Federico Luna Serrano
Expediente 189/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/01/2019
Partes del expediente
- Federico Luna Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del AVISO de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte QUEJOSA, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de enero de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica, publicada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, que dice: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice... Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Estado en Ensenada, Baja California, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Federico Luna Serrano, la cual causara ejecutoria el tres de septiembre de dos mil dieciocho, data en la cual se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos: Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia será para que no se aplique al quejoso el contenido de los artículos 152, 153 y 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, así como en el diverso numeral 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y, en consecuencia, la autoridad que recaudó el Impuesto Adicional para la Educación Media y Superior, deberá devolver la cantidad pagada por ese concepto, contenida en los recibos de pago 31K1056, 31K1254 y 31K1253 de revalidación de placas y expedición de tarjeta de circulación de automóviles y camiones, enterados el veintitrés de marzo y dos de abril de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que, si bien la protección federal se concede contra las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Baja California, debe decirse que el cumplimiento del presente juicio recaerá, por lo pronto, en la autoridad que recaudó el impuesto, esta es el Recaudador Auxiliar de Rentas en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, pues respecto de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma, no es de exigirse cumplimiento especial alguno, ya que la concesión otorgada no tiene los alcances de ordenar a aquellas la formulación de una norma precisa para los quejosos, pues dicha facultad es propia de las mismas autoridades y no del Poder Judicial de la Federación. En atención al citado requerimiento, previa prórroga solicitada por el Recaudador Auxiliar de Rentas del Estado, con sede en esta ciudad, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 120 a 122), se recibió el oficio sin número, con el cual la referida autoridad responsable remitió copia del cheque 159686, expedido a favor del quejoso por la cantidad de $735.81 (setecientos treinta y cinco pesos 81/100 moneda nacional), así como el acta de entrega para que el aquí quejoso recogiera dicha garantía. Asimismo, mediante proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 128), en los mismos términos se requirió a la responsable y a la parte quejosa, para que informaran, por lo que hace a la primera si había hecho la entrega del cheque número 159686 y la quejosa si había recibido el mismo. Contestando la vista otorgada a la parte quejosa mediante escrito recibido ante este órgano jurisdiccional el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la que manifestó haber recogido la cantidad señalada. Y mediante oficio sin número, recibido el trece de noviembre de dos mil dieciocho, el Recaudador de Rentas del Estado en Ensenada, Baja California, informó que realizó la devolución a la parte quejosa, del cheque número 159686, por la cantidad de $735.81 (setecientos treinta y cinco pesos 81/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de la contribución del Impuesto Adicional para la Educación Media y Superior, que le fuera cobrado a la parte quejosa, la cual fue recibida de conformidad por el quejoso el veinticinco de septiembre del año en curso, según constancia que obra a foja 141 de autos; anexando copia certificado de los documentos para acreditar todo lo anterior. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, para que no se aplique al quejoso el contenido de los artículos 152, 153 y 154 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, así como en el diverso numeral 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, y que le fuera devuelta la cantidad que le fue cobrada por ese concepto; lo cual, como se vio, realizó el Recaudador de Rentas del Estado en Ensenada, Baja California; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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