Federico Armenta Arreola

Expediente 166/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
166/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Federico Armenta Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Colima, Colima, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede se advierte que feneció el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que el quejoso interponga el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que lo haya hecho; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no obre el acuse de recibo del oficio 5078/2023, con el que le fue notificada la determinación dictada en el presente juicio al Coordinador de la Guardia Nacional en Colima, pues la parte a quien le podría afectar la resolución señalada sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número P./J. 14/2018, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO INTERESADO NO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITIÓ EL ESTUDIO DE LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL QUEJOSO. Conforme a los artículos 5o., fracción III, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo directo, cuando subsista el estudio de un tema propiamente constitucional, la cual se encuentra condicionada a que dicha sentencia irrogue una afectación directa a su esfera jurídica; por tanto, no está legitimado para interponer ese recurso contra la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito de estudiar los planteamientos del quejoso que cuestionan la constitucionalidad de un precepto determinado, pues esa omisión sólo perjudica a quien los formula, es decir, a este último, además de que el derecho de expresar esos argumentos en la demanda de amparo se origina con la aplicación del precepto referido, en perjuicio del quejoso." Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse las mismas para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, al tratarse de un expediente en el que si bien se sobreseyó el juicio, se concedió la suspensión de plano en el auto admisorio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. Por otra parte, en cumplimiento al párrafo segundo del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de depuración. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 166/2023-IV, promovido por ********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Colima y otras autoridades, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintitrés, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito, ******************** (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada), por conducto de Rubén Vargas Ochoa, solicitó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales las siguientes, en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras, I.- Fiscal General del Estado de Colima. II.- Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima. III.- Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Colima. IV.- Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima. V.- Coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Colima. VI.- Comandante de la Veinte Zona Militar con sede en la ciudad de Colima. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Bajo protesta de decir verdad por ser ciertos los hechos y abstenciones que por esta vía se reclaman de las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras, los siguientes actos: I.- LA INCOMUNICACION, GOLPES, TORTURA, MALOS TRATOS Y DESAPACION FORZADA DE FEDERICO ARMENTA ARREOLA, LLEVADA A CABO POR POLICIAS ESTATALES, AGENTES DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA ESTATAL Y GUARDIA NACIONAL, SUSCITADA EL DIA DE HOY 3 TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 HORAS APROXIMADAMENTE CUANDO EL QUEJOSO SE ENCONTRABA CAMINANDO SOBRE LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE COLIMA, SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO EN FLAGRANCIA Y SIN QUE SE SEPA SU PARADERO PUES LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN QUE LO TENGAN DETENIDO." SEGUNDO. Registro y admisión de la demanda. El tres de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número 166/2023-IV, y en dicho proveído se concedió la suspensión de plano al directo quejoso ********************, quien una vez que fue localizado ratificó la demanda promovida a su favor, por lo que el siete de febrero del actual, se admitió la demanda en cuestión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal adscrito; y, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. De igual forma, en el citado proveído se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación con sede en esta Ciudad de Colima, para que remitiera las constancias relativas a la audiencia inicial, así como las referentes a la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV1/-63/2023, lo cual fue cumplimentado al momento de rendir su informe con justificación en proveído de dieciséis de febrero del actual. Seguidos los trámites legales, el día de hoy, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al precepto 76 de dicho cuerpo legal, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época, página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, página treinta y dos, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sobre esta base, de la lectura integral de la demanda de amparo inicial, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: La detención, tortura, incomunicación y desaparición forzada. TERCERO. Consideración preliminar. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éstos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la detención, tortura, incomunicación y desaparición forzada. No son ciertos los actos reclamados del Fiscal General del Estado de Colima, Director General de la Policía Investigadora, Delegado de la Fiscalía General de la República en Colima y Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima, Coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Colima, consistentes en la detención, tortura, incomunicación y desaparición forzada; tampoco es cierto el acto reclamado del Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación con sede en esta Ciudad de Colima, que se hizo consistir en la tortura, incomunicación y desaparición forzada del inconforme; por así haberlo manifestado al rendir informe justificado. Sin que la parte quejosa haya aportado probanza alguna, para desvirtuar el sentido negativo de dichos informes; por lo que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo con relación a las autoridades y actos indicados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 284, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Apéndice de 2011, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia del acto reclamado consistente en la detención del quejoso. Es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación con sede en esta Ciudad de Colima, consistente en la detención del quejoso, pues si bien al rendir informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, reconoció que ******************** -quejoso- fue puesto a su disposición, el tres de febrero de dos mil veintitrés, por el delito de ataque peligroso, por lo que se integró la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV1-63/2023 de su índice. De ahí que se tenga por cierto dicho acto. Ilustra lo antes dicho, la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, Julio de 1994, Materia: Común, página 391, registro: 211004, del tenor literal: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la existencia del acto reclamado está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación el Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación con sede en esta Ciudad de Colima, consistente en copias autentificadas de la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV1-63/2023, así como el audio y video de la audiencia inicial de seis de febrero de dos mil veintitrés, celebrada ante el Juez de Control del Primer Partido Judicial de Colima dentro de la causa penal NUC: I- 456/2023, en el cual se determinó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa; documentales a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, Tesis: 226, página: 153, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª.), consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la autoridad responsable Comandante de la Veinte Zona Militar en Colima, fue omisa en rendir su respectivo informe solicitado, no obstante que fue debidamente notificada del proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, mediante el oficio 2823/2023, por el cual se les requirió; por tanto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto reclamado a la citada autoridad. Esto