Federico Augusto Ortiz Rios
Expediente 666/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Federico Augusto Ortiz Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Consultora Jurídica General, mediante el cual devuelve el oficio 18495/2022, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez su representación le corresponde a la Secretaría de Salud; en consecuencia, reenvíese el oficio de referencia por conducto de quien lo representa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con la totalidad de los acuses de recibo dirigidos a las diversas autoridades responsables, mediante el cual se les comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para que este en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 21, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Sin incidente. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de febrero de dos mil veintidós Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Consultora Jurídica General, quien firma en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual devuelve el oficio 31290/2021, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos que señala; al respecto, para lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedita y de acuerdo a la información que proporciona, reenvíense el oficio citado con antelación a la Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Federico Augusto Ortiz Ríos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidente de la Republica, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México. Acto reclamado: ".De las autoridades ordenadoras se reclama la aprobación, expedición, promulgación y publicación, en sus respectivas esferas de competencia, los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. .De las autoridades ejecutoras, se reclama la inminente negativa a extender la autorización sanitaria para que el suscrito pueda ejercer las actividades relacionadas con el autoconsumo con finas lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, obtener la semilla y transportar- del estupefaciente "cannavis" (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol), los siguientes isómeros ?6ª (10ª), ¿6ª (7), ¿7, ¿8, ¿9, ¿10, ¿9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como "marihuana". SEGUNDO. El ocho de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 666/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. La inminente negativa a extender la autorización sanitaria para que pueda ejercer las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, obtener la semilla y transportar- del estupefaciente "cannavis" (sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol), los siguientes isómeros ?6ª (10ª), ¿6ª (7), ¿7, ¿8, ¿9, ¿10, ¿9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con residencia en la Ciudad de México, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado cada quien en el ámbito de su respectiva competencia, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. Máxime, que, para que exista un acto omisivo, es menester acreditar la existencia de la obligación por parte de la autoridad responsable de actuar en determinado sentido; en el caso, no quedó acreditado que se hubiera generado petición alguna, por tanto, es evidente que no estaban constreñidos a actuar en determinada forma. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), Registro digital 2018110, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese tenor en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo, en cuanto, a los actos y autoridades precisadas. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, Presidente de la Republica, con residencia en la Ciudad de México, pues así lo informaron al rendir el informe justificado. Así, la existencia de las disposiciones legales combatidas, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una norma de carácter general que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo que se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Esta autoridad de oficio advierte se actualiza la causal de improcedencia contenida en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, primera y segunda parte, y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Cabe señalar, que no obstante la certeza del acto reclamado, es pertinente mencionar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para examinar si el acto reclamado es constitucional o no. Luego, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma conjunta con el texto del artículo 61 de la ley en cita. Consecuentemente, previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público, se procede a analizar la causa de improcedencia que se advierta oficiosamente o que hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, a juicio de este Juzgador, en relación con los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud; se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, primera y segunda parte, y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de no estar demostrado en autos su aplicación en perjuicio del solicitante del amparo. Para demostrar el aserto que precede, es necesario traer a glosa el contenido del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En íntima vinculación con el normativo constitucional reproducido, los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, primer párrafo, 6, y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Las letras reproducidas ponen de manifiesto, por una parte, la posibilidad legal que tiene todo gobernado para combatir -a través del juicio de amparo biinstancial- aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional; reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, cuando estimen que violan sus derechos humanos y fundamentales. Asimismo, los preceptos reproducidos evidencian que el legislador estableció implícitamente dos categorías de normas relacionadas con su modo de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto, esto es, aquellas que con su sola vigencia -es decir, sin necesidad de que se cumpla otra condición- causen un perjuicio al particular, así como las que requieran de un acto posterior que las individualice con relación a la esfera jurídica de un gobernado. También se establece en los preceptos transcritos que si se trata de una norma que requiera -como condición de individualización- de un acto posterior y no se demuestre el mismo durante la dilación procesal del juicio de amparo, la acción de control constitucional se torna inejercitable; lo que así es en función de que la condición de impugnación de normas exige la existencia de un agravio o perjuicio sufrido por el gobernado en alguno de sus derechos humanos y fundamentales, de donde no ser así la acción de control constitucional se tornaría especulativa y carente de sentido restaurativo. