Federico Lopez Flores

Expediente 508/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
508/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Federico Lopez Flores
  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Sede En Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables y al fiscal Federal adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 508/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Federico López Flores; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la Demanda. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Federico López Flores, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes precisados en el escrito de demanda. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A) ORDENADORAS. Tienen tal carácter, los CC. JUECES DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: ROSALVA ELENA ZARATE HERRERA, CARLOS GUILLERMO RAMIREZ RODRGUEZ; AARON HERNÁNDEZ CHINO; ROSA AURORA ESPEJEL PRADO; JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ; IDALIA ARCINIEGA ARIAS; ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO; ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ; MIRIAN HUERTA LECHUGA; MARIA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ; MAGALLY ESCAMILLA RODRIGUEZ. B) EJECUTORAS. Tienen tal carácter, los CC. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, FISCAL GENERAL METROPOLITANO; FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA; FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL; DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES; EL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN; DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN; todas estas, AUTORIDADES PERTENECIENTES A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Además, EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. C) DOBLE CARÁCTER. Tienen doble tanto de ordenadoras como ejecutoras, los C.C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, FISCAL GENERAL METROPOLITANO, FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA y FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL AUTORIDADES PERTENECIENTES A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio conocido en el Estado de Puebla. IV. ACTOS RECLAMADOS. A) DE LAS ORDENADORAS, los CC. JUECES DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA; reclamo, toda orden de aprehensión, citación, comparecencia y/o así como, cualquier otro acto dictado en mi con el objetivo de privarme y/o a restringirme de mi libertad. B) DE LAS EJECUTORAS reclamo, la inminente ejecución y/o cumplimiento que pretenden dar a los actos atribuidos a las ordenadoras. C) DE LAS QUE POSEEN DOBLE CARÁCTER, los C.C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DÉ PUEBLA, FISCAL GENERAL METROPOLITANO, FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA y FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL; reclamo, por cuanto hace a su faceta de ordenadoras, toda orden de citación, comparecencia y/o presentación; el inicio de cualquier investigación; la apertura de cualquier carpeta de investigación; así como, cualquier otro acto presumiblemente dictado en mi contra con el objetivo de privarme y/o a restringirme de mi libertad. Por cuanto hace a su faceta de ejecutoras, reclamo la inminente ejecución y/o cumplimiento." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación de la demanda, desechamiento parcial de la demanda de amparo y trámite de la misma. Por razón de turno, el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, remitió dicha demanda a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y por auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se radicó la misma con el número 508/2021; acordándose lo siguiente: I) se desechó parcialmente la demanda respecto; a) la orden de citación emitida en su contra y b) el inicio e integración de una carpeta de investigación en contra del aquí amparista; II) se admitió la misma por diversos actos con incidente de suspensión; III) se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, IV) se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Tercero. Cita para audiencia. En auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se señaló nueva fecha y hora para la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama actos de esa naturaleza, atribuido a autoridades ordenadoras y ejecutoras con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente. A las autoridades ordenadoras y ejecutoras que se precisan en el escrito inicial de demanda, y que se transcribe en el cuadro del considerando cuarto: a) Las órdenes de aprehensión, comparecencia y presentación, libradas en su contra por los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; así como su ejecución; y, b) Las órdenes de comparecencia, presentación o citación ministerial libradas en su contra por las autoridades penales administrativas; así como su ejecución. TERCERO. Autoridad (es) inexistente (s). En acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que la parte quejosa denominó como: 13. Fiscal General Metropolitano; y, 17. Titular de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación; por lo tanto, se excluyen de la materia de este juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado narrados en el considerando anterior, las autoridades señaladas como responsables ordenadora y ejecutoras que se indican a continuación, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Orden AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS Sentido del Informe 1 ROSALBA ELENA ZARATE HERRERA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 2 CARLOS GUILLERMO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 3 AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 4 ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 5 JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 6 IDALIA ARCINIEGA ARIAS, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 7 ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 8 ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 9 MIRIAN HUERTA LECHUGA, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 10 MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 11 MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, ACTUANDO COMO JUEZ DE CONTROL Negó 12 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA aceptó 13 FISCAL GENERAL METROPOLITANO Inexistente 14 FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA Negó 15 FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL Negó 16 DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES Negó 17 TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Inexistente 18 DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA Negó 19 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Negó Del cuadro anterior, se advierte que todas las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a excepción del 12. Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir el correspondiente informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negaron el acto que se les atribuyó consistente en la emisión y ejecución de las órdenes de aprehensión, comparecencia, presentación o citación libradas en contra de la parte quejosa, sin que ésta haya desvirtuado dichas negativas no obstante que se le dio vista con los mismos por autos de tres, cuatro, siete, ocho y catorce de junio, todos de dos mil veintiuno. Por lo que hace al 12. Fiscal General del Estado de Puebla, también procede tenerlo negando el acto de ejecución que se le atribuye, pues si bien aceptó el acto reclamado (foja 71), cierto es también que señaló que la orden de aprehensión, cuya ejecución se le encomendó, deriva de la carpeta judicial administrativa 1485/2021/PUEBLA del índice de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Karla Ivonne Munguía Olmos, esto es, de una autoridad que no fue señalada como responsable en el presente sumario constitucional, como se refiere más adelante; aunado a que la ejecución que se le atribuye a dicha autoridad (12. Fiscal General del Estado de Puebla), no fue reclamada por vicios propios, si no como consecuencia de mandato de captura reclamado a las autoridades ordenadoras señaladas en el cuadro que antecede, mismas que negaron haber emitido una orden de captura en contra del hoy quejoso, por tanto, no existe acto de ejecución. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables que han quedado precisadas en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No es obstáculo a lo anterior, que en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito haya tenido a la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Karla Ivonne Munguía Olmos, informando que dentro de la carpeta judicial administrativa 1485/2021/PUEBLA de su índice, emitió una orden de captura en contra del aquí quejoso; esto, ya que, en el mismo proveído se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar a dicha autoridad como responsable por el acto destacado consistente en la orden de aprehensión emitida en su contra, sin que lo hubiera hecho; por tanto, en diverso proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el citado auto de catorce de junio pasado, esto es, se tuvo únicamente como autoridades responsables las señaladas en el escrito admisorio; y, sobre esa base se tramita y resuelve el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que proceden. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Federico López Flores, respecto de las autoridades y por el acto precisado en el considerando cuarto de esta resolución y su ejecución, en virtud de lo narrado en el mismo. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente determinación: electrónicamente a la parte quejosa; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial se advierte que se encuentra transcurriendo el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que se imponga del contenido del auto de doce de julio de dos mil veintiuno, por el que se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en auto de catorce de junio del año en curso, esto es, se tuvo únicamente como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en el escrito de demanda y respecto de los que no se desechó la misma, y sobre esa base se tramita y se resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que proceden; al igual que transcurren los ocho días para que se imponga de los informes justificados de unas de las autoridades responsables. En consecuencia, al no estar debidamente integrado este expediente para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el dieciséis de julio de dos mil veintiuno se difiere anticipadamente y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con dieciocho minutos del treinta de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa en auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, del dieciocho de junio al ocho de julio de dos mil veintiuno, toda vez que dicho auto se le notificó vía electrónica el diecisiete de junio del año en curso, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción III de la Ley de Amparo, surtió efectos ese día, previo descuento de los días sábado y domingo, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en el referido auto de catorce de junio del año en curso, y se tiene únicamente como autoridades responsables las señaladas en el escrito admisorio; y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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