Federico José Lozano Hernández
Expediente 345/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Federico José Lozano Hernández
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que la parte quejosa adjunto a su demanda de amparo el recibió oficial número F 52574, como pruebas de su parte (foja 19); por lo que de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal con documento de validez oficial que contenga su fotografía, a fin de que le sean entregadas, previa certificación de su desglose y constancia legal de su entrega, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichas constancias serán destruidas junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AINTESIS.- VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 345/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el cinco de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Federico José Lozano Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que enseguida se mencionan. AUTORIDAD RESPONSABLE Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero. Con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "La aplicación de preceptos legales declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: A) Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la ley de Hacienda Municipal 677. B) Artículos 1, 2, 4, de la ley de catastro municipal del Estado de Guerrero. C) Artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 de la ley 408 de ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez Gro. Para el ejercicio fiscal 2017. Se hace la precisión que se reclama la Ley de Hacienda Municipal 677 y la ley de catastro municipal 676, como leyes generales, que remite a la Ley Número 408 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2017, que se considera como la ley especial, o base del impuesto pagado, por lo que guardan estrecha vinculación." SEGUNDO. El quejoso expresó bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado y señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 345/2017; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de una disposición local por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia la determinación y cobro del impuesto predial por la cantidad total de $6,310.51 (seis mil trescientos diez pesos 51/100 M.N.), contenido en el recibo F 525740, de quince de marzo de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de esta ciudad. La anterior delimitación se extrae de los capítulos de actos reclamados y antecedentes de los mismos, expuestos por la parte quejosa y responde al imperativo que contiene el invocado artículo 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. No es obstáculo que la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado, señale como tal la aplicación a través de la respectiva liquidación y cobro de artículos declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en virtud que la correcta fijación del acto reclamado, no debe limitarse a lo establecido en forma literal en el apartado correspondiente, sino que se debe ponderar el contenido integral de la demanda de amparo, de la que se advierte que las violaciones citadas no constituyen actos reclamados, sino la causa de pedir de sus conceptos de violación dirigidos a atacar la falta de aplicación de la jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para disposiciones análogas, lo cual se traduce en un aspecto eminentemente de legalidad, como más adelante se expondrá. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. En la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 141/2012 (10a.), de rubro: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el acto de aplicación de la ley en la que se contenga el impuesto predial, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, por lo tanto, se toma como acto de aplicación de las normas el que se contiene en el recibo exhibido en el sumario. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado el quince de marzo de dos mil diecisiete, data en que dijo procedió al pago de la contribución respectiva contenida en el recibo número F 525740 de esa misma fecha, lo que se corrobora con el aludido documento que allegó al sumario; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del dieciséis de marzo al seis de abril del año en curso (descontados los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de marzo así como uno y dos de abril por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo el cinco de abril pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir informe con justificación refirió que era parcialmente cierto el acto reclamado, certeza que se corrobora con el recibo oficial de pago con número de folio F 525740 de quince de marzo de dos mi diecisiete, que el quejoso exhibió y que dada su calidad de público, goza de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, ya que fue expedido por una autoridad del Estado, en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. Causal de improcedencia fundada. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, como cuestión preliminar cabe destacar que en el presente asunto no se reclama la inconstitucionalidad de leyes, ya que el quejoso así lo estableció textualmente en su demanda de amparo; en ese tenor como el acto reclamado es la determinación y cobro del impuesto predial por la cantidad total de $6,310.51 (seis mil trescientos diez pesos 51/100 M.N.), contenido en el recibo F 525740, de quince de marzo de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, Guerrero; se estima que, el análisis que propone el justiciable, se relaciona con una cuestión relativa a la fundamentación y motivación del acto reclamado, que se traduce en un tópico de mera legalidad. En ese tenor, de oficio se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el análisis que se propone, debe dilucidarse en sede administrativa y no constitucional, atendiendo al principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." La fracción de referencia, aborda el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional en materia administrativa, y que establece su improcedencia en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que sea susceptible de nulificar, modificar o revocar dicho acto; siempre y cuando la ley que lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que el principio de definitividad implica la obligación del agraviado de agotar, previo a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios tendentes a nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Esto es así, porque una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio constitucional y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia. Por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Por otra parte, debe puntualizarse que, para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los multicitados medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. En efecto, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que la parte quejosa tenga la obligación de agotarlos, previo a instar el juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa se encuentre previsto por la ley que rige el acto reclamado; con excepción de cuando la ley que rige tal acto exija para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo, que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Pues bien, ya que como se señaló la naturaleza del juicio que nos ocupa, no es la de un amparo contra leyes, es inconcuso que el aquí quejoso reclama un aspecto meramente de legalidad -indebida fundamentación en preceptos declarados inconstitucionales por jurisprudencia temática-; por lo que previamente debe agotar el principio de definitividad mediante la interposición del juicio contencioso administrativo, ante la Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tal y como enseguida se explica: El artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Guerrero establece: "Artículo 118. Las resoluciones que dicte la administración pública serán conforme a las normas que regulen el procedimiento administrativo y en contra de ellas podrán enderezarse, una vez agotada la vía administrativa, las acciones y recursos que señale la ley. En los términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad. La ley respectiva definirá su organización y competencia." Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, dice: "Artículo 40. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública, incluyendo los organismos públicos descentralizados, revestidos de autoridad, con la ciudadanía, así como entre éstos y la administración municipal, y el cual gozará, igualmente, de autonomía jurisdiccional." En tanto que, el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos indica: "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos." La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales. Conocerá de las controversias del orden administrativo y fiscal que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa y fiscal. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, el quejoso debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local, como se prevé en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que dispone: "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; II. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; III. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; IV. De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; V. De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; VI. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; VII. Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; VIII. Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala; IX. De las demás que las disposiciones legales dicten." Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolver un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses del ahora quejoso. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir los actos reclamados, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlos, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto aquí reclamado carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. Luego, si el aquí quejoso Federico José Lozano Hernández, reclamó la determinación y cobro del impuesto predial por la cantidad total de $6,310.51 (seis mil trescientos diez pesos 51/100 M.N.), contenido en el recibo F 525740, de quince de marzo de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de esta ciudad; es inconcuso que dicho acto de autoridad en términos del artículo artículo 29, de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, debía ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional que corresponda del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado; por tratarse de un acto administrativo atribuido a una autoridad municipal y al no haberlo hecho valer el quejoso previo a comparecer a esta instancia suprema, el juicio de amparo por él promovido se torna improcedente, en términos del numeral XX, fracción 61, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones previstas por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, las cuales se hacen consistir en que: 1) El medio de defensa previsto en el ordenamiento legal respectivo, prevea mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión. 2) El acto reclamado carezca de fundamentación. 3) Se aleguen violaciones directas a la constitución. 4) El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. 5) Que el quejoso se ostente como tercero extraño en sentido estricto o por equiparación. Respecto a la primera de las excepciones debe decirse que los numerales 3, 65, 66, 67 y 68, del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." "Artículo 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda." "Artículo 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular." De lo anterior, se desprende que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, en este último supuesto se debe solicitar en el escrito de demanda ante la sala regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Dicha suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio, la cual no se otorgará si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Consecuentemente, podemos concluir que el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ya que establece que con la sola presentación de la demanda, de manera oficiosa o si lo solicita el reclamante y tal medida no ocasiona perjuicio al interés social, no contraviene disposiciones de orden público o deja sin materia el juicio, se suspenderán los efectos del acto recurrido, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley de mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola; inclusive la medida cautelar se decreta de plano en el mismo acuerdo que admite la demanda o cuando ésta se solicita, al tenor del segundo párrafo del precepto 66 transcrito. Tampoco se actualiza la segunda de las numeradas excepciones, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, puesto que del contenido del recibo F 525740, de quince de marzo de dos mil diecisiete, se aprecia que a modo de fundamento contiene diversos preceptos a saber: 31, fracción IV, 36, fracción I, 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, fracción V, 104, 106, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 1, 2, 7, 14, 16, 18 de la Ley número 667 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero, 1o. Inciso A, numeral 1, 2o, 3o, 16, 17, 19, 20 y 23 de la Ley número 663 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete; lo que evidencia que el acto reclamado no carece de fundamentación. Por lo que hace a la tercera de las excepciones, si bien, el quejoso en su demanda señala violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno; lo cierto es, que tal excepción a la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la norma suprema; lo que en el caso no acontece, puesto que basta dar lectura completa a la demanda de amparo, para advertir que se controvierte el pago del impuesto predial por cuestiones de mera legalidad. En efecto, la quejosa reclamó