Febeluz Nahomi Pérez Ulloa

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Febeluz Nahomi Pérez Ulloa
  • Juez Segundo Civil de Plrimera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, México
  • Febeluz Nahomi Pérez Ulloa y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, los terceros interesados ********, solicitan copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo, así como de todo lo actuado dentro del cuaderno incidental derivado de éste. En ese sentido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas solicitadas a costa del promovente, únicamente por lo que hace a todo lo actuado dentro del presente sumario de amparo. En el entendido que, previo a acudir a este órgano jurisdiccional la persona que recogerá las copias, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Por otra parte, respecto a las copias certificadas que solicita de todo lo actuado dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de que las mismas deben de solicitarse en el cuaderno incidental, pues, si bien es cierto, el incidente de suspensión deriva del presente sumario constitucional, también lo es que, éste se tramita por cuerda separada; no obstante, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en el cuaderno correspondiente. En diversa guisa, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso a) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c) y 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, respectivamente. Por lo que, de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años respecto al cuaderno original y seis meses respecto al duplicado, de haberse dictado el presente acuerdo, serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, respecto a los originales exhibidos por las partes, se ordena hacer su devolución a éstas, en el entendido que, cuentan con un término de noventa días a efecto de que comparezcan a recoger los mismos, con el apercibimiento de que, de ser omisos, dichos documentos originales serán destruidos; luego, toda vez que en el presente asunto obra como anexo al informe justificado rendido por la autoridad responsable judicial, copias certificadas del expediente 141/2014 de su índice; por tanto, mediante oficio devuélvanse los mismos para que sean glosados al juicio natural, solicitándose el acuse respectivo.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que feneció el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación y exhibiera el pago que amparara lo anterior; en ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en esa data. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las diecisiete horas del veinte de mayo de dos mil veintiuno, se deja sin efectos debido a la determinación anterior.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que se encuentra previsto el día de la fecha para celebrarse la audiencia constitucional, como se determinó mediante auto de veinticuatro de marzo del año en curso; sin embargo, se advierte que no ha trascurrido el plazo de veinte días computado legalmente, para que el quejoso se presente a recoger los edictos donde se ordenó emplazar al tercero interesado ***. En consecuencia, a efecto de integrar correctamente el juicio en el que se actúa, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha, y para su verificativo se fijan las diecisiete horas del veinte de mayo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Coordinador de Mandamientos Judiciales Presentaciones Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informa que realizó una búsqueda en los libros de registro así como archivos electrónicos, no se localizó registro alguno del domicilio de **. Ahora bien, toda vez que del estado de autos del presente juicio de amparo, se advierte que en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se requirió al Coordinador de Mandamientos Judiciales Presentaciones Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Instituto Electoral del Estado de México, Dirección del Registro Civil del Estado de México, Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social y Comisión Federal de Electricidad, para que investigaran en su base de datos el domicilio actual del tercero interesado Noemi Ulloa García, sin que de ellos se advierta diverso domicilio del que obra en autos o el proporcionado por la quejosa **. En esa tesitura, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que este Juzgado de Distrito ha agotado los medios necesarios para lograr la localización del tercero interesado **; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, y en aras de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emplazar al citado tercero interesado por medio de edictos, los cuales correrán a costa de la parte quejosa. Ello es así, porque de acuerdo con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, los edictos deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, se hará saber al citado tercero interesado que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, la instauración de este juicio, así como el derecho que tiene de apersonarse al mismo si a sus intereses conviniere, requiriéndolo para que señale domicilio en esta ciudad de Toluca, Estado de México para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto haga lo propio y déjese a su disposición copia de la demanda de amparo en la Secretaría VII de este Juzgado de Distrito y del auto admisorio, haciendo de su conocimiento en el acto que comparezca a juicio la hora y fecha que se encuentre señalada para la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 38/2017 (10a.), publicada en la página 714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro y contenido son: "TERCERO INTERESADO. SU EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEBE REALIZARSE POR EDICTOS CUANDO SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuando no conste en autos el domicilio para emplazar al tercero interesado, el juzgador deberá dictar las medidas pertinentes para investigarlo; cuando éstas se hayan agotado y la notificación no pudiere efectuarse, se hará por edictos a costa del quejoso, con el fin de evitar la paralización del juicio. Por ello, es a través de edictos como debe emplazarse al tercero cuando se desconozca su domicilio, ya que las formalidades de ese procedimiento de notificación le dan mayores posibilidades de enterarse del juicio en el que le resulte el carácter de parte, lo que excluye que se realice por medio de lista, al no preverlo expresamente la ley. No obsta a lo anterior la existencia de manifestación del tercero ante autoridad distinta al Juez de amparo, en el sentido de que las notificaciones se le realicen por lista, pues esa expresión de voluntad aplicaría, en todo caso, únicamente con relación a las actuaciones efectuadas en ese procedimiento, no así ante el Juez Federal, respecto del cual el tercero ignora que se tramita un juicio en el que le resulta ese carácter." Asimismo, la jurisprudencia P./J.22/2015 (10a), Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, Décima Época, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Además la jurisprudencia P./J.23/2015 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo tanto, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se dejan a disposición de la quejosa Fabeluz Nahomi Pérez Ulloa los edictos, en el local que ocupa este juzgado, para que se presente a recogerlos; asimismo, se le requiere, para que dentro del plazo de veinte días computado legalmente, acredite haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior; apercibido que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en este juicio de amparo, debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), publicada en la página 1859, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." De igual forma, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), localizable en la página 27, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Décima Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Finalmente, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y así no violar las reglas procedimentales que rigen al juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para el ocho de abril del año en curso, se aplaza para que tenga verificativo a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de abril de dos mil veintiuno; hágase la anotación en la agenda que se lleva en este órgano jurisdiccional.

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