Federico Lopez Flores

Expediente 130/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
130/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Federico Lopez Flores
  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución de de la Región Judicial Centro, Con Sede En Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó negar el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es DEPURABLE, de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General citado, porque se negó el amparo y protección de la justicia federal, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad. DATOS PERSONALES De igual forma, se hace constar que la parte quejosa realizó manifestación mediante la cual se opone a que sean publicados sus datos personales en la tramitación del presente juicio de amparo; al respecto, se instruye al personal adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que en el ejercicio de sus funciones omitan publicar los datos personales del citado quejoso en las actuaciones derivadas de este asunto. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD Tomando en consideración el impetrante Federico López Flores se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con copia autorizada de la presente resolución, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el interior de ese centro penitenciario y, una vez teniendo a la vista al impetrante, notifique de manera personal el contenido de este fallo. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial en el plazo de tres días. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó negar el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es DEPURABLE, de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General citado, porque se negó el amparo y protección de la justicia federal, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad. DATOS PERSONALES De igual forma, se hace constar que la parte quejosa realizó manifestación mediante la cual se opone a que sean publicados sus datos personales en la tramitación del presente juicio de amparo; al respecto, se instruye al personal adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que en el ejercicio de sus funciones omitan publicar los datos personales del citado quejoso en las actuaciones derivadas de este asunto. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD Tomando en consideración el impetrante Federico López Flores se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con copia autorizada de la presente resolución, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el interior de ese centro penitenciario y, una vez teniendo a la vista al impetrante, notifique de manera personal el contenido de este fallo. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial en el plazo de tres días. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES, PERSONALMENTE A LAS PARTES, AL QUEJOSO EN LA VÍA INDICADA Y A SUS AUTORIZADOS EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 130/2022, promovido por Federico López Flores; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y turnado a este juzgado federal ese mismo día, Federico López Flores promovió juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados al Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otra, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la carpeta judicial administrativa 1485/2021/PUEBLA por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su ejecución. Segundo. Por auto de nueve de febrero de dos mil veintidós este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró la demanda como juicio de amparo 130/2022; la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, así mismo, fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. En proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público y personas que tienen el carácter de terceros interesados, sin embargo, en diverso de nueve de marzo del mismo año se ordenó emplazar correctamente a dos de las personas terceras interesadas, haciendo la precisión del nombre de una de ellas, finalmente la audiencia constitucional se verificó en términos del acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde este juzgado federal ejerce jurisdicción, además de reclamarse un acto de naturaleza penal, de tal suerte que ello actualiza la competencia material y territorial. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa que el acto reclamado dentro de la causa penal 1485/2021/PUEBLA: I. Al Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: El auto de vinculación a proceso de dieciocho de enero de dos mil veintidós emitido en contra del quejoso. II. Al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla: La ejecución del acto atribuido a la ordenadora. