libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso, por el delito de lesiones cometido en agravio de Gloria Rueda Rodríguez, dentro de la causa penal 94/2016-II. 2.- Posteriormente, previos los trámites de ley, el diecisiete de octubre de esta anualidad, el Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, dictó auto de formal prisión contra Federico Manuel Gutiérrez Becerra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito especificado en el párrafo que antecede. Por tanto, es evidente que ha cambiado la situación jurídica del quejoso, actualizándose la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la ley de mérito, por lo que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la citada ley, toda vez que se actualiza en la especie una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que ningún elemento de prueba puede desvirtuar. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo décimo séptimo, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo séptimo, junio de dos mil ocho, materia penal, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Se hace extensivo el sobreseimiento decretado a las autoridades ejecutoras, por no combatirse por vicios propios; tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito consultable en la página doscientos ochenta y seis, volumen noventa y uno y noventa y seis, sexta parte del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia común, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del tres de noviembre de dos mil dieciséis. Cabe señalar que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Por su parte, el numeral 93, fracciones I a III, de esa ley dispone: "al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; por consiguiente, si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia." Ahora bien, de la interpretación sistemática de esos preceptos se advierte que ambos coinciden en cuanto a las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, es decir, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, esto es, el Juez de Distrito; por tanto, si éste -de oficio o a petición de alguna de las partes-, tuvo por actualizada una causal de improcedencia y, como consecuencia, decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, la parte afectada tiene oportunidad de impugnar dicha resolución mediante el recurso de revisión, para que el Tribunal Colegiado de Circuito examine, a la luz de los agravios correspondientes, los razonamientos en que se basó el a quo para sobreseer en el juicio, por lo que el recurrente no queda en estado de indefensión, pues si el sobreseimiento es correcto tendrá que confirmarse la sentencia recurrida o, de lo contrario, se dejará insubsistente para proceder con el estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o.T. J/1 (10a.), publicada el viernes diez de octubre de dos mil catorce, identificada con el número de registro 2007628, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

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