Federico Anselmo Saucedo Martínez
Expediente 394/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Federico Anselmo Saucedo Martínez
- José Nicolás Avila Pineda, perito Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que ha causado estado el proveído en mención, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se desechó la demanda que dio origen a este asunto y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Agréguese la diligencia llevada a cabo el trece de mayo de dos mil veintidós, de la que se advierte que Federico Anselmo Saucedo Martínez ratificó el contenido y firma de su escrito con folio 10129 presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito el veintidós de abril anterior. En consecuencia de lo anterior, agréguese el escrito signado por el quejoso Federico Anselmo Saucedo Martínez, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de once de abril del presente año; por tanto, se tiene a la parte quejosa por aclarando su demanda de amparo. Ahora bien, examinado el libelo constitucional, considerado como un todo, se advierte que es notoria la improcedencia del juicio constitucional; y, por tanto de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la ley reglamentaria, debe desecharse. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los quejosos o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la determinación de quince de marzo de dos mil veintidós dictado en el recurso de revocación dentro del expediente 594/2020 del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primer Distrito Judicial. Determinación que tuvo por no interpuesto el citado medio de impugnación contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1407 del Código de comercio, citó a las partes para escuchar sentencia. En esa tesitura, respecto de la determinación reclamada, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: Marco normativo. Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." Sobre esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto reclamado, a pesar de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Esto último, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Es pertinente destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere para su actualización que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, verbigracia por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales. De las manifestaciones que rindió la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se tiene que: El quejoso reclama el auto de quince de marzo de dos mil veintidós emitido en el expediente 594/2020, a través del cual se tuvo por no interpuesto el recurso de revocación contra el diverso de veintitrés de febrero del año en curso, debido a que al momento de la presentación del citado medio de impugnación, ya existe sentencia definitiva dictada el uno de marzo de dos mil veintidós. Ahora, en el referido auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que en el presente caso dota de contenido el acto reclamado al haberlo sustituido procesalmente, la autoridad responsable consideró entre otras cuestiones, lo siguiente: Del estado que guarda el expediente se observa que, en auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, la parte demandada (aquí quejosa), ofertó la prueba pericial en grafoscopía. Debido a que la parte demandada no dio impulso procesal para el desahogo de la prueba pericial en grafoscopia, en consecuencia se citó para resolver el juicio 594/2020. En ese contexto, es inconcuso que aún ante la existencia del acto reclamado de quince de marzo de dos mil veintidós dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 594/2020, a través del cual se tuvo por no interpuesto el recurso de revocación contra el diverso de veintitrés de febrero del año en curso, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, porque inclusive ante su existencia el mismo ya no puede surtir consecuencia jurídica alguna, debido al dictado de la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil veintidós. Esto es, la circunstancia de que en un momento dado se conceda el amparo y la protección constitucional a la quejosa, sería para que se deje sin efecto el auto combatido, sin embargo, lo cierto es que éste jurídicamente ya no tiene efectos, debido a que las consecuencias jurídicas han desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso, sino el diverso que sustituyó al reclamado, es decir, la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil veintidós, lo que representa que ha dejado de existir el objeto o materia del acto combatido al sobrevenir la mencionada modificación del entorno en el cual aquél se emitió. En resumen, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, el presente juicio deviene improcedente, puesto que ningún efecto tendría una eventual concesión del amparo a la parte quejosa, porque el tópico que motivo su queja ha dejado de existir al emitirse la sentencia definitiva de uno de marzo de dos mil veintidós dentro del expediente 594/2020. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la invocada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que: en auto de once de abril de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por Federico Anselmo Saucedo Martínez, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Distrito Judicial y otra autoridad, providencia en la que se previno a la parte quejosa. Posteriormente, en auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós se agregó el escrito signado por Federico Anselmo Saucedo Martínez, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención formulada; pero al advertirse que los rasgos de la firma que calza el escrito inicial de demanda y la plasmada en el diverso aclaratorio fueron notoriamente diferentes, se ordenó oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía. Sin embargo, de la lectura al escrito de cuenta presentado por Federico Anselmo Saucedo Martínez se observa que manifiesta lo siguiente: ".A lo cual me permito mencionar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la firma que aparece al final del escrito de aclaratoria (sic) así como el del escrito inicial de demanda fueron firmados y rubricados ambos