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Jueza de Control de la Región Judicial Centro, Puebla y el Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Situación que se corrobora con las documentales que anexó a dicho informe la primera de los nombrados, consistentes en copias certificadas de la carpeta judicial 1485/2021/PUEBLA, así como dos discos versátiles que contienen las grabaciones de las audiencias de catorce y dieciocho de enero de dos mil veintidós. Documentales que son valoradas de manera plena en conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del arábigo 2, al tratarse de actuaciones practicadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. No se advierte causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna, por lo que procede analizar los conceptos de violación de manera sistemática, en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, conviene establecer que los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén los requisitos para decretar un auto de vinculación a proceso, tales preceptos, en lo que interesa, establecen: Que se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Entendiendo que hay datos de prueba suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Ahora bien, de autos se desprende que la audiencia de formulación de la imputación, tuvo verificativo el catorce de enero de dos mil veintidós. Una vez formulada la imputación, el aquí quejoso se reservó su derecho a declarar, posteriormente, el agente del Ministerio Público responsable expuso los datos de prueba con los que sostiene la acusación formulada y finalmente, solicitó se vinculara a proceso al imputado. Acto seguido, el Juez dio a conocer al imputado los plazos entre los que puede decidir para que se resuelva su situación jurídica, y éste optó por el plazo de 144 horas por lo que se fijaron las doce horas del dieciocho de enero de dos mil veintidós para llevar a cabo la continuación de la audiencia intermedia. Así, en la hora y fecha señalada el Juez hizo constar la asistencia de las partes, el defensor del imputado señaló que no ofrecería medios de prueba por lo que solamente se hizo cargo de argumentar respecto de la formulación de imputación que realizó el representante social y finalizó su intervención solicitando la no vinculación a proceso de su defendido; posteriormente, el Juez cerró el debate y decretó receso para emitir la resolución correspondiente. Una vez se reanudó la audiencia, el Juez señaló que se encontraban satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso por su posible intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Jorge Martín Juárez Hernández, y lesiones calificadas en agravio de Brayan Alberto Juárez Cortés y Javier Hernández Navarrete. Para llegar a tal conclusión, el juez de control señaló que de los datos de prueba aportados por el representante social se advierte la existencia de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa así como el de lesiones calificadas y la probabilidad de que el aquí quejoso los cometió. Pues de los hechos descritos se advierte que el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno aproximadamente a las trece horas las víctimas Jorge Martin Juárez Hernández y Javier Hernández Navarrete se encontraban en la calle 3 norte casi esquina con 8 poniente de la colonia Centro, Puebla, realizando actividades de comercio, lugar al cual acudió también la víctima Brayan Alberto Juárez Cortes; momento en el cual tras arribar al lugar el indiciado Federico López Flores alias "el Fede" y/o "el patrón" en compañía de otras personas agredieron verbalmente a los comerciantes de la zona, acto seguido le dijo a la víctima Jorge Martin Juárez Hernández "hijo de tu pinche madre te voy a matar" y lo agredió con un tubo en la cabeza en repetidas ocasiones con la finalidad de que el mismo perdiera vida, hasta dejarlo inconsciente e inmóvil en el suelo; esto mientras inducia e instigaba a las personas que lo acompañaban gritándoles "a lo que van", con el propósito de que atacaran físicamente a Brayan Alberto Juárez Cortes y Javier Hernández Navarrete. Estos hechos causaron lesiones en la cabeza a la víctima Jorge Martin Juárez Hernández que pusieron en peligro su vida y lo único que evitó que se le privara de ella fue la atención médica brindada de manera oportuna, así mismo se causaron lesiones a Brayan Alberto Juárez Cortes y Javier Hernández Navarrete en diferentes partes de sus cuerpos, las cuales por su número y extensión tardan en sanar más de quince días y no ponen en peligro la vida; así mismo después de los hechos realizados el indiciado se retiró del lugar alterando el orden junto con la gente que lo acompañaba. Por tanto, estableció el Juez que los hechos encuadraban en la descripción de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 20, 94 fracción I, 312, 323, 326 fracción II y IV, 328, 331; en cuanto a la forma