Federico Fuentes Jiménez y Otros.
Expediente 200/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Federico Fuentes Jiménez y Otros.
- Roberto Rojas Flores y Otros.
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del veinticinco de febrero del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Finalmente, requiérase al representante común de los quejosos para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********** y otros, por derecho propio y quienes se ostentan como ejidatarios del Núcleo Ejidal del Pueblo de San Francisco Chilpan, Tultitlán, Estado de México, contra actos de la autoridad investigadora "C" con sede en Naucalpan, México, dependiente de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 200/2022-I. En la especie se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario. De las normas citadas se desprende que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los quejosos reclaman la resolución del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitida por la autoridad responsable en el expediente EI/DRA/C/040/2021, donde determinó la inexistencia de elementos para solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa contra la Presidenta Municipal de Tultitlán, Estado de México, y como consecuencia se ordenó el archivo como asunto concluido. Sobre este tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2005-SS, determinó que si no existe una afectación directa al derecho que, en su caso, pudiera tener el interesado para obtener la reparación del daño o del perjuicio derivado de una falta administrativa cometida por un servidor público, el denunciante o promovente de la queja administrativa, éste carece de interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. Dicha resolución dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de la Novena Época, con número de registro 176129, tomo XXIII, de fecha enero de 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dice: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa". De esta forma, es evidente que la resolución reclamada no genera una afectación a la esfera jurídica de los quejosos, derivada la falta administrativa cometida por la Presidenta Municipal de Tultitlán, Estado de México, pues el régimen de responsabilidades no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito con registro digital 2010369, materia Común, Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página 2357 de rubro y texto: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del tomo XXIII, enero 2006 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE."; el denunciante de una queja administrativa que se declaró infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en tal caso debe desecharse la demanda al existir una causa notoria e indudable de improcedencia". En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo Con apoyo en el precepto 13 de la ley de la materia se tiene como representante común de los quejosos a Roberto Rojas Flores. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; por tanto háganse las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Dada la trascendencia de este acuerdo, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y, le notifique este proveído. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Únicamente se adquiere conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona para establecer contacto en caso de que este Juzgado de Distrito lo considere necesario. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa en el entendido que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y por única ocasión al representante común de los quejosos. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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