Fayziev Tolmas Iskandarovich

Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
907/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Fayziev Tolmas Iskandarovich
  • Representante Local En Reynosa del Instituto Nacional de Migración

Actuaciones

  1. Principal

    ...Se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Notifíquese.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de abril de dos mil veintitrés. ... se tiene por NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Suleyma Roblero Hernández, en favor de los nombrados quejosos, quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de veintidós de marzo del año en curso. ...Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Suleyma Roblero Hernández a favor de Fayziev Tolmas Iskandarovich, Khayitkulov Nurillo Buriboevich y Normurodov Shakhzod Akmal Ugli, de nacionalidad Uzbekistán, contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 907/2023-2M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que los quejosos fueron detenidos en el aeropuerto de esta localidad y se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, y como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, incomunicación, deportación, expulsión, repartición asistida fuera de un procedimiento administrativo, y ataques a la libertad de tránsito, a los derechos humanos y otras garantías individuales, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Se precisa que solo se tendrá como responsable a la autoridad antes señalada, por ser hecho notorio que es la encargada del alojamiento de migrantes en esta localidad, sin perjuicio de que la interesada insista en incluir más autoridades como parte en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto que de no existir causa legal que lo impida, la autoridad migratoria se abstenga de incomunicar, deportar, rechazar, expulsar o devolver a los directos quejosos a su país de origen. De igual manera, deberá instruirse la inmediata libertad de Fayziev Tolmas Iskandarovich, Khayitkulov Nurillo Buriboevich y Normurodov Shakhzod Akmal Ugli, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, mediante la satisfacción ante la autoridad responsable de los supuestos siguientes: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán, del que no deberán ausentarse sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c) Sin que se les requiera garantía alguna, dada la calidad de migrantes. Ello no implica que los quejosos circulen libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la parte quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si la parte quejosa, una vez liberada, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país o abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplieron con dicha condición, ya sea porque transcurrió el lapso sin haber abandonado el territorio nacional, o porque posteriormente hayan sido sorprendidos intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportados por autoridades migratorias de ese país. Cabe precisar, que si los quejosos fueron privados de la libertad por la comisión de delito, la suspensión de plano decretada, será para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de estosa. De existir flagrancia o urgencia, el efecto de esta suspensión será para que sin exceder de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que los justiciables fueron puestos a su disposición, se ordene su libertad o sean puestos a disposición de las autoridades competentes. En la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrán hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Se previene a la autoridad, que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de los quejosos, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, y se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. Se instruye al Actuario adscrito constituirse en la Estación Migratoria ubicada en esta ciudad, o en lugar de albergue de extranjeros, para verificar la estancia de los directos agraviados, a fin de notificarle personalmente el presente proveído, con asistencia de traductor en caso necesario, certificando el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presenten al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedaran sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que los quejosos directos no sean localizados como recluidos o albergados en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que los quejosos hubiesen sido puestos a disposición de una autoridad distinta a la responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentren, para hacerles saber la suspensión concedida en su favor; debiendo requerirlos si es deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentren, y en tal supuesto, proceder a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Desde ahora, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios de este órgano jurisdiccional para que actúen en horas y días inhábiles si fuere necesario; asimismo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo. De conformidad con la Circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, se autoriza a las partes el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene a la promovente que, en el supuesto de que la parte quejosa no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, por cuanto hace a la solicitud de la promovente que se otorgue la suspensión de plano a los impetrantes de garantías Fayziev Tolmas Iskandarovich, Khayitkulov Nurillo Buriboevich y Normurodov Shakhzod Akmal Ugli, por lo que hace a las autoridades señaladas como responsables Titular del Instituto Nacional de Migración y Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito al Aeropuerto Internacional del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, Baja California, girándose exhorto para la práctica de las notificaciones y diligencias llevadas a cabo por los actuarios adscritos a los Juzgados de Distrito con residencia en dicha ciudad, ya que los quejosos viajarán a esa localidad para continuar con sus vacaciones en la playa de Rosarito, Baja California, a efecto de que no sean detenidos, se advierte de ello causa notoria y manifiesta de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5o., fracción I y 6o., interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Esto, ya que partiendo de los actos futuros reclamados consistentes esencialmente en la posibilidad que las referidas autoridades de Tijuana, Baja California pudieran detener a los quejosos Fayziev Tolmas Iskandarovich, Khayitkulov Nurillo Buriboevich y Normurodov Shakhzod Akmal Ugli sin causa justificada, para después ser deportados a su país de origen. Cabe decir que ese planteamiento de la parte quejosa, no ocasiona agravio real, actual, personal y directo, de ahí que no sea procedente el juicio constitucional. Esto, en virtud que el principio de existencia de agravio real, actual, personal y directo, implica que la acción constitucional, sólo podrá ser promovida por aquella persona que se vea afectada de manera directa e inminente en su esfera jurídica por un acto de autoridad, y que haya inmediatez entre la emisión del mismo y el surtimiento de sus consecuencias en la esfera de derechos del gobernado, situación que en el caso particular no se actualiza, pues dependerá, en principio, que los quejosos tengan la calidad ostentada, lo que en el caso, por ejemplo, no acredita; después, que efectivamente vayan a circular a Tijuana, Baja California, como lo refiere, lo que resulta improbable ante la condición de inmigrantes afirmada. Asimismo, al margen de que se efectúe una detención o no por parte de las responsables migratorias de Tijuana, Baja California, éstas no tienen como función el realizar actos que pongan en peligro la integridad física o vida de las personas; de ahí que ese tipo de actos no es factible que acontezcan. De manera que no existe dato alguno que permita concluir que las responsables, indudablemente van a detener a los quejosos en el punto de revisión migratoria que aduce, y menos aún que una vez acontecido se les detenga en uso de facultades administrativas, inclusive, no podría sostenerse que con motivo de ello, se pudiera realizar algún acto que ponga en peligro su integridad física o la vida. Por tanto, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida a favor de Fayziev Tolmas Iskandarovich, Khayitkulov Nurillo Buriboevich y Normurodov Shakhzod Akmal Ugli, por cuanto hace a los actos que reclama de las responsables con sede en Tijuana, Baja California. Como lo solicita la promovente, se tiene como correo electrónico para oír y recibir notificaciones asul-rohe@hotmail.com. Asimismo, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano de control constitucional, para que con fundamento en el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dé acceso al usuario Rohs890722qv6, registrado en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para la consulta del expediente electrónico correspondiente a este asunto. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea los quejosos, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento y personalmente a los quejosos. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Livia Zoraida Hernández Salinas, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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