de comisión refirió que es dolosa, conforme al numeral 13; su forma de intervención es material, en términos del arábigo 21, fracción I; y, siendo de consumación instantánea, de acuerdo con el diverso 17, todos del Código Penal para el Estado de Puebla. Así también el de lesiones calificadas, previsto y sancionado en los artículos 305, 306 fracción II, 311, 323, 326, fracción II y IV, 328; en cuanto a la forma de comisión refirió que es dolosa, conforme al numeral 13; su forma de intervención es de coautor, en términos del arábigo 21, fracción II; y, siendo de consumación instantánea, de acuerdo con el diverso 17, todos del Código Penal para el Estado de Puebla. El Juez hizo relación de los siguientes medios de prueba para apoyar dicha determinación: Constancia de aviso de llamada de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, realizada por el agente del Ministerio Público José Javier Carvente Romero. Informe de investigación AEI/1881/2021 de cinco de mayo de dos mil veintiuno, realizado por el agente Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado Danny Michael Tepatzi Ramírez. Entrevista de María Hernández Chávez de seis de mayo de dos mil veintiuno. Entrevista de querella de Javier Hernández Navarrete. Entrevista de querella de Brayan Alberto Juárez Cortés. Dictamen médico de clasificación de lesiones número 106/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, efectuado por la perito médico forense Elsa Marina Ollivier Palacios, referente a la integridad física de Javier Hernández Navarrete. Dictamen médico de clasificación de lesiones número 107/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, efectuado por la perito médico forense Elsa Marina Ollivier Palacios, referente a la integridad física de Brayan Alberto Juárez Cortés. Informe de inspección ministerial oficio número AEI/11136/2021, signado por el agente investigador de la Fiscalía General del Estado, Danny Michael Tepatzi Ramírez, de doce de mayo de dos mil veintiuno. Entrevista de denuncia de Jorge Martin Juárez Hernández de catorce de mayo de dos mil veintiuno. Entrevista de Yessica Ivonne Juárez Hernández de catorce de mayo del año en curso. Entrevista de Santiago Estrada Villegas de catorce de mayo del año en curso. Dictamen médico de clasificación de lesiones número 117/2021 de catorce de mayo de dos mil veintiuno, efectuado por la perito médico forense Elsa Marina Ollivier Palacios, referente a la integridad física de Jorge Martín Juárez Hernández. Informe de inspección ministerial oficio número AEI/ AEI/2008/2021, signada por el elemento Investigador de la Fiscalía General del Estado Danny Michael Tepatzi Ramírez, de diecisiete de mayo del año en curso. Dictamen médico de mecánica de lesiones número 126/2021 de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, efectuados por Elsa Marina Ollivier Palacios, perito médico forense, referente a la integridad física de Jorge Martin Juárez Hernández. A partir de lo cual el Juez consideró colmados los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la fracción I, la tuvo por satisfecha pues señaló que bajo el principio de inmediación escuchó como la representación social le comunicó al imputado los hechos por los cuales estaba siendo investigado, así como aquellas personas que deponen en su contra, esto es aquellas personas que denunciaron o que resultaron afectadas de acuerdo al cuadro fáctico expuesto por la representación social por estas conductas. También la fracción II la tuvo satisfecha pues le hizo saber al imputado el derecho que le asistía de poder emitir una declaración y que previa asesoría que tuvo con su defensor decidió reservarse ese derecho. Por cuanto hace a la fracción III de este numeral se debe de establecer primero que se haya cometido un hecho que exista un hecho que la ley señale como delito, esto con los datos de prueba que refirió el agente del ministerio público y que en esta misma información se pueda advertir que el imputado haya participado en comisión o haya cometido ese hecho. En cuanto al hecho delictuoso señaló que del cuadro fáctico y la clasificación jurídica expuesta por el representante social existe un principio de congruencia, pues la hipótesis que plantea es que el imputado cometió una conducta de manera material y directa en contra de Jorge Martín Juárez Hernández, que bajo una clasificación jurídica es el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y que bajo un tema de co autoría también se le imputó el delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Javier Hernández Navarrete y Brayan Alberto Juárez. Se refirió a las circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos, los cuales ocurrieron el 4 de mayo de dos mil veintiuno en el centro histórico de la ciudad de Puebla, y que de los testimonios de las tres víctimas