Federico Gonzalez Espinosa

Expediente 1763/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1763/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Federico Gonzalez Espinosa
  • Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia de diez de septiembre de dos mil veinte, que SOBRESEE HA QUEDADO FIRME. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido; asimismo, previo al presente auto glósense el original del incidente de suspensión que se tramitó a este juicio. Conforme con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse sobreseído en lo principal; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido TRES AÑOS, esto es después de veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, procédase a su destrucción. Aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. De igual forma, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cuaderno original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido tres años, esto es después de veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro, previo desglose del escrito de demanda de amparo y del auto en que se otorgó la suspensión provisional y la definitiva, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Asimismo, el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena su guarda por cuerda separada y transcurridos SEIS MESES, contados a partir de que se ordene el archivo de los presentes autos, procédase a su destrucción, esto es después del veintiséis de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 1763/2019-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, **********, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados siguientes: Asimismo, mediante escrito aclaratorio recibido en este Juzgado Federal el diez de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 22 y 23), la parte quejosa de manera destacada manifestó lo siguiente: De igual manera, mediante escrito aclaratorio recibido en este Juzgado Federal el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 27 a 28), la parte quejosa de manera destacada manifestó lo siguiente: SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. En la demanda de amparo se señalaron como derechos fundamentales violados en su perjuicio los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. ADMISIÓN DE DEMANDA. Previos acuerdos de prevención de dos y once de diciembre de dos mil diecinueve, desahogada mediante referidos libelos recibos el diez y dieciocho de diciembre del mismo año, por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las responsables su informe con justificación y se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. CUARTO. verificación de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites correspondientes en el juicio, el diez de septiembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, tiene competencia constitucional y legal para conocer, y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en razón de que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a precisar que los actos reclamados competencia de este Juzgado Federal son: Las sanciones impuestas al vehículo con número de matrícula vehicular P01-AUX, registradas con los números de folio 03099144785, 03102876405, 03105038329 y 03107504945. La negativa de la práctica de la verificación vehicular de emisiones contaminantes al vehículo con matrícula vehicular P01-AUX, en términos de Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente en la Ciudad de México, para el segundo semestre de dos mil diecinueve. Programa Hoy no Circula en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. TERCERO. ACTOS INEXISTENTES. NO SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables denominadas Secretario de Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretario de Movilidad, Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad, Director General de Seguridad Vial y Sistemas de Seguridad Urbana Sustentable de la Secretaría de Movilidad, Directora de Seguridad Vial y Seguimiento a la Información de la Secretaría de Movilidad, Subdirectora de Monitoreo e Información de la Secretaría de Movilidad, Jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento a la Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad, Director General de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Director de Operación de Programas de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Subdirector de Seguimiento Técnico a Programas Operativos y Jefe de la Unidad Departamental de Sistemas de Verificación Vehicular, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente adscrito a la Dirección General de la Calidad del Aire, Director General de inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, Coordinador de Inspección y Vigilancia a Fuentes Móviles de la Secretaría de Medio Ambiente, Jefe de la Unidad Departamental de Inspección y Vigilancia en Verificación Vehicular de la Secretaría del Medio Ambiente, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Consejero Jurídico y de servicios Legales y Director Ejecutivo de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos del Gobierno de la Ciudad de México, esto por así haberlo manifestado al rendir su correspondiente informe justificado (fojas 105 a 111, 147 a 148-Bis, 152 a 154, 127 a 129, 149 a 151, 124 a 126, 130 a 132, 82 a 87, 88 a 93, 112 a 117, 118 a 123, 140 a 146, 133 a 139, 155 a 161, 57 a 64, 51 y 53 a 55). Aunado a que de las constancias de autos no se advierte elemento probatorio alguno de la parte quejosa en la que se desvirtúe la negativa expuesta en los informes justificados. En efecto, en este caso, la quejosa no ofreció prueba idónea alguna para acreditar que las