Federico Ferreira Almanza

Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
42/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Federico Ferreira Almanza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se resolvió que la justicia de la unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el expediente principal se ubica en la hipótesis contemplada en el artículo 18, fracción l, inciso b), mientras que el original del cuaderno del incidente de suspensión en la prevista en el numeral 21, párrafo primero, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, el principal es susceptible de depuración y el cuadernillo original de la incidencia de destrucción. Destrucción del cuadernillo original de la incidencia. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el cuadernillo incidental dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción del incidente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase cuaderno incidental dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de dos anexos. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    AVISO. - En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: FEDERICO FERRERIRA ALMANZA, el auto y/o resolución de VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 42/2021 promovido por ************. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Radicación de la demanda. Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado federal registró la demanda con el número 42/2021 y determinó declinar la competencia para conocer del presente asunto en favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en atención a que el acto reclamado constituía una resolución que si bien, no analizó el fondo del asunto, si lo dio por concluido en lo principal. TERCERO. Determinación del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la superioridad determinó revocar el acuerdo dictado por este juzgado federal, en virtud de que el acto fue dictado después de concluido el juicio y por tanto competencia de un juez de distrito, razón por la cual, ordenó a este órgano jurisdiccional se avocara al conocimiento de la demanda que dio origen al presente sumario constitucional. CUARTO. Admisión de la demanda. Por auto de dos de febrero de dos mil veintidós, este juzgado federal tuvo por recibidos los autos del expediente en que se actúa, y en atención a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, la admitió a trámite, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a una autoridad federal que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, del Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio oral mercantil ********* de la estadística de su adscripción, a través del cual, desechó el recurso de apelación que el ahora quejoso promovió en contra del desechamiento de su demanda. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que la parte quejosa le atribuye en la presente instancia constitucional. Certeza que se encuentra acreditada con las constancias del controvertido de origen y que obran por cuerda separada como anexo II, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. " CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se advierta su actualización, esto, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al no invocarse por las partes ni advertirse oficiosamente la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al estudio de los motivos de queja expuestos por la solicitante del amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de amparo, resulta dable destacar la siguiente reseña procesal: Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, *********** demandó en la vía oral mercantil y en ejercicio de la acción personal de pago al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC). El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, registró la aludida demanda bajo el número ******* de la estadística de su adscripción y determinó declarar improcedente de la vía oral mercantil, intentada por el ahora quejoso, en virtud de que estimó que las obligaciones reclamadas derivaban de una relación contractual de naturaleza administrativa. Inconforme con dicha determinación, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, ********* interpuso recurso de apelación. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, determinó desechar el medio de impugnación hecho valer por el ahora quejoso. Resolución esta última que constituye el acto reclamado en la presente instancia de control constitucional. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En el presente apartado, se abordará el análisis de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, mismos que no se transcriben por no ser necesarios para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no la deja en estado de indefensión, al no privarla del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En ese sentido, se destaca que la parte quejosa en esencia refiere que el actuar del juez responsable deviene contrario a lo previsto en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada en virtud de que: No se tomó en consideración que en términos de lo previsto por el artículo 1345, fracción I del Código de Comercio, el recurso de apelación procede en contra del auto que niegue la admisión de la demanda. El artículo 1390 bis del Código de Comercio que establece la improcedencia de los recursos ordinarios en contra de las resoluciones pronunciadas en los juicios orales mercantiles, solamente es aplicable a las resoluciones que pongan fin al juicio, a las violaciones dentro de procedimiento y las afectaciones del quejoso que trasciendan al resultado del fallo, no así a la resolución que niegue la admisión a trámite de la demanda. Se vulnera el derecho de acceso a la justicia del peticionario de amparo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que, en la especie, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se abordarán en su conjunto dada su estrecha relación. En principio, resulta dable destacar que la parte quejosa parte de una premisa falsa al sostener que dentro del juicio oral mercantil de origen resulta aplicable el contenido del artículo 1345 del Código de Comercio, el cual prevé lo relativo a la procedencia del recurso de apelación en materia mercantil cuando se desecha una demanda y por tanto, el juzgador de origen debió dar trámite al medio de impugnación intentado. Lo anterior, en virtud de que dicha porción normativa no resulta aplicable al procedimiento de origen, ello en atención a que el juicio oral mercantil se encuentra normado por reglas especiales que se deben seguir durante su prosecución. En efecto, de una interpretación sistemática y funcional del aludido procedimiento, se advierte que aquél se encuentra regulado en el Titulo Especial denominado "Del Juicio Oral Mercantil", es decir, aquél procedimiento se encuentra fuera de la reglamentación establecida para los diversos procesos mercantiles que prevé el Código de Comercio, lo cual se puede advertir con claridad del contenido del artículo 1055 de la aludida codificación, el cual es del contenido siguiente: "Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.)" De la anterior porción normativa se desprende que el legislador expresamente estableció que los juicios mercantiles orales tendrán reglas especiales a diferencia de los ordinarios, ejecutivos o los especiales, previstos en la legislación procesal de la materia. Atento a lo anterior, resulta evidente que el sistema de medios de impugnación previsto para aquellos procedimientos no le es aplicable al juicio oral mercantil, lo cual se robustece con el contenido de los artículos 1390 bis y 1390 bis 8 del Código de Comercio, los cuales son del siguiente contenido: "Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. (.)" "Artículo 1390 Bis 8.- En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Título." De los numerales preinsertos se advierte que en los juicios orales mercantiles no procederá recurso ordinario alguno en contra de las resoluciones que se dicten en su tramitación. En ese sentido, si bien el legislador consideró la aplicación supletoria de las disposiciones generales contenidas en el Titulo Primero del Libro Quinto del Código de Comercio, en caso de alguna cuestión no prevista en el aludido título especial, lo cierto es que el sistema de medios de impugnación, tratándose de juicios orales mercantiles, no es una cuestión no prevista por el legislador que debiera ser resuelta conforme al sistema de integración de la norma establecido. Por el contrario, aquél vedó la oportunidad de procedencia de algún recurso ordinario en contra de las resoluciones emitidas en dicho procedimiento, de ahí que, para establecer la procedencia del recurso de apelación hecho valer por el ahora quejoso en el juicio primigenio, resultó acertado que el juez responsable atendiera a lo previsto por el artículo 1390 bis, párrafo segundo del Código de Comercio y no así a lo previsto por el artículo 1345 de dicha codificación, al no ser aplicable. Atento a lo cual, resulta evidente que el concepto de violación identificado con el inciso a) al inicio de la presente consideración resulta infundado. En diverso aspecto, el peticionario de amparo aduce que artículo 1390 bis del Código de Comercio que establece la improcedencia de los recursos ordinarios en contra de las resoluciones pronunciadas en los juicios orales mercantiles, solamente es aplicable a las resoluciones que pongan fin al juicio, a las violaciones dentro de procedimiento y las afectaciones del quejoso que trasciendan al resultado del fallo, no así a la resolución que niegue la admisión a trámite de la demanda. Para destacar lo infundado del argumento efectuado por el peticionario de amparo resulta dable destacar que el aludido numeral señala que "(.) contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno (.)". En ese sentido, para analizar el alcance de dicha disposición debemos acudir a lo establecido por el numeral 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio según lo establece su numeral 1054, el cual establece: "ARTICULO 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio." De lo anterior, se obtiene que por resolución debe entenderse cualquier decreto, auto o sentencia, que se emita dentro del procedimiento. Bajo ese contexto, contrario a lo que aduce el promovente, lo establecido en el artículo 1390 bis del Código de Comercio es aplicable a cualquier determinación adoptada en el juicio oral mercantil de origen, y no solo a las que pongan fin al procedimiento, lo cual, abarca al acuerdo por el que se desechó la demanda intentada por el quejoso. Lo anterior, de forma alguna vulnera su derecho de acceso a la justicia previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo pretende hacer valer. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3233/2014, analizó la constitucionalidad del artículo 1390 bis del Código de Comercio y estableció que: "(.) Además, tal como lo sostuvo el Tribunal Colegiado del conocimiento, la parte a quien le haya sido adversa alguna resolución derivada del juicio oral mercantil, tiene la posibilidad de impugnar dicha resolución mediante el juicio de amparo, de manera que aun cuando no exista en la jurisdicción ordinaria un recurso disponible para impugnar las resoluciones adversas, existe un recurso extraordinario, que contrario a lo que dice el recurrente, admite el estudio de las violaciones procesales que puedan haber tenido lugar durante el juicio, así como, la omisión o aplicación indebida de la ley. Por lo tanto, es falso que la falta de recursos en la jurisdicción ordinaria ocasione que se deje en indefensión a los gobernados, y que no haya un superior que revise las resoluciones de los inferiores, porque los tribunales federales, que conocen del amparo, están facultados para realizar un control de legalidad sobre las decisiones de los jueces de primera instancia en aquellos casos en que no sea procedente una segunda instancia. Finalmente, este Tribunal Pleno manifestó que la exclusión en la procedencia de recursos debe obedecer a criterios objetivos, lo cual en el caso que nos ocupa también se cumple, puesto que el factor cuantía como elemento para determinar la procedencia constituye un quantum objetivo que no se fundamenta en los ingresos ni condición social de las personas sino en el monto global de la pretensión. En consecuencia, aunque se limita el derecho a la segunda instancia, dicha limitación es proporcional con la finalidad que se persigue, y debe ponderarse por encima de tal limitación, ya que ésta no implica una privación del acceso a la justicia. Pues como ha quedado demostrado, el precepto impugnado no tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, sino hacer que los procesos mercantiles sean más eficientes y ágiles, debiendo tenerse en cuenta que la agilidad es un factor esencial en las relaciones jurídicas de carácter mercantil. Los anteriores argumentos fueron sostenidos por el Tribunal Pleno, al fallar -por unanimidad de once votos- la acción de inconstitucionalidad 22/2009, y fueron reiterados por esta Primera Sala, al fallar -por unanimidad de cinco votos-, el amparo en revisión 258/2010, y el Amparo en Revisión 327/2013. En ese sentido, contrario a lo aducido por la recurrente, la limitación del número de juzgadores que revisarán el asunto no restringe la garantía de audiencia, pues como ya se dijo, el diseño del sistema de recursos del juicio oral mercantil, no obstante no prevé varias instancias ordinarias, permite la revisión de los actos a través del juicio de amparo, además de prever otros medios para asegurar el respeto al debido proceso. (.)" -Énfasis añadido- De lo anterior, podemos destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que el derecho de acceso a la justicia y de acceso a un recurso judicial y efectivo previsto a favor del gobernado se encuentra plenamente satisfecho, pues en caso de que una resolución sea adversa a sus intereses, tendrá al alcance el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, a través del cual, podrá hacer valer las cuestiones de legalidad que estime le vulneran sus derechos humanos. Sin que la denegación de acceso a una segunda instancia ordinaria pueda estimarse nugatoria de derechos, pues aquella condición establecida por el legislador fue calificada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como constitucionalmente valida, en virtud de que se persigue una administración de justicia pronta y expedita, principio que se encuentra expresamente dispuesto en el artículo 17 constitucional, es decir, la obtención de una pronta y efectiva protección de los derechos e intereses ventilados en los juicios mercantiles, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente, encaminada a fomentar la economía procesal y la eficacia de la rama judicial. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada 1a. LX/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, página 986, con registro digital 2011234, de rubro: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE NO PREVÉ EL DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA, ES CONSTITUCIONAL." Criterio de nuestro máximo tribunal que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, resulta exactamente aplicable al caso, atento a lo cual y a lo expuesto a lo largo de la presente sentencia este juzgado federal estima que los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo identificados al inicio del presente considerando con los incisos b) y c), resultan infundados. Por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados por ********* en contra del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio oral mercantil ****** de la estadística del Juzgado Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *********, respecto del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio oral mercantil ****** de la estadística de su adscripción, a través del cual, desechó el recurso de apelación que el ahora quejoso promovió en contra del desechamiento de su demanda, dada las razones expuestas en el sexto considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 42/2021 promovido por ************. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Radicación de la demanda. Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado federal registró la demanda con el número 42/2021 y determinó declinar la competencia para conocer del presente asunto en favor del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en atención a que el acto reclamado constituía una resolución que si bien, no analizó el fondo del asunto, si lo dio por concluido en lo principal. TERCERO. Determinación del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la superioridad determinó revocar el acuerdo dictado por este juzgado federal, en virtud de que el acto fue dictado después de concluido el juicio y por tanto competencia de un juez de distrito, razón por la cual, ordenó a este órgano jurisdiccional se avocara al conocimiento de la demanda que dio origen al presente sumario constitucional. CUARTO. Admisión de la demanda. Por auto de dos de febrero de dos mil veintidós, este juzgado federal tuvo por recibidos los autos del expediente en que se actúa, y en atención a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, la admitió a trámite, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a una autoridad federal que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, del Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio oral mercantil ********* de la estadística de su adscripción, a través del cual, desechó el recurso de apelación que el ahora quejoso promovió en contra del desechamiento de su demanda. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que la parte quejosa le atribuye en la presente instancia constitucional. Certeza que se encuentra acreditada con las constancias del controvertido de origen y que obran por cuerda separada como anexo II, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. " CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se advierta su actualización, esto, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al no invocarse por las partes ni advertirse oficiosamente la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al estudio de los motivos de queja expuestos por la solicitante del amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria de amparo, resulta dable destacar la siguiente reseña procesal: Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, *********** demandó en la vía oral mercantil y en ejercicio de la acción personal de pago al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC). El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, registró la aludida demanda bajo el número ******* de la estadística de su adscripción y determinó declarar improcedente de la vía oral mercantil, intentada por el ahora quejoso, en virtud de que estimó que las obligaciones reclamadas derivaban de una relación contractual de naturaleza administrativa. Inconforme con dicha determinación, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, ********* interpuso recurso de apelación. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, determinó desechar el medio de impugnación hecho valer por el ahora quejoso. Resolución esta última que constituye el acto reclamado en la presente instancia de control constitucional. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En el presente apartado, se abordará el análisis de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, mismos que no se transcriben por no ser necesarios para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no la deja en estado de indefensión, al no privarla del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En ese sentido, se destaca que la parte quejosa en esencia refiere que el actuar del juez responsable deviene contrario a lo previsto en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la resolución reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada en virtud de que: No se tomó en consideración que en términos de lo previsto por el artículo 1345, fracción I del Código de Comercio, el recurso de apelación procede en contra del auto que niegue la admisión de la demanda. El artículo 1390 bis del Código de Comercio que establece la improcedencia de los recursos ordinarios en contra de las resoluciones pronunciadas en los juicios orales mercantiles, solamente es aplicable a las resoluciones que pongan fin al juicio, a las violaciones dentro de procedimiento y las afectaciones del quejoso que trasciendan al resultado del fallo, no así a la resolución que niegue la admisión a trámite de la demanda. Se vulnera el derecho de acceso a la justicia del peticionario de amparo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo ese contexto, este juzgado federal estima que, en la