se desprende que Federico dijo a Jorge Martín "hijo de tu pinche madre te voy a matar, pinche muerto de hambre ya están tus días contados ahora si te voy matar te voy a quitar de mi puto camino para siempre" y comenzó a decirles a los que estaban ahí con el que quien iba a ser el primero y empezó como a aplaudir y a decirle a la gente que lo acompañaba "a lo que van" le grito "ya te cargó la verga" y acto seguido golpeó en la cabeza con un tubo a Jorge Martín. De ahí que su participación en grado de autor se encuentra justificada, pues no solo externó su deseo de privar de la vida a la víctima, si no que realizó todos los actos tendientes para lograrlo como lo fue la utilización de un tubo, cumpliendo una amenaza que momentos antes le refirió; mientras que inducia e instigaba a otros a realizar la agresión a los diversos sujetos pasivos. De igual forma, de la entrevista de María Hernández Chávez, Yessica Ivonne Juárez Hernández y Santiago Estrada Villegas, indicó que se desprendían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron lesionadas las víctimas, así como que el sujeto activo mediante la utilización de un tubo realiza la actividad que hoy se le reprocha al encontrarse presentes en el lugar de los hechos. Así mismo, refirió que del informe de investigación AEI/1881/2021 del agente Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado, quien se constituyó en el en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud para llevar acabo la diligencia de entrevista de Jorge Martin Juárez Hernández, la cual no se pudo realizar por encontrarse intubado, se evidenciaba las maniobras médicas de emergencia realizadas para evitar la muerte de la persona. Así también, con el dictamen médico de clasificación de lesiones realizado a Jorge Martín Juárez Hernández, en el que se indicó que en atención a las notas médicas del Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General "Rafael Moreno Valle", en donde se establecía que la víctima presentó un traumatismo craneoencefálico severo con un Glasgow de 7 (en la escala de Glasgow menor de 8 es un traumatismo craneoencefálico grave), sus lesiones se clasificaban como aquellas que tardan en sanar más de quince días, y en su momento pusieron en peligro la vida. Robustecido con el dictamen médico de mecánica de lesiones de la víctima Jorge Martín Juárez Hernández, en el que se asentó la posición y localización de las lesiones, siendo un área totalmente vulnerable, así como la mecánica de producción la cual fue por contusión con un objeto de consistencia dura y bordes romos, como lo puede ser un tubo metálico. Con los cuales, indicó, era clara la intención de privar de la vida a la víctima. Para sustentar la calificativa, señaló que el inculpado se encontró en ventaja por el objeto empleado como arma, siendo que las víctimas se encontraban desarmadas; aunado al número de personas que los agreden; lo que encuentra sustento en el tipo de lesiones que presentan la victimas según informes médicos, sin que corriera riesgo de ser muerto o herido. Por tanto, refirió que de los datos indicados se establecía el hecho que pudiera ser constitutivo del delito de homicidio calificado en grado de tentativa previsto y sancionado por los artículos 20, 94 fracción I, 312, 323, 326 fracciones II y IV, 328 y 331 estos relacionados con los artículos 13 y 21 fracción I, así como el diverso de lesiones calificadas previsto y sancionado en los artículos 305, 306 fracción II, 311, 323, 326 fracciones II y IV, 328 estos relacionados con los artículos 13 y 21 fracción II. Así, los actos ejecutivos del activo del delito fueron idóneos para poner en peligro la vida del sujeto pasivo Jorge Martin Juárez Hernández, incluso la intención de éste había sido exteriorizada, según los testimonios vertidos, al establecer que la intención del activo de delito era privar de la vida a su víctima; y que por cuestiones ajenas a él no logra su objetivo, como lo fue la atención médica oportunamente otorgada. Y por cuanto hace al ilícito de lesiones calificadas, el daño causado a la integridad física de Jorge Martín, Brayan Alberto y Javier se justificó con las entrevistas realizadas a los sujetos pasivos, así como por lo declarado por los testigos Yessica Ivonne Juárez Hernández, Santiago Estrada Villegas y Marvi López Sánchez, quienes adujeron estar presentes en el lugar de los hechos junto con los pasivos y advertir las lesiones que les fueron inferidas a las víctimas. Así mismo, de los testimonios advirtió que Federico era quien decía a las personas que lo acompañaban frases como "a lo que van", "chinguenlos", "mátenlos, mátenlos", mientras aplaudía y que sus aplausos fueron interpretados como la señal para que sus acompañantes realizaran ataques a la corporeidad de las víctimas, de ahí que se desprenda que era