autoridades responsables mencionadas hubieran impuesto las sanciones al vehículo con número de matrícula vehicular P01-AUX, registradas con los números de folio 03099144785, 03102876405, 03105038329 y 03107504945, tampoco negaron la práctica de la verificación vehicular de emisiones contaminantes al vehículo con matrícula vehicular P01-AUX, en términos de Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente en la Ciudad de México, para el segundo semestre de dos mil diecinueve, ni expidieron el Programa Hoy no Circula en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Es aplicable por el criterio que informa, la jurisprudencia número 284, visible a foja 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". Asimismo, es aplicable la tesis de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, página 77, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Se impone destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expresados en ella, se hayan realizado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello, acreditar sus afirmaciones. Corrobora lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la Séptima Época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 14, de rubro que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, TEXTO DEL. NO SE ACREDITA CON LA DEMANDA DE AMPARO.". De igual forma es aplicable, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 193-198 Sexta Parte, página 12, de rubro que establece lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES.". CUARTO. ACTOS EXISTENTES. SON CIERTOS los actos que se reclaman de la Jefa de Gobierno y al Secretario del Medio Ambiente, todos de la Ciudad de México, consistentes en lo siguiente: Expedición del Programa Hoy no Circula en el Distrito Federal Expedición del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del año dos mil diecinueve. Más aún, la existencia de las disposiciones de carácter general se acreditan con su propia publicación en el medio de difusión oficial correspondiente; además debe decirse que esta certeza es implícita al tipo de actos que se reclaman en atención al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, en este caso, sólo los hechos estarán sujetos a ella de conformidad con lo establecido en los artículos 86 a 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 191452 de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Se examinan las causales de improcedencia en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso no acredita su interés jurídico para controvertir el Programa Hoy no Circula en el Distrito Federal y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del año dos mil diecinueve, porque no acreditó el primer acto de aplicación. Para demostrar lo fundado de la causal de improcedencia conviene transcribir el contenido de la fracción y artículo indicados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Asimismo, los artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Federal, relacionados con el tema, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." La Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 331/2016, interpretó las disposiciones transcritas y estimó que el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese; sobre lo cual distinguió tres notas diferentes: I. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, tratándose de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. II. Tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico o, en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. III. En todo caso, el interés simple es insuficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo. Señaló que de no contar con un interés sobre el acto reclamado -jurídico o legítimo, no simple-, el juicio de amparo resultara improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Además, recordó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la diversa contradicción de tesis 11/2013, delineó la clasificación de interés conforme al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, lo que resumió de la forma siguiente: El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, mientras que el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros su respeto. Esto es, el interés simple es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo, y constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, es decir, se trata de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así, señaló que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Las consideraciones anteriores motivaron la emisión de la jurisprudencia número P./J. 50/2014 (10a.), visible en la página 60, del Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2007921 de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." El interés legítimo es un concepto jurídico indeterminado o abierto para que los jueces decidan, en cada caso concreto, si se está en presencia o no de un acto de autoridad que implique una violación constitucional a derechos humanos; por ende, queda a la prudente valoración de los órganos de amparo determinar en qué casos y con qué probanzas el quejoso está llamado a demostrar el interés legítimo con el que aduzca contar. El interés legítimo y jurídico son instituciones distintas; luego, los criterios de valoración de pruebas para su comprobación también deben ser diferentes entre sí. Los criterios tradicionales de los órganos del Poder Judicial de la Federación exigen, para acreditar el interés jurídico, medios directos y fehacientes de prueba de los que se desprenda que el promovente resultó agraviado, y ello lo faculta para acudir al amparo, a diferencia de lo que ocurre con el interés legítimo, el cual requiere