Federico Madrazo Hassey
Expediente 4/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Federico Madrazo Hassey
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 09/marzo/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que no amparó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, incisos b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, (ampliación), de la sentencia y de la ejecutoria correspondiente. Habida cuenta que este órgano jurisdiccional considera la inexistencia de relevancia documental para el cual deban conservarse, lo anterior para los efectos legales procedentes. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que existan documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el artículo 18, segundo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a disposición de la parte quejosa dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Ahora, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren suspendidas sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día que las reanuden, entregue el oficio sin necesidad de ulterior acuerdo; mismo, que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sea entregado a su receptora. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión del Secretario Arturo Hernández Albores, que autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.".
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PERSONAL. ...se declara que la citada sentencia en la que no amparó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y en caso de que existan documentos originales exhibidos por la parte quejosa; se ponen a disposición...
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de fecha 08/enero/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso o citatorio que se dejó en su domicilio. Sentencia cuyo contenido es: "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 4/2020, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de la Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado el dos de enero de dos mil veinte a este órgano jurisdiccional, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se indica: Autoridad Responsable - Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Acto Reclamado- El acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en respuesta al escrito de petición presentado ante la responsable el veintiséis de septiembre de ese mismo año. SEGUNDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. DESECHAMIENTO. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desechó la demanda (folios 119 a 124).CUARTO. RECURSO DE QUEJA. Inconforme con aquella determinación, el promovente interpuso recurso de queja, respecto del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el número de toca QA-21/2020 (folios 129 y 145). El citado órgano colegiado, por ejecutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, declaró fundado el recurso de queja; por lo que, revocó el auto recurrido y ordenó a esta Juzgadora proveer sobre la admisión de la demanda (folios 148 a 161). QUINTO. ADMISIÓN. En estricto cumplimiento a dicha resolución, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por *** (folios 164 a 169); por lo que, se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, fijándose hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se atribuye a la Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, consistente en el acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve; puesto que, así lo reconoció al rendir su informe justificado. Siendo que, además, la existencia del acto reclamado queda probada con las constancias que exhibió la responsable en copia certificada, las cuales, al constituir una documental pública merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA INOPERANTES. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con la tesis de jurisprudencia número novecientos cuarenta, visible en la página mil quinientos treinta y ocho, de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos noventa y ocho, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, la autoridad responsa invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, argumentando que la respuesta en que se atendió la petición del quejoso, no le causa perjuicio. A su parecer, con el acuerdo reclamado se atendió de manera puntual lo solicitado en el escrito de petición, en satisfacción de las garantías consagradas en los artículos 8, 14 y 16 constitucionales. Tal causa de improcedencia es inoperante. Lo anterior, porque su análisis involucraría el estudio de fondo del asunto, en la medida en que precisamente la parte quejosa arguye, de manera sustancial, que la autoridad omitió dar contestación conforme a los lineamientos que establece el artículo 8° constitucional, en lo particular, refiere que aquella respuesta resulta incompleta e incongruente. En consecuencia, se puede advertir que entre ambos señalamientos existe una íntima relación, esto es, lo argüido por la responsable se encuentra inmerso y controvertido en los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, correspondiendo al fondo del asunto el determinar, en su caso, si la respuesta otorgada a su petición se encuentra ajustada a derecho o bien, si resulta contraria a sus derechos fundamentales; por tanto, lo procedente es desestimar dicha causa de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J.135/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 5, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." En diverso apartado, la autoridad responsable invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, señalando que la parte quejosa no expresa conceptos de violación para controvertir la constitucionalidad del acto reclamado. Pues, aun cuando refiere que no se le satisface en el ejercicio de su derecho de petición, no emite razonamiento alguno que demuestre que la contestación que emitió esa autoridad es incompleta e incongruente y que, con ello, se ven afectados sus derechos fundamentales. Es inoperante la causa de improcedencia que se hace valer, puesto que del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa expresa los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, señalando cuál es la lesión o agravio que estima le ocasiona o ha ocasionado tal actuación; argumentos que, con independencia de su idoneidad y eficiencia, resultan suficientes para que esta Juzgadora tenga por satisfecho el requisito previsto por el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Es atendible la jurisprudencia 2ª/J. 63/98, integrada por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización de advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, al imperar en la especie el principio de estricto derecho. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. El inconforme aduce, de manera sustancial, que la responsable contraviene el artículo 8° constitucional, puesto que omitió dar contestación a su escrito de ***. Sostiene, que aun cuando la responsable emitió el acuerdo de ***, pretendiendo dar respuesta a lo solicitado, lo cierto es que respecto a diez de los catorce cuestionamientos que formuló *** ha omitido dar una respuesta clara y congruente. A su parecer, la autoridad se limitó a responder de manera ambigua, evasiva, vaga e imprecisa, disfrazando una negativa a sus pretensiones e, incluso, transcribiendo las preguntas sin dar una contestación precisa a las mismas, en una flagrante violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales. Para determinar si asiste o no razón a la parte quejosa, resulta conveniente reiterar que el derecho de petición que consagra el artículo 8° constitucional contiene tres supuestos que deben observar las autoridades: a) Que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito. b) Que dicha contestación sea congruente con lo solicitado. c) Que la contestación respectiva se haga saber al peticionario en breve término. Como ya se dijo, la parte quejosa formuló una petición, en la cual, sustancialmente solicitó diversa información que identificó en los siguientes catorce puntos: "1.*** 2. *** 3. *** 4. *** 5. *** 6. *** 7. *** 8. *** 9. *** 10. *** 11. *** 12. *** 13. 14. ***. En atención a dicho ocurso, el entonces Director General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación emitió el acuerdo de ***, en el cual, luego de hacer la transcripción de cada uno de aquellos catorce puntos, comunicó al ahora quejoso lo siguiente... -En respuesta al cuestionamiento número 2, la autoridad indicó que... -En atención al cuestionamiento número 3, la autoridad precisó que... -En atención al cuestionamiento número 4, la responsable comunicó al interesado que... -En repuesta a su cuestionamiento número 5, la responsable dejó asentando que... -En respuesta a su cuestionamiento número 6, la autoridad administrativa informó que... -En contestación al cuestionamiento número 7, la responsable señaló que... - Respecto al cuestionamiento número 8, luego de transcribir el artículo 51 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la responsable precisó que.. - En respuesta al cuestionamiento número 9, respecto a si la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas proporcionó a la responsable copia del Convenio de ***, celebrado con la ***, la autoridad responsable informó al interesado que... -En atención al cuestionamiento número 10, explicó que... - En atención al cuestionamiento número 11, la autoridad responsable respondió que... -En respuesta al cuestionamiento número 12, la responsable señaló que... -Sobre los cuestionamientos 13 y 14, la responsable indicó que... Conforme a lo expuesto, a criterio de esta juzgadora la contestación recaída a la petición de la ahora quejosa es acorde no sólo a las exigencias del artículo 8° constitucional, sino también a los principios de legalidad y seguridad jurídica (congruencia, fundamentación y motivación) que consagran los artículos 14 y 16 de la propia Carta Magna. Lo anterior es así pues, contrario a lo que afirma el quejoso, la responsable se ocupó de dar respuesta a su petición; en lo sustancial, atendió a cada uno de los cuestionamientos que formuló respecto a las funciones de la Comisión de Carreras de Caballos y de Galgos, asociación civil, como Órgano Técnico de Consulta registrado ante la Secretaría de Gobernación; los alcances de aplicación de las Reglas Técnicas que dicha Comisión emitió para la operación y explotación de carreras de caballos, convenidas con Administradora Mexicana de Hipódromos, sociedad anónima de capital variable, la cual, a su vez cuenta con un permiso para la operación y explotación de carreras de caballos con cruce de apuestas en el Hipódromo de las Américas; explicando las razones del por qué ese convenio entre particulares no invade las atribuciones de la Dirección General de Juegos y Sorteos, sin estar obligadas las partes a hacer de su conocimiento el contrato de prestación de servicios; y, además, citó los preceptos legales que consideró aplicables Por consiguiente, es claro advertir que la autoridad responsable satisfizo los principios de congruencia, legalidad y seguridad jurídica, pues dio contestación a la quejosa, exponiendo las razones o motivos de la contestación que dio a cada una de sus inquietudes y citando los preceptos legales que sustentan su actuación; debiendo considerarse que, el derecho de petición, no implica que la autoridad esté obligada a proveer de conformidad con lo solicitado. Así lo explica la tesis XXI.1o.P.A. J/27, integrada por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Siendo igualmente atendible, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Luego, resulta inexacto el señalamiento que hace la parte quejosa en el sentido de que subsiste la omisión de obtener una respuesta en términos del artículo 8° constitucional, dado que la autoridad se ocupó de su pretensión (respondiendo cada uno de los catorce cuestionamientos), conforme a la motivación y fundamentación expuestas en el acuerdo reclamado. En sí, queda de manifiesto que la autoridad responsable, luego de transcribir las preguntas que formuló el ahora quejoso, procedió a emitir una respuesta directa sobre cada uno de los aspectos cuestionados. Sin que, en la especie, la parte quejosa haya formulado diverso concepto de violación a efecto de controvertir los argumentos expuestos por la responsable en cuanto al fondo; por lo que, esta Juzgadora se encuentra imposibilitada para efectuar un mayor pronunciamiento al respecto. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, se impone negar el amparo y protección federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** en contra de la autoridad y por el acto indicados en el resultando primero, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable, en términos del artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo. Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de la licenciada Grisel Ariana de la Cruz Cano Secretaria que autoriza y certifica que la presente sentencia, así como las constancias que integran el expediente, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico; lo anterior, hasta hoy ocho de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-".
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PERSONAL. ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a...
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