Federico Alejandro Martínez Lozano

Expediente 772/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
772/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Federico Alejandro Martínez Lozano

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual se acusa recibo del diverso 7965/2021 del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso j) de dicho acuerdo general. Finalmente, atento a lo establecido en el precepto 21 del acuerdo general en comento, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Federico Alejandro Martínez Lozano, por propio derecho, en contra de la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Magistrada Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca penal 75/2021; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; el citado toca, la causa judicial 338/2020 y un sobre que contiene un DVD. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 772/2021; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. De las constancias que integran el toca penal 75/2021 y la causa judicial 338/2020, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Mediante oficio sin número presentado el doce de octubre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Complementaria de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad federativa, solicitó se señalara fecha y hora para la celebración de la respectiva audiencia inicial para la formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medida cautelar y plazo de cierre de investigación, en contra de Cruz Fernando Serrano Cabrera, por su probable participación en la comisión del delito de robo, ilícito previsto y sancionado en los artículos 14, 16, fracción I, 17, fracción I, 18, párrafo primero, 21, fracción I, 321, 322 y 323, fracción IV del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala. 2. Por auto de dieciséis de octubre siguiente, la Juez Tercero de Control y Juicio Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, radicó la causa judicial con el número 338/2020; asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. 3. Por resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la juez del conocimiento, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Cruz Fernando Serrano Cabrera 4. Federico Alejandro Martínez Lozano, por propio derecho (víctima) y su asesor jurídico Juan Manuel Rivera Mujica, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de apelación, el cual fue registrado en la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo el número de toca 75/2021. 5. Seguida la secuela procesal, el trece de octubre de dos mil veintiuno, la Magistrada Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en la causa judicial 338/2020. 6. Contra la anterior resolución, Federico Alejandro Martínez Lozano, por propio derecho, promueve el presente juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 170, de la Ley de Amparo, 38, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. De acuerdo con el citado numeral, se entiende por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Ahora, la resolución reclamada de trece de octubre de dos mil veintiuno, no encuadra en alguna de las hipótesis aludidas, dado que no es una sentencia definitiva, acuerdo o resolución que haya puesto fin al juicio, porque de conformidad con la legislación que lo rige, el auto que confirma la no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y, posteriormente, formule nueva imputación, salvo que en el mismo se hubiere decretado el sobreseimiento, lo que no ocurre en la especie. En efecto, el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: "ARTÍCULO 319. Auto de no vinculación a proceso. En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento." Entonces, dado que la juez de control y de juicio oral no decretó el sobreseimiento, como se advierte de la transcripción de los resolutivos del auto de no vinculación a proceso, es claro que no se trata de una resolución que hubiese puesto fin al procedimiento penal. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada XVII.1o.P.A.60 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, criterio que este tribunal comparte, visible en la página 2948, Tomo IV, Libro 55, Junio de 2018, Décima Época del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. PARA DETERMINAR LA VÍA EN QUE DEBE TRAMITARSE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, DEBE ATENDERSE A SI SE DECRETÓ O NO EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. En atención a la Ley de Amparo, las únicas formas de extinción de la relación procesal son: la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, siendo ésta toda aquella determinación que se da después de iniciado el proceso penal, que en la especie ocurre a partir de la audiencia inicial. Ahora bien, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso termina con la sentencia firme, que es la que no admite recurso alguno y, por tanto, tiene el carácter de cosa juzgada; y de acuerdo con el numeral 327 de ese ordenamiento, en el proceso puede decretarse el sobreseimiento, que tiene efectos de sentencia absolutoria y pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubiesen dictado, según lo establece el artículo 328 del propio código. En este sentido, si bien el sobreseimiento no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución que pone fin al juicio sin resolverlo en lo principal, ya que adquiere la calidad de sentencia absolutoria y, de no ser recurrida, alcanza la categoría de cosa juzgada. Sin embargo, ello no acontece cuando en el proceso penal acusatorio adversarial se dicta únicamente un auto de no vinculación a proceso, porque de conformidad con el último párrafo del artículo 319 del código indicado, el Ministerio Público queda en aptitud de continuar con la investigación y formular nueva imputación posteriormente. Consecuentemente, para determinar la procedencia del amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo debe examinarse caso por caso, pues si el superior jerárquico, al resolver un recurso de apelación, sólo determina revocar el auto de vinculación a proceso y dicta uno de no vinculación, no se estará ante una resolución que ponga fin al juicio, entendida como aquella que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, en virtud de que por disposición expresa del artículo 319 referido, el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y, posteriormente, formule nueva imputación. Por ende, contra esa resolución (no vinculación a proceso) será procedente el amparo indirecto, por revelar la actualización de la hipótesis fáctica normativa establecida para la competencia del Juez de Distrito, por tratarse de un acto en el juicio. En cambio, si en ese auto de no vinculación, la autoridad jurisdiccional, además decreta el sobreseimiento, se actualizará la hipótesis consistente en una resolución que da por concluido el juicio, por lo que la vía para su impugnación será el amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, invocado." Por tanto, remítase la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, a fin de que se avoque a su conocimiento, y resuelva lo que en derecho proceda. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del ordinal 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a Juan Manuel Rivera Mujica y María Guadalupe Hernández Cabrera, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otra parte, en conformidad en lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, con relación al sobre que remite la autoridad responsable que contiene un DVD, para evitar su extravío, previo registro en el libro auxiliar de documentos importantes, resguárdense en la caja de valores de este tribunal colegiado, con el número 58/2021. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 20/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con fundamento en el tercer párrafo, del numeral 45 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Federico Alejandro Martínez Lozano, por propio derecho, en contra de la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Magistrada Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca penal 75/2021. SEGUNDO. Se ordena remitir el presente expediente y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, para que se avoque al conocimiento de la demanda de amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa; háganse las anotaciones legales pertinentes, fórmese cuaderno de incompetencia con copia certificada del escrito de amparo y anexos y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Así lo resolvió, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Nicolás Castillo Martínez y Jesús Eduardo Hernández Fonseca, quienes firman conjuntamente con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, Secretaria de Acuerdos que da fe.

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