la determinación y cobro del impuesto predial por la cantidad total de $6,310.51 (seis mil trescientos diez pesos 51/100 M.N.), contenido en el recibo F 525740, de quince de marzo de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, Guerrero, en el entendido que los fundamentos aplicados -artículos 1, 2, 7, 14, 16 y 18 de la Ley número 667 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero así como 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24 y 31de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero-, corresponden a normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resulta claro que la naturaleza jurídica del presente juicio no es la de un amparo contra leyes, puesto que se reclama un aspecto de legalidad en virtud de que no fueron señaladas como responsables las autoridades que participaron en el proceso legislativo de creación de los precitados artículos, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción que se estudia, dado que el análisis que se realizará no se hará a la luz de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que el tribunal administrativo únicamente tendrá que confrontar si la jurisprudencia temática que se invoca es aplicable o no, estudio que implica un tema de mera legalidad, y no de inconstitucionalidad de leyes. Por consiguiente, la circunstancia de que se hagan valer violaciones al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no releva al afectado de la obligación de agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto, pues de considerar lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la ley fundamental del país, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios de defensa que la ley secundaria establece, lo cual desnaturaliza los principios que rigen el juicio de amparo. En efecto, de la causa eficiente de pedir advertida en la demanda de amparo, se desprende que la cuestión relativa a si los numerales y legislación que invoca el quejoso ingresan o se ajustan a la jurisprudencia temática establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe decirse que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia para diversas autoridades, entre ellas, los tribunales administrativos locales, por lo que en caso de que al realizar una confrontación entre la legislación que aduce el quejoso con la jurisprudencia de marras, el tribunal contencioso administrativo estime que efectivamente se actualiza, estaría en aptitud de decidir que no se aplique en perjuicio del impetrante. De modo que, los tribunales ordinarios se encuentran facultados para calificar el acto impugnado y definir los efectos que se deducen de aplicar un precepto declarado inconstitucional de acuerdo a la "interpretación conforme", a fin de lograr que prevalezcan los principios y valores consagrados a nivel constitucional, pues al aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 Constitucional, como en el caso en cuestión, de modo que se robustece aún más que el juicio de amparo es improcedente. En ese sentido, los tribunales del fuero común, como en el caso el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está facultado para inaplicar mediante el control difuso de la constitución, un acto en particular, lo cual es la pretensión del quejoso, ya que se insiste, no se reclamó la inconstitucionalidad de la ley, sino un aspecto meramente de legalidad. Ahora, por lo que hace a la cuarta de las excepciones, debe decirse, que no pasa desapercibido, el hecho que el medio ordinario de defensa (juicio contencioso administrativo) está contemplado en ordenamientos legales diferentes al cuerpo normativo local en que se funda esencialmente el acto de autoridad combatido en esta vía constitucional, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo restringe la procedencia del recurso ordinario al ordenamiento del cual emane formalmente lo reclamado, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular, aunado a que la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es una ley en sentido formal y material. Por último, en el presente caso tampoco opera la quinta de las excepciones, pues respecto a la determinación y cobro del impuesto predial, contenido en el recibo F 525740, de quince de marzo de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, Guerrero, que constituye el acto reclamado, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues como lo señaló en el capítulo de antecedentes del acto reclamado el mismo procedió de forma directa al pago de la contribución cuya inconstitucionalidad reclama; por lo que no existe razón para considerar que le revista el carácter de tercero extraño en estricto sentido o por equiparación. Bajo ese contexto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, promovido por Federico José Lozano Hernández, en términos del numeral XX, fracción 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No impide considerar lo anterior, el hecho que de conformidad con el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada; disposición que fue trasladada al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, opera la suplencia de la queja deficiente, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y esa superioridad ha determinado que dicha suplencia opera aun tratándose del segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley; lo cierto es que tal situación requiere como presupuesto que el juicio de amparo sea procedente, ya que la suplencia de la queja opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Asimismo, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste agotando el principio de definitividad, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Dado el sentido del presente fallo, no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto a pie de página no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 345/2016, promovido por Federico José Lozano Hernández, contra los actos y autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia y por los motivos expuestos en el último de sus considerandos. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado, que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de la constancia remitida como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrese en su totalidad por encontrarse relacionada directamente con la litis constitucional. Asimismo, téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Federico José Lozano Hernández, por su propio derecho, contra actos del Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 345/2017, y fórmese expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que adjunta junto con su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Bautista Remigio Enrique, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Rodolfo Dalay Valdez Cortez, Luis Alberto Flores Zapoteco, Ayde Remigio Enrique, Maximino Rojas Morales e Inés Remigio Morales, por no contar con el requisito anterior. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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