especie, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se abordarán en su conjunto dada su estrecha relación. En principio, resulta dable destacar que la parte quejosa parte de una premisa falsa al sostener que dentro del juicio oral mercantil de origen resulta aplicable el contenido del artículo 1345 del Código de Comercio, el cual prevé lo relativo a la procedencia del recurso de apelación en materia mercantil cuando se desecha una demanda y por tanto, el juzgador de origen debió dar trámite al medio de impugnación intentado. Lo anterior, en virtud de que dicha porción normativa no resulta aplicable al procedimiento de origen, ello en atención a que el juicio oral mercantil se encuentra normado por reglas especiales que se deben seguir durante su prosecución. En efecto, de una interpretación sistemática y funcional del aludido procedimiento, se advierte que aquél se encuentra regulado en el Titulo Especial denominado "Del Juicio Oral Mercantil", es decir, aquél procedimiento se encuentra fuera de la reglamentación establecida para los diversos procesos mercantiles que prevé el Código de Comercio, lo cual se puede advertir con claridad del contenido del artículo 1055 de la aludida codificación, el cual es del contenido siguiente: "Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.)" De la anterior porción normativa se desprende que el legislador expresamente estableció que los juicios mercantiles orales tendrán reglas especiales a diferencia de los ordinarios, ejecutivos o los especiales, previstos en la legislación procesal de la materia. Atento a lo anterior, resulta evidente que el sistema de medios de impugnación previsto para aquellos procedimientos no le es aplicable al juicio oral mercantil, lo cual se robustece con el contenido de los artículos 1390 bis y 1390 bis 8 del Código de Comercio, los cuales son del siguiente contenido: "Artículo 1390 Bis.- Se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. (.)" "Artículo 1390 Bis 8.- En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Título." De los numerales preinsertos se advierte que en los juicios orales mercantiles no procederá recurso ordinario alguno en contra de las resoluciones que se dicten en su tramitación. En ese sentido, si bien el legislador consideró la aplicación supletoria de las disposiciones generales contenidas en el Titulo Primero del Libro Quinto del Código de Comercio, en caso de alguna cuestión no prevista en el aludido título especial, lo cierto es que el sistema de medios de impugnación, tratándose de juicios orales mercantiles, no es una cuestión no prevista por el legislador que debiera ser resuelta conforme al sistema de integración de la norma establecido. Por el contrario, aquél vedó la oportunidad de procedencia de algún recurso ordinario en contra de las resoluciones emitidas en dicho procedimiento, de ahí que, para establecer la procedencia del recurso de apelación hecho valer por el ahora quejoso en el juicio primigenio, resultó acertado que el juez responsable atendiera a lo previsto por el artículo 1390 bis, párrafo segundo del Código de Comercio y no así a lo previsto por el artículo 1345 de dicha codificación, al no ser aplicable. Atento a lo cual, resulta evidente que el concepto de violación identificado con el inciso a) al inicio de la presente consideración resulta infundado. En diverso aspecto, el peticionario de amparo aduce que artículo 1390 bis del Código de Comercio que establece la improcedencia de los recursos ordinarios en contra de las resoluciones pronunciadas en los juicios orales mercantiles, solamente es aplicable a las resoluciones que pongan fin al juicio, a las violaciones dentro de procedimiento y las afectaciones del quejoso que trasciendan al resultado del fallo, no así a la resolución que niegue la admisión a trámite de la demanda. Para destacar lo infundado del argumento efectuado por el peticionario de amparo resulta dable destacar que el aludido numeral señala que "(.) contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno (.)". En ese sentido, para analizar el alcance de dicha disposición debemos acudir a lo establecido por el numeral 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio según lo establece su numeral 1054, el cual establece: "ARTICULO 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio." De lo anterior, se obtiene que por resolución debe entenderse cualquier decreto, auto o sentencia, que se emita dentro del procedimiento. Bajo ese contexto, contrario a lo que aduce el promovente, lo establecido en el artículo 1390 bis del Código de Comercio es aplicable a cualquier determinación adoptada en el juicio oral mercantil de origen, y no solo a las que pongan fin al procedimiento, lo cual, abarca al acuerdo por el que se desechó la demanda intentada por el quejoso. Lo anterior, de forma alguna vulnera su derecho de acceso a la justicia previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo pretende hacer valer. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3233/2014, analizó la constitucionalidad del artículo 1390 bis del Código de Comercio y estableció que: "(.) Además, tal como lo sostuvo el Tribunal Colegiado del conocimiento, la parte a quien le haya sido adversa alguna resolución derivada del juicio oral mercantil, tiene la posibilidad de impugnar dicha resolución mediante el juicio de amparo, de manera que aun cuando no exista en la jurisdicción ordinaria un recurso disponible para impugnar las resoluciones adversas, existe un recurso extraordinario, que contrario a lo que dice el recurrente, admite el estudio de las violaciones procesales que puedan haber tenido lugar durante el juicio, así como, la omisión o aplicación indebida de la ley. Por lo tanto, es falso que la falta de recursos en la jurisdicción ordinaria ocasione que se deje en indefensión a los gobernados, y que no haya un superior que revise las resoluciones de los inferiores, porque los tribunales federales, que conocen del amparo, están facultados para realizar un control de legalidad sobre las decisiones de los jueces de primera instancia en aquellos casos en que no sea procedente una segunda instancia. Finalmente, este Tribunal Pleno manifestó que la exclusión en la procedencia de recursos debe obedecer a criterios objetivos, lo cual en el caso que nos ocupa también se cumple, puesto que el factor cuantía como elemento para determinar la procedencia constituye un quantum objetivo que no se fundamenta en los ingresos ni condición social de las personas sino en el monto global de la pretensión. En consecuencia, aunque se limita el derecho a la segunda instancia, dicha limitación es proporcional con la finalidad que se persigue, y debe ponderarse por encima de tal limitación, ya que ésta no implica una privación del acceso a la justicia. Pues como ha quedado demostrado, el precepto impugnado no tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, sino hacer que los procesos mercantiles sean más eficientes y ágiles, debiendo tenerse en cuenta que la agilidad es un factor esencial en las relaciones jurídicas de carácter mercantil. Los anteriores argumentos fueron sostenidos por el Tribunal Pleno, al fallar -por unanimidad de once votos- la acción de inconstitucionalidad 22/2009, y fueron reiterados por esta Primera Sala, al fallar -por unanimidad de cinco votos-, el amparo en revisión 258/2010, y el Amparo en Revisión 327/2013. En ese sentido, contrario a lo aducido por la recurrente, la limitación del número de juzgadores que revisarán el asunto no restringe la garantía de audiencia, pues como ya se dijo, el diseño del sistema de recursos del juicio oral mercantil, no obstante no prevé varias instancias ordinarias, permite la revisión de los actos a través del juicio de amparo, además de prever otros medios para asegurar el respeto al debido proceso. (.)" -Énfasis añadido- De lo anterior, podemos destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que el derecho de acceso a la justicia y de acceso a un recurso judicial y efectivo previsto a favor del gobernado se encuentra plenamente satisfecho, pues en caso de que una resolución sea adversa a sus intereses, tendrá al alcance el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, a través del cual, podrá hacer valer las cuestiones de legalidad que estime le vulneran sus derechos humanos. Sin que la denegación de acceso a una segunda instancia ordinaria pueda estimarse nugatoria de derechos, pues aquella condición establecida por el legislador fue calificada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como constitucionalmente valida, en virtud de que se persigue una administración de justicia pronta y expedita, principio que se encuentra expresamente dispuesto en el artículo 17 constitucional, es decir, la obtención de una pronta y efectiva protección de los derechos e intereses ventilados en los juicios mercantiles, imprimiéndole celeridad al proceso judicial correspondiente, encaminada a fomentar la economía procesal y la eficacia de la rama judicial. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada 1a. LX/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, página 986, con registro digital 2011234, de rubro: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE NO PREVÉ EL DERECHO A UNA SEGUNDA INSTANCIA, ES CONSTITUCIONAL." Criterio de nuestro máximo tribunal que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, resulta exactamente aplicable al caso, atento a lo cual y a lo expuesto a lo largo de la presente sentencia este juzgado federal estima que los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo identificados al inicio del presente considerando con los incisos b) y c), resultan infundados. Por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados por ********* en contra del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio oral mercantil ****** de la estadística del Juzgado Único Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a *********, respecto del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio oral mercantil ****** de la estadística de su adscripción, a través del cual, desechó el recurso de apelación que el ahora quejoso promovió en contra del desechamiento de su demanda, dada las razones expuestas en el sexto considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las diez horas del seis de abril de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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