Federico Gómez Flores

Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
99/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Federico Gómez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA... SIN MAYOR ACUERDO...

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el impetrante Federico Gómez Flores, promovió diverso juicio de amparo contra los mismos actos reclamados y autoridades responsables, mismo que fue registrado con el número 80/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, se estima que se encuentra actualizada una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia, es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que además de que el acto reclamado en un juicio de garantías sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Ahora bien, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que con fecha tres de marzo del presente año, se recibió oficio enviado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual declinó competencia para conocer del juicio de amparo promovido por el quejoso Federico Gómez Flores, en los mismos términos en que promovió el escrito de demanda de cuenta, esto es, en contra de las mismas autoridades responsables, narrando los mismos antecedentes y en contra de los mismos actos reclamados, a la cual le correspondió el número de juicio 80/2021, misma que se admitió por acuerdo de siete de abril de la actual anualidad. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Con lo anterior, queda evidenciado que el acto reclamado en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades, que aún se encuentra pendiente de definición, pues como se indicó, en el juicio de amparo 80/2021, se tuvo por recibido el escrito de demanda el tres de marzo del presente año, y se admitió a trámite el siete de abril de la actual anualidad; por lo tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.P.83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, es indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, por el impetrante Federico Gómez Flores Es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las restantes autoridades responsables, por no reclamarse por vicios propios. Encuentra sustento a lo anterior, en la jurisprudencia número 231, visible en la página 156, Séptima Época, Instancia Segunda Sala, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las nueve horas con diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos a que haya lugar. INFORME JUSTIFICADO Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado enviado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, y las constancias que adjunta. Lo anterior, sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 3548, 3549 y 3551 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dirigidos al Comisionado y Coordinador General de Centros Federales, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, enviados por la vía postal mediante factura 5007, de seis de abril del año en curso, con número de guías MN015906856MX, MN015906860MX y MN015906873MX, por los cuales se les solicitó que rindieran sus informes justificados. En consecuencia, a fin de dar margen a que la oficina de Correos de México realice la entrega de los aludidos oficios a las autoridades responsables destinatarias, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo ese acto procesal, la cual preferentemente se llevará a cabo con la participación no física de las partes sino a través del envío de sus pruebas, alegatos o promociones, o de ser indispensable, mediante el uso de algún medio electrónico y/o tecnológico que permita realizar diligencias a distancia, en cuyo caso así debe hacerse del conocimiento oportuno de este órgano jurisdiccional por la parte interesada, a fin de realizar la preparación pertinente. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el acuerdo general mencionado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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