Federico de la Torre Lopez

Expediente 1365/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1365/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Federico de la Torre Lopez
  • Jefe O Encargado de la Farmacia de la Unidad Médica Hospital General de Zona de Medicina Familiar Número 16

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es destruible, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades Notifíquese.

  2. Principal

    En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en la Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Federico de la Torre López solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen tal carácter: El C.DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR NUMERO 16 CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, con domicilio ampliamente conocido en Boulevard Revolución y calle 24 de la Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza. El C. JEFE O ENCARGADO DE LA FARMACIA DE LA UNIDAD MEDICA HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILAR NUMERO 16 CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, con domicilio ampliamente conocido en Boulevard Revolución y calle 24 de la Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza. IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades que señalo como responsables la OMISIÓN DE ABASTECERME DE MI MEDICAMENTO PARA LA DIABETES denominado INSULINA HUMANA ACCIÓN RAPIDA REGULAR SOLJUCIÓN INYECTABLE (UN ENVASE), LINAGLIPTINA TABLETA DE 5MG (UN ENVASE) Y PIOGLITAZONA TABLETA DE 15 MG (CUATRO ENVASES) que me fuera recetado por esa misma institución, lo anterior injustificadamente y poniendo en riesgo inminente mi vida." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1º y 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1365/2021-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente; y se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter negativos, y además la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el cual este juzgado federal ejerce la jurisdicción referida. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. La omisión de la Dirección Médica del Hospital General de zona con Medicina Familiar número 16 y Jefe o Encargado de Farmacia del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 16, con sede en esta ciudad, de abastecer a la parte quejosa del medicamento para su padecimiento de diabetes. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Dirección Médica del Hospital General de zona con Medicina Familiar número 16 y Jefe o Encargado de Farmacia del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 16, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas al acto reclamado, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la propia autoridad responsable; a las que por tener la calidad de documento público, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso a estudio, este juzgador considera que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, del sumario se advierte que la quejosa reclamó la abstención de proporcionarle atención médica integral, relativa a la omisión de suministrarle los medicamentos para la diabetes denominados "Insulina Humana acción rápida regular inyectable (un envase), Linagliptina tableta de 5 mg. (un envase) y Pioglitrazona tableta de 15 mg (cuatro envases), y la citada autoridad responsable remitió copia certificada de las diligencias de cinco de noviembre y treinta de diciembre de dos mil veintiuno, así como de diecisiete de enero y diez de febrero, de dos mil veintidós, en las cuales se entregó, por una parte, personalmente al quejoso, y por otra, por conducto de su hija de nombre Verónica de la Torre Tejeda "de manera gratuita", los medicamentos en cuestión, en la que se advierte que impusieron su firma de aceptación y recibido. Esas constancias cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. Por tanto, resulta claro que al haberse otorgado a la parte quejosa, en forma gratuita, los medicamentos prescritos por el médico tratante, la omisión que reclama de las autoridades responsables dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo anterior, al estimarse que los actos reclamados cesaron en el presente caso, sin que futuras omisiones sean previsibles y en todo caso se categoricen como futuras e inciertas (lo que desde luego no excluye que de llegar a existir puedan ser materia de posterior juicio de amparo), lo procedente es sobreseer en el presente juicio, conforme a lo previsto en la fracción XXI, del artículo 61, en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. La anterior determinación imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Informe. Agréguese a los presentes autos, únicamente para efectos de control, el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual realiza manifestaciones en relación al requerimiento efectuado en proveído de ocho de febrero del año en curso; lo anterior, toda vez que el diez de febrero actual, se le tuvo por dando cumplimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diez de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a sus antecedentes el oficio y anexos, signado por la autoridad responsable mediante el cual informa que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, ha tomado las medidas pertinentes para la entrega del medicamento al quejoso, y al efecto, remite las constancias con las que lo acredita. Con lo cual se da vista a la parte quejosa en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.

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