quien incitaba a las personas a atacar, por lo que estimó correcta la imputación que efectuó la representación social de conformidad con la fracción II del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla, esto es, en grado de coautor. Así mismo, las lesiones que sufrieron se corroboran con los dictámenes médicos clasificación de lesiones realizados a Javier Hernández Navarrete y Brayan Alberto Juárez Cortés, por la perito médico forense, en los que concluyó que dichas víctimas presentaban lesiones que se clasifican en aquellas que tardan en sanar más de quince días y no ponen en peligro la vida. Finalmente, por cuanto hace a la fracción IV del numeral 316 señaló que no se advierte ninguna causa de excluyente de responsabilidad o extinción de la acción penal que favorezca al imputado, por lo que se advierte la actualización en su conjunto de ese artículo 316 y que de manera empática con el artículo 19 constitucional, por lo que con fundamento en el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales dictó auto de vinculación a proceso en contra de Federico López Flores por el delito previsto y sancionado como homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de Jorge Martin Juárez Hernández previsto y sancionado en los artículos 20, 94 fracción I, 312, 323, 326 fracciones II y IV, 328 y 331 estos relacionados con los artículos 13 y 21 fracción I también se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Federico López Flores por el delito de lesiones calificadas cometidos en agravio de Brayan Alberto Juárez Cortés y Javier Hernández Navarrete hecho previsto y sancionado en los artículos 305, 306 fracción II, 311, 323, 326 fracciones II y IV, 328 estos relacionados con los artículos 13 y 21 fracción II. Determinación que se estima correcta por estar ajustada a las disposiciones legales y constitucionales que establecen los requisitos de formal y de fondo que deben contenerse en el auto que resuelve la situación jurídica del imputado. Ahora bien, el quejoso en su demanda de amparo controvierte la constitucionalidad de dicho auto y para ellos hace valer los siguientes conceptos de violación, que esencialmente son los siguientes: Que no existen datos suficientes que acrediten su participación en la comisión de los ilícitos de mérito. Que sólo se valoró la entrevista realizada a víctimas y testigos y que sus testimonios de éstos son idénticos. Que todos los testigos señalan que el quejoso aplaudía, gritaba y golpeaba con un tubo a Jorge Martín pero nadie dice quién golpeó a Javier y Brayan, es más ellos no señalaron que el quejoso los haya golpeado, pues señalaron que fueron golpeados por la espalda de ahí que no pudo haber sido él quien los golpeara. Concatenado a esto, señala que es ilógico que si el quejoso aplaudía pudiera sostener un tubo y que nadie señala cuándo tomó el tubo. Que la clasificación de los hechos como homicidio y lesiones no es correcta, puesto que se trata de una riña. Primeramente, los argumentos tendentes a hacer notar que las únicas pruebas que se valoraron fueron los datos derivados de las entrevistas de las víctimas y testigos es infundado, puesto que de la relación de constancias que se hizo con anterioridad se advierte que la responsable concatenó diversos medios de prueba que aportó el representante social para acreditar tanto el hecho que la ley prevé como delito, así como la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, tales como los dictámenes médicos, y las diligencias de inspección y el peritaje en mecánica de hechos, de ahí que el argumento carece de fundamento, pues parte de una premisa falsa. Circunstancia que se repite respecto de la manifestación acerca de que los datos derivados de las entrevistas de las víctimas y testigos son idénticos, pues de la relación que hizo el representante social en la audiencia se advierte que cada una de las partes narró lo ocurrido el día 4 de mayo de dos mil veintiuno aproximadamente a las trece horas, desde donde se encontraba cada uno, de ahí que evidentemente tengan concordancias, pues refieren hechos que ocurrieron en el mismo día a la misma hora, se insiste, cada uno desde su perspectiva. Pues por ejemplo, Brayan narró que recibió una llamada del ateste Santiago, éste comenzó su declaración haciendo referencia al encuentro que tuvo con el imputado, Javier testificó encontrarse con sus hermanas, etcétera. De ahí, que el argumento de que los datos derivados de las entrevistas de los testigos son idénticos carece también de fundamento, por lo que debe declararse infundado. Misma suerte respecto del argumento encaminado a desvirtuar el dato derivado de la entevista de María Hernández Chávez, al señalar que dicho testigo es "de oídas" y que no presenció los hechos sobre los cuales declaró, dicha manifestación fue materia de contradicción