Federico Bastidas Lizárraga
Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Federico Bastidas Lizárraga
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de trece de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el dieciocho siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veinte al veintiséis de los presentes mes y año, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.
- Principal
Vista la razón actuarial de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se obtiene que el fedatario adscrito no pudo llevar a cabo la notificación encomendada en auto de trece de los citados mes y año, en virtud de que el domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones lo habita una persona que manifestó llamarse Iris Escobedo, y que no conoce al quejoso de mérito. En tal virtud, se ordena notificar el expresado auto por lista así como los subsecuentes que se emitan en este sumario; hasta en tanto el impetrante señale un domicilio para tal efecto, al ser una carga procesal que solo atañe a éste.
- Principal
En acatamiento el proveído de trece de mayo del año curso se hace del conocimiento el proveído de trece de mayo del año en curso en el que: Mazatlán, Sinaloa, trece de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Federico Bastidas Lizárraga, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad; con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 389/2022. Del libelo constitucional se desprende que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: "IV.- LEY, ACTO U OMISIÓN, QUE SE RECLAMA: "(.) la resolución de fecha 07 de abril del año en curso dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta Ciudad en el expediente número 536/202, relacionado con la negativa a la admisión de las pruebas testimoniales que oferte (.)" IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, cuyo tenor literal es el siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y, de ser el caso, examinar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora bien, resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte quejosa, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser en grado predominante o superior, de manera tal, que dicha determinación no pueda ser reparada en la resolución definitiva. Bajo esas premisas, una determinación dictada por una autoridad judicial dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, sin que ello dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en el caso que nos ocupa. No se soslaya que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) garantiza las prerrogativas correspondientes a la protección judicial, el cual consiste en que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención de que se trata, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Asimismo, el Estado Mexicano como parte que es de dicha convención, asumió el compromiso de garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal interno decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos procesales dentro de la contienda judicial, deben ventilarse a través de los mecanismos que la propia ley establece para ello y ante los tribunales que estén facultados para su conocimiento, en tanto que la cuestión principal es precisamente la que se encuentra sujeta a debate judicial. Sentado lo anterior, resulta necesario destacar que al existir medios de defensa válidamente establecidos en los que puede ser reparada, en caso de que existiera, la violación procesal que se reclama, el juicio de amparo en la vía indirecta únicamente puede ser procedente si la actuación judicial cuestionada es de imposible reparación por vincularse con los derechos fundamentales de la persona, lo que en la especie no ocurre. Ahora, en el capítulo relativo a los antecedentes de la demanda el promovente expuso lo siguiente: "(.) Se emitió la resolución negándome la interposición de una apelación vs la resolución dictada por el H. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad el Día 22 de Marzo del Año 2022 dentro del expediente 536/202 donde dicho tribunal viene negándome la admisión de pruebas, por lo cual el suscrito apeló dicha resolución de fecha 07 de Abril del año en curso y dicha apelación fue negada por la autoridad señalada en el presente ocurso (.)" En ese sentido, atendiendo a lo anterior y a que el acto reclamado en el libelo que se atiende se hace consistir en la resolución dictada el siete de abril de dos mil veintidós, por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, en la que la indico "no ha lugar a acordar conforme a lo solicitado y deberá estarse a lo acordado en el auto de fecha dos de febrero de dos mil veintidós en lo que respecta a la preparación de la prueba testimonial que le fue admitida.", apelación que a su vez interpuso en contra del auto de veintidós de marzo de ese año, en el que el titular de dicho órgano no tuvo admitidas las pruebas testimoniales a cargo de Carlos Manuel Rodríguez Serna y Daniel Omar Rodríguez Serna, que ofreció en su carácter de parte demandada. De lo anterior, se aprecia que el impetrante, parte demandada en el juicio de origen, pretende deducir la acción constitucional contra una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, cuya ejecución no es de imposible reparación ni resulta violatoria de un derecho sustancial, ya que versa sobre el desahogo de un prueba testimonial dentro del juicio, por lo que resulta patente que se trata de una actuación intraprocesal, que se encuentra prevista como violación al procedimiento en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Derechos que per se, no son susceptibles de ser examinados en el juicio de amparo indirecto, tomando en cuenta, como se dijo, que este medio de control convencional y constitucional es excepcional, y su procedencia no depende de la violación de derechos procesales si éstos no se encuentran vinculados con derechos sustantivos cuya ejecución, además, sea irreparable. Al respecto, es oportuno citar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.LVIII/2004, página 10, Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Luego entonces, la resolución de que se trata, por sí misma, no justifica la procedencia del amparo indirecto sino que se necesita una situación concreta y definitiva que se estime lesiva de un derecho sustantivo, lo que no ocurre en el caso. Resulta ilustrativa al presente caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, página 489, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Así, al no actualizarse en perjuicio del impetrante una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, y ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Domingo Zambrano Contreras, quien tiene su cédula profesional 3813542, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, mientras que a Fernando Tirado Adrián, se le autoriza únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se proporciona los datos del documento que la faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. Lo anterior, en el entendido de que el promovente y la persona autorizada en los términos precisados en el párrafo que antecede podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, esta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de dos mil quince, Tomo II, página 1830, con número de registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Capristano, número 24033, colonia San Fe, en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes
- Faustino Vargas Amaya677/2022
- Fausto Ismael Rangel Flores176/2020
- Fausto Javier Gutiérrez Gutiérrez228/2022
- Federación de Trabajadores de Sinaloa579/2019
- Federico Alapizco Barrón864/2023
- Federico Bastidas Lizárraga579/2023
- Federico Beltran Carrazco468/2021
- Federico García Tirado466/2023
- Federico García Tirado1059/2022
- Federico Kelly López508/2014
- Federico Ortiz Velarde690/2017
- Federico Payan Hernández364/2023