por el suscrito y solicito a su Señoría se señale fecha y hora para la ratificación del mismo ante presencia judicial." (Resaltado no es propio). Por tanto, a fin de dar oportunidad a la parte quejosa de que reconozca las firmas que calzan el escrito inicial de demanda y la plasmada en el diverso aclaratorio; requiérasele para que, comparezca ante la presencia de este juzgado en la fecha y hora que se le indicarán más adelante y una vez puestos los escritos con las firmas dubitables manifieste sí las reconoce como suyas y ratifica el contenido de éstos, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, a fin de que Federico Anselmo Saucedo Martínez, ratifique su escrito de cuenta, se acuerda: Entonces, atento a la transcripción que antecede, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se señalan las trece horas con treinta minutos del trece de mayo del año en curso, a efecto de que Federico Anselmo Saucedo Martínez comparezca en las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional ante este Juzgado, debidamente identificado, a ratificar el escrito de cuenta. Con el apercibimiento que de no presentarse el día y hora señalados con anterioridad, se tendrá por no presentado dicho escrito. En el entendido que este juzgador cuenta con facultades para ordenar actuaciones para verificar la autenticidad de la firma. Por otra parte, se ordena agregar a los autos el oficio DESLP/0789/2022 signado por el Delegado en San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República, y el 1285/2022, proveniente del Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Zacatecas, el primero informa las gestiones que está realizando a efecto de dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de abril del año en curso, y con el segundo indica que se designó a José Nicolás Ávila Pineda como perito en mateia de documentos cuestionados (grafoscoía) para intervenir en el juicio de amparo. En consecuencia, y tomando en consideración lo dicho al inicio del presente acuerdo, se reserva la continuación del desahogo de la prueba pericial ordenada en auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, con la finalidad de dar oportunidad a la parte quejosa de reconocer las firmas que calzan el escrito inicial de demanda y la plasmada en el diverso aclaratorio; con el apercibimiento que de advertirse nuevamente irregularidades en las firmas se continuará con el procedimiento en comento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de tres de mayo de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, se advierte que: en auto de once de abril de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por Federico Anselmo Saucedo Martínez, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Distrito Judicial y otra autoridad, providencia en la que se previno a la parte quejosa. Posteriormente, en auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós se agregó el escrito signado por Federico Anselmo Saucedo Martínez, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención formulada; pero al advertirse que los rasgos de la firma que calza el escrito inicial de demanda y la plasmada en el diverso aclaratorio fueron notoriamente diferentes, se ordenó oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía. Sin embargo, de la lectura al escrito de cuenta presentado por Federico Anselmo Saucedo Martínez se observa que manifiesta lo siguiente: ".A lo cual me permito mencionar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la firma que aparece al final del escrito de aclaratoria (sic) así como el del escrito inicial de demanda fueron firmados y rubricados ambos por el suscrito y solicito a su Señoría se señale fecha y hora para la ratificación del mismo ante presencia judicial." (Resaltado no es propio). Por tanto, a fin de dar oportunidad a la parte quejosa de que reconozca las firmas que calzan el escrito inicial de demanda y la plasmada en el diverso aclaratorio; requiérasele para que, comparezca ante la presencia de este juzgado en la fecha y hora que se le indicarán más adelante y una vez puestos los escritos con las firmas dubitables manifieste sí las reconoce como suyas y ratifica el contenido de éstos, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, a fin de que Federico Anselmo Saucedo Martínez, ratifique su escrito de cuenta, se acuerda: Entonces, atento a la transcripción que antecede, con fundamento en los artículos 3 y 6, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se señalan las trece horas con treinta minutos del trece de mayo del año en curso, a efecto de que Federico Anselmo Saucedo Martínez comparezca en las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional ante este Juzgado, debidamente identificado, a ratificar el escrito de cuenta. Con el apercibimiento que de no presentarse el día y hora señalados con anterioridad, se tendrá por no presentado dicho escrito. En el entendido que este juzgador cuenta con facultades para ordenar actuaciones para verificar la autenticidad de la firma. Por otra parte, se ordena agregar a los autos el oficio DESLP/0789/2022 signado por el Delegado en San Luis Potosí de la Fiscalía General de la República, y el 1285/2022, proveniente del Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Zacatecas, el primero informa las gestiones que está realizando a efecto de dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de abril del año en curso, y con el segundo indica que se designó a José Nicolás Ávila Pineda como perito en mateia de documentos cuestionados (grafoscoía) para intervenir en el juicio de amparo. En consecuencia, y tomando en consideración lo dicho al inicio del presente acuerdo, se reserva la continuación del desahogo de la prueba pericial ordenada en auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, con la finalidad de dar oportunidad a la parte quejosa de reconocer las firmas que calzan el escrito inicial de demanda y la plasmada en el diverso aclaratorio; con el apercibimiento que de advertirse nuevamente irregularidades en las firmas se continuará con el procedimiento en comento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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