en la audiencia de la que emana el acto reclamado, y respecto de tal argumento el Juez manifestó: "es verdad y correcto lo que dice la defensa particular al decir que esta persona no apreció a través de sus sentidos estas circunstancia por cuanto hace a esta información. lo que sí guarda empatía es esta información que al momento de verter esta circunstancia se trata de una persona a que se encontraba hospitalizada esto es refiriéndose a la persona de nombre Javier Hernández, esto de acuerdo a lo que escuchó, .apreció a través de sus sentidos . que aproximadamente vio como 60 personas que eran muchísimas que tenían palos, tubos, cadenas y piedras que estaban muy agresivos, que mientras ella iba corriendo mucha gente iba corriendo en sentido contrario y que le gante tenia palos y tubos corría también sobre la 3 norte para ir a la 6 poniente, que al llegar a la panadería . vio a su hijo Jorge Martín Juárez Hernández y a su nieto de nombre Brayan y a su yerno de nombre Javier Hernández que estaban tirados, golpeados que estaban sangrando alrededor había mucha sangre y que se acercó y les preguntó lo que les había pasado que quién les había pegado y que su yerno en ese momento le contestó que la persona que los había golpeado era esta persona identificada con el nombre de Federico advirtiendo que efectivamente como lo refiere la defensa particular no apreció a través de sus sentidos esta conducta no obstante el de la voz no guarda una relación directa para demeritar o no valorar esta información como verosímil por cuanto hace a estas circunstancias." Entonces como se advierte el Juez de Control, acertadamente señaló que el dato de prueba fue tomado en consideración por cuanto a aquellas circunstancias que si apreció, esto es, encontrar a las víctimas golpeadas y con sangre, así mismo al ser concordante con el resto de las probanzas su testimonio fue utilizado para fortalecer la teoría fáctica presentada por el representante social, es decir el testimonio de dicha persona no es el único medio de prueba que sostiene la teoría del caso que presentó el representante social, sino que forma parte del todo, así mismo se tomó en cuenta únicamente por cuanto a aquellas circunstancias que la testigo sí pudo apreciar por medio de sus sentidos. Por otra parte, respecto del argumento de que si el imputado aplaudía era imposible que golpeara a la víctima, resulta infundado; ello pues el Juez de Control se hizo cargo de tal manifestación y al respecto señaló: "Parte de la confrontación que hace de manera argumentativa la defensa particular es la mecánica de esta actividad, la mecánica por cuanto hace a lo poco verosímil que resulta que una persona aplauda y tenga un tubo en la cabeza, en esta primera entrevista de nombre Jorge Martín el de la voz advierte que si señala que ve a esta persona de nombre identificado como "El Fede" que lo ve aplaudir, en ese momento el no refiere haberle visto algún objeto en las manos como algún tubo el refiere que el empezó a caminar y que incluso le dio la espalda en ese momento cuando él iba a regresarse fue cuando "El Fede" le gritó lo que no guarda empatía en este momento con lo manifestado por la defensa particular porque el de la voz tendría que hacerse cargo en este momento de una circunstancia en particular, esto es, en este momento la persona que está emitiendo su declaración Jorge Martín quien tiene la calidad de victima ve que está aplaudiendo y en ese mismo momento lo golpea con un tubo, circunstancia que en la especie por cuanto hace a esta información no se advierte que lo haya narrado así de esta entrevista se advierte que él se volteó para regresarse y que posteriormente le refirió una manifestación, en esta circunstancia el de la voz no advierte una empatía por cuanto hace a lo manifestado por la defensa particular de manera argumentativa." De lo anterior se desprende que el quejoso se limita a expresar los mismos argumentos que ya expresó en la audiencia, mismos que como ya le expuso acertadamente el Juez de Control, son insuficientes para desvirtuar la imputación formulada en su contra, puesto que ningún ateste o víctima señaló que al tiempo de sostener el tubo el sujeto activo estuviera aplaudiendo, y por el contrario sí son concordantes en manifestar que vieron como el imputado golpeaba con el tubo a una de las víctimas, circunstancia que se robustece con los dictámenes médicos y de mecánica de hechos; de ahí que su argumento deviene infundado. Por otra parte, el argumento de que los datos de prueba son insuficientes para acreditar la participación del quejoso en la comisión de los hechos delictivos, de igual manera se estima infundado. Ello, pues como se ha evidenciado existen suficientes medios de prueba que permitan concluir que respecto del ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa, el