Federico Garcia Mendoza

Expediente 1275/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1275/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
14/08/2018

Partes del expediente

  • Federico Garcia Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El que suscribe Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintisiete de julio al nueve de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de julio pasado. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veinticuatro de julio del año en curso, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente laboral 651/III/2013, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1275/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Acto seguido, la secretaria da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 14927 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el juez acuerda, téngase por recibido el pedimento de cuenta, dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva y por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa dicha copia, una vez que obre en autos. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (foja 14) y con el emplazamiento del tercero interesado Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas (foja 12); así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por la autoridad responsable con su informe rendido como justificación de los actos reclamados consistentes en copias certificadas del expediente laboral 651/III/2013 (las cuales se encuentran por cuerda separada). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la probanza referida por la parte procesal citada, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los realizados por la representación social de la adscripción en el pedimento de cuenta. A lo que el juez determina: Ténganse reproducidos los argumentos referidos, y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1275/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el estado de Zacatecas, Federico García Mendoza demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "IV. ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 651/III/2013". SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos en referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 651/III/2013, promovido por Federico García Mendoza contra el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas aceptó la existencia del acto reclamado, pues al rendir el informe con justificación señaló aún no haber dictado el laudo en el juicio de origen al estar pendiente por desahogar las pruebas ofrecidas por la parte actora (foja 14). Lo anterior se corrobora con la documental que anexó al referido informe, consistente en el juicio laboral 651/III/2013; la que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: El doce de julio de dos mil trece Federico García Mendoza, demandó al Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas, Norte, reclamando diversas prestaciones respecto de su despido injustificado (fojas 1-10) En diecinueve de julio de dos mil trece se admitió a trámite la demanda laboral (foja 11). En cinco de febrero de dos mil catorce se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual se continuó el diecinueve de agosto de dos mil catorce. (fojas 33 y 38). Seguido el juicio, se llevó a cabo el desahogo de las probanzas de la parte demandada únicamente, sin que a la fecha se emitiera el laudo correspondiente. La omisión de dictar el laudo en el expediente de origen constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Reproducción innecesaria de conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. El quejoso argumenta medularmente que la autoridad responsable vulnera los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que no ha dictado el laudo en el juicio natural, lo que ocasiona el retraso en la administración de justicia. El concepto de violación resulta infundado, como se argumentará a continuación. La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben de resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna por ello. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En concordancia con lo anterior, cuando se reclame en amparo la omisión del dictado del laudo, el análisis de la constitucionalidad de dicho acto, una vez que se cumplan los presupuestos para su emisión, no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues sostener lo contrario iría en contra del propio derecho fundamental involucrado (justicia pronta), sin que existiera una razón de mayor peso. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis XXVII.3o.19 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de 2015, Tomo III, página: 2407: "LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita; la prontitud se traduce en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes de la materia; así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consista en la omisión del dictado del laudo, el análisis de su constitucionalidad no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues es precisamente la expeditez en la impartición de justicia la que se reclama, y lo que hace susceptible de analizar la constitucionalidad de la omisión por el tiempo prolongado que subsista". Lo expuesto, teniendo como directriz interpretativa el artículo 1° constitucional, pues es la interpretación que protege en mayor medida el derecho a una justicia pronta, y es conforme con la garantía de seguridad jurídica, porque tiene como presupuesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en el juicio de origen exista la obligación de emitir el laudo. Por tanto, basta que al momento de la presentación de la demanda el juicio de origen se encuentre en estado de resolución para que pueda analizarse la constitucionalidad de la omisión reclamada, en relación con la dilación en la administración de justicia alegada. En ese contexto, los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". Del precepto anterior se deduce que la etapa de resolución de los juicios competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje inicia una vez que se cierra la instrucción, lo que acontece cuando son rendidos los alegatos de las partes o trascurre el plazo fijado para tal efecto. Así, declarada cerrada la instrucción, dentro del plazo de diez días, el auxiliar de la junta formulará el proyecto de laudo. Presentado dicho proyecto, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los integrantes de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estimen necesarias para mejor proveer; en caso de ordenarse ese tipo de actuaciones, se señalará día y hora para para su desahogo, dentro de un lapso de ocho días; desahogadas las pruebas, se formulará un nuevo proyecto de laudo tomándolas en cuenta. Transcurrida la etapa anterior se citará para discusión y aprobación del laudo, dentro de los diez días siguientes. De tal suerte que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme con el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, deben tramitar y resolver los juicios laborales en los plazos y términos destacados. Luego, el cierre de instrucción es el presupuesto principal de la emisión del laudo en los juicios en comento, pues una vez concluida dicha etapa, como se expuso, el juicio se encuentra en estado de resolución, por lo que es congruente analizar la dilación en la substanciación de dicha etapa. En esta instancia constitucional, se reclama la omisión de la junta responsable de dictar el laudo en el juicio de origen. Al rendir su informe con justificación, la responsable citada aceptó la existencia del acto reclamado, pues afirmó que en dicho juicio aún no ha sido emitido el laudo correspondiente, en virtud de que no se han desahogado las pruebas ofrecidas por la parte actora. En ese tenor, del expediente laboral del que deriva el acto reclamado que remitió la autoridad responsable, se advierte que el actor ofreció como medios probatorios en el juicio natural, los consistentes en: confesional a cargo del demandado Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Norte, por conducto de su representante legal; declaración de parte a cargo del citado demandado; confesional de hechos propios a cargo de José Manuel Peña Badillo; y, la inspección a practicarse a la demandada, los cuales mediante proveído de once de febrero de dos mil quince (foja 120 del juicio natural) le fueron admitidos, empero, de las constancias se advierte que no se han desahogado; por ende no se ha declarado cerrada la instrucción. Así, resulta evidente que en la fecha destacada, el juicio natural no se encuentra en estado de resolución. En consecuencia, a pesar de que no se ha emitido el laudo respectivo, al promoverse la presente instancia constitucional la omisión combatida se encuentra justificada, porque, se insiste, al estar pendiente de desahogo medios de prueba todavía no se declara cerrada la instrucción. Sin que sea posible analizar la dilación en la emisión de la declaración anterior, pues resulta ajena a la instancia constitucional, al haberse reclamado expresamente la omisión en el dictado del laudo del juicio de origen. Máxime que, en su caso, tal análisis únicamente conllevaría la obligación de que se dictara tal determinación. Tiene aplicación la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro1, tomo I, Décima Época, diciembre de dos mil trece, página setecientos treinta y dos, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En consecuencia, al no haberse determinado el cierre de instrucción del juicio natural, la omisión reclamada resulta justificada, pues no se había emitido el presupuesto para que la autoridad responsable se encontrara obligada a emitir el laudo de origen. En conclusión, al ser infundado el concepto de violación y no advertirse alguna cuestión por la que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Federico García Mendoza contra el acto que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 651/III/2013, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe. Jessy*

  3. Principal

    El dos de julio de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintiocho de junio del año en curso, se tuvo recibido el informe justificado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad; por tanto, con dicho comunicado dese vista al tercero interesado, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 13490 y anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la referida autoridad las documentales que exhibe, consistente en la copias certificadas del expediente laboral 651/III/2013, mismas que se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Dado el volumen de las citadas actuaciones, para facilitar la consulta del expediente en que se actúa, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Alicia

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