Federico Cruz Meléndez a través de su apoderada
Expediente 894/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 30 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 27/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Federico Cruz Meléndez a través de su apoderada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 894/2017 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, este órgano jurisdiccional procede a considerar si, de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. En sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 267 a 276), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: ". AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTOS Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. a) Lleve a cabo las medidas relativas para que, dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificada del auto por el que cause ejecutoria esta sentencia, se formule el proyecto en forma de laudo (dado que ha trascurrido en exceso el término de diez días para su elaboración); b) Luego, en su caso, dentro de los siguientes diez días, prosiga el procedimiento para su discusión, votación y aprobación; engrose el laudo y recabe las firmas respectivas. c) Al día siguiente de este último plazo, turne el expediente a fin de que se realice la notificación respectiva. " Las consideraciones torales para conceder el amparo y protección de la justicia fueron las siguientes (foja 273 vuelta a 275): "[.] se advierte que la autoridad responsable se ha abstenido, dentro de los términos legales, a dictar el laudo respectivo, con lo que se transgrede en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de la pronta y expedita administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que impone a todo Tribunal la obligación de dictar las resoluciones dentro de los plazos y términos fijados en las leyes, pues desde el trece de julio de dos mil diecisiete se declaró cerrada la instrucción (foja 34) y, a la fecha en que se dicta esta sentencia (veintidós de febrero de dos mil dieciocho), ha transcurrido, en exceso, el plazo de veinte días (diez para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo, y diez para citar a su discusión, votación y aprobación, en su caso) que establecen los artículos 885, 887, 888 y 889, de la Ley Federal del Trabajo para la formulación de ese proyecto y su discusión, votación y aprobación, así como su respectiva notificación, hecho el engrose relativo. Ello es así, ya que las Juntas, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral, deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional; para ello, deben desahogar y emitir resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de que pudiera darse las cargas de trabajo, ya que aunque sean consideradas las condiciones particulares de cada tribunal, tales como volumen de trabajo, insuficiencia de recursos y otros, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para resolver sobre la procedencia de un laudo, pues tal circunstancia no impide que se configure la violación a dicho derecho fundamental. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1283 del tomo XXII, septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 177266, de epígrafe: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES". No es óbice a lo anterior que, en el caso, no haya sido señalado como autoridad responsable el dictaminador de dicha Junta, mismo que tiene encomendada la labor de formular el proyecto en forma de laudo; porque la Ley Federal del Trabajo impone a las Juntas la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, incluyendo, desde luego, las omisiones o retrasos en que incurra, en la especie, el dictaminador, a quien le corresponde formular el proyecto de laudo y turnarlo a la Junta, por depender jerárquicamente de esta última; así, aquel, en su caso, debe ser apremiado administrativamente por la Junta, la que tiene facultades para sancionarlo, a fin de que cumpla con sus funciones. Se invoca en apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia 2a./J. 45/99, con número de registro 193784, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo IX, Junio de 1999, materia laboral, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LAUDO. SI EN EL AMPARO SE DEMANDA DE LA JUNTA EL RETRASO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, NO PROCEDE SOBRESEER AUNQUE NO SE HAYA SEÑALADO COMO RESPONSABLE AL AUXILIAR. " Efectos de la concesión. Atento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Lleve a cabo las medidas relativas para que, dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificada del auto por el que cause ejecutoria esta sentencia, se formule el proyecto en forma de laudo (dado que ha trascurrido en exceso el término de diez días para su elaboración); b) Luego, en su caso, dentro de los siguientes diez días, prosiga el procedimiento para su discusión, votación y aprobación; engrose el laudo y recabe las firmas respectivas. c) Al día siguiente de este último plazo, turne el expediente a fin de que se realice la notificación respectiva. [...]." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a través de su presidente, procedió de la manera siguiente: I.- Mediante proveído de trece de marzo del año en curso (foja 284) se le tuvo remitiendo el oficio de seis de marzo pasado, por el cual informó que el cinco de ese mes y año el auxiliar dictaminador formuló el proyecto de laudo en el expediente laboral 102-129/2014, de su índice (foja 281). II.