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 55/97, con Registro digital: 198200, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 5, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Consecuentemente, cuando se tilda de inconstitucional una norma, en principio debe esclarecerse su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor es susceptible de ocasionar un perjuicio (autoaplicativas o autoejecutivas), o si la misma requiere para su actualización de un acto diverso que condicione su aplicación al gobernado (ley heteroaplicativa), pues dependiendo de la forma de reclamo es que deberá analizarse la existencia del perjuicio como requisito o presupuesto que satisface el interés jurídico y por ende la procedencia de la acción de control constitucional mediante el juicio de amparo indirecto. En armonía con lo anterior, cabe señalar que la existencia del perjuicio o principio de parte agraviada, como también se identifica, está relacionado con la definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, el cual se entiende no como se conceptúa en los términos de la ley civil, es decir, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos fundamentales de una persona, lo cual lleva implícito -como se dijo- que se debe acreditar fehacientemente la afectación que produzca la norma impugnada por el justiciable; así, sin duda, una norma general y abstracta señalada como acto reclamado puede ser fuente de perjuicio o, más ejemplificativamente dicho, generadora de efectos jurídicos y materiales afectatorios contra los derechos fundamentales de una persona, y es entonces cuando el ejercicio de la acción de control constitucional no encuentra obstáculo para su ejercicio. Consideraciones que son acordes a lo interpretado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 46, tomo: parte VII, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL". En ese sentido, para la satisfacción del interés jurídico tratándose de la procedencia del juicio de amparo en que se someta a control constitucional una disposición de carácter general, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal asegure estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con la misma, pues incluso siendo sujeto destinatario de la norma si la disposición general y abstracta establece para su generación de efectos con relación a su destinatario del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho, el juicio de amparo será improcedente por falta de afectación. En esa tesitura, debe evidenciarse de forma concreta y material los supuestos de individualización de la misma en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o cuando se reclame como heteroaplicativa mediante la existencia de un acto concreto que imponga sus efectos; lo anterior así se encuentra interpretado en la Jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, tomo: 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS". Asimismo, en la tesis P.L.VII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124 del tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del referido órgano de publicidad, de rubro siguiente: "LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO". También, en la tesis P. XCVII/95, visible en la página 92 del tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO". Así como en la Jurisprudencia P./J.30/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS". Y en la Jurisprudencia 2ª./J.12/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323 del tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del órgano de difusión citado, cuyo rubro sostiene lo siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, en los términos en que fue planteada la demanda de amparo, la parte quejosa acude a instar el juicio de amparo reclamando los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, porque considera que se concretaron en su perjuicio, ya que refiere ser consumidor lúdico del estupefaciente "cannabis", también conocido como marihuana, desde el veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Las disposiciones legales referidas de la Ley General de Salud, que establecen la regulación sanitaria de estupefacientes y psicotrópicos. Así, el legislador establece un listado para determinar qué sustancias deben considerarse como tales contemplando a la cannabis sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas y al tetrahidrocannabinol ?conjuntamente marihuana?, como tales. A su vez, el legislador federal establece que todo acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicos, o cualquier producto que los contuviera, requiere una autorización de la Secretaría de Salud y que sólo puede otorgarse con fines médicos y científicos (artículo 235, último párrafo y 247, último párrafo). De igual forma, respecto de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, se prohíbe de manera expresa la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado (artículos 237 y 248). Asimismo, la ley establece que una autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esa Ley y demás disposiciones generales aplicables. Por último, se establece que, para los efectos del capítulo contemplado en la Ley General de Salud, relativo a "delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo", se entenderá que la marihuana está destinada para estricto consumo personal, cuando su cantidad, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de cinco gramos (artículo 479). En esa medida, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, es necesario que ciertamente se encuentre acreditada la aplicación de los preceptos reclamados en perjuicio de la parte quejosa, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada". Dicho criterio se contiene en la tesis aislada P. XCVII/95, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, página noventa y dos, titulada "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO." En el caso, como se ha dicho la parte quejosa en su escrito de demanda no informa que haya realizado petición por escrito o verbal ante la autoridad administrativa que corresponda a efecto de peticionar le sea autorizado el consumo lúdico o recreativo del estupefaciente "Cannabis", mejor conocida como marihuana, por el que estima constituye el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales. Sin embargo, como se ha señalado la quejosa no acreditó el acto de aplicación de las normas legales impugnadas. Considerar lo contario, supondría que la procedencia del juicio de amparo en la que se controvierte la regularidad constitucional de leyes, queda supeditada a la simple voluntad de la parte promovente que sin sustento lógico supone la aplicación implícita de alguna norma de carácter general; lo que evidentemente, contravendría la naturaleza propia del juicio de amparo. Sobre todo, si se toma en consideración, como se ha precisado a lo largo de este fallo, el acto de aplicación de una norma reclamable en amparo, es aquél que actualiza en perjuicio del gobernado la hipótesis normativa que se contiene en el numeral de que se trata, esto es, tal y como se estipula en el mismo que se incluirá en la esfera jurídica del gobernado, y no en la forma en que éste determine, que fue realizada su individualización. Es decir, el acto legislativo es el que contiene los exactos lineamientos para que un enunciado normativo irrumpa en la esfera jurídica del particular, y no es el gobernado, el que determina cuándo se individualiza la norma en su contra, y cuando no; estimar lo contrario, como se ha indicado, llevaría al absurdo de reducir la procedencia del amparo contra leyes, a lo que precisara cada quejoso respecto de su individualización. Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CLXXV/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre de dos mil, página cuatrocientos cuarenta y siete, que dispone: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Bajo este orden de ideas, se estima que en el caso, la parte quejosa no acreditó fehacientemente -como debe quedar demostrado- la aplicación de los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud; y por ende se actualiza la improcedencia del amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario. En consecuencia, al haberse demostrado la actualización de la causal de improcedencia estudiada, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por último, resulta innecesario entrar al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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