imputado lanzó amenazas a su víctima tales como "hijo de tu pinche madre te voy a matar, pinche muerto de hambre ya están tus días contados ahora si te voy matar te voy a quitar de mi puto camino para siempre" para después golpearlo en la cabeza con un tubo en repetidas ocasiones hasta dejarlo inconsciente y sangrando tirado en el piso de la calle, pues dicha teoría se sostiene con datos derivados de las entrevistas tanto de la víctima que señala directamente a su atacante, como de testigos presenciales del hecho, así como de las opiniones de los expertos esto es, médico forense y el perito en mecánica de hechos. Y respecto del delito de lesiones argumenta el quejoso que nadie lo vio golpear a las víctimas, incluso que las propias víctimas de lesiones (Brayan y Jorge) no lo señalaron como aquel que les infirió las lesiones; sin embargo este argumento deviene infundado pues el reproche que se le hace es como coautor del delito. Entendemos por coautoría la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente, y por coautor a quien interviene de algún modo en la realización del delito. Ahora bien, el Juez fundamentó la autoría del quejoso en la comisión del delito imputado en términos del artículo 21, fracción II del Código de Defensa Social del Estado de Puebla que establece: "Artículo 21 Son responsables de la comisión de un delito: .II.- Los que inducen, compelen o instiguen a otro a cometerlo o se sirvan de otro como medio." Es decir, el aquí quejoso parte de una premisa falsa, pues el hecho con apariencia de delito que se le atribuye es a título de coautor, pues el resultado material del delito, en este caso las lesiones inferidas a las víctimas se le atribuyen puesto que en los autos de la causa penal de origen existen suficientes elementos para concluir que sin su participación alentando a sus acompañantes, la consumación del delito no se hubiera alcanzado. Esto es, lo que se le reprocha es haber inducido a otras personas a cometer el ilícito de lesiones, de ahí que tiene responsabilidad por el resultado de la conducta típica. Y finalmente, respecto del argumento de que la clasificación del tipo penal es errónea puesto que los hechos fueron resultado de una riña, carece de fundamentación pues como se lo expuso el Juez de Control, no controvirtió la teoría del caso que propuso el agente del Ministerio Público y sus alegaciones son meros argumentos que no soporta con ningún medio de convicción. Sin que lo anterior implique que se le imponga la carga de la prueba, pues ella es del representante social, sin embargo, si el imputado desea presentar un cuadro factico distinto a aquel que fue presentado por el fiscal al formular la imputación, tiene la posibilidad de allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para alcanzar tal fin, máxime que la ampliación del término constitucional constituye la materialización de dicho derecho, pues es dentro de este plazo que el aquí quejoso, por medio de su defensa puede obtener los medios de prueba que desee desahogar en audiencia que apoyen la teoría del caso que desea presentar o, que desvirtúen la imputación que se formuló en su contra. Circunstancia que en el caso no aconteció, puesto que el defensor no aportó probanzas ni datos de prueba en favor de la teoría del caso que pretende platear. En ese contexto, se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 19 constitucional para la emisión del auto de vinculación a proceso materia del presente juicio de amparo. Razón por la cual, como se indicó al inicio de este considerando, el acto reclamado no transgrede el artículo 19 constitucional, porque, conforme se explicó, se siguieron las normas esenciales del procedimiento, pues el Juez responsable al considerar que se satisfacen los requisitos constitucionales y legales para la emisión del auto que resuelve la situación jurídica del aquí quejoso, lo emitió por escrito, fundada y motivadamente. Por tanto, ante la ineficacia de los conceptos de violación, se niega el amparo al quejoso. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución. QUINTO. NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL QUEJOSO PRIVADO DE LIBERTAD. Tomando en consideración el impetrante Federico López Flores se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con copia autorizada de la presente resolución, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el interior de ese centro penitenciario y, una vez teniendo a la vista al impetrante, notifique de manera personal el contenido de este fallo. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que una vez practicado el mismo, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial en el plazo de tres días. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Federico López Flores, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso emitido el dieciocho de enero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 1485/2021/PUEBLA por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, Puebla y su ejecución reclamada por el Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia como se ordena en su último considerando.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Jorge Martín Juárez Hernández, Javier Hernández Navarrete y Brayan Alberto Juárez García, en los domicilios proporcionados por el JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA. No obstante, se invoca como un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, el domicilio de los referidos terceros interesados, ubicado en calle tres norte, numero mil diez, interior trescientos cuatro, colonia Centro, en la ciudad de Puebla, Puebla; el cual obra en el diverso juicio de amparo 589/2021 del índice de este juzgado, haciéndose la precisión de que el nombre correcto del tercero interesado es Brayan Alberto Juárez Cortes y/o Brayan Juárez Cortes y no Brayan Alberto Juárez García. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado emplácese a los terceros interesados en el domicilio señalado líneas más arriba. En caso de que la diligencia referida se entienda personalmente con los terceros interesados, el actuario deberá correr traslado con copia simple de la demanda, copia autorizada del auto admisorio y del presente acuerdo; asimismo, hágasele saber la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se diferirá hasta en tanto obre su emplazamiento en autos; y que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído deberán señalar domicilio en este Municipio de Puebla para oír y recibir sus notificaciones. Se apercibe a la parte tercera interesada de que en caso de no hacerlo las subsecuentes se les harán por medio de lista, aún las de carácter personal, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario encomendado para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde puedan realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Ahora bien, debe atenderse a lo ordenado por el artículo 17 constitucional el cual establece que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, el cual dispone que entre la fecha de notificación del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado; por ende, con independencia de que no lo soliciten las partes, este órgano jurisdiccional estima que procede diferir de manera anticipada la audiencia constitucional para que transcurra el referido plazo, lo que permitirá a las partes imponerse del contenido de las constancias con las cuales se dio vista, y estar en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga, lo cual implica la exacta aplicación de los mandatos constitucional y legal supra invocados. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós. NUEVA FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En su lugar, se fijan las para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto las nueve horas con dieciocho minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. INSTRUCCIÓN A LA ANALISTA JURÍDICO SISE Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que haga los ajustes necesarios respecto a la denominación del tercero interesado esto que ajuste el nombre correcto como Brayan Alberto Juárez Cortes y/o Brayan Juárez Cortes. SE GIRA DESPACHO PARA EL JUEZ PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEXI PUEBLA En virtud de que el quejoso Federico López Flores se encuentra privado de su libertad en el CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo primer párrafo; 42, fracción II, y 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEXI, PUEBLA, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva realizar lo siguiente: a) Ordene al personal a su digno cargo a quien corresponda desahogar la diligencia encomendada, se constituya en las instalaciones del CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA, para lo cual, deberá tomar las medidas de salud necesarias, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Federico López Flores y, se cerciore de su identidad. c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla- así como el número de expediente, juicio de amparo 130/2022; Le notifique únicamente para conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con copia de éste. Por último, asiente razón en el sentido de si el impetrante del amparo quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que la persona encargada de realizar la diligencia en comento se encuentre facultada para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. APERCIBIMIENTO Se apercibe al JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEXI, PUEBLA, que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

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