es así, debido a que la citada autoridad al tener la calidad de ejecutora por las facultades que realiza, es quien lleva a cabo la ejecución de los actos reclamados; de ahí que se tenga por cierto el acto. Es aplicable la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVIII, Materia: Común, página: 795, registro 301489, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras omiten el informe relativo a la ejecución que se les reclama, pero existe el acto reclamado de la autoridad ordenadora, por tal omisión deben presumirse ciertos los actos que de aquéllas se reclaman. Asimismo se invoca la jurisprudencia 2a./J.7/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia: Común, página: 353, registro 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". En ese contexto, a juicio de este juzgador, respecto del acto reclamado consistente en la detención del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, la cual señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y. (.)" Del texto del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la controversia planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la controversia en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación del juicio constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición del quejoso frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. En el caso, de las constancias que remitió el Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación con sede en esta Ciudad de Colima, se advierte que el tres de febrero de dos mil veintitrés, elementos de la Policía Municipal de Colima, detuvieron en flagrancia al quejoso ********************, mismo que fue puesto a disposición del Agente de mérito, radicándose así la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/INV1-63/2023 de su índice. Asimismo, el Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación con sede en esta Ciudad de Colima, el cinco de febrero de dos mil veintitrés, dejó a disposición del Juez de Control del Primer Partido Judicial de Colima al aquí quejoso, advirtiéndose que el seis de febrero del año en cita, se llevó a cabo la audiencia inicial (audiencia de control y puesta a disposición) en la que se calificó de legal la detención y se formuló imputación al ahora quejoso por el delito de ataque peligroso, previsto en el artículo 214, en relación con el 22, fracción I, 23, fracción I y 27 apartado A fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Colima; de igual forma, del audio y video de la audiencia inicial de seis de febrero de dos mil veintitrés, celebrada ante el Juez de Control del Primer Partido Judicial de Colima, dentro de la causa penal NUC: I- 456/2023, se obtiene que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso en la causa penal de mérito por el delito antes señalado. En ese orden de ideas al calificarse de legal la detención y haberse dictado auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, debe decirse que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el peticionario respecto a la detención ilegal que reclama, pues en el caso, al haberse celebrado la audiencia inicial y calificado de legal la detención realizada en la causa penal, en la que se le dictó auto de vinculación a proceso, existe un cambio de situación jurídica, que imposibilita para este juzgador el análisis del acto aquí reclamado, toda vez que la nueva determinación en la que se calificó de legal la detención por una autoridad judicial no constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ello es así, ya que de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones de la parte quejosa, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de amparo, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas. En consecuencia, es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención que se les imputa desde el momento en que el directo quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control del Primer Partido Judicial de Colima del conocimiento de la causa penal NUC: I- 456/2023; por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente asunto, pues no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso con motivo del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control del Primer Partido Judicial de Colima, en contra del imputado ********************, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de delito de ataque peligroso, previsto en el artículo 214, en relación con el 22, fracción I, 23, fracción I y 27 apartado A fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Colima, a quien además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 14/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 181477, Novena Época, materia penal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, mayo de 2004, página 441, de rubro y texto: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, del rubro y texto siguientes: "DETENCIÓN PRACTICADA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS CUANDO LA RATIFICA UNA AUTORIDAD JUDICIAL. Si el acto reclamado en un juicio de amparo, se hace consistir en la orden de detención llevada a cabo por elementos de la Policía Judicial del Estado, pero de autos se advierte que la aludida detención fue calificada como legal por una autoridad judicial, trae como consecuencia la cesación de sus efectos, pues resulta inconcuso que al haberse efectuado la calificación de la detención, a partir de ese momento el inculpado quedó a disposición del Juez del proceso y no de quienes lo detuvieron." En virtud de lo anterior, es evidente que opera la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal antes citado. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causas de sobreseimiento). Lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en la página 525, del Libro XV, de diciembre de dos mil doce, Tomo 1, en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo. Sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1587, del Libro XIV, de noviembre de dos mil doce, Tomo 2, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 487, del Libro 3, de febrero de dos mil catorce, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Décima Época, en cuyo rubro y texto se establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Conforme al sentido de este fallo es innecesario en análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, consultable en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." SEPTIMO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el directo quejoso ********************, contra los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Colima, Director General de la Policía Investigadora, Delegado de la Fiscalía General de la República en Colima y Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima, Coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Colima, Comandante de la Veinte Zona Militar en Colima y Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación con sede en esta Ciudad de Colima, en los términos precisados en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Colima, Colima, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Coordinador Estatal en Colima de la Guardia Nacional, rinde informe justificado, hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia; y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en su misiva. De igual forma, glósense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, los documentos a través de los cuales el Jefe del Estado Mayor de la Veinteava Zona Militar y el Coordinador Estatal en Colima de la Guardia Nacional, rinden su informe previo relativo a la suspensión de plano; por tanto este juzgador ordena que dichos comunicados deben obrar como constancia, en virtud de que los mismos se tuvieron por rendidos mediante proveídos de catorce y quince de febrero de dos mil veintitrés. Finalmente, glósese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento por el cual el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, rinde informe justificado; por tanto este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, toda vez que el mismo ya fue rendido mediante acuerdo de diez del actual. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el Agente del Ministerio Público de la Mesa Primera de Investigación, informa que por oficio 27/2023 de quince del actual, dio cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído de siete de febrero del año en curso; por tanto, este juzgador ordena que dicho documento debe obrar como constancia, toda vez que en acuerdo de dieciséis del actual, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad de mérito. Cúmplase.

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