Federico Alfredo Ibarra Olvera

Expediente 1152/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1152/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Federico Alfredo Ibarra Olvera
  • FEDERICO ALFREDO IBARRA OLVERA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto por medio del cual se desechó la demanda de amparo, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental; por haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por contra actos que reclamó de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos; y Juez Segundo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, ambas con sede en esta ciudad, fórmese y regístrese bajo el expediente 1152-2022-II. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que aquélla es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. De lo anterior se puede colegir, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que solo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, señalando para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica en la demanda y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto, destacando que para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, y autorizado por oficio CCJ/ST/5540/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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