identificar el tipo de derecho y la calidad con que se defiende, es decir, cuál es su especial situación frente al orden jurídico, para con base en ello determinar la exigencia en materia de probatoria. En este sentido, el interés legítimo se rige por un principio de prueba que tiene diferencias respecto del interés jurídico, pero esto no significa que para demostrarse deba reducirse a la sola manifestación del interesado de que goza de un interés suficiente para controvertir un acto positivo, negativo u omisivo, ya que la circunstancia de que este interés implique un nivel de afectación distinta a la exigida para el jurídico, no se traduce en que el quejoso quede exento de su comprobación; por el contrario, debe allegar los elementos necesarios para acreditar su dicho porque el interés legítimo no es autoevidente, sino que debe derivar de pruebas directas o deducirse a partir de inferencias lógicas. En este contexto, el estándar de agravio que en este juicio de amparo es aplicable a la parte quejosa es el de interés jurídico porque, a partir de que es titular de un vehículo automotriz, pretende que se le autorice la verificación de contaminantes sin que para ello se le someta a la obligación de pagar los adeudos que tenga con motivo de infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México impuestas a partir del año dos mil nueve; adeudos que tenga por concepto de Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular de los años dos mil cinco y posteriores; y, deudas que tenga por sanciones aplicadas por incumplimiento al Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México en Materia de Verificación Vehicular. Cuestiones que están regladas y que para controvertirlas requieren que la quejosa se encuentre en el supuesto de la norma, esto es, que acredite el primer acto de aplicación. En el caso la quejosa promueve demanda de amparo en contra de la emisión del Programa Hoy no Circula en el Distrito Federal y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del año dos mil diecinueve, en específico respecto del apartado IV.3, del Decreto por el que se expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), publicado el diecinueve de junio de dos mil catorce, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la norma general Programa de Verificación Vehicular Obligatoria mencionado y la negativa de la práctica de la verificación vehicular de emisiones contaminantes al vehículo con matrícula vehicular P01-AUX, en términos del referido Programa de Verificación. En dichas disposiciones se establece la obligación del propietario o poseedor de un automotor matriculado en la Ciudad de México de presentar su unidad, previa cita, dentro del periodo de verificación conforme a lo establecido en el citado programa, en buenas condiciones mecánicas, con el motor encendido a temperatura normal de operación y propulsado por su propio motor, sin adeudos por infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México impuestas a partir del año dos mil nueve, sin adeudos del Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular de los años dos mil cinco y posteriores, así como sin adeudos por sanciones aplicadas por incumplimiento al Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México en Materia de Verificación Vehicular. Pues bien, la parte quejosa no demostró estar en el supuesto de la norma porque omitió acreditar fehacientemente que las autoridades responsables le negaron realizar el trámite de verificación de emisiones contaminantes obligatorio respecto del vehículo con placas de circulación P01-AUX; por ende, la norma no se ha aplicado en su perjuicio y carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa no señaló como autoridades responsables a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que emitieron las sanciones registradas con los números de folio 03099144785, 03102876405, 03105038329 y 03107504945, así como tampoco señaló como autoridad responsable al Centro de Verificación Vehicular que negó realizar el trámite de verificación de emisiones contaminantes obligatorio respecto del vehículo defendido, según lo refirió en los antecedentes contenidos en la demanda de amparo, por lo que de las constancias aportadas en el juicio de amparo el quejoso no acreditó el acto de aplicación de las disposiciones reclamadas. Lo anterior, no obstante el requerimiento formulado por este Juzgado Federal en proveído de tres de agosto de dos mil veinte, del cual quedó debidamente notifica el cinco del mismo mes y año. Asimismo, no se inadvierte que haya exhibido copia simple de una impresión electrónica (foja 16), de la que se advierte en su parte inferior la leyenda "Esta placa no puede verificar", porque de ahí no deriva que la responsable haya emitido la negativa y, además, es un documento que por la forma en que se exhibió carece de valor probatorio, por lo que en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no constituyen prueba plena, sino un mero indicio que es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso. El artículo citado dispone: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." La interpretación literal de este precepto permite concluir que el legislador dejó en el prudente arbitrio judicial el valor de las pruebas fotostáticas de documentos. En este aspecto se debe destacar que el criterio reiterado de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, como el caso de este órgano de control constitucional, es coincidente en el sentido de que las copias fotostáticas simples por sí solas carecen de valor probatorio y, por ende, son insuficientes para demostrar los hechos que pretenda su oferente. Corrobora la anterior