- Por oficio de dos de abril del año en curso informó que, el trece de marzo actual (foja 292), se citó a las partes del citado expediente laboral para llevar a cabo la audiencia de discusión y votación sobre el proyecto de laudo de cinco de marzo de dos mil dieciocho; audiencia que tuvo lugar el cuatro de abril del año que transcurre (fojas 298 a 303). III.- Finalmente, mediante comunicado de seis de abril pasado hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el proyecto de laudo formulado en el expediente laboral 102-129/2014, de su índice, fue aprobado sin adiciones ni modificaciones, elevándose a la categoría de laudo; y, dentro del término legal, fue notificado a las partes, remitiendo, para acreditar su dicho, las constancias correspondientes (fojas 296 a 305). Del examen que se realiza entre la sentencia de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento con la misma, pone de manifiesto que la autoridad responsable la cumplió en su términos, toda vez que: a) El auxiliar dictaminador de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, formuló el proyecto de laudo con fecha cinco de marzo del año en curso (foja 281). b). El cuatro de abril de dos mil dieciocho se llevó acabo la audiencia de discusión y votación sobre el proyecto de laudo de cinco de marzo de dos mil dieciocho (foja 297). c). En esa misma fecha (cuatro de abril pasado) el aludido proyecto se elevó a la categoría de laudo (fojas 296 y 298 a 303), notificándose, en tiempo y forma, a la parte actora, aquí quejosa, el seis de abril de dos mil dieciocho (foja 304). 2.- Declaratoria de cumplimiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3.- Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.- Archivo del expediente. Por lo que, con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. 4.1 Carece de relevancia de documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. 4.2 Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4.3 Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico correspondiente Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, este órgano jurisdiccional procede a considerar si, de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. En sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fojas 267 a 276), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: ". AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTOS Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. a) Lleve a cabo las medidas relativas para que, dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificada del auto por el que cause ejecutoria esta sentencia, se formule el proyecto en forma de laudo (dado que ha trascurrido en exceso el término de diez días para su elaboración); b) Luego, en su caso, dentro de los siguientes diez días, prosiga el procedimiento para su discusión, votación y aprobación; engrose el laudo y recabe las firmas respectivas. c) Al día siguiente de este último plazo, turne el expediente a fin de que se realice la notificación respectiva. " Las consideraciones torales para conceder el amparo y protección de la justicia fueron las siguientes (foja 273 vuelta a 275): "[.] se advierte que la autoridad responsable se ha abstenido, dentro de los términos legales, a dictar el laudo respectivo, con lo que se transgrede en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de la pronta y expedita administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que impone a todo Tribunal la obligación de dictar las resoluciones dentro de los plazos y términos fijados en las leyes, pues desde el trece de julio de dos mil diecisiete se declaró cerrada la instrucción (foja 34) y, a la fecha en que se dicta esta sentencia (veintidós de febrero de dos mil dieciocho), ha transcurrido, en exceso, el plazo de veinte días (diez para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo, y diez para citar a su discusión, votación y aprobación, en su caso) que establecen los artículos 885, 887, 888 y 889, de la Ley Federal del Trabajo para la formulación de ese proyecto y su discusión, votación y aprobación, así como su respectiva notificación, hecho el engrose relativo. Ello es así, ya que las Juntas, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral, deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional; para ello, deben desahogar y emitir resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de que pudiera darse las cargas de trabajo, ya que aunque sean consideradas las condiciones particulares de cada tribunal, tales como volumen de trabajo, insuficiencia de recursos y otros, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para resolver sobre la procedencia de un laudo, pues tal circunstancia no impide que se configure la violación a dicho derecho fundamental. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1283 del tomo XXII, septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 177266, de epígrafe: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES". No es óbice a lo anterior que, en el caso, no haya sido señalado como autoridad responsable el dictaminador de dicha Junta, mismo que tiene encomendada la labor de formular el proyecto en forma de laudo; porque la Ley Federal del Trabajo impone a las Juntas la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, incluyendo, desde luego, las omisiones o retrasos en que incurra, en la especie, el dictaminador, a quien le corresponde formular el proyecto de laudo y turnarlo a la Junta, por depender jerárquicamente de esta última; así, aquel, en su caso, debe ser apremiado administrativamente por la Junta, la que tiene facultades para sancionarlo, a fin de que cumpla con sus funciones. Se invoca en apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, la jurisprudencia 2a./J. 45/99, con número de registro 193784, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo IX, Junio de 1999, materia laboral, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LAUDO. SI EN EL AMPARO SE DEMANDA DE LA JUNTA EL RETRASO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, NO PROCEDE SOBRESEER AUNQUE NO SE HAYA SEÑALADO COMO RESPONSABLE AL AUXILIAR. " Efectos de la concesión. Atento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Lleve a cabo las medidas relativas para que, dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificada del auto por el que cause ejecutoria esta sentencia, se formule el proyecto en forma de laudo (dado que ha trascurrido en exceso el término de diez días para su elaboración); b) Luego, en su caso, dentro de los siguientes diez días, prosiga el procedimiento para su discusión, votación y aprobación; engrose el laudo y recabe las firmas respectivas. c) Al día siguiente de este último plazo, turne el expediente a fin de que se realice la notificación respectiva. [...]." En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a través de su presidente, procedió de la manera siguiente: I.- Mediante proveído de trece de marzo del año en curso (foja 284) se le tuvo remitiendo el oficio de seis de marzo pasado, por el cual informó que el cinco de ese mes y año el auxiliar dictaminador formuló el proyecto de laudo en el expediente laboral 102-129/2014, de su índice (foja 281). II.- Por oficio de dos de abril del año en curso informó que, el trece de marzo actual (foja 292), se citó a las partes del citado expediente laboral para llevar a cabo la audiencia de discusión y votación sobre el proyecto de laudo de cinco de marzo de dos mil dieciocho; audiencia que tuvo lugar el cuatro de abril del año que transcurre (fojas 298 a 303). III.- Finalmente, mediante comunicado de seis de abril pasado hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el proyecto de laudo formulado en el expediente laboral 102-129/2014, de su índice, fue aprobado sin adiciones ni modificaciones, elevándose a la categoría de laudo; y, dentro del término legal, fue notificado a las partes, remitiendo, para acreditar su dicho, las constancias correspondientes (fojas 296 a 305). Del examen que se realiza entre la sentencia de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento con la misma, pone de manifiesto que la autoridad responsable la cumplió en su términos, toda vez que: a) El auxiliar dictaminador de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, formuló el proyecto de laudo con fecha cinco de marzo del año en curso (foja 281). b). El cuatro de abril de dos mil dieciocho se llevó acabo la audiencia de discusión y votación sobre el proyecto de laudo de cinco de marzo de dos mil dieciocho (foja 297). c). En esa misma fecha (cuatro de abril pasado) el aludido proyecto se elevó a la categoría de laudo (fojas 296 y 298 a 303), notificándose, en tiempo y forma, a la parte actora, aquí quejosa, el seis de abril de dos mil dieciocho (foja 304). 2.- Declaratoria de cumplimiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3.- Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4.- Archivo del expediente. Por lo que, con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. 4.1 Carece de relevancia de documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. 4.2 Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4.3 Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico correspondiente Notifíquese personalmente.
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PRAL 984/2017 7B" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil dieciocho. .... Notifíquese personalmente. ...
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NOTIFICACIÓN PARTE TERCERA INTERESADA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil dieciocho. 1.- Glose de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta número 62/2018, signado por el presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de abril del año en curso (foja 294 y vuelta) y a la sentencia concesoria de amparo, remite copia certificada de las siguientes constancias: Audiencia de discusión y votación de fecha cuatro de abril de este año. Laudo de esa misma fecha dictado en el expediente laboral 102 - 129/2014. Notificación a la parte actora de seis de abril de dos mil dieciocho. 2.- Se ordena dar vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia certificada del 1) oficio de cuenta y anexos, 2) oficios de seis de marzo y dos de abril de este año (fojas 281 y 292), dése vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a sus derechos convenga. 3.- Apercibimiento. En el entendido que de hacer caso omiso sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2ª.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Novena Época, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Notifíquese personalmente.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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