Fco. Javier Tepole Córdoba
Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fco. Javier Tepole Córdoba
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. HUGO ALBERTO VÁSQUEZ FACUNDO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.d7 17/05/24 20:32:51 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Control Electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado el expediente 180/2023-VIII. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la demanda de amparo se observa el acto reclamado consiste en: "A.- LAS CONSTANTES OFENSAS, DENIGRACIONES, POLORIZACIONES, DENOSTACIONES Y CLASIFICACIONES, QUE HUBO VERTIDO SOBRE MI PERSONA Y DE MUCHOS MÁS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE OTRAS INSTITUCIONES COMO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TACHANDONOS DE CORRUPTOS, (SIN PRUEBA ALGUNA) DE ASPIRACIONISTAS, CÍNICOS Y DEMÁS CALIFICATIVOS, QUE TODOS LOS DÍAS NOS DICE, DESDE SU ILEGAL CONFERENCIA MAÑANERA, LO CUAL NOS DICE PORQUE PARTICIPAMOS EN LA MARCHA QUE REALIZAMOS EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2023. Y DE LAS EJECUTORAS RECLAMO LA OMISIÓN DE PEDIRLE Y OBLIGARLE CON LA LEY EN LA MANO, A QUE GUARDE SILENCIO Y RESPETO A LOS CIUDADANOS QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO CON SU MENTIROSA TRANSFORMACIÓN, QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRAS INSTITUCIONES, CON SUS ACCIONES DICTATORIALES Y QUE NOS OPENEMOS A QUE SIGA DIFUNDIENDO, LA ARBITRIA E ILEGAL "MAÑANERA" YA QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, DEBE LIMITARSE A PRESENTAR UN INFORME ANUAL Y POR ESCRITO, CADA AÑO AL CONGRESO DE LA UNIÓN. NO TODOS LOS DÍAS Y MENOS CUANDO LO USA PARA DENIGRARNOS Y DIVIDIR LA NACIÓN." Por otra parte, de los antecedentes que conforman la demanda de amparo se desprende lo siguiente: Refiere el aquí quejoso el día domingo veintiséis de febrero del año en curso, en la Ciudad de Veracruz, participó en una marcha pacífica en contra de la reforma legislativa denominada el plan "B" que ha promovido el Ejecutivo Federal y que pretende desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Al día siguiente, a nivel nacional el Presidente de la República, en su conferencia mañanera empezó a denostar y denigrar a todas las personas que participaron en dicha marcha. Manifiesta que lo grave, es que dijo sin tener prueba alguna, que eran corruptos y cínicos, solo por el hecho de pensar diferente a su absurda transformación. Indica, lo más grave es que también señaló que todos los Ministros de la Suprema Corte son unos corruptos. Lo que sin duda, daña gravemente el prestigio de esa Institución. Dice que si no tiene pruebas, debe ser obligado a guardar silencio. Señala su conferencia mañanera no tiene sustento jurídico y menos para ser usado para ofender, dañar y denostar a las personas que no comulgamos con sus ideales o principios como él les llama. Destina un promedio de catorce millones de pesos diarios para la difusión de esa ilegalidad, que se traduce en un grave desvío de recursos, porque no es facultad del ejecutivo dar conferencias mañaneras sino debe informar cada año y por escrito al Congreso de la Unión, ni siquiera a los ciudadanos. Por último, manifiesta que además de ser ilegales esas mañaneras, no se puede emplear como instrumento para denigrar, ofender, denostar e imputar delitos a los mexicanos que no creen en su falsa transformación. Y menos cuando el Presidente de esta Nación no tiene pruebas para sostener las aberrantes imputaciones, que nos hace. Siendo procedente suprimir tal programa. En el caso, opera la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución y el artículo 5°, fracción I, y 6, párrafo primero de la Ley de Amparo, que disponen: LEY DE AMPARO Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...] Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" De los artículos antes trascritos se aprecia -en lo conducente- que es parte en el juicio de amparo el quejoso. Teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Ahora, uno de los principios que rigen al juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de amparo, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. Luego, debe entenderse por la expresión "agravio" el perjuicio sufrido en la persona de la parte quejosa, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos del quejoso. Cabe destacar que para la procedencia de la acción constitucional no basta sea impulsada por un interés cualquiera. Porque un interés "simple", como suele llamársele a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener el gobernado, no es suficiente para ejercer la acción de amparo. Es necesario e indispensable que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Sin que baste la existencia del acto reclamado, pues éste debe afectar su esfera de derechos subjetivos tutelados de manera directa. En suma que el interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Así, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la justicia federal debe hacerlo respecto de un acto de autoridad que conculca en forma directa alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe estar en la posición de que efectivamente resiente afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos. De no estar en ese supuesto, el juicio resultaría improcedente por aplicación de la hipótesis prevista en el invocado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I y 6 de la ley de la materia, así como el dispositivo 107, fracción I Constitucional. Como es de advertirse, de lo antes relatado deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama. Así sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. Tal afectación debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo), o bien, en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la foja 559, libro XXII, Tomo 1, Décima Época, registro 2004008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de julio de dos mil trece, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO... De lo anterior, se desprende que la autoridad señalada como responsable [Presidente de los Estados Unidos Mexicanos] al emitir dichas manifestaciones en el programa denominado "mañanera", no ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, al formular opiniones que no crean, modifican, extinguen derechos o situaciones jurídicas de la parte quejosa. Por lo que esos actos no resultan susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, ya que no fueron emitidos en una relación de suprasubordinación. Además, dichos actos no crean, modifican o extinguen alguna situación jurídica del inconforme. Su impacto cualquiera que este sea no es posible diferenciarlo del resto de la sociedad, quienes bien pueden compartir su punto de vista o considerarlo inadecuado. Pero que visto como ejercicio de difusión solo puede reflejar situaciones en el ánimo del televidente, radioescucha, internauta o similares, no así en concreto en la esfera de derecho de una persona con calidad de espectador. Razones para sostener que si la dolencia reclamada a la señalada como ordenadora no es atribuible como acto en el amparo, éste tampoco puede proceder respecto de las mencionadas como ejecutoras a quienes imputa pasividad para detener las acciones que realiza aquella, respecto de las cuales ya se expuso porqué no son dirimibles bajo alguna clase de interés -jurídico o legítimo- protegido por el juicio constitucional. Por tanto, con apoyo en el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda... Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".
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