consideración la jurisprudencia número 1a./J. 71/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 33, del Tomo XVII, correspondiente al mes de enero de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 185215, de rubro siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN." En conclusión, si la quejosa reclama una norma que le impide someter su vehículo a la prueba de verificación de gases contaminantes cuando tenga pendientes de pago, entre otras, infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, y en el caso, la quejosa no demuestra que se le haya negado el servicio de verificación con motivo de esas faltas administrativas; por lo que no acredita su interés jurídico para acudir al juicio de amparo al no evidenciar el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, esto es, que se le ha negó el servicio de verificación del que se duele. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, se sobresee en el juicio con apoyo en la fracción V del artículo 63 del indicado ordenamiento legal respecto de la emisión del Programa Hoy No Circula del Distrito Federal y el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el Segundo Semestre de dos mil diecinueve. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1º, fracción I, 74 y 77, fracción I, y relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del presente juicio y que tácitamente se dejara sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veinte. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio y se fijan las QUINCE HORAS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para que conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los plazos establecidos en este juicio, empezarán a correr a partir que se notifique el presente acuerdo conforme a las reglas establecidas en los artículos 27, 28 y 30 de la Ley de Amparo. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable al verificentro que realizó a la negativa de la práctica de la verificación vehicular de emisiones contaminantes al vehículo, con placas de circulación P01 AUK, señalado en la demanda de amparo; asimismo, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al rendir su informe justificado remitió copia certificada de las fotocívicas impuestas a la parte quejosa, de las que se observa la intervención de nuevas autoridades responsables. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que en término de quince días informe a este Juzgado Federal, si es su deseo señalar al verificentro que realizó la negativa de la práctica de la verificación vehicular de emisiones contaminantes al vehículo propiedad de ésta, con placas de circulación P01 AUK. Apercibida que en caso de no desahogar el presente requerimiento este Juzgado de Distrito determinará lo que en derecho corresponda al momento de dictar la sentencia correspondiente. Ahora, de las constancias que anexa el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al rendir su informe justificado, se advierte la existencia de nuevas autoridades responsable; en consecuencia, a efecto de evitar dejar en estado de indefensión a la quejosa, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del término previsto en el numeral 17 de la ley invocada, esto es, de quince días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este auto, manifieste si a su interés legal conviene ampliar su demanda de amparo, contra las autoridades Marisol Martínez Hernández, Leydi Diana Rubio Corona, Julio César Contreras Hernandez y Guillermo Javier Sánchez Trejo, todos personal adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por haber sido las autoridades intervinientes en la elaboración de las sanciones con números de folio 03099144785, 03102876405, 03105038329 y 03107504945, respectivamente (fojas 197, 199, 200 y 202). Asimismo, si a su interés legal conviene deberá precisar los diversos actos que le agravien con motivo de dichas sanciones, emitidos por el personal adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Su escrito de ampliación, deberá ajustarlo en términos de lo previsto en los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, y precisar los conceptos de violación conducentes, acompañando con copia del escrito inicial de demanda para estar en posibilidad de emplazar a las nuevas autoridades y copia de su escrito de ampliación para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la adscripción y de solicitarlo, pronunciarse sobre la medida cautelar, apercibida que en caso de no hacerlo, se tendrá por precluido el derecho para ampliar su demanda de amparo en relación con los actos y autoridades anteriormente precisados, por lo que se resolverá el juicio teniendo como autoridades y actos los señalados en su escrito inicial de demanda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EL SUSCRITO ACTUARIO JUDICIAL LICENCIADO CÉSAR DANIEL CARMONA ROJAS HACE CONSTAR QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS GENERALES EXPEDIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DURANTE LA CONTINGENCIA DE SALUD DERIVADA DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE DIESIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE FUE REALIZADA MEDIANTE LISTA PUBLICADA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, SIN EMBARGO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO, DICHA PUBLICACIÓN SURTIRÁ EFECTOS UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DETERMINE LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE SE HAYA ORDENADO SU NOTIFICACIÓN DE MANERA PERSONAL, POR OFICIO O DE FORMA ELECTRÓNICA